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Madmaxista
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Demoledor informe de la OCDE sobre España por no luchar contra el soborno - elConfidencial.com
<p>España vuelve a estar en el punto de mira de la OCDE por su <b>escasa beligerancia</b> contra el <b>soborno</b>. Es decir, contra lo que la Real Academia <a href="http://lema.rae.es/drae/?val=soborno">define</a> como “acción de <b>corromper</b> a alguien con dádivas para conseguir de él algo”. El <a href="http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/AntiBriberyAnnRep2012.pdf">documento</a> no deja lugar a dudas. Y comienza con una declaración de principios: “El grupo de trabajo [los redactores del informe] tiene <b>serias preocupaciones</b> de que casi 13 años después de que entrara en vigor el delito de <b>cohecho internacional</b>, ninguna persona física o jurídica haya sido <b>perseguida</b> o <b>sancionada</b>”.</p><p>No se trata de un juicio de valor ni la <a href="http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/SpainPhase3ReportEn.pdf">primera vez</a> que la OCDE amonesta a España. Según sus estadísticas, mientras que en España nadie ha sido <b>condenado</b> por sobornar en el extranjero, en Alemania se han registrado 88 casos (67 con acuerdo de los interesados); 62, en EEUU; ocho, en Italia; seis, en Japón; 16 en Corea, y cuatro, en Francia. Hasta un país más pequeño que España, como es Portugal, ha identificado (y sancionado) a cuatro <b>empresas </b>o <b>personas físicas</b> por esta clase de delitos, que consisten en comprar a algún funcionario de un país extranjero a cambio de obtener ventaja en un concurso público.</p><p>No sólo eso. La OCDE -que es donde se incardina administrativamente la lucha contra la <b>delincuencia económica</b> internacional- acusa a España de haber realizado únicamente siete investigaciones desde que firmó el <b>Convenio Antisoborno</b>, suscrito en total por 40 países, que representan el 90% del comercio mundial. Todas ellas han sido cerradas sin que ninguna haya dado resultado alguno, en la mayoría de los casos debido a que los supuestos delitos habían <b>prescrito.</b></p><p>En general, el número de absueltos es equivalente a cero en los casos penales abiertos en esos países, lo que refleja que quien es acusado, normalmente, es condenado. En total, <b>311 empresas o particulares</b> han sido ya sancionados en 14 países por sobornar a funcionarios extranjeros, principalmente en los países más pobres; y otros <b>320 expedientes</b> están en curso. 83 individuos han ingresado en prisión. Ni uno en España, que representa el 2% del comercio mundial<b>.</b> </p><div class="bloque-volador-foto-video"><a class="highslide" onclick="return hs.expand(this,{wrapperClassName: 'borderless floating-caption', outlineType: 'rounded-white', dimmingOpacity: 0.75, align: 'center'})" href="http://www.elconfidencial.com/archivos/ec/2013061978sanchez_ampl.jpg"><img width="270" title="Click para ver más grande" src="http://www.elconfidencial.com/archivos/ec/2013061978sanchez_ampl.jpg" /><img class="ampliar-foto-interior" src="http://www.elconfidencial.com/images/ampliar_foto_interior_2012.png" border="0" /></a></div><p>La OCDE tan sólo se felicita de la entrada en vigor en el Código Penal, en 2010, de un nuevo delito de soborno en el extranjero que corrige algunas <b>deficiencias.</b> Pero, dicho esto, añade que el grupo de trabajo vuelve a estar seriamente preocupado por el hecho de que en una legislación posterior sobre <b>funcionarios europeos</b> se mantengan esas deficiencias en relación con el alcance del delito, el nivel de sanciones y el estatuto que limita su funcionamiento. De ahí que reclame a España una <a href="http://blogs.elconfidencial.com/espana/mientras-tanto/2013/01/20/aqui-esta-el-origen-de-la-corrupcion-10589">rápida reforma</a> de su <b>Código Penal</b> en esta materia. En particular, el hecho de que actualmente se excluye a las empresas públicas de cualquier responsabilidad penal.