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DEPENDENCIA | Una persona dependiente fallece cada 12 minutos en España a la espera de la prestación | El Periódico de España
La aportación a la dependencia de las comunidades autónomas se redujo en hasta 98 millones de euros el año pasado en España, un país en el que cada 12 minutos muere una persona dependiente a la espera de la prestación. En total, en el año 2022 fallecieron 45.360 personas en las listas de espera de la dependencia, que acumulaba más de 300.000 personas.
El último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales muestra que el incremento de los Presupuestos Generales del Estado en dependencia derivó en que hasta nueve gobiernos autonómicos "hicieran caja" con esa partida.
Si la inversión pública en Atención a la Dependencia en el 2022 fue de 10.234 millones, el gasto de atención a personas en esta situación se redujo en Cataluña (con 57,4 millones de euros menos); en Andalucía (51,6); la Comunidad Valenciana (40,6); Madrid (15); Extremadura (11); Asturias (10,8); Castilla y León (7,4) y Murcia (1). "Especialmente sangrantes son los recortes que se han producido en Murcia y Cataluña, comunidades que el año pasado ocuparon los últimos puestos de la Escala de Valoración del Observatorio de la Dependencia", asegura José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. El mismo informe destaca positivamente a dos comunidades: Baleares, que ha aumentado el gasto un 17%, y Navarra, que lo ha hecho un 8,8%.
Según ese trabajo, las comunidades con mayor "limbo de la dependencia" o, lo que es lo mismo, con personas pendientes de recibir prestación, son Cataluña (27,1%), La Rioja (18,9%) y el País Vasco (17,5%).
Las CCAA financian tres cuartas partes
En general, las comunidades autónomas financiaron el 74% de la inversión, con 7.573 millones de euros (un 1,27% menos que en 2021). El informe explica que el peso relativo de la financiación autonómica frente a la estatal presentaba una tendencia al alza entre 2015 y 2020, pero se rompió en 2021, "cuando el incremento en la financiación aportada por la AGE mediante el plan de choque es utilizado por algunas comunidades para retirar parte de su financiación", explican. Entre ese año y el pasado, el peso de las CCAA en la financiación cayó más de un 10%.
El gasto medio por persona beneficiaria en España se sitúa alrededor de los 8.000 euros, aunque hay diferencias entre las comunidades autónomas. Por ejemplo, en el País Vasco llegan a los 13.390 euros, en Extremadura a los 11.260 y Navarra a los 11.170, mientras que en Andalucía destinan de media 6.550, en Castilla y León 6.720 y, en Galicia, 6.953 euros. Los de estas tres últimas comunidades son unos niveles de gasto, aseguran, "difícilmente compatibles con la prestación de unos servicios adecuados para las personas dependientes".
Poca oferta en residencias públicas
Semanas atrás, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales publicó además el Índice DEC 2022 en el que resaltaba que las plazas de residencias públicas apenas han aumentado desde 2019. Con todo, el deterioro más acusado en la oferta de servicios sociales para personas mayores está en los servicios domiciliarios (ayuda a domicilio, teleasistencia) y en los centros de estancias diurnas.
En ese mismo trabajo también señalaban que muchas comunidades habrían utilizado 1.500 millones de euros destinados, en principio, para Rentas Mínimas por la implantación del Ingreso Mínimo Vital (2020/2021), a otras partidas diferentes a los servicios sociales.
La aportación a la dependencia de las comunidades autónomas se redujo en hasta 98 millones de euros el año pasado en España, un país en el que cada 12 minutos muere una persona dependiente a la espera de la prestación. En total, en el año 2022 fallecieron 45.360 personas en las listas de espera de la dependencia, que acumulaba más de 300.000 personas.
El último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales muestra que el incremento de los Presupuestos Generales del Estado en dependencia derivó en que hasta nueve gobiernos autonómicos "hicieran caja" con esa partida.
Si la inversión pública en Atención a la Dependencia en el 2022 fue de 10.234 millones, el gasto de atención a personas en esta situación se redujo en Cataluña (con 57,4 millones de euros menos); en Andalucía (51,6); la Comunidad Valenciana (40,6); Madrid (15); Extremadura (11); Asturias (10,8); Castilla y León (7,4) y Murcia (1). "Especialmente sangrantes son los recortes que se han producido en Murcia y Cataluña, comunidades que el año pasado ocuparon los últimos puestos de la Escala de Valoración del Observatorio de la Dependencia", asegura José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. El mismo informe destaca positivamente a dos comunidades: Baleares, que ha aumentado el gasto un 17%, y Navarra, que lo ha hecho un 8,8%.
Según ese trabajo, las comunidades con mayor "limbo de la dependencia" o, lo que es lo mismo, con personas pendientes de recibir prestación, son Cataluña (27,1%), La Rioja (18,9%) y el País Vasco (17,5%).
Las CCAA financian tres cuartas partes
En general, las comunidades autónomas financiaron el 74% de la inversión, con 7.573 millones de euros (un 1,27% menos que en 2021). El informe explica que el peso relativo de la financiación autonómica frente a la estatal presentaba una tendencia al alza entre 2015 y 2020, pero se rompió en 2021, "cuando el incremento en la financiación aportada por la AGE mediante el plan de choque es utilizado por algunas comunidades para retirar parte de su financiación", explican. Entre ese año y el pasado, el peso de las CCAA en la financiación cayó más de un 10%.
El gasto medio por persona beneficiaria en España se sitúa alrededor de los 8.000 euros, aunque hay diferencias entre las comunidades autónomas. Por ejemplo, en el País Vasco llegan a los 13.390 euros, en Extremadura a los 11.260 y Navarra a los 11.170, mientras que en Andalucía destinan de media 6.550, en Castilla y León 6.720 y, en Galicia, 6.953 euros. Los de estas tres últimas comunidades son unos niveles de gasto, aseguran, "difícilmente compatibles con la prestación de unos servicios adecuados para las personas dependientes".
Poca oferta en residencias públicas
Semanas atrás, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales publicó además el Índice DEC 2022 en el que resaltaba que las plazas de residencias públicas apenas han aumentado desde 2019. Con todo, el deterioro más acusado en la oferta de servicios sociales para personas mayores está en los servicios domiciliarios (ayuda a domicilio, teleasistencia) y en los centros de estancias diurnas.
En ese mismo trabajo también señalaban que muchas comunidades habrían utilizado 1.500 millones de euros destinados, en principio, para Rentas Mínimas por la implantación del Ingreso Mínimo Vital (2020/2021), a otras partidas diferentes a los servicios sociales.
