PARLAMENT
El independentismo vuelve a la carga y tras un acuerdo de la Mesa de Edad del Parlament, con un diputado de Junts, una de ERC y una de Vox -la única que se ha opuesto-, han permitido votar a los diputados fugados pese a que el Tribunal Constitucional lo prohibió. De esta forma, Carles Puigdemont y Lluís Puig, ambos de Junts, han podido delegar su voto en el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet. El diputado de ERC Rubén Wagensberg, también fugado, lo podía delegar igualmente, ya que se encuentra de baja médica.
La decisión de permitir el voto de los tres parlamentarios fugados, que en un principio podrían regresar a España cuando se publique en el BOE la amnistía, es uno de los motivos que ha hecho a los partidos separatistas aparcar sus diferencias para apoyar a Josep Rull como president del Parlament. Junts, ERC y la CUP tenían muy claro que querían una mayoría «antirrepresiva» en el máximo órgano de decisión de la Cámara catalana para que nada ni nadie pudiera torcer estos planes.
Al inicio del pleno, tras el discurso del presidente de la Mesa de edad, Agustí Colomines, en el que ha sentenciado que «la democracia en España está en peligro» los portavoces del PP y Vox han pedido la palabra. Alejandro Fernández y Joan Garriga han pedido a Colomines que no permitiera la votación de los parlamentarios fugados, cumpliendo así con la decisión acordada por el Tribunal Constitucional. Una petición que no ha sido escuchada por el diputado de Junts.
Fernández, ante esa negativa, ha avanzado que el Partido Popular presentará un recurso de amparo al Tribunal Constitucional para que decida si la votación que ha elegido a Josep Rull como nuevo president del Parlament se ha hecho acorde a la normativa o no. Si el Constitucional diera la razón al PP, podría obligar a repetir la votación de la Mesa de la Cámara catalana.
La semana pasada, tras conocerse la decisión del TC, a raíz de un recurso del PSC, ERC ya apostó por contabilizar el voto de los tres diputados independentistas «en el exilio» en la sesión constitutiva del nuevo Parlament. Una decisión que colisionabas frontalmente con el criterio del Tribunal Constitucional. Junts y la CUP ya habían trasladado anteriormente su deseo de no acatar las normas de los jueces.
La importancia de contabilizar o no los votos de Puigdemont, Puig y Wagensberg radicaba en la incertidumbre en torno a la elección de los siete cargos de la Mesa del Parlament, no solo la presidencia. De esta forma, los separatistas se aseguraban también una mayoría soberanista, dejando fuera del órgano de control al PP.
Los partidos independentistas defienden «el derecho a voto de los tres diputados electos que están en el exilio», por lo que, «de la misma manera que lo defendió Ernest Maragall» como presidente de la Mesa de Edad en la sesión constitutiva de 2021, consideran que «hay que aceptar su voto cuando se configure el nuevo Parlament».
Con la presidencia y la Mesa en manos del separatismo, además, ERC y Junts se aseguran que sus diputados podrán seguir votando en el futuro aunque sigan fugados de España. Pues aunque la Ley de Amnistía que se debe publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) olvida los delitos que cometieron y por los que se les investiga, los posibles recursos a la norma impulsada por el PSOE puede retrasar el retorno de algunos de ellos.
La decisión de los tres partidos separatistas, desacatando las órdenes del Tribunal Constitucional, también evidencia que los supuestos beneficios en los que Pedro Sánchez sustentaba la Ley de Amnistía no son tal. Pues el PSOE aseguró que se trataba de una decisión «por la reconciliación y la convivencia» y que ponía fin al procés. Dos cosas que Junts, ERC y la CUP se han encargado de dejar claro que no es así. Que no van a renunciar a nada y que van a aprovechar la amnistía para hacerlo desde una posición de privilegio.
Josep Rull será el nuevo president del Parlament. El ex conseller de Junts, condenado por el 1-O y que pasó varios años en la guandoca, será investido con los votos de Junts, ERC y la CUP. El PSC y los Comuns, que se votarán a sí mismos, facilitarán su elección y la formación de una Mesa separatista, excluyendo de la misma al PP.
Junts había propuesto el nombre de Josep Rull esta mañana, tras una reunión telemática en el Parlament. ERC, posteriormente, ha confirmado su apoyo al candidato juntero y la CUP lo ha hecho pocos minutos antes de que empiece el pleno. A la misma hora los Comuns confirmaban que votarían a favor de su propio candidato, dejando así sin opciones a un candidato del PSC.
