david53
Madmaxista
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Una empresa está explotando la zona gris de la legislación para expulsar a okupas sin acabar en los tribunales. Varias entidades sociales los acusan de allanamiento y coacciones
"Desokupa. Empresa especializada en desempleos de pisos ocupados a la fuerza y sin contrato de alquiler, métodos legales, en menos de 72 h recuperamos la vivienda, a toda la península. Eficacia en más del 90 por ciento de los casos".
Así se anunciaba hasta hace poco la empresa Desokupa en el portal milanuncios.com. Ya no lo necesita porque están desbordados. "Antes recibía cinco llamadas a la semana. Ahora son quince al día. Tenemos muchísimo trabajo", afirma Daniel Esteve, director de la empresa más controvertida que ha surgido recientemente en nuestro país. Sus clientes son propietarios de viviendas ocupadas que, desesperados por la lentitud de la justicia, optan por contratar a estos comandos de boxeadores para que expulsen a los indeseados inquilinos. Lo novedoso del asunto, y lo que lo convierte en un fenómeno social, es que todo es legal. Al menos hasta la fecha.
Desokupa está sabiendo explotar las zonas grises de la ley para devolver a los propietarios sus casas ocupadas sin acabar en los tribunales. Si bien son ya varias las entidades sociales que han anunciado demandas y querellas criminales por amenazas, coacciones, desalojos extrajudiciales y violación de derechos fundamentales. Sus detractores van más allá y señalan que algunos integrantes de los comandos pertenecen a entornos neonazis e incluso a la milicia ultranacionalista serbia. Por el momento, Desokupa opera casi en exclusiva en la provincia de Barcelona, aunque ya ha visitado Madrid y no descarta extender su perímetro de actuación.
"Nosotros no entramos en las viviendas ni arrastramos a la gente a la calle", se defiende Esteve. "Nuestro formato es montar un control de acceso a una propiedad privada mediante un contrato firmado con el propietario. El cliente nos tiene que demostrar que es propietario de ese inmueble y que ha sido ocupado por la fuerza. Comprobado eso, nos acercamos a la vivienda con las escrituras en la mano, muchas veces junto al propietario, y negociamos la salida de los okupas. Si no se avienen a negociar, entonces instalamos un operativo de control de acceso a esa vivienda con varios integrantes, todos con titulación en control de acceso, y nos limitamos a controlar la entrada las 24 horas. Eso les provoca tal incomodidad que, al final, acceden a negociar una compensación económica por su marcha, bajo la advertencia de que, si un día la vivienda se queda vacía, no podrán volver a entrar y se irán a la calle por cero euros. Si en algún momento la situación se tensa, llamamos a la policía, nunca usamos la fuerza".
Es evidente que los okupas no acceden a marcharse dócilmente porque alguien se lo pida con buenas palabras. La visión frente a la puerta de un puñado de hombres musculados con rostro amenazante, expertos todos en boxeo y artes marciales y bregados en mil reyertas, es un elemento de disuasión fundamental. Eso y la habilidad negociadora de Esteve, que ha sido director de seguridad durante 25 años y conoce ese lenguaje que tras*ita entre la advertencia y la amenaza. "Nunca entramos en una casa y nunca ponemos una mano encima a nadie. El éxito se basa en tener mucha mano izquierda y utilizar la ley a nuestro favor. Parece sencillo pero el trabajo es muy complicado. Si no, lo haría cualquiera", dice con orgullo el ideólogo del negocio, que ha desalojado casi 80 viviendas en un año. Su tarifa oscila entre los 3.000 y los 8.000 euros en función de la complejidad del operativo.
Según Desokupa, el 95% de los casos se resuelven con éxito y casi todos en menos de una hora. El único problema, dicen, es ese otro 5%. En concreto, cuatro casos que han hecho saltar todas las alarmas en distintas entidades sociales de Barcelona. Una de ellas es el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), que ha interpuesto una querella criminal contra Desokupa por el desalojo del edificio conocido como Can Dimoni, un inmueble histórico del barrio de Gracia, habitado desde hace un año por un grupo de jóvenes pertenecientes al movimiento okupa.
