Israel Gracia
Madmaxista
La organización captaba a mujeres en situación irregular procedentes de jovenlandia y, previo pago de 4.000 a 6.000 euros, buscaba a potenciales agresores que serían denunciados. Uno al que no pagaron lo acordado destapó la trama
La investigación de la Policía Nacional se inició por la denuncia de un falso maltratador al que no pagaron lo acordado. (Policía Nacional)
Por
P. D. Almoguera
26/07/2023 - 15:10
Hasta el momento han sido detenidas cuatro mujeres y tres varones procedentes de jovenlandia a los que se acusa de los delitos de acusación y denuncia falsa, simulación de delito, favorecimiento de la inmi gración ilegal y pertenencia a organización criminal.
El coladero de la tarjeta de la UE: 6.000 euros por casarse con una etniana española
Roberto R. Ballesteros
Las pesquisas se iniciaron tras recibirse una denuncia en los Juzgados de Motril de un hombre jovenlandés al que habían prometido y no pagado la cantidad de 3.000 euros por protagonizar una falsa agresión física en público hacía una compatriota. Esta situación dio origen a un procedimiento penal por violencia de género en el que el hombre fue condenado con su conformidad en un juicio rápido en el que el supuesto agresor y la víctima simularon tener una relación sentimental.
De forma paralela la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría de Motril comenzó a investigar una serie de casos de violencia de género entre ciudadanos marroquíes que compartían una serie de patrones comunes. Las pesquisas de los agentes “confirmó la existencia de una organización criminal” integrada por extranjeros de origen jovenlandés, asentada en los términos municipales de Gualchos (Granada) y El Ejido (Almería), que compatibilizaban su actividad como jornaleros agrícolas con la captación de mujeres marroquíes que estuvieran dispuestas a obtener ilegalmente residencia en España como falsas víctimas de violencia de género.
El pago a los falsos maltratadores incluía protagonizar una agresión en público y asumir la culpa durante el juicio
Las distintas indagaciones revelaron que cada una de ellas pagaba a la red entre 4.000 y 6.000 euros a la organización; mientras que los falsos maltratadores percibían una media de 500 a 1.000 euros por protagonizar una agresión física en un local público y asumir una condena judicial como autores de violencia de género contra su supuesta pareja.
Durante la investigación se llevaron a cabo dos registros domiciliarios en las localidades de Gualchos y El Ejido. En ellos se intervinieron dinero en efectivo producto de la actividad ilícita de los miembros de la red criminal, así como denuncias policiales, autos y sentencias judiciales sobre procedimientos por delitos de violencia de género. También se hallaron numerosos resguardos de envíos de dinero a jovenlandia, que demostrarían pagos y distracción de los beneficios económicos obtenidos.
“Por 3.000 euros me caso contigo y obtienes la nacionalidad. El divorcio corre de mi cuenta”
Claudia Munaiz
Como consecuencia de este trabajo ha aflorado la regularización ilegal de al menos diez mujeres marroquíes, que habían denunciado ante los cuerpos de seguridad de Granada y Almería el haber sido víctimas de maltrato. Las sentencias dictadas en conformidad les otorgaron ilegalmente el derecho de residencia, que serán extinguidas a instancia del Grupo I de la Unidad Central contra las Redes de inmi gración y Falsedad Documental (Ucrif) de Granada.
Los tres principales investigados han sido puestos a disposición del juzgado de Motril al frente del caso, el cual ha adoptado contra ellos la prohibición de salida del territorio nacional.
La investigación de la operación Casamenteros ha sido liderada por las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras de Granada y Almería, junto con la Brigada Local de Policía Judicial de Motril.
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/
Por
P. D. Almoguera
26/07/2023 - 15:10
Hasta el momento han sido detenidas cuatro mujeres y tres varones procedentes de jovenlandia a los que se acusa de los delitos de acusación y denuncia falsa, simulación de delito, favorecimiento de la inmi gración ilegal y pertenencia a organización criminal.
El coladero de la tarjeta de la UE: 6.000 euros por casarse con una etniana española
Roberto R. Ballesteros
Las pesquisas se iniciaron tras recibirse una denuncia en los Juzgados de Motril de un hombre jovenlandés al que habían prometido y no pagado la cantidad de 3.000 euros por protagonizar una falsa agresión física en público hacía una compatriota. Esta situación dio origen a un procedimiento penal por violencia de género en el que el hombre fue condenado con su conformidad en un juicio rápido en el que el supuesto agresor y la víctima simularon tener una relación sentimental.
De forma paralela la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría de Motril comenzó a investigar una serie de casos de violencia de género entre ciudadanos marroquíes que compartían una serie de patrones comunes. Las pesquisas de los agentes “confirmó la existencia de una organización criminal” integrada por extranjeros de origen jovenlandés, asentada en los términos municipales de Gualchos (Granada) y El Ejido (Almería), que compatibilizaban su actividad como jornaleros agrícolas con la captación de mujeres marroquíes que estuvieran dispuestas a obtener ilegalmente residencia en España como falsas víctimas de violencia de género.
El pago a los falsos maltratadores incluía protagonizar una agresión en público y asumir la culpa durante el juicio
Las distintas indagaciones revelaron que cada una de ellas pagaba a la red entre 4.000 y 6.000 euros a la organización; mientras que los falsos maltratadores percibían una media de 500 a 1.000 euros por protagonizar una agresión física en un local público y asumir una condena judicial como autores de violencia de género contra su supuesta pareja.
Durante la investigación se llevaron a cabo dos registros domiciliarios en las localidades de Gualchos y El Ejido. En ellos se intervinieron dinero en efectivo producto de la actividad ilícita de los miembros de la red criminal, así como denuncias policiales, autos y sentencias judiciales sobre procedimientos por delitos de violencia de género. También se hallaron numerosos resguardos de envíos de dinero a jovenlandia, que demostrarían pagos y distracción de los beneficios económicos obtenidos.
“Por 3.000 euros me caso contigo y obtienes la nacionalidad. El divorcio corre de mi cuenta”
Claudia Munaiz
Como consecuencia de este trabajo ha aflorado la regularización ilegal de al menos diez mujeres marroquíes, que habían denunciado ante los cuerpos de seguridad de Granada y Almería el haber sido víctimas de maltrato. Las sentencias dictadas en conformidad les otorgaron ilegalmente el derecho de residencia, que serán extinguidas a instancia del Grupo I de la Unidad Central contra las Redes de inmi gración y Falsedad Documental (Ucrif) de Granada.
Los tres principales investigados han sido puestos a disposición del juzgado de Motril al frente del caso, el cual ha adoptado contra ellos la prohibición de salida del territorio nacional.
La investigación de la operación Casamenteros ha sido liderada por las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras de Granada y Almería, junto con la Brigada Local de Policía Judicial de Motril.
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/