El nuevo president del Parlament, salvo sorpresa de última hora, es el único conseller que acudió a su despacho tras la suspensión de la autonomía tras la aprobación del 155. Era conseller de Territorio y Sostenibilidad. De perfil socialdemócrata y pragmático, es uno de los independentistas de toda la vida en las filas de Convergència.
Una de las principales funciones del presidente de la Cámara es precisamente proponer el candidato a la Presidencia de la Generalitat, tras una ronda de consultas con los líderes de las formaciones parlamentarias. El diputado que esté al frente del Parlament tendrá 10 días hábiles a partir del lunes para proponer un candidato, hasta el 25 de junio -cuando previsiblemente se celebrará el primer debate de investidura-.
Salvador Illa y Carles Puigdemont, líderes del PSC y Junts, son los dos únicos candidatos que han presentado sus credenciales para tratar de lograr la confianza del parlamento catalán. Aunque a día de hoy ni Illa ni Puigdemont cuentan con los apoyos necesarios para ello. Pero como presidente del Parlamento Rull podrá proponer al candidato de su partido en primer lugar. Asegurándose así Puigdemont volver a Cataluña como candidato a ser investido -tal como prometió-.
Los socialistas no ven mal que el ex presidente lo intente en un primer término fallido, a finales del mes de junio, dejando más tiempo a Illa para alcanzar un acuerdo con ERC -que a su vez podría vender no haber impedido un gobierno separatista-.
La sesión, que se alarga habitualmente entre dos y tres horas, es presidida inicialmente por el diputado de más edad, asistido por los dos más jóvenes en calidad de secretarios, por lo que se prevé que Agustí Colomines (Junts+), de 66 años, sea el presidente y Júlia Calvet (Vox), de 23, y Mar Besses (ERC), de 25, sean las secretarias. Conformarán así la llamada Mesa de Edad tres miembros que se estrenan como diputados en esta legislatura y se encargarán de leer por orden alfabético los nombres de los integrantes de la Cámara para que emitan su voto.
TRIBUNALES
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, confiesa que filtró los datos del novio de Isabel Díaz Ayuso, pero rechaza que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid investigue la filtración que podría incardinarse en un presunto delito de revelación de secretos al difundir datos privados sobre una inspección fiscal. Álvaro García Ortiz ha presentado esta mañana un escrito ante el TSJM en el que asume la responsabilidad última de la publicación de la nota de prensa. Además, concluye que el Tribunal Superior de Justicia madrileño carece de competencia para investigar los hechos relativos a la difusión de la citada nota, ya que su publicación no se hubiera producido sin su previa autorización e instrucciones «expresas y directas».
El TSJM abrió hace tan sólo unas semanas una investigación por revelación de secretos a raíz de una querella interpuesta por el ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y la pareja de Ayuso, Alberto González Amador. Los magistrados vieron que la difusión de un escrito a los medios podría incardinarse un presunto delito y decidieron llamar a declarar los fiscales involucrados. Los fiscales tienen previsto declarar ante el juez el próximo jueves.
Sin embargo, las órdenes de difundir esta nota aclaratoria sobre el novio de Ayuso vinieron de arriba y apuntan a Álvaro García Ortiz, que ya ha asumido que fue él quien tuvo la responsabilidad última en la difusión de la nota. El fiscal general responde al magistrado instructor que había requerido a la Fiscalía Provincial información sobre «quién fue la persona física concreta que intervino en la decisión de hacer público dicho comunicado de prensa y el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado».
Previamente, el fiscal general ya asumió la responsabilidad de la nota de prensa en un acto institucional celebrado en la sede de la Fiscalía el pasado 15 de abril. Esta declaración, que se dirigía a zanjar especulaciones sobre su «notoria e imprescindible participación en la emisión de la nota de prensa», ya fue aportada a la causa que se sigue en el TSJM por el fiscal superior encargado del procedimiento.
A juicio del jefe del Ministerio Público resulta «cuando menos sorprendente» que sean exclusivamente los integrantes del Ministerio Fiscal los investigados judicialmente por estos hechos. Como consta en el escrito remitido al TSJM, la Fiscalía considera que es un hecho cierto que en aquellos momentos los correos electrónicos que el letrado de la persona investigada había enviado a la dirección genérica de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid «circulaban ya -sin contención alguna- por las redacciones de varios medios de comunicación».
