Profesoras feministas destapan los inquietantes protocolos tras* en los colegios: "Lo peor está por venir"
La ley tras* avalará la actuación a espaldas de los padres, a quienes se amenaza incluso con quitarles la custodia si se oponen al cambio de género.
Entre los aspectos más polémicos de la ley tras* destaca lo relativo al ámbito escolar. Al permitir la autodeterminación de género desde los 12 años, aquellos menores que acudan al Registro tendrán derecho automáticamente a ser tratados conforme a su nueva identidad y a utilizar los espacios propios de la misma (baños, vestuarios, etc.). Pero incluso si no lo hacen, también: "Los niños, niñas y niñes menores de 12 años serán tratados en los centros educativos conforme al nombre elegido", reza el texto impulsado por la ministra Irene Montero. El problema es que esa decisión no la tomarán los padres, sino los propios menores, a los que la ley respalda para hacerlo incluso a espaldas de sus progenitores.
"Eso es algo que ya está pasando en las comunidades que tienen aprobadas sus propias normativas autonómicas, donde impunemente, en los centros, se cambia el nombre a los niños sin consultar, pero lo peor está por venir, porque se amenaza con quitar la custodia a los padres que se opongan al cambio y la nueva ley propone multas de hasta 150.000 euros si los profesores se atreven a cuestionar mínimamente que el menor sea tras*", advierte Araceli Muñoz, una de las portavoces de Dofemco, Docentes Feministas por la Coeducación.
Lo que ya está pasando en los centros
Ya el año pasado, esta agrupación ofreció una rueda de prensa para informar de "el impacto de las leyes tras* en las aulas", en la que varias profesoras destaparon lo que sucedía en sus propios centros: "No se nos permite hablar con el alumnado al respecto, no se nos permite conocer el contexto de tal decisión o ayudarle a encontrar el origen de su malestar. Es más, en los casos en los que las familias no se muestran conformes con los deseos del menor, desde el centro estamos obligados a abrir protocolos de desprotección".
No se nos permite hablar con el alumnado, no se nos permite conocer el contexto o ayudarle a encontrar el origen de su malestar. Es más, en los casos en los que las familias no se muestran conformes, estamos obligados a abrir protocolos de desprotección
Las docentes corroboran así la situación denunciada por las madres de Amanda, muchas de las cuales se han enterado de que sus hijas adolescentes llevaban mucho tiempo siendo tratadas en masculino en sus respectivos colegios e institutos al ir a solicitar una tutoría. "Me preguntó si, además de la situación académica, quería abordar la otra situación. ¿Qué situación?, le pregunté yo. ‘Bueno, es que aquí desde que comenzó el curso la tratamos en masculino y la llamamos por el nombre que ella ha elegido’ -le respondió la profesora- ¿Mi hija pide que la traten en masculino y nadie levanta el teléfono para comunicármelo y pedirme permiso? ¡Es menor de edad! ¡Y no saben nada de ella! Ni quién es, ni cómo es, ni qué le ha llevado a esta situación o si tiene un diagnóstico médico", relataba hace meses a Libertad Digital Natalia, una de las madres de Amanda. El orientador le sacó a relucir la ley Rhodes: "Me dijo que lo que nosotros estábamos haciendo al negarnos a tratarla en masculino era violencia. Imagínate cómo nos quedamos… ¿De verdad creían que la estaba maltratando?".
Lo que vendrá con la ley tras*
Afortunadamente, Natalia pudo reconducir la situación. Sin embargo, las profesoras que forman parte de Dofemco creen que ahora "la amenaza se cierne sobre todos los centros": "Un profesor medio no puede hacer frente a una multa de 150.000 euros, aparte de que, si no sigue los protocolos, puede ser expulsado y, además, en principio, sin derecho a juicio, porque hay preparada una figura que es una especie de comisario que tendrá por misión establecer si uno es culpable o no. Es algo inaudito", denuncia.
Un profesor medio no puede hacer frente a una multa de 150.000 euros, aparte de que puede ser expulsado y, además, en principio, sin derecho a juicio. Es algo inaudito
Hasta ahora, lo único que recibían los docentes eran advertencias verbales. Las sanciones eran extraoficiales y se limitaban al ámbito universitario, donde según Araceli Muñoz, "la libertad está totalmente coartada". Como muestra, alega las cancelaciones que han sufrido "profesoras como Juana Gallego o Silvia Carrasco, porque sus alumnos dicen que son tránsfobas, y no por lo que dicen en clase, sino por los artículos que han escrito sobre este tema".