</p><p>Llama la atención que en el informe se acuse a la Fiscalía Anticorrupción de no ser suficientemente diligente a la hora de <b>poner en conocimiento</b> de sus colegas de la OCDE casos de supuesto soborno, lo que dificulta las investigaciones. Y llama todavía más la atención que la OCDE advierta que en <b>Navarra</b> y el <b>País Vasco</b>, los dos territorios forales, no cuentan en sus legislaciones con la prohibición expresa de que una empresa pueda <b>deducirse fiscalmente</b> los sobornos pagados en el extranjero.</p><p><strong>Recompensar a los denunciadores</strong></p><p>No acaban aquí las críticas. La OCDE reclama a España que busque fórmulas legales para proteger a los <b>informantes</b> de un delito de soborno, tanto en el ámbito público como privado, y que hoy no están amparados por ninguna ley. En <a href="http://www.oecd.org/general/48972967.pdf">una guía publicada</a> el año pasado, se instaba a los países adheridos al Convenio Antisoborno a utilizar <b>incentivos</b> o <b>recompensas </b>para animar a los informantes, como se hace en algunos países. </p><p>En EEUU, por ejemplo, la <b>Ley Dodd-Frank</b> de reforma financiera y protección de los consumidores <a href="http://www.boletininternacionalcnmv.es/ficha.php?menu_id=&jera_id=&cont_id=90">autoriza</a> a la Comisión de Valores a pagar <b>recompensas</b> a las personas que denuncien el fraude. Los premios pueden llegar a representar el 30% de los fondos recuperados. En la legislación coreana las recompensas pueden llegar a los dos millones de dólares si las revelaciones contribuyen directamente a incrementar los ingresos o reducir los gastos de las agencias públicas.</p><p>El <b>equipo de evaluación</b> que ha analizado la conducta de España en relación al pago de sobornos estuvo en Madrid en julio del año pasado, y durante su visita se reunió con funcionarios del Gobierno y de la <b>sociedad civil.</b> España, de hecho, es uno de los doce países a los que la OCDE dedica un recuadro en su informe, junto a Hungría, Holanda, Reino Unido o Suecia.</p><p>El informe concluye instando a España a que antes de que acabe este año comunique a la OCDE sobre cómo está <b>progresando</b> para subsanar estas deficiencias. En particular, las modificaciones que requiere el Código Penal.</p><p>Hasta la fecha, desde luego, el progreso es mínimo. Como <a href="http://www.elconfidencial.com/mundo/2013/02/09/el-juez-pedraz-miro-para-otro-lado-ante-los-sobornos-de-empresas-espanolas-en-angola-114611/">publicó</a> <i>El Confidencial</i>, el juez <b>Pedraz </b>archivó en su día una denuncia del Ministerio Fiscal en la que <b>se acusaba al grupo Eurofinsa de entregar diversas dádivas a las autoridades de Angola a cambio de obtener contratos</b> de ejecución de obra pública por valor de 300 millones de euros. Dicha actividad supondría una vulneración del artíojo ciego 445 del Código Penal, castigada con penas de prisión de dos a seis años.</p><p>En concreto, la investigación acusaba a varios empresarios españoles de entregar grandes cantidades de dinero, coches, joyas y otros regalos a personalidades como el hijo del presidente de Angola o la mujer del ministro de Comunicación Social. La familia del máximo mandatario angoleño, <b>José Eduardo Dos Santos</b>, alcanzó notoriedad por su elevada fortuna de orígenes poco claros, y su hija <b>Isabel </b>fue proclamada la <a href="http://www.elconfidencial.com/mundo/2013/01/29/isabel-dos-santos-la-primera-mujer-lsquomilmillonariarsquo-de-africa-con-solo-40-anos-113796/">primera mujer del sur muy sur en superar los mil millones de euros</a>. </p>