"El observatorio emprende acciones judiciales cuando hay una vulneración de derechos humanos, y esta empresa lleva tiempo vulnerando el derecho a la vivienda", indica Irene Escorihuela, directora de la entidad. "Solo un juez puede ordenar o acelerar el desalojo de una vivienda. Tampoco es legal poner guardias frente a portales, ni allanar jovenlandesadas, ni mucho menos amenazar y coaccionar a personas. Nadie puede actuar extrajudicialmente, y en el caso de Can Dimoni está muy documentado que esos delitos se produjeron", continúa Escorihuela. Y advierte: "No debemos olvidar que en Barcelona sigue habiendo una gran necesidad de vivienda y gente sin recursos que no puede acceder a ella, y el surgimiento de este tipo de empresas es una amenaza social".
Germán Plaza, abogado de Desokupa, asegura no tener constancia aún de esa querella criminal, ni tampoco del puñado de denuncias que les han prometido: "Tengo el expediente virgen, no nos ha llegado nada". Argumenta que Desokupa se limita a exprimir la ley para ayudar a los legítimos propietarios a recuperar sus viviendas. "Nunca se participa en desahucios por impago de alquiler o de hipoteca, esa es la línea roja. Se actúa en ocupaciones por la fuerza, casas donde alguien ha entrado echando la puerta abajo y en ocasiones amenazando de fin a la propiedad. Hablamos de ese tipo de gente. Me sorprende que las entidades sociales se pongan del lado del infractor en lugar de posicionarse a favor de las víctimas, la mayoría de ellas familias que han pagado esa casa con los ahorros de toda una vida y ahora viven el calvario de tenerla ocupada", considera el letrado.
“Estamos ayudando a personas, no a especuladores ni a fondos de inversión como nos acusan por ahí", le secunda Esteve, que cifra en un 70% los clientes particulares por un 30% de empresas. “Es más, en la mayoría de casos no solo contamos con el beneplácito de la propiedad, sino de toda la comunidad de vecinos. Hay comunidades que viven auténticos infiernos. Como el caso de unos okupas que se habían adueñado de toda la calle, que meaban en la escalera, amenazaban, acosaban a las mujeres. Resolvimos el problema pacíficamente y ahora en esa calle hablan maravillas de nosotros”.
El director de Desokupa se refiere a las mafias de ocupadores profesionales que proliferan a lo ancho de la península, muy especialmente en Cataluña. Identifican una vivienda vacía o una promoción residencial a medio vender para instalarse en ella a cambio de un rescate. "Rompen la cerradura, ponen un colchón en el suelo y cuando el propietario llega le dicen ‘si quieres que me vaya dame 50.000 euros, mientras no lo hagas no aparezcas o te cortamos el cuello'", cuenta Esteve parafraseando a uno de los okupas que consiguió desalojar. "Era una familia etniana y los saqué amistosamente por una cantidad ridícula. Ese lugar tenía 65 actuaciones policiales y un homicidio, y nosotros terminamos con el problema en 45 minutos y con el jefe de policía delante. Les pagamos lo pactado más los 400 euros del camión de mudanzas y se fueron encantados”.
Vecinos en pie de guerra
No tan encantada está la Asamblea del Raval, el órgano vecinal de este emblemático barrio barcelonés. La asamblea es la primera entidad en declararle la guerra a Desokupa, después de presenciar dos casos que considera "de extrema gravedad". "Por mucha justificación legal que busquen, aquí en el barrio han demostrado que eso de respetar la ley es solo 'marketing'", dice Iñaki García, destacado miembro de la asamblea. “Nosotros hemos visto cómo se han plantado frente a un portal e impedido el acceso a la escalera de vecinos, cuando el propietario que los contrató solo es dueño de un piso. Pero aunque lo fuera de todo el edificio, eso es ilegal. Sólo un funcionario puede impedir el acceso a una vivienda y con una razón de peso. Por no hablar de colocar una alarma e instalar una puerta blindada, como hace esta empresa. Es flagrante".
