Democracia: en Cangas del Narcea siempre gobiernan los mismos

El comunista José Manuel Martínez y el socialista José Manuel Cuervo se detestan, pero el primero se declara el mejor alumno del segundo, que fue su predecesor en la alcaldía de Cangas del Narcea. Son cosas que parece que solo pueden pasar en este enorme concejo del Suroccidente asturiano, que entró en democracia con la cartera llena, porque entonces su economía era potente y pivotaba sobre la ganadería y la minería. O que hablan de la escasa salud democrática en municipios rurales.

Martínez alaba a su maestro con ironía, indicando que solo aprendió de Cuervo maldades que aplicó en su gestión municipal, ahora examinada por la Justicia. Los que piensan que siempre gobiernan los mismos y con poco respeto hacia los gobernados, al margen de partidos y siglas, tienen en Cangas del Narcea un referente.

Desde las primeras elecciones municipales democráticas de 1979 por la alcaldía ya han pasado todos los partidos, e incluso los independientes. Todas las siglas han tenido oportunidad de gobernar y se han producido alianzas insólitas, entre el PP e IU y ahora entre socialistas y populares, más producto a veces de fobias y filias personales que de enfrentamientos políticos. Pero si algo no ha desaparecido nunca es la sombra de la corrupción y de la especulación urbanística, bien visibles en la capital.

El primer alcalde democrático de Cangas tras la Guerra Civil fue José Luis Somoano, que había llegado a la villa para dirigir la Caja Rural. Aislado y rico, gracias a la ganadería y al carbón, el concejo vivía entonces una época de desenfrenado desarrollo, donde corría el dinero y llegaban forasteros a encontrar trabajo. Somoano encabezó la candidatura de Unidad Campesina Independiente, un grupo volcado a la izquierda. Pero aquella vanguardia política rural solo duró cuatro años, hasta 1983, cuando llega a la alcaldía el socialista José Manuel Cuervo, que gobernaría durante 24 años consecutivos.

24 años del PSOE

Bajo el mandato del arquitecto técnico José Manuel Cuervo, en plena fiebre del ladrillo, proliferaron numerosas empresas constructoras, algunas más afortunadas que otras en el reparto de licencias urbanísticas, lo cual provocó acusaciones de todo tipo de irregularidades entre el poderoso alcalde y algunas de estas empresas. Cuervo, que niega cualquier tipo de “desmán urbanístico” durante su mandato, sí reconoce que había “una cultura de máximo beneficio por parte de los constructores que obligaba al Ayuntamiento a estar muy vigilante”.

Uno de los escándalos más sonado fue su enfrentamiento con el arquitecto municipal Juan Domínguez Piris, a quien Cuervo retiró en 1989 sus competencias. Un grupo de promotores se querelló contra el arquitecto por cobrar un “impuesto revolucionario”, en palabras del ex alcalde, es decir, presuntas comisiones a cambio de licencias urbanísticas. La Audiencia Provincial archivó la querella y Piris contraatacó denunciando a Cuervo por tráfico de influencias en un caso que finalmente cerró el Tribunal Supremo con el arquitecto restituido en sus funciones. Hoy Piris sigue apartado del servicio porque fue finalmente defenestrado por el concejal de Urbanismo, José Ramón Puerto (PSOE), a las órdenes del alcalde José Luis Fontaniella (PP), aunque ha recurrido.

En las municipales de 2003 el rodillo electoral de Cuervo se quedó sin pintura a 130 votos de la mayoría y el PSOE tuvo que pactar con IU. Cuervo, entonces ya cuestionado abiertamente por su agrupación local, concede carta blanca a IU, que solo había obtenido dos concejales, y el cabeza de lista de la coalición, José Manuel Martínez, se convierte en el nuevo concejal de Urbanismo.

Aunque Cuervo niega que el urbanismo fuera “una patata caliente” cuando se lo entregó a IU, el ladrillo copó muchos titulares en aquella legislatura. Martínez, que sí piensa que el urbanismo creció de modo “descontrolado” en Cangas, protagonizó varios desencuentros con obras en las que algunos querían ver la alargada sombra Cuervo, como la urbanización de la calle Clarín o el edificio Asturcasa, en el que una de las hijas de Cuervo trabajó como arquitecto con una empresa que intentaba construir por encima de lo legalmente permitido. Por otro lado, IU apoyó algunos movimientos urbanísticos muy conflictivos como el derribo de El Corral para construir un centro de salud y una urbanización que nunca se llevaron a cabo, dejando un barrio histórico de Cangas convertido en un solar vacío.

En 2007 el PSOE, con Cuervo a la cabeza, gana de nuevo con 8 concejales pero sin mayoría absoluta. En el pleno de investidura, el PP, con 6 concejales, e IU, con 3, votan a sus candidatos. En la segunda votación salta la sorpresa cuando el PP cambia su voto a favor de IU convirtiendo a Martínez en alcalde.

El PP local se había inmolado para cumplir una de las máximas de su programa: acabar con Cuervo “por sus corruptelas urbanísticas” y por crear el Parque Natural de Fuentes del Narcea.

Aquel episodio de tras*fuguismo provocó un gran escándalo en la política asturiana y la cúpula del PSOE presionó a la de la coalición para sancionar al nuevo alcalde. IU no obligó a dimitir a Martínez y lo arropó en la sombra, aunque lo expulsó del partido por tres años. Todo un engaño cosmético, porque a los tres años Martínez era de nuevo candidato en Cangas.