PD: como decian en la championlege :
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<p>España vuelve a estar en el punto de mira de la OCDE por su <b>escasa beligerancia</b> contra el <b>soborno</b>. Es decir, contra lo que la Real Academia <a href="http://lema.rae.es/drae/?val=soborno">define</a> como “acción de <b>corromper</b> a alguien con dádivas para conseguir de él algo”. El <a href="http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/AntiBriberyAnnRep2012.pdf">documento</a> no deja lugar a dudas. Y comienza con una declaración de principios: “El grupo de trabajo [los redactores del informe] tiene <b>serias preocupaciones</b> de que casi 13 años después de que entrara en vigor el delito de <b>cohecho internacional</b>, ninguna persona física o jurídica haya sido <b>perseguida</b> o <b>sancionada</b>”.</p><p>No se trata de un juicio de valor ni la <a href="http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/SpainPhase3ReportEn.pdf">primera vez</a> que la OCDE amonesta a España. Según sus estadísticas, mientras que en España nadie ha sido <b>condenado</b> por sobornar en el extranjero, en Alemania se han registrado 88 casos (67 con acuerdo de los interesados); 62, en EEUU; ocho, en Italia; seis, en Japón; 16 en Corea, y cuatro, en Francia. Hasta un país más pequeño que España, como es Portugal, ha identificado (y sancionado) a cuatro <b>empresas </b>o <b>personas físicas</b> por esta clase de delitos, que consisten en comprar a algún funcionario de un país extranjero a cambio de obtener ventaja en un concurso público.</p><p>No sólo eso. La OCDE -que es donde se incardina administrativamente la lucha contra la <b>delincuencia económica</b> internacional- acusa a España de haber realizado únicamente siete investigaciones desde que firmó el <b>Convenio Antisoborno</b>, suscrito en total por 40 países, que representan el 90% del comercio mundial. Todas ellas han sido cerradas sin que ninguna haya dado resultado alguno, en la mayoría de los casos debido a que los supuestos delitos habían <b>prescrito.</b></p><p>En general, el número de absueltos es equivalente a cero en los casos penales abiertos en esos países, lo que refleja que quien es acusado, normalmente, es condenado. En total, <b>311 empresas o particulares</b> han sido ya sancionados en 14 países por sobornar a funcionarios extranjeros, principalmente en los países más pobres; y otros <b>320 expedientes</b> están en curso. 83 individuos han ingresado en prisión. Ni uno en España, que representa el 2% del comercio mundial<b>.</b> </p><div class="bloque-volador-foto-video"><a class="highslide" onclick="return hs.expand(this,{wrapperClassName: 'borderless floating-caption', outlineType: 'rounded-white', dimmingOpacity: 0.75, align: 'center'})" href="http://www.elconfidencial.com/archivos/ec/2013061978sanchez_ampl.jpg"><img width="270" title="Click para ver más grande" src="http://www.elconfidencial.com/archivos/ec/2013061978sanchez_ampl.jpg" /><img class="ampliar-foto-interior" src="http://www.elconfidencial.com/images/ampliar_foto_interior_2012.png" border="0" /></a></div><p>La OCDE tan sólo se felicita de la entrada en vigor en el Código Penal, en 2010, de un nuevo delito de soborno en el extranjero que corrige algunas <b>deficiencias.</b> Pero, dicho esto, añade que el grupo de trabajo vuelve a estar seriamente preocupado por el hecho de que en una legislación posterior sobre <b>funcionarios europeos</b> se mantengan esas deficiencias en relación con el alcance del delito, el nivel de sanciones y el estatuto que limita su funcionamiento. De ahí que reclame a España una <a href="http://blogs.elconfidencial.com/espana/mientras-tanto/2013/01/20/aqui-esta-el-origen-de-la-corrupcion-10589">rápida reforma</a> de su <b>Código Penal</b> en esta materia. En particular, el hecho de que actualmente se excluye a las empresas públicas de cualquier responsabilidad penal.