En efecto, si la vivienda ocupada se encuentra en ese momento vacía, el propietario, presente en el operarivo, autoriza a un cerrajero a cambiar la cerradura y posteriormente instalar una puerta blindada, mientras los integrantes de Desokupa se encargan de controlar la seguridad. "Si tú eres el propietario y no existe ningún contrato de arrendamiento en esa casa, que ha sido okupada sin tu consentimiento, ¿por qué no habría de ser legal cambiar una puerta e instalar una alarma?", se pregunta Plaza.
Una progenitora y su hija de 18 años, residentes en Pacs del Penedés (Barcelona) lo comprobaron en primera persona al regresar a su hogar el 9 de septiembre. Ya con la cerradura cambiada, Esteve y un pequeño comando de tres controladores de acceso las invitaron a recoger sus pertenencias y marcharse. La mujer asegura haber interpuesto una demanda por allanamiento de jovenlandesada y desalojo extrajudicial. Desokupa argumenta que las dos mujeres okuparon el piso a la fuerza (las afectadas admiten haber entrado en la casa después de que Bankia ejecutara el desahucio por impago de hipoteca) y que por lo tanto solo su legítimo propietario tiene derechos sobre la misma.
José Ángel Gallegos, abogado de las dos mujeres desalojadas en Pacs del Penedès y conocido activista antidesahucios, afirma en un artículo explicativo: "La ocupación de viviendas no es un delito. Solo en algunos raros y excepcionales casos puede llegar a serlo”, aunque "hasta la última reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal era prácticamente imposible encontrar a alguien que hubiera sido condenado". Allanar una vivienda, aunque sea el propietario quien lo haga, es según Gallegos totalmente ilegal. "Con el delito de allanamiento de jovenlandesada se protege la condición de habitante de un domicilio con independencia de la relación posesoria del individuo con la vivienda. Por tanto, es independiente que posea la vivienda con título o sin título, o dicho más claramente que sea propietario, inquilino u okupa, pues no se le protege por este motivo sino por ser habitante".
"Aquí se corre el peligro de delegar funciones propias del Estado en una empresa de porteros de discoteca", sentencia Antoni Salas, vecino del barrio del Raval presente en uno de los dos casos de desalojo que han puesto en pie de guerra el barrio. En concreto, el de una familia filipina que ocupaba dos pisos en el número 15 de la calle de la Cera. "Esta empresa no negocia, tuerce voluntades. No hace falta pegar para provocar terror. La prueba es esta familia filipina. La mujer, progenitora de dos hijos, cambió de opinión sobre abandonar el piso cuando vio que en la calle había 30 personas apoyándola y agentes de policía. No paraba de llorar preguntándose dónde iba a dormir esa noche. Y eso es porque antes había sufrido una presión intolerable para marcharse", prosigue Salas. Ningún agraviado por Desokupa ha querido hablar para este reportaje.
Empleados en el punto de mira
A Desokupa le ha surgido incluso una campaña social en contra: STOPDESOKUPA. Su objetivo es "visibilizar y combatir la contratación de matones por parte de los propietarios especuladores, quienes para alcanzar sus intereses económicos pasan por encima de los derechos y las necesidades de las personas, contratando a sicarios que utilizan la intimidación y la fuerza para echar a la gente de su casa". Contactados por este periódico, los responsables de la campaña insistieron en permanecer en el anonimato, pero afirmaron: "Por mucho que el señor Esteve diga que tienen éxito echando a la personas, es mentira, nos habríamos enterado del 90% de los casos que anuncia en Barcelona. Estamos hablando de una gente que cobra por violar domicilios de personas en situación irregular a base de amenazar, coaccionar y vandalizar las viviendas donde actúan".