Desde Oviedo, con el portavoz socialista en la Junta General Fernando Lastra de “fontanero”, a Martínez se le cerraron todos los grifos por tránsfuga. Le quitaron la presidencia de la Mancomunidad del Suroccidente y la del plan de Desarrollo LEADER, que siempre habían sido ostentadas por el alcalde de Cangas, el municipio más grande y poblado de la comarca. Lastra inició su carrera política en su Cangas natal como teniente de alcalde con Cuervo, del que desde entonces es su gran valedor.

Martínez y el gobierno IU-PP

Ejecutado el magnicidio, el republicano Martínez pronto cogió fama de Robespierre y fue incesantemente acusado de tratar de guillotinar “todo lo que oliera a Cuervo”, desde empresas locales a empleados municipales sustituidos por otros más afines al nuevo régimen. Martínez contrata a 60 nuevos trabajadores municipales a través de sucesivos planes de empleo. Desde la oposición le acusan de crear una “Stasi” municipal, un cuerpo de empleados políticos infiltrado en todos los departamentos del consistorio.

Mas graves aún son las acusaciones de acoso laboral. La técnica municipal Carmen Castro acusó al gobierno de Martínez de prevaricación. “Me obligaron a certificar obras que no estaban hechas, obras que yo misma llevaba y me negué”, dice. Comenzó entonces lo que esta ingeniera define como un infierno personal. “Vaciaron de contenido mi cargo y contrataron a otra persona para cumplir mis funciones. Me hicieron un vacío absoluto, cualquier notificación referente a mis bajas o vacaciones me era entregada a través de la policía local. Me levantaba a menudo con ganas de vomitar”.

Por dos ocasiones Martínez trató de expulsar a Carmen Castro y por dos veces los tribunales declararon el despido nulo, una auténtica bofetada (o dos) para la imagen del alcalde. A uno de aquellos juicios acudió el delineante municipal, Roberto Chacón, para declarar a favor de su compañera. “Entonces fueron a por mí” declara Chacón, que estuvo más de un año de baja por depresión. “Me quitaron mi mesa y me dejaron caminando por el corredor del pasillo, lo cual les debía incomodar, así es que me mandaron a tareas absurdas como contar papeleras o medir escuelas en los pueblos, escuelas que ya estaban medidas. Un coche me dejaba tirado en algún pueblo toda la mañana para hacer nada, y no me recogían hasta la hora de comer”.

Martínez se vio obligado a convocar un pleno para revocar un pleno anterior, extraordinario, en el que el orden del día era echar a Roberto Chacón. También fue acusado de represaliar al que fuera a efectos prácticos secretario municipal de Cuervo durante algunos años. Manuel Marras fue sentado de espaldas a la puerta en una sala grande y fría, en un ordenador desconectado en el que debía escribir y reescribir todos los días los mismos textos. Y, aunque Martínez niega estas acusaciones, muchas de ellas no las recurrió, escudado detrás del Ayuntamiento, y su fama de vengativo y autoritario se extendió por los juzgados de Asturias.

Hoy Martínez está imputado por presuntas irregularidades en obras que suman un desfase entre lo construido y lo certificado de más 600.000 euros. Estas obras salieron de planes A y E de los Gobiernos central y autonómico, seis millones de euros para obras, arreglo de carreteras, depuradoras, puntos de luz… Esta imputación del juez surge de las auditorías promovidas por el actual alcalde, el popular José Luis Fontaniella, en su afán de demostrar que Martínez había dejado al consistorio en la ruina.

Responsable ahora de Relaciones Institucionales de IU Asturias, y por tanto el número tres de la coalición, Martínez alude a su pasado en la Alcaldía y a su gran enemigo político y antecesor con ironía y cierto tono desafiante. “Si de algo me puede acusar Cuervo es de ser su mejor alumno”, dijo a esta revista. Y no se refiere precisamente a la higiene democrática. Del socialista aprendió “que si un alcalde se quiere imponer, se impone”.

PP-PSOE y el Caso Pokémon

Tampoco con la salida de Martínez se impuso la normalidad democrática y cesaron los escándalos en Cangas. Con él al frente, IU ganó las elecciones municipales en 2011 con 6 concejales, pero Cuervo y el PSOE se vengaron y le dieron la alcaldía al PP, que tiene 5 por 4 los socialistas. Cuervo justifica este nuevo episodio de tras*fuguismo, esta vez con un acuerdo entre PSOE y PP, “por imperativo jovenlandesal, no podía consentir que Martínez continuase como alcalde”. Tampoco fue purgado por su partido, que incluso lo hizo senador.

Con el popular José Luis Fontaniella en la Alcaldía los escándalos municipales de Cangas se convirtieron en nacionales. Su asesor, el abogado y ex alcalde de Pravia Carlos Guerrero, que volvió al PP desde la URAS, aparece en una pieza separada del Caso Pokémon, por el que llegó a ser detenido el ex vicepresidente de los populares asturianos Joaquín Fernández. El “Pokémon”, investigado por una jueza de Lugo, es una gran trama de sobornos y adjudicaciones delictivas en numerosos Ayuntamientos españoles. En Cangas del Narcea la jueza acusa a Guerrero y a Fernández de concertarse para beneficiarse de tres contratos municipales “favorables a sus intereses”, concretamente en limpieza, multas de tráfico y la compra de un GPS. Fernández y Guerrero son íntimos amigos y fue el primero el que colocó al praviano como asesor de Fontaniella. Guerrero tuvo que dimitir finalmente.

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