Denuncian a la Generalitat por usar Canet para impulsar una "estrategia" de "linchamiento" a los padres que pidan el castellano.

Denuncian a la Generalitat por usar Canet para impulsar una "estrategia" de "linchamiento" a los padres que pidan el castellano.


Llevan ante la Fiscalía a los responsables del Departamento de Educación catalán por el caso de los padres del niño de cinco años




El acoso del independentismo a la familia de Canet de Mar que consiguió que su hijo en P5 recibiese un 25% de clases en castellano junto con la posterior reacción de la Generalitat, con las declaraciones de sus principales dirigentes y las reuniones del consejero de Educación Josep Gonzàlez-Cambray con la dirección y padres del colegio Turó del Drac, forman parte de un plan más amplio cuyo objetivo es no cumplir la sentencia del año pasado del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que establecía un porcentaje mínimo de escolarización en español. Así lo considera la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB) que denunció ante la Fiscalía Superior de Cataluña al consejero y otros cargos de Educación por un delito de obstrucción a la justicia para que no se cumplan las resoluciones de los tribunales.

En su denuncia, a la que ha tenido acceso este medio, la AEB señala que los padres de Canet consiguieron que el TSJC ordenase a la Generalitat y a la escuela, como medida cautelar, impartir en la clase del alumno de P5 hasta 6,5 horas lectivas de castellano a la semana, aunque Educación propuso que fueran en materias como rincones de juego, grafomotricidad, plástica o psicomotricidad. El pasado 2 de diciembre la dirección del centro explicó al resto de padres de la clase los cambios tras la decisión judicial por lo que algunos de ellos crearon una cuenta en las redes sociales para evitar su aplicación. A partir de entonces se desencadenó el "linchamiento público de la familia que ha solicitado la enseñanza bilingüe, así como del tribunal" que acordó la medida, según la denuncia que añade que el objetivo de estos mensajes es "dificultar la ejecución" del 25% de castellano en las aulas.



Una gran parte de los citados comentarios pudieran ser calificados como de contenido xenófobo e hispanófobo en la medida que se dirigen despectivamente a la familia que ha solicitado la escolarización bilingüe calificándola como 'castellanos' o 'españoles' y además contienen comentarios que pueden suponer graves coacciones o injurias contra los padres que han solicitado la escolarización bilingüe y contra el niño que esta escolarizado en el centro", señala la denuncia. También remarcan que recibieron "gravísimas amenazas" ya que se pidió al centro que "los identifique públicamente con ánimo de escarnio", además de instar a su expulsión del colegio, a hacerle "mobbing mediante el vacío en la clase y su aislamiento social" o que no sea invitado a fiestas infantiles.


Sin embargo, para la AEB este acoso a los padres del menor de Canet no es más que "parte de una estrategia destinada a evitar la ejecución de la sentencia" del TSJC de hace un año que cuestionaba todo el sistema de inmersión lingüística y que el rechazo del Supremo al recurso de la Generalitat convirtió en firme hace unas semanas. Creen que "la airada reacción" de los padres de la escuela Turó del Drac, de la que lamentan que no ha condenado las ofensas y las amenazas contra el menor, "es un destacado eslabón de la cadena que no obvia la intimidación a las partes" en el proceso judicial para aplicar las medidas. La denuncia remarca que responsables del Departament de Educación se ha puesto a favor de las peticiones de desobediencia de los padres del colegio, una situación que no se ha producido cuando se han conocido otras resoluciones judiciales parecidas.

"La excepcionalidad de este caso se pone de manifiesto en que hasta la fecha la AEB ha venido asesorando a muchos padres que han obtenido autos de medidas cautelares y sentencias que en los últimos tiempos se han ejecutado por la administración autonómica con algunas resistencias, pero sin grandes oposiciones", indica la denuncia. Por eso, consideran que el acoso a la familia de Canet "está destinado a producir un escarmiento para aquellos que soliciten la ejecución de las medidas cautelares y trata de impedir la aplicación del mínimo del 25% con carácter generalizado". En este sentido, recuerdan que la resolución del TSJC sobre Canet es la primera que sale a la luz pública después de ser firme la sentencia sobre el 25% en todo el ámbito educativo.

DESOBEDIENCIA DE LA GENERALITAT
Para la AEB la carta que envío el consejero de Educación a los directores de los colegios tras conocerse que la sentencia del TSJC sobre el 25% de castellano es firme y se debe aplicar a todos los centros es una muestra más de este plan preconcebido para desobedecer. Así la entidad remarca que Gonzàlez-Cambray tuvo una "reacción hostil" a la decisión judicial y en el mensaje "advierte a los directores de los centros" que no deben cambiar "los proyectos lingüísticos por motivo de la sentencia", por lo que fue denunciado por Hablamos Español a la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación.

Para la AEB este es el punto de partida de la "estrategia" de la Generalitat para incumplir con la sentencia del 25% del TSJC en la escuela catalana y se pone en práctica tras la decisión de Canet por parte del tribunal: "La reacción airada de algunos padres de los alumnos del centro desencadena en un tiempo récord la creación de grupos de difusión, la convocatoria de ruedas de prensa, la movilización en redes en contra de la familia peticionaria y del Tribunal, la convocatoria de protesta ante el colegio, y la planificación de una visita" del consejero al centro para reunirse con dirección y familias que piden a no acatar la decisión judicial.


"El despliegue logístico es absolutamente desproporcionado para una 'simple' aplicación de un auto de medidas cautelares que afecta a un grupo de veinticinco alumnos. La actividad desplegada tiene como voluntad impedir la ejecución de la sentencia del TSJC" por medio de la "intimidación a la familia que por razones temporales quiere ejecutar" la decisión judicial "y lograr que desista de su intención mediante una presión absolutamente inaceptable", señala la denuncia. Hasta tal punto que tuvieron que pedir el amparo del tribunal que ha tenido que ordenar a la Generalitat y el colegio la protección y la intimidad de la familia.

Por eso, la AEB considera que los mensajes por redes sociales suponen "un evidente discurso de repruebo con el que se trata de amedrentar e intimidar a la familia que ha solicitado la escolarización bilingüe para lograr que desiste de su derecho". De esta forma creen que pudieron cometer un delito de obstrucción a la Justicia para los que "con violencia o intimidación intentare influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento para que modifique su actuación procesal" y que está castigado con pena de prisión de hasta 4 años.




Som gent da pau i damucratica y to ezo...

Penitenciagite!! dijo:

Por una chorrada, en el fondo, la que se está liando, ya me dirás tú, por un 25% de castellano, que en Francia no se puede ni hacer el testamento en catalán, les van a meter otro 155 guapo si no acaban en la trena unos cuantos.

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Es el problema de haber centrado la "patria", la identidad colectiva, y la personal en un idioma: que inevitablemente termina convertido en un vehículo de adoctrinamiento, exclusión y repruebo.

Con la cantidad de cosas con las que puedes identificarte para construír una identidad: con la democracia, con la meritocracia, con la racionalidad, con la justicia, y tantas otras. Lo que pasa es que en Cataluña esas cosas como que no se dan muy bien, así que mejor tiramos con lo fácil, hay que aprovechar que tenemos una sociedad autoritaria de borregos esperando las órdenes del cacique.