El fundador de Desokupa tuerce el gesto ante las acusaciones y promete "comenzar a demandar a todos esos que nos calumnian y difaman. Eso de llamar sicarios, matones y fascistas a mis empleados se va a terminar". En efecto, uno de los puntos más polémicos del negocio son sus operarios, todos auténticos forzudos, habituales de clubs de boxeo y de artes marciales mixtas (MMA). Los críticos han incluso identificado a varios de ellos, centrando el tiro particularmente en dos: Ernesto Navas, conocido como Perro de Pelea y poseedor de un tatuaje con el nombre de Rudolf Hess en su vientre, y Jivko Ivanov, vinculado a la guerrilla ultranacionalista serbia e integrado, según esas informaciones, en la organización armada búlgara Alba Ortodoxa.
"Conmigo puede trabajar aquel que a día de hoy no tenga antecedentes penales y posea la titulación de control de acceso. A partir de ahí, yo hago mi propia selección", explica Esteve, que cuenta con una bolsa de más de 50 trabajadores, 12 de ellos en plantilla. "En Can Dimoni nos quisieron agredir casi 60 encapuchados con cadenas y tuve que llamar a los Mossos d’Esquadra. ¿Que algún empleado ha tenido antecedentes? Pues sí, solo faltaría que por esa razón alguien no tenga derecho a volver a trabajar o a montar un negocio", prosigue Esteve, antes de denunciar: "Estamos siendo víctimas de una campaña política por parte de grupos de extrema izquierda. En Can Dimoni, el concejal de la CUP se dedicó a abrazar y dar besos a los encapuchados mientras a nosotros, que íbamos con la cara descubierta, nos grababa con un teléfono móvil".
Desde la Asamblea del Raval avisan: ya han organizado un sistema de alerta vecinal para evitar el siguiente desalojo de Desokupa, igual que hizo con éxito un grupo de vecinos en el distrito de Horta el pasado 22 de septiembre. Pero a Esteve no le preocupa: "Mientras exista la Ley de la Propiedad Privada y empresas que puedan prestar un servicio a la propiedad, seguiremos acudiendo allí donde nos llamen".
Okupas: Desokupa, el polémico comando de boxeadores que desaloja pisos usando la ley. Noticias de España
"Desokupa. Empresa especializada en desempleos de pisos ocupados a la fuerza y sin contrato de alquiler, métodos legales, en menos de 72 h recuperamos la vivienda, a toda la península. Eficacia en más del 90 por ciento de los casos".
Así se anunciaba hasta hace poco la empresa Desokupa en el portal milanuncios.com. Ya no lo necesita porque están desbordados. "Antes recibía cinco llamadas a la semana. Ahora son quince al día. Tenemos muchísimo trabajo", afirma Daniel Esteve, director de la empresa más controvertida que ha surgido recientemente en nuestro país. Sus clientes son propietarios de viviendas ocupadas que, desesperados por la lentitud de la justicia, optan por contratar a estos comandos de boxeadores para que expulsen a los indeseados inquilinos. Lo novedoso del asunto, y lo que lo convierte en un fenómeno social, es que todo es legal. Al menos hasta la fecha.
Desokupa está sabiendo explotar las zonas grises de la ley para devolver a los propietarios sus casas ocupadas sin acabar en los tribunales. Si bien son ya varias las entidades sociales que han anunciado demandas y querellas criminales por amenazas, coacciones, desalojos extrajudiciales y violación de derechos fundamentales. Sus detractores van más allá y señalan que algunos integrantes de los comandos pertenecen a entornos neonazis e incluso a la milicia ultranacionalista serbia. Por el momento, Desokupa opera casi en exclusiva en la provincia de Barcelona, aunque ya ha visitado Madrid y no descarta extender su perímetro de actuación.