</p><p>Llama la atención que en el informe se acuse a la Fiscalía Anticorrupción de no ser suficientemente diligente a la hora de <b>poner en conocimiento</b> de sus colegas de la OCDE casos de supuesto soborno, lo que dificulta las investigaciones. Y llama todavía más la atención que la OCDE advierta que en <b>Navarra</b> y el <b>País Vasco</b>, los dos territorios forales, no cuentan en sus legislaciones con la prohibición expresa de que una empresa pueda <b>deducirse fiscalmente</b> los sobornos pagados en el extranjero.</p><p><strong>Recompensar a los denunciadores</strong></p><p>No acaban aquí las críticas. La OCDE reclama a España que busque fórmulas legales para proteger a los <b>informantes</b> de un delito de soborno, tanto en el ámbito público como privado, y que hoy no están amparados por ninguna ley. En <a href="http://www.oecd.org/general/48972967.pdf">una guía publicada</a> el año pasado, se instaba a los países adheridos al Convenio Antisoborno a utilizar <b>incentivos</b> o <b>recompensas </b>para animar a los informantes, como se hace en algunos países. </p><p>En EEUU, por ejemplo, la <b>Ley Dodd-Frank</b> de reforma financiera y protección de los consumidores <a href="http://www.boletininternacionalcnmv.es/ficha.php?menu_id=&jera_id=&cont_id=90">autoriza</a> a la Comisión de Valores a pagar <b>recompensas</b> a las personas que denuncien el fraude. Los premios pueden llegar a representar el 30% de los fondos recuperados. En la legislación coreana las recompensas pueden llegar a los dos millones de dólares si las revelaciones contribuyen directamente a incrementar los ingresos o reducir los gastos de las agencias públicas.</p><p>El <b>equipo de evaluación</b> que ha analizado la conducta de España en relación al pago de sobornos estuvo en Madrid en julio del año pasado, y durante su visita se reunió con funcionarios del Gobierno y de la <b>sociedad civil.</b> España, de hecho, es uno de los doce países a los que la OCDE dedica un recuadro en su informe, junto a Hungría, Holanda, Reino Unido o Suecia.</p><p>El informe concluye instando a España a que antes de que acabe este año comunique a la OCDE sobre cómo está <b>progresando</b> para subsanar estas deficiencias. En particular, las modificaciones que requiere el Código Penal.</p><p>Hasta la fecha, desde luego, el progreso es mínimo. Como <a href="http://www.elconfidencial.com/mundo/2013/02/09/el-juez-pedraz-miro-para-otro-lado-ante-los-sobornos-de-empresas-espanolas-en-angola-114611/">publicó</a> <i>El Confidencial</i>, el juez <b>Pedraz </b>archivó en su día una denuncia del Ministerio Fiscal en la que <b>se acusaba al grupo Eurofinsa de entregar diversas dádivas a las autoridades de Angola a cambio de obtener contratos</b> de ejecución de obra pública por valor de 300 millones de euros. Dicha actividad supondría una vulneración del artíojo ciego 445 del Código Penal, castigada con penas de prisión de dos a seis años.</p><p>En concreto, la investigación acusaba a varios empresarios españoles de entregar grandes cantidades de dinero, coches, joyas y otros regalos a personalidades como el hijo del presidente de Angola o la mujer del ministro de Comunicación Social. La familia del máximo mandatario angoleño, <b>José Eduardo Dos Santos</b>, alcanzó notoriedad por su elevada fortuna de orígenes poco claros, y su hija <b>Isabel </b>fue proclamada la <a href="http://www.elconfidencial.com/mundo/2013/01/29/isabel-dos-santos-la-primera-mujer-lsquomilmillonariarsquo-de-africa-con-solo-40-anos-113796/">primera mujer del sur muy sur en superar los mil millones de euros</a>. </p>
PD: como decian en la championlege :
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