discriminación en procesos de ámbito publico

cada vez veo mas y mas cursos/acciones de inserción laboral/capacitación con colectivos prioritarios para su selección. El clásico es de la edad,otro suele ser la exclusión social o riesgo de ella, ahora se ha puesto de moda el criterio de residencia, es decir, el curso se organiza en el municipio X, con cargo a fondos públicos (Europeos, estatales...) y los residentes tienen prioridad sobre el resto de participantes de municipios anexos o de la otra punta del país.

¿veis viable tumbar uno de esos procesos por simple cuestión discriminatoria por razón de residencia?