"Nosotros no entramos en las viviendas ni arrastramos a la gente a la calle", se defiende Esteve. "Nuestro formato es montar un control de acceso a una propiedad privada mediante un contrato firmado con el propietario. El cliente nos tiene que demostrar que es propietario de ese inmueble y que ha sido ocupado por la fuerza. Comprobado eso, nos acercamos a la vivienda con las escrituras en la mano, muchas veces junto al propietario, y negociamos la salida de los okupas. Si no se avienen a negociar, entonces instalamos un operativo de control de acceso a esa vivienda con varios integrantes, todos con titulación en control de acceso, y nos limitamos a controlar la entrada las 24 horas. Eso les provoca tal incomodidad que, al final, acceden a negociar una compensación económica por su marcha, bajo la advertencia de que, si un día la vivienda se queda vacía, no podrán volver a entrar y se irán a la calle por cero euros. Si en algún momento la situación se tensa, llamamos a la policía, nunca usamos la fuerza".
Es evidente que los okupas no acceden a marcharse dócilmente porque alguien se lo pida con buenas palabras. La visión frente a la puerta de un puñado de hombres musculados con rostro amenazante, expertos todos en boxeo y artes marciales y bregados en mil reyertas, es un elemento de disuasión fundamental. Eso y la habilidad negociadora de Esteve, que ha sido director de seguridad durante 25 años y conoce ese lenguaje que tras*ita entre la advertencia y la amenaza. "Nunca entramos en una casa y nunca ponemos una mano encima a nadie. El éxito se basa en tener mucha mano izquierda y utilizar la ley a nuestro favor. Parece sencillo pero el trabajo es muy complicado. Si no, lo haría cualquiera", dice con orgullo el ideólogo del negocio, que ha desalojado casi 80 viviendas en un año. Su tarifa oscila entre los 3.000 y los 8.000 euros en función de la complejidad del operativo.
Según Desokupa, el 95% de los casos se resuelven con éxito y casi todos en menos de una hora. El único problema, dicen, es ese otro 5%. En concreto, cuatro casos que han hecho saltar todas las alarmas en distintas entidades sociales de Barcelona. Una de ellas es el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), que ha interpuesto una querella criminal contra Desokupa por el desalojo del edificio conocido como Can Dimoni, un inmueble histórico del barrio de Gracia, habitado desde hace un año por un grupo de jóvenes pertenecientes al movimiento okupa.
"El observatorio emprende acciones judiciales cuando hay una vulneración de derechos humanos, y esta empresa lleva tiempo vulnerando el derecho a la vivienda", indica Irene Escorihuela, directora de la entidad. "Solo un juez puede ordenar o acelerar el desalojo de una vivienda. Tampoco es legal poner guardias frente a portales, ni allanar jovenlandesadas, ni mucho menos amenazar y coaccionar a personas. Nadie puede actuar extrajudicialmente, y en el caso de Can Dimoni está muy documentado que esos delitos se produjeron", continúa Escorihuela. Y advierte: "No debemos olvidar que en Barcelona sigue habiendo una gran necesidad de vivienda y gente sin recursos que no puede acceder a ella, y el surgimiento de este tipo de empresas es una amenaza social".
Germán Plaza, abogado de Desokupa, asegura no tener constancia aún de esa querella criminal, ni tampoco del puñado de denuncias que les han prometido: "Tengo el expediente virgen, no nos ha llegado nada". Argumenta que Desokupa se limita a exprimir la ley para ayudar a los legítimos propietarios a recuperar sus viviendas. "Nunca se participa en desahucios por impago de alquiler o de hipoteca, esa es la línea roja. Se actúa en ocupaciones por la fuerza, casas donde alguien ha entrado echando la puerta abajo y en ocasiones amenazando de fin a la propiedad. Hablamos de ese tipo de gente. Me sorprende que las entidades sociales se pongan del lado del infractor en lugar de posicionarse a favor de las víctimas, la mayoría de ellas familias que han pagado esa casa con los ahorros de toda una vida y ahora viven el calvario de tenerla ocupada", considera el letrado.
