Dormir o no dormir en el Palacio de la Zarzuela. Esa es la cuestión para la defensa del rey Juan Carlos en Londres

Los abogados británicos del exjefe del Estado se quedan sin una prueba para ilustrar su pertenencia a la Casa del Rey



La visita relámpago de jueves a lunes de Juan Carlos I a España se desarrolla en un momento crucial del único procedimiento que tiene pendiente en la actualidad: la demanda civil de su examante Corinna zu Sayn-Wittgenstein contra él por presuntos actos de acoso, seguimiento ilegal de agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en Londres y Mónaco, y difamación. El juez del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, Matthew Nicklin, rechazó la inmunidad del emérito, denegó el permiso solicitado para recurrir en súplica, y abrió la puerta a la defensa británica para solicitar autorización a la Corte de Apelaciones en orden a presentar allí un recurso. El plazo vence a final de este mes de mayo.



DIRECTORey Juan Carlos I: Última hora de la vuelta del emérito a España, en directo
Pernoctar o no pernoctar en el Palacio de la Zarzuela se ha convertido en el ser o no ser para Daniel Bethlehem y Philippa Wood, los dos abogados que ha contratado el bufete Clifford Chance en Londres, uno de los más caros del planeta, para salvar a su cliente Juan Carlos I ante un posible juicio que amenaza con hundir más, si cabe, su desprestigio. Porque afecta a su conducta personal y al uso de instituciones como el CNI en Londres y Mónaco, el otro lugar de residencia de su examante, en su esfuerzo por recuperar -

infructuosamente- los 100 millones de dólares (64,8 millones de euros) de la “donación irrevocable” que le hizo en 2012 en Ginebra, Suiza. Un dinero que a su vez Juan Carlos I recibió como “regalo” -'pure gift' en inglés o donación sin contrapartidas- cursada por del ministro de Finanzas de Arabia Saudí, Ibrahim ben Abdulaziz Al-Assaf, siguiendo instrucción del rey Abdulaziz, el 8 de agosto de 2008 en una cuenta abierta para la ocasión en el banco Mirabaud de Ginebra ( la número 505523), cantidad que no declaró a la Agencia Tributaria española y por la que no se le ha abierto una investigación judicial ni fiscal, al considerársele “cubierto” por la inviolabilidad que le otorgaba la Constitución en su condición de rey y jefe de Estado (artículo 56.3).