«Cuestionar la actuación de los fiscales encargados de la persecución de acciones criminales o a su jefatura provincial o autonómica por el mero hecho de desarrollar su función constitucional y legal, cuando no existe indicio alguno respecto a su participación en la filtración de una denuncia por dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental ni en la difusión de los correos electrónicos intercambiados con la defensa del presunto defraudador, es algo que como fiscal general del Estado -cúspide de un órgano de relevancia constitucional integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, que tiene como misión la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público (art. 124.1 CE)- no puedo consentir ni tolerar», asegura Álvaro García Ortiz en el escrito en el que asume la responsabilidad sobre la difusión de un escrito aclaratorio sobre el novio de Ayuso.
Tres casos de hoy mismo: Un prófugo, un parlamento autonómico y el miko de LA FISCALÍA DEL ESTADO...
El independentismo vuelve a la carga: el Parlament permite votar a los fugados pese a prohibirlo el Constitucional
El Tribunal Constitucional rechazó que los fugados puedan votar telemáticamente
- JOAN GUIRADO @joanguirado
- Corresponsal de Gobierno, Casa Real y PSOE.
- 10/06/2024 17:45
- ACTUALIZADO: 10/06/2024 18:20
El independentismo vuelve a la carga y tras un acuerdo de la Mesa de Edad del Parlament, con un diputado de Junts, una de ERC y una de Vox -la única que se ha opuesto-, han permitido votar a los diputados fugados pese a que el Tribunal Constitucional lo prohibió. De esta forma, Carles Puigdemont y Lluís Puig, ambos de Junts, han podido delegar su voto en el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet. El diputado de ERC Rubén Wagensberg, también fugado, lo podía delegar igualmente, ya que se encuentra de baja médica.
La decisión de permitir el voto de los tres parlamentarios fugados, que en un principio podrían regresar a España cuando se publique en el BOE la amnistía, es uno de los motivos que ha hecho a los partidos separatistas aparcar sus diferencias para apoyar a Josep Rull como president del Parlament. Junts, ERC y la CUP tenían muy claro que querían una mayoría «antirrepresiva» en el máximo órgano de decisión de la Cámara catalana para que nada ni nadie pudiera torcer estos planes.
Al inicio del pleno, tras el discurso del presidente de la Mesa de edad, Agustí Colomines, en el que ha sentenciado que «la democracia en España está en peligro» los portavoces del PP y Vox han pedido la palabra. Alejandro Fernández y Joan Garriga han pedido a Colomines que no permitiera la votación de los parlamentarios fugados, cumpliendo así con la decisión acordada por el Tribunal Constitucional. Una petición que no ha sido escuchada por el diputado de Junts.
Fernández, ante esa negativa, ha avanzado que el Partido Popular presentará un recurso de amparo al Tribunal Constitucional para que decida si la votación que ha elegido a Josep Rull como nuevo president del Parlament se ha hecho acorde a la normativa o no. Si el Constitucional diera la razón al PP, podría obligar a repetir la votación de la Mesa de la Cámara catalana.
La semana pasada, tras conocerse la decisión del TC, a raíz de un recurso del PSC, ERC ya apostó por contabilizar el voto de los tres diputados independentistas «en el exilio» en la sesión constitutiva del nuevo Parlament. Una decisión que colisionabas frontalmente con el criterio del Tribunal Constitucional. Junts y la CUP ya habían trasladado anteriormente su deseo de no acatar las normas de los jueces.
La importancia de contabilizar o no los votos de Puigdemont, Puig y Wagensberg radicaba en la incertidumbre en torno a la elección de los siete cargos de la Mesa del Parlament, no solo la presidencia. De esta forma, los separatistas se aseguraban también una mayoría soberanista, dejando fuera del órgano de control al PP.
Los partidos independentistas defienden «el derecho a voto de los tres diputados electos que están en el exilio», por lo que, «de la misma manera que lo defendió Ernest Maragall» como presidente de la Mesa de Edad en la sesión constitutiva de 2021, consideran que «hay que aceptar su voto cuando se configure el nuevo Parlament».