La ley tras* avalará la actuación a espaldas de los padres, a quienes se amenaza incluso con quitarles la custodia si se oponen al cambio de género.
Entre los aspectos más polémicos de la ley tras* destaca lo relativo al ámbito escolar. Al permitir la autodeterminación de género desde los 12 años, aquellos menores que acudan al Registro tendrán derecho automáticamente a ser tratados conforme a su nueva identidad y a utilizar los espacios propios de la misma (baños, vestuarios, etc.). Pero incluso si no lo hacen, también: "Los niños, niñas y niñes menores de 12 años serán tratados en los centros educativos conforme al nombre elegido", reza el texto impulsado por la ministra Irene Montero. El problema es que esa decisión no la tomarán los padres, sino los propios menores, a los que la ley respalda para hacerlo incluso a espaldas de sus progenitores.
"Eso es algo que ya está pasando en las comunidades que tienen aprobadas sus propias normativas autonómicas, donde impunemente, en los centros, se cambia el nombre a los niños sin consultar, pero lo peor está por venir, porque se amenaza con quitar la custodia a los padres que se opongan al cambio y la nueva ley propone multas de hasta 150.000 euros si los profesores se atreven a cuestionar mínimamente que el menor sea tras*", advierte Araceli Muñoz, una de las portavoces de Dofemco, Docentes Feministas por la Coeducación.
Lo que ya está pasando en los centros
Ya el año pasado, esta agrupación ofreció una rueda de prensa para informar de "el impacto de las leyes tras* en las aulas", en la que varias profesoras destaparon lo que sucedía en sus propios centros: "No se nos permite hablar con el alumnado al respecto, no se nos permite conocer el contexto de tal decisión o ayudarle a encontrar el origen de su malestar. Es más, en los casos en los que las familias no se muestran conformes con los deseos del menor, desde el centro estamos obligados a abrir protocolos de desprotección".
No se nos permite hablar con el alumnado, no se nos permite conocer el contexto o ayudarle a encontrar el origen de su malestar. Es más, en los casos en los que las familias no se muestran conformes, estamos obligados a abrir protocolos de desprotección
Las docentes corroboran así la situación denunciada por las madres de Amanda, muchas de las cuales se han enterado de que sus hijas adolescentes llevaban mucho tiempo siendo tratadas en masculino en sus respectivos colegios e institutos al ir a solicitar una tutoría. "Me preguntó si, además de la situación académica, quería abordar la otra situación. ¿Qué situación?, le pregunté yo. ‘Bueno, es que aquí desde que comenzó el curso la tratamos en masculino y la llamamos por el nombre que ella ha elegido’ -le respondió la profesora- ¿Mi hija pide que la traten en masculino y nadie levanta el teléfono para comunicármelo y pedirme permiso? ¡Es menor de edad! ¡Y no saben nada de ella! Ni quién es, ni cómo es, ni qué le ha llevado a esta situación o si tiene un diagnóstico médico", relataba hace meses a Libertad Digital Natalia, una de las madres de Amanda. El orientador le sacó a relucir la ley Rhodes: "Me dijo que lo que nosotros estábamos haciendo al negarnos a tratarla en masculino era violencia. Imagínate cómo nos quedamos… ¿De verdad creían que la estaba maltratando?".
Lo que vendrá con la ley tras*
Afortunadamente, Natalia pudo reconducir la situación. Sin embargo, las profesoras que forman parte de Dofemco creen que ahora "la amenaza se cierne sobre todos los centros": "Un profesor medio no puede hacer frente a una multa de 150.000 euros, aparte de que, si no sigue los protocolos, puede ser expulsado y, además, en principio, sin derecho a juicio, porque hay preparada una figura que es una especie de comisario que tendrá por misión establecer si uno es culpable o no. Es algo inaudito", denuncia.
Un profesor medio no puede hacer frente a una multa de 150.000 euros, aparte de que puede ser expulsado y, además, en principio, sin derecho a juicio. Es algo inaudito
Hasta ahora, lo único que recibían los docentes eran advertencias verbales. Las sanciones eran extraoficiales y se limitaban al ámbito universitario, donde según Araceli Muñoz, "la libertad está totalmente coartada". Como muestra, alega las cancelaciones que han sufrido "profesoras como Juana Gallego o Silvia Carrasco, porque sus alumnos dicen que son tránsfobas, y no por lo que dicen en clase, sino por los artículos que han escrito sobre este tema".
https://www.libertaddigital.com/esp...-los-colegios-lo-peor-esta-por-venir-6942225/
