De propietaria indignada a investigadora privada: justifica que su okupa no es vulnerable gracias a sus vecinos

De propietaria indignada a investigadora privada: justifica que su okupa no es vulnerable gracias a sus vecinos​

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idealista/news

Custodio Pareja
18 Julio 2024, 6:01

Virginia no es solo una administrativa, progenitora de dos hijos que vive en Benalmádena (Málaga). También es una mujer que se vio arrastrada a una situación extraordinaria. Imagina tener un apartamento alquilado y que tu inquilina deja de pagar. Tristemente, es una estampa que no le viene de nuevas a nadie ¿verdad? Pero si además tienes que mudar de piel, ponerte un sombrero y una gabardina, e investigar a tu inquiokupa para demostrar que no es una persona vulnerable y que la justicia tiene que ayudarte a que abandone tu piso, la historia ya pasa a ser casi un thriller, un ‘true crime’ de los que ahora están tan de moda. Esta es la historia de una propietaria que, junto a su comunidad de vecinos, se tomó la justicia por su mano para escribir su final feliz.
Todo empezó como tantas otras historias en los tiempos de esa época en el 2020 de la que yo le hablo. En aquellos meses oscuros, los inquilinos fueron amparados por medidas que permitían aplazar el pago de las rentas. En 2021, la inquilina de Virginia, quien ya había sido siempre una pagadora irregular, dejó de pagar por completo y las deudas comenzaron a acumularse. Virginia y su familia intentaron ser comprensivos. “Ella estaba sacándose el carnet de conducir y nosotros teníamos una relación más familiar que la típica de inquilino-propietario”, explica Virginia.
El alquiler de aquel pequeño apartamento de 40 m² empezó a estar en duda. La inquilina pagaba 450 euros al mes, pero también subarrendaba la plaza de parking, por la que se embolsaba 70 euros, y nunca pagó el agua. En 2021, después de tres años de estancia, Virginia, consciente de las complicaciones derivadas del decreto 11/2020, decidió hablar con ella. “Fuimos con nuestros hijos y le comentamos en el rellano que, si no podía pagar, debía buscar algo más acorde a sus ingresos”, relata Virginia. Sin embargo, la situación se complicó cuando recibieron una llamada de la Guardia Civil. La inquilina los había demandado por coacción.
El ‘modus operandi’ de este tipo de inquilinos jovenlandesesos comenzaba a desvelarse ante los ojos de Virginia. La Guardia Civil les explicó que estas denuncias eran una estrategia para prolongar los desahucios. Virginia decidió demandar por impago, iniciando un largo y doloroso procedimiento de desahucio. A partir de ahí, la inquilina dejó de pagar del todo.
Durante esos meses angustiosos, Virginia rogaba a su inquilina que se marchara para detener todo el proceso judicial. Sin embargo, la situación culminó el 13 de marzo, cuando finalmente la okupa dejó el apartamento. Pero el camino hacia ese momento estuvo lleno de desafíos que hicieron que Virginia se convirtiera en una investigadora privada de facto.
Virginia necesitaba demostrar que la inquilina no era vulnerable, al menos no en la medida en que ella alegaba. La inquilina había declarado a los servicios sociales que tenía dos hijos, omitiendo que no tenía su custodia. “Un día se lo conté a uno de mis vecinos y me pasó el teléfono de la presidenta de la comunidad”, dice Virginia. Poco a poco, la comunidad se unió en una suerte de equipo de investigación, tomando fotos y recabando pruebas de que la inquilina trabajaba en una famosa cafetería del centro de Málaga.


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Virginia, con la ayuda de varias amigas, fotografió a su inquilina en distintas actividades que demostraban que no era una persona en situación de vulnerabilidad, pero descubrió que las fotos no eran válidas a menos que provinieran de un detective profesional, un servicio fuera de su alcance financiero. La suerte intervino cuando una vecina se cruzó con el exmarido de la inquilina, quien reveló que ella no tenía la custodia de sus hijos y se ofreció a colaborar. Esta información era crucial para desmontar la vulnerabilidad certificada por servicios sociales.
Con toda la documentación en mano, Virginia se enfrentó a los servicios sociales con pruebas contundentes. A pesar de la resistencia inicial, la presión ejercida por Virginia y su abogado llevó al juez a solicitar una revisión del informe de vulnerabilidad. Servicios sociales, finalmente, no emitió un informe favorable, lo que facilitó el desahucio sin juicio. La inquilina, enfrentada a la desaprobación de la comunidad y la evidencia en su contra, decidió marcharse por su propio pie.
Hoy, Virginia tiene de nuevo su piso, aunque queda con una deuda de más de 15.000 euros por impagos, servicios y daños. Como muchos propietarios en su situación, se debate entre volver a alquilar o vender, pero por ahora, el piso permanece cerrado y con alarma.
Este caso pone de relieve las dificultades que enfrentan los propietarios debido al decreto 11/2020, que prolonga situaciones injustas en nombre de la vulnerabilidad económica. Pero también muestra el poder de la comunidad y la determinación individual para buscar justicia. La historia de Virginia es un testimonio de resiliencia y lucha incansable por su hogar y su familia.

Vulnerabilidad en España y el Decreto 11/2020​

El Real Decreto-ley 11/2020, promulgado en abril de 2020, surgió como una medida urgente para mitigar los efectos económicos y sociales de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo del cobi19 en España. En momentos de crisis, una de las principales preocupaciones del gobierno fue proteger a los ciudadanos más vulnerables, aquellos que habían perdido sus ingresos y cuya situación económica les hacía imposible afrontar sus gastos habituales, incluido el alquiler de sus viviendas.
Bajo este decreto, se ordenaron una serie de medidas destinadas a proteger a los inquilinos de posibles desahucios. Entre estas medidas se incluyeron la suspensión de los procedimientos de desahucio para aquellos inquilinos que se acreditara se encontraban en una situación de vulnerabilidad económica y social. Esta situación de vulnerabilidad debía acreditarse mediante la presentación de documentación específica ante los servicios sociales correspondientes.
El decreto tenía como objetivo prioritario evitar que familias enteras quedaran en la calle en un momento en el que las restricciones de movilidad y la paralización económica hacían casi imposible encontrar nuevas oportunidades laborales o habitacionales. Sin embargo, como toda medida provisional y de emergencia, trajo consigo también una serie de desafíos y complicaciones.
Uno de los problemas más significativos fue la aparición de lo que se conoce como inquiokupas, individuos que, aprovechándose de las lagunas legales y la protección otorgada por el decreto, decidieron dejar de pagar sus alquileres sin estar realmente en una situación de vulnerabilidad. Estos casos generaron situaciones de conflicto y desesperación para muchos propietarios que, como Virginia o Kathy Díaz, a quien entrevistamos en idealista/news, dependían del alquiler de sus propiedades para mantener a sus propias familias.
El proceso para acreditar la vulnerabilidad no siempre fue suficientemente riguroso, lo que permitió que algunas personas abusaran del sistema. Además, la falta de procedimientos claros y uniformes para revisar periódicamente la situación de los inquilinos protegidos complicó aún más la situación.
En el centro de estos conflictos se encuentra la figura del propietario, que no solo tuvo que lidiar con