Despedida una mujer que se negó a echar trabajadores para contratar a socialistas

Los jueces condenan el despido de una mujer que se negó a echar trabajadores para contratar a socialistas

"Dime a quién despedimos, que hay que contratar a los del PSOE". Es una frase para la historia de la inmoralidad política en Andalucía. Ocurrió en la Diputación de Granada (en la imagen, su presidente) y estos hechos son considerados "probados" por la sentencia que favoreció a la responsable de Segurisa en la Diputación de Granada, Ascensión Ruiz Ruiz, que se negó a aceptar la orden del PSOE y que, por ello fue sometida a "mobbing" y finalmente despedida.
Este es un nuevo método de colocar a los amigos, familiares y correligionarios y tiene que ver con las empresas privadas. Se coge a una empresa privada a la que una Institución ha contratado para un servicio y se le conmina a que dé una lista de trabajadores que pueden ser despedidos para que sus puestos sean ocupados por personas del Partido Socialista o decididas por el Partido Socialista. Según ella misma en declaraciones a El Mundo, fue incluso amenazada de fin por negarse a meter a gente del PSOE en la Diputación. Viñeta de Canalsú.

Hasta ahora se conocían algunos métodos básicos de colocar a familiares y amigos del PSOE en las Administraciones y Empresas Públicas: por la cara, como se ha hecho en muchas ocasiones en las empresas públicas; con pruebas de acceso diseñadas ad hoc para las ocasiones; desarrollando y ampliando el número de interinos, eventuales y laborales; haciéndolo por libre designación; aprovechando la mayoría del número de militantes socialistas en los tribunales de pruebas de acceso en pueblos y diputaciones; impidiendo el libre acceso del público a puestos de trabajo de acuerdo o no con los sindicatos... Un amplio operativo destinado a "ocupar" posiciones de poder en los órganos vitales, económicos y administrativos de la sociedad andaluza.

Pero este nuevo método era desconocido. Toda la prensa andaluza, incluso El País, ha destacado que una sentencia ha revelado prácticas verdaderamente "reprochables", según el Juez, en la Diputación de Granada para contratar a "amigos, familiares o militantes" socialistas. La tropelía, que conllevaba el despido de profesionales de la empresa con familias a cargo para beneficiar a militantes socialistas fue protagonizada por el coordinador de Seguridad de la Diputación de Granada, Juan Carlos Adarve, un histórico del PSOE de esta provincia. Este es un cargo de confianza y de libre designación del Presidente socialista de la institución granadina, Antonio Martínez Caler, y, por si fuera poco, es miembro de la Comisión provincial de PSOE granadino además de responsable de la administración y el patrimonio. También pertenece a la Asamblea de CajaGranada.

Este cargo de confianza socialista pidió a la jefa de Segurisa en la Diputación de Granada el listado de candidatos a ser despedidos, para colocar en su puesto a los militantes del PSOE. Se dice en la sentencia que "todo se explica con las irregularidades en el proceso previo de adjudicación del contrato". El magistrado del Juzgado de lo Social número 1 de Granada, Jesús Rodríguez Alcázar, se pregunta en su sentencia cómo el coordinador de seguridad de la Diputación, Juan Carlos Adarve Moreno, "podría tener esta capacidad de influencia en una empresa privada como es Segurísa". La empresa se hizo con la adjudicación del servicio de vigilancia y seguridad de los centros públicos de la Diputación de Granada por valor de 4,3 millones de euros el 1 de enero de 200S. El juicio seguido por el despido de la jefa del servicio de seguridad privada de la Diputación, Ascensión Díaz Ruiz, ha puesto al descubierto irregularidades en esa adjudicación, propiciada al parecer por el propio Adarve si bien el Juzgado no considera suficientemente acreditada tal intervención.

Eso sí, el juez añadió que aunque ese asunto "no es objeto de este proceso ni se ha practicado prueba suficiente, por lo que las personas que puedan conocer lo sucedido deberían en su caso denunciar penalmente tales hechos". Con estos antecedentes, los responsables socialistas acosaron y despidieron a los dos meses a esta trabajadora, separada y con 4 hijos, que se negó a facilitar los 'enchufes'." Para el juez ha quedado "plenamente acreditado" que el "origen" de las diferencias surgidas con la jefa del servicio de seguridad de la Diputación fue su negativa a facilitar un listado de trabajadores que "podían ser despedidos". Llevaba 12 años trabajando en la Diputación al frente de los vigilantes de seguridad.

Estos hechos han quedado acreditados con la "creíble" declaración de la trabajadora que fue despedida y del "testigo presencial" Lisardo Antequera, el cual "de forma clara y rotunda sostuvo que delante de él" el cargo de confianza, Adarve, le pidió a Ascensión Díaz Ruiz el listado de nombres para despedir, señala el fallo. Cuando la jefa de servicio se negó a las pretensiones del cargo de confianza, fue desalojada del despacho que ocupaba en la Diputación y dejó de cobrar un complemento de 900 euros que percibía.

