Como cíclicamente sucede en las zonas del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE) y del Vizcatán, nuevamente se produjo otro infernal ataque terrorista, esta vez contra la base contrasubversiva de la División de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú (Dinoes-PNP) ubicada en la plaza central del distrito de San José de Secce, al norte de Huanta y a 5 horas de la ciudad de Ayacucho, zona que en décadas pasadas estuvo controlada por terroristas de Sendero Luminoso y hoy es paso obligado de los narcotraficantes que tras*portan PBC e insumos químicos. Este ataque fue perpetrado entre la noche del sábado 1 y madrugada del domingo 2 por unos 60 elementos terroristas utilizando lanzagranadas RPG y fusiles AKM con la finalidad de tomar la base y llevarse el armamento, lo cual no lograron por la reacción de los 30 efectivos policiales que los enfrentaron, pero que lamentablemente no pudieron evitar la fin de tres sub oficiales y dos civiles.
La capacidad de ataque de los terroristas ha aumentado peligrosamente ocasionando a la fecha más de 80 muertes, entre militares, policías y pobladores. En 6 años (2001 a 2006) realizaron 6 ataques –uno por año en promedio–, pero desde el 2007 a la fecha han efectuado 20– aumentando el promedio a 8 por año–. Un ataque cada mes y medio en promedio. Asimismo desde el 2006 la cantidad de sus integrantes casi se ha triplicado de 220 a 600.
Con algunas pequeñas variables, los ataques terroristas casi siempre manifiestan las siguientes recurrencias: 1) La falta de acciones de inteligencia y de medidas de seguridad permite que los terroristas puedan planear, desplazarse y tomar posiciones estratégicas para ejecutar sus criminales ataques o emboscadas; 2) Los atentados terminan en la mayoría de casos con lamentables muertes de militares, policías y pobladores civiles, pero nunca de terroristas; 3) Después de producidos los ataques se disponen inmediatas operaciones de patrullaje, por aire y tierra, para ubicar, identificar y capturar a los autores del ataque, las que casi siempre son infructuosas; 4) El ministro de Defensa o del Interior viaja de inmediato al lugar del atentado para hacer acto de presencia; 5) Los responsables políticos salen a explicar que se trata de “manotazos de ahogado”, o de una reacción del narcoterrorismo frente a la eficacia y avance de las fuerzas del orden, o que no existe rebrote terrorista, o que no representan amenaza y que están siendo derrotados; y 6) Se inicia, por un lado, una etapa de exigencias de políticos y deudos al gobierno, y por el otro, muchos ofrecimientos de éste, tales como, mayor presencia del Estado, desarrollo económico, social e inversiones en la zona, fortalecimiento de las bases contrasubversivas, incremento de recursos para reforzar la inteligencia, seguridad, comunicaciones, equipamiento, armamento, tras*portes, rancho, seguros, etc., que al poco tiempo se olvidan y casi siempre son incumplidos.
El pasado 17 de abril, una semana después de la emboscada en Sanabamba donde murieron 14 soldados, el ex premier Yehude Simon anunció el replanteo del Plan VRAE en 20 días –aceptando implícitamente su ineficacia– y prometió perfeccionar las políticas de Estado en inteligencia, gestión presupuestal, desarrollo alternativo, financiamiento y desarrollo económico y social, pero no cumplió. No existe la voluntad política para aumentar los recursos y enfrentar con una estrategia integral esta gravísima amenaza contra nuestro país.
PLANTEAMIENTOS
La capacidad de ataque de los terroristas ha aumentado peligrosamente ocasionando a la fecha más de 80 muertes, entre militares, policías y pobladores. En 6 años (2001 a 2006) realizaron 6 ataques –uno por año en promedio–, pero desde el 2007 a la fecha han efectuado 20– aumentando el promedio a 8 por año–. Un ataque cada mes y medio en promedio. Asimismo desde el 2006 la cantidad de sus integrantes casi se ha triplicado de 220 a 600.
Con algunas pequeñas variables, los ataques terroristas casi siempre manifiestan las siguientes recurrencias: 1) La falta de acciones de inteligencia y de medidas de seguridad permite que los terroristas puedan planear, desplazarse y tomar posiciones estratégicas para ejecutar sus criminales ataques o emboscadas; 2) Los atentados terminan en la mayoría de casos con lamentables muertes de militares, policías y pobladores civiles, pero nunca de terroristas; 3) Después de producidos los ataques se disponen inmediatas operaciones de patrullaje, por aire y tierra, para ubicar, identificar y capturar a los autores del ataque, las que casi siempre son infructuosas; 4) El ministro de Defensa o del Interior viaja de inmediato al lugar del atentado para hacer acto de presencia; 5) Los responsables políticos salen a explicar que se trata de “manotazos de ahogado”, o de una reacción del narcoterrorismo frente a la eficacia y avance de las fuerzas del orden, o que no existe rebrote terrorista, o que no representan amenaza y que están siendo derrotados; y 6) Se inicia, por un lado, una etapa de exigencias de políticos y deudos al gobierno, y por el otro, muchos ofrecimientos de éste, tales como, mayor presencia del Estado, desarrollo económico, social e inversiones en la zona, fortalecimiento de las bases contrasubversivas, incremento de recursos para reforzar la inteligencia, seguridad, comunicaciones, equipamiento, armamento, tras*portes, rancho, seguros, etc., que al poco tiempo se olvidan y casi siempre son incumplidos.
El pasado 17 de abril, una semana después de la emboscada en Sanabamba donde murieron 14 soldados, el ex premier Yehude Simon anunció el replanteo del Plan VRAE en 20 días –aceptando implícitamente su ineficacia– y prometió perfeccionar las políticas de Estado en inteligencia, gestión presupuestal, desarrollo alternativo, financiamiento y desarrollo económico y social, pero no cumplió. No existe la voluntad política para aumentar los recursos y enfrentar con una estrategia integral esta gravísima amenaza contra nuestro país.
PLANTEAMIENTOS