“Estamos ayudando a personas, no a especuladores ni a fondos de inversión como nos acusan por ahí", le secunda Esteve, que cifra en un 70% los clientes particulares por un 30% de empresas. “Es más, en la mayoría de casos no solo contamos con el beneplácito de la propiedad, sino de toda la comunidad de vecinos. Hay comunidades que viven auténticos infiernos. Como el caso de unos okupas que se habían adueñado de toda la calle, que meaban en la escalera, amenazaban, acosaban a las mujeres. Resolvimos el problema pacíficamente y ahora en esa calle hablan maravillas de nosotros”.
El director de Desokupa se refiere a las mafias de ocupadores profesionales que proliferan a lo ancho de la península, muy especialmente en Cataluña. Identifican una vivienda vacía o una promoción residencial a medio vender para instalarse en ella a cambio de un rescate. "Rompen la cerradura, ponen un colchón en el suelo y cuando el propietario llega le dicen ‘si quieres que me vaya dame 50.000 euros, mientras no lo hagas no aparezcas o te cortamos el cuello'", cuenta Esteve parafraseando a uno de los okupas que consiguió desalojar. "Era una familia etniana y los saqué amistosamente por una cantidad ridícula. Ese lugar tenía 65 actuaciones policiales y un homicidio, y nosotros terminamos con el problema en 45 minutos y con el jefe de policía delante. Les pagamos lo pactado más los 400 euros del camión de mudanzas y se fueron encantados”.
Vecinos en pie de guerra
No tan encantada está la Asamblea del Raval, el órgano vecinal de este emblemático barrio barcelonés. La asamblea es la primera entidad en declararle la guerra a Desokupa, después de presenciar dos casos que considera "de extrema gravedad". "Por mucha justificación legal que busquen, aquí en el barrio han demostrado que eso de respetar la ley es solo 'marketing'", dice Iñaki García, destacado miembro de la asamblea. “Nosotros hemos visto cómo se han plantado frente a un portal e impedido el acceso a la escalera de vecinos, cuando el propietario que los contrató solo es dueño de un piso. Pero aunque lo fuera de todo el edificio, eso es ilegal. Sólo un funcionario puede impedir el acceso a una vivienda y con una razón de peso. Por no hablar de colocar una alarma e instalar una puerta blindada, como hace esta empresa. Es flagrante".
En efecto, si la vivienda ocupada se encuentra en ese momento vacía, el propietario, presente en el operarivo, autoriza a un cerrajero a cambiar la cerradura y posteriormente instalar una puerta blindada, mientras los integrantes de Desokupa se encargan de controlar la seguridad. "Si tú eres el propietario y no existe ningún contrato de arrendamiento en esa casa, que ha sido okupada sin tu consentimiento, ¿por qué no habría de ser legal cambiar una puerta e instalar una alarma?", se pregunta Plaza.
Una progenitora y su hija de 18 años, residentes en Pacs del Penedés (Barcelona) lo comprobaron en primera persona al regresar a su hogar el 9 de septiembre. Ya con la cerradura cambiada, Esteve y un pequeño comando de tres controladores de acceso las invitaron a recoger sus pertenencias y marcharse. La mujer asegura haber interpuesto una demanda por allanamiento de jovenlandesada y desalojo extrajudicial. Desokupa argumenta que las dos mujeres okuparon el piso a la fuerza (las afectadas admiten haber entrado en la casa después de que Bankia ejecutara el desahucio por impago de hipoteca) y que por lo tanto solo su legítimo propietario tiene derechos sobre la misma.
José Ángel Gallegos, abogado de las dos mujeres desalojadas en Pacs del Penedès y conocido activista antidesahucios, afirma en un artículo explicativo: "La ocupación de viviendas no es un delito. Solo en algunos raros y excepcionales casos puede llegar a serlo”, aunque "hasta la última reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal era prácticamente imposible encontrar a alguien que hubiera sido condenado". Allanar una vivienda, aunque sea el propietario quien lo haga, es según Gallegos totalmente ilegal. "Con el delito de allanamiento de jovenlandesada se protege la condición de habitante de un domicilio con independencia de la relación posesoria del individuo con la vivienda. Por tanto, es independiente que posea la vivienda con título o sin título, o dicho más claramente que sea propietario, inquilino u okupa, pues no se le protege por este motivo sino por ser habitante".
"Aquí se corre el peligro de delegar funciones propias del Estado en una empresa de porteros de discoteca", sentencia Antoni Salas, vecino del barrio del Raval presente en uno de los dos casos de desalojo que han puesto en pie de guerra el barrio. En concreto, el de una familia filipina que ocupaba dos pisos en el número 15 de la calle de la Cera. "Esta empresa no negocia, tuerce voluntades. No hace falta pegar para provocar terror. La prueba es esta familia filipina. La mujer, progenitora de dos hijos, cambió de opinión sobre abandonar el piso cuando vio que en la calle había 30 personas apoyándola y agentes de policía. No paraba de llorar preguntándose dónde iba a dormir esa noche. Y eso es porque antes había sufrido una presión intolerable para marcharse", prosigue Salas. Ningún agraviado por Desokupa ha querido hablar para este reportaje.
Empleados en el punto de mira
A Desokupa le ha surgido incluso una campaña social en contra: STOPDESOKUPA. Su objetivo es "visibilizar y combatir la contratación de matones por parte de los propietarios especuladores, quienes para alcanzar sus intereses económicos pasan por encima de los derechos y las necesidades de las personas, contratando a sicarios que utilizan la intimidación y la fuerza para echar a la gente de su casa". Contactados por este periódico, los responsables de la campaña insistieron en permanecer en el anonimato, pero afirmaron: "Por mucho que el señor Esteve diga que tienen éxito echando a la personas, es mentira, nos habríamos enterado del 90% de los casos que anuncia en Barcelona. Estamos hablando de una gente que cobra por violar domicilios de personas en situación irregular a base de amenazar, coaccionar y vandalizar las viviendas donde actúan".
El fundador de Desokupa tuerce el gesto ante las acusaciones y promete "comenzar a demandar a todos esos que nos calumnian y difaman. Eso de llamar sicarios, matones y fascistas a mis empleados se va a terminar". En efecto, uno de los puntos más polémicos del negocio son sus operarios, todos auténticos forzudos, habituales de clubs de boxeo y de artes marciales mixtas (MMA). Los críticos han incluso identificado a varios de ellos, centrando el tiro particularmente en dos: Ernesto Navas, conocido como Perro de Pelea y poseedor de un tatuaje con el nombre de Rudolf Hess en su vientre, y Jivko Ivanov, vinculado a la guerrilla ultranacionalista serbia e integrado, según esas informaciones, en la organización armada búlgara Alba Ortodoxa.
"Conmigo puede trabajar aquel que a día de hoy no tenga antecedentes penales y posea la titulación de control de acceso. A partir de ahí, yo hago mi propia selección", explica Esteve, que cuenta con una bolsa de más de 50 trabajadores, 12 de ellos en plantilla. "En Can Dimoni nos quisieron agredir casi 60 encapuchados con cadenas y tuve que llamar a los Mossos d’Esquadra. ¿Que algún empleado ha tenido antecedentes? Pues sí, solo faltaría que por esa razón alguien no tenga derecho a volver a trabajar o a montar un negocio", prosigue Esteve, antes de denunciar: "Estamos siendo víctimas de una campaña política por parte de grupos de extrema izquierda. En Can Dimoni, el concejal de la CUP se dedicó a abrazar y dar besos a los encapuchados mientras a nosotros, que íbamos con la cara descubierta, nos grababa con un teléfono móvil".
Desde la Asamblea del Raval avisan: ya han organizado un sistema de alerta vecinal para evitar el siguiente desalojo de Desokupa, igual que hizo con éxito un grupo de vecinos en el distrito de Horta el pasado 22 de septiembre. Pero a Esteve no le preocupa: "Mientras exista la Ley de la Propiedad Privada y empresas que puedan prestar un servicio a la propiedad, seguiremos acudiendo allí donde nos llamen".
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