Para justificar estas represalias, la empresa dio "una explicación absurda", como decir que el desalojo del despacho es "por el bien de la trabajadora, debido a la mala cobertura de los móviles en el sótano en el que estaba, cuando allí disponía de teléfono fijo y ordenador con conexión a internet", dice el fallo. Además se desvela que el tal Adarve "ordena colocar una cámara de seguridad que graba el lugar en el que se encuentra" la trabajadora que luego fue despedida.

La visión de la afectada revela cómo opera "la tela de araña".

En una entrevista publicada este jueves por El Mundo con Ascensión Ruiz esta dice haber sido amenazada de fin por negarse a meter a gente del PSOE en la seguridad privada de la Diputación de Granada. Este un fragmento:

Pregunta.-¿Cómo se quedó cuando el cargo de confianza del PSOE Juan Carlos Adarve le dijo que debía darle una lista con nombres de vigilantes que se podían despedir para contratar a (militantes, familiares y amigos del PSOE», tal y como dice la sentencia?

Respuesta.- Fue una sorpresa. Ya en otras ocasiones me había dicho que contratáramos a una persona o a otra. Era una práctica habitual, pero nunca con despidos por

delante. Si había hueco para trabajar, él daba el visto bueno a los curriculum de los vigilantes. Mi sorpresa es que cuando le digo que no hay hueco, me dice "pues dime a quién podemos despedir".

P.- ¿A quién quena contratar?

R.- Me dijo que era un favor personal que le debía al secretario general de la agrupación socialista de Chauchina [un municipio de Granada] y que tenía que meterlo a la fuerza. Tenía mucha prisa. Dicho y hecho. Ya había gente del partido [socialista] trabajando por orden suya, pero lo hizo sin hacer este daño de querer despedir a otras personas.

P.- ¿Tenían algún privilegio los del PSOE?

R.- Sí. En otras ocasiones ya me había dicho, 'hazle un contrato indefinido a éste' y yo le respondía que no, que había otros más antiguos, pero le daba igual.

P.- Entonces, sólo entraban las recomendaciones del PSOE?

R.- Totalmente, es que entraban todos los que decía él [Juan Carlos Adarve, el cargo de confianza]. Normalmente, eran favores. De una chica en concreto que contratamos, Adarve me dijo que era un compromiso directo del presidente [de la Diputación de Granada, Antonio Martínez Caler], pero en ese caso no hubo daño porque otro compañero pidió una excedencia y entró por él. Hubo favoritismo, pero no un daño, no era esta barbaridad que me pedía ahora.

P.- La sentencia reconoce que era «habitual» que cuando se debía cubrir algún puesto entre los vigilantes de seguridad «se acudiera a personas cercanas al PSOE, siendo Adarve quien indicaba el nombre de quien podría ser contratado».

R.- Sí, Adarve tenía que dar el visto bueno a todos y decía quién entraba y quién no. Luego, en conversaciones informales, me contaba 'éste es' del PSOE, éste es concejal de no sé dónde'... Siempre sabíamos que eran personas cercanas al partido y amistades del partido.

P.- ¿Por qué tenía tanto poder Juan Carlos Adarve?

R.- [Silencio] Lo único que puedo decir es que conmigo ha alardeado de que él ha llevado, digamos, las miserias del partido [socialista] y se veía bien protegido. Pensaba que ... No sé cómo explicarlo...«Juan Carlos Adarve se sentía intocable porque tenía información sobre las miserias del PSOE»

Cese del "cargo de confianza"
Aunque el PP pidió este miércoles la dimisión del presidente de la Diputación Provincial de Granada, Antonio Martínez Caler (PSOE), por considerar que, como conocedor de los hechos, tiene la máxima responsabilidad en este caso, el que sí ha sido destituido en sus funciones ha sido "el cargo de confianza", el históricos del socialismo granadino Juan Carlos Adarve.

La decisión de su relevo se tomó ayer, sólo un día después de conocerse una sentencia que establece que Juan Carlos Adarve y la empresa adjudicataria del servicio de seguridad de la Diputación acosaron laboralmente a una vigilante. A pesar de la sentencia detalla que el motivo del acoso fue que la trabajadora se negó a facilitar a Adarve nombres de compañeros a los que "se podía echar" para contratar a otros, "militantes del PSOE, familiares o amigos de éstos", la Diputación, gobernada por PSOE e IU en coalición, negó ayer los hechos y aseguró que "jamás" ha ordenado el despido de ningún trabajador ni la contratación de militantes socialistas.

Hacer clic para expandir...