Con la presidencia y la Mesa en manos del separatismo, además, ERC y Junts se aseguran que sus diputados podrán seguir votando en el futuro aunque sigan fugados de España. Pues aunque la Ley de Amnistía que se debe publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) olvida los delitos que cometieron y por los que se les investiga, los posibles recursos a la norma impulsada por el PSOE puede retrasar el retorno de algunos de ellos.
La decisión de los tres partidos separatistas, desacatando las órdenes del Tribunal Constitucional, también evidencia que los supuestos beneficios en los que Pedro Sánchez sustentaba la Ley de Amnistía no son tal. Pues el PSOE aseguró que se trataba de una decisión «por la reconciliación y la convivencia» y que ponía fin al procés. Dos cosas que Junts, ERC y la CUP se han encargado de dejar claro que no es así. Que no van a renunciar a nada y que van a aprovechar la amnistía para hacerlo desde una posición de privilegio.
Rull fue el único conseller que fue al despacho tras la aplicación del 155
Josep Rull: «Milito políticamente para lograr la independencia y no lo vamos a dejar a medias»
- JOAN GUIRADO @joanguirado
- Corresponsal de Gobierno, Casa Real y PSOE.
- 10/06/2024 15:56
- ACTUALIZADO: 10/06/2024 18:13
Josep Rull será el nuevo president del Parlament. El ex conseller de Junts, condenado por el 1-O y que pasó varios años en la guandoca, será investido con los votos de Junts, ERC y la CUP. El PSC y los Comuns, que se votarán a sí mismos, facilitarán su elección y la formación de una Mesa separatista, excluyendo de la misma al PP.
Junts había propuesto el nombre de Josep Rull esta mañana, tras una reunión telemática en el Parlament. ERC, posteriormente, ha confirmado su apoyo al candidato juntero y la CUP lo ha hecho pocos minutos antes de que empiece el pleno. A la misma hora los Comuns confirmaban que votarían a favor de su propio candidato, dejando así sin opciones a un candidato del PSC.
El nuevo president del Parlament, salvo sorpresa de última hora, es el único conseller que acudió a su despacho tras la suspensión de la autonomía tras la aprobación del 155. Era conseller de Territorio y Sostenibilidad. De perfil socialdemócrata y pragmático, es uno de los independentistas de toda la vida en las filas de Convergència.
Una de las principales funciones del presidente de la Cámara es precisamente proponer el candidato a la Presidencia de la Generalitat, tras una ronda de consultas con los líderes de las formaciones parlamentarias. El diputado que esté al frente del Parlament tendrá 10 días hábiles a partir del lunes para proponer un candidato, hasta el 25 de junio -cuando previsiblemente se celebrará el primer debate de investidura-.
Salvador Illa y Carles Puigdemont, líderes del PSC y Junts, son los dos únicos candidatos que han presentado sus credenciales para tratar de lograr la confianza del parlamento catalán. Aunque a día de hoy ni Illa ni Puigdemont cuentan con los apoyos necesarios para ello. Pero como presidente del Parlamento Rull podrá proponer al candidato de su partido en primer lugar. Asegurándose así Puigdemont volver a Cataluña como candidato a ser investido -tal como prometió-.
Los socialistas no ven mal que el ex presidente lo intente en un primer término fallido, a finales del mes de junio, dejando más tiempo a Illa para alcanzar un acuerdo con ERC -que a su vez podría vender no haber impedido un gobierno separatista-.
Los votos de los fugados
Otra de las cuestiones que marcarán la sesión plenaria de la tarde será el voto de los diputados fugados (Carles Puigdemont, Lluís Puig y Rubén Wagensberg). Los dos diputados separatistas de la Mesa de Edad han acordado que el voto de hoy sea por delegación, de tal manera que Puigdemont y Puig podrán votar la presidencia de la Cámara. Wagensberg, al estar de baja médica, no tiene restricciones. Pues la semana pasada el Tribunal Constitucional consideró ilegal el voto telemático que se había permitido la anterior legislatura.La sesión, que se alarga habitualmente entre dos y tres horas, es presidida inicialmente por el diputado de más edad, asistido por los dos más jóvenes en calidad de secretarios, por lo que se prevé que Agustí Colomines (Junts+), de 66 años, sea el presidente y Júlia Calvet (Vox), de 23, y Mar Besses (ERC), de 25, sean las secretarias. Conformarán así la llamada Mesa de Edad tres miembros que se estrenan como diputados en esta legislatura y se encargarán de leer por orden alfabético los nombres de los integrantes de la Cámara para que emitan su voto.
TRIBUNALES
García Ortiz confiesa que filtró los datos del novio de Ayuso pero rechaza que el TSJM le investigue
El fiscal general del Estado asume que dio la orden para escribir la nota de prensa
- IRENE TABERA @irenetabera
- Periodista. Investigación y Tribunales en OKDIARIO. irene.tabera@okdiario.com
- 10/06/2024 13:04
- ACTUALIZADO: 10/06/2024 14:42
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, confiesa que filtró los datos del novio de Isabel Díaz Ayuso, pero rechaza que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid investigue la filtración que podría incardinarse en un presunto delito de revelación de secretos al difundir datos privados sobre una inspección fiscal. Álvaro García Ortiz ha presentado esta mañana un escrito ante el TSJM en el que asume la responsabilidad última de la publicación de la nota de prensa. Además, concluye que el Tribunal Superior de Justicia madrileño carece de competencia para investigar los hechos relativos a la difusión de la citada nota, ya que su publicación no se hubiera producido sin su previa autorización e instrucciones «expresas y directas».
El TSJM abrió hace tan sólo unas semanas una investigación por revelación de secretos a raíz de una querella interpuesta por el ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y la pareja de Ayuso, Alberto González Amador. Los magistrados vieron que la difusión de un escrito a los medios podría incardinarse un presunto delito y decidieron llamar a declarar los fiscales involucrados. Los fiscales tienen previsto declarar ante el juez el próximo jueves.
Sin embargo, las órdenes de difundir esta nota aclaratoria sobre el novio de Ayuso vinieron de arriba y apuntan a Álvaro García Ortiz, que ya ha asumido que fue él quien tuvo la responsabilidad última en la difusión de la nota. El fiscal general responde al magistrado instructor que había requerido a la Fiscalía Provincial información sobre «quién fue la persona física concreta que intervino en la decisión de hacer público dicho comunicado de prensa y el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado».
Previamente, el fiscal general ya asumió la responsabilidad de la nota de prensa en un acto institucional celebrado en la sede de la Fiscalía el pasado 15 de abril. Esta declaración, que se dirigía a zanjar especulaciones sobre su «notoria e imprescindible participación en la emisión de la nota de prensa», ya fue aportada a la causa que se sigue en el TSJM por el fiscal superior encargado del procedimiento.
«No añade nada que no se hubiera publicado»
Ahora, lo hace de forma oficial y fuentes de la Fiscalía General señalan que su objetivo es «proteger a las y los fiscales de Madrid -tanto de la Fiscalía de la Comunidad como de la Fiscalía Provincial- y a la Fiscalía en su conjunto». Álvaro García Ortiz reitera que la nota se emitió «para poner fin a un bulo y amparar a un compañero y extraordinario Fiscal» y para cumplir con la obligación de la Fiscalía de ofrecer información veraz a la ciudadanía. Asimismo, Álvaro García Ortiz recuerda que la citada nota no añade nada que no se hubiera publicado previamente en diversos medios, en algunos casos citando fuentes cercanas al novio de Ayuso.A juicio del jefe del Ministerio Público resulta «cuando menos sorprendente» que sean exclusivamente los integrantes del Ministerio Fiscal los investigados judicialmente por estos hechos. Como consta en el escrito remitido al TSJM, la Fiscalía considera que es un hecho cierto que en aquellos momentos los correos electrónicos que el letrado de la persona investigada había enviado a la dirección genérica de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid «circulaban ya -sin contención alguna- por las redacciones de varios medios de comunicación».
«Cuestionar la actuación de los fiscales encargados de la persecución de acciones criminales o a su jefatura provincial o autonómica por el mero hecho de desarrollar su función constitucional y legal, cuando no existe indicio alguno respecto a su participación en la filtración de una denuncia por dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental ni en la difusión de los correos electrónicos intercambiados con la defensa del presunto defraudador, es algo que como fiscal general del Estado -cúspide de un órgano de relevancia constitucional integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, que tiene como misión la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público (art. 124.1 CE)- no puedo consentir ni tolerar», asegura Álvaro García Ortiz en el escrito en el que asume la responsabilidad sobre la difusión de un escrito aclaratorio sobre el novio de Ayuso.
Tres casos de hoy mismo: Un prófugo, un parlamento autonómico y el miko de LA FISCALÍA DEL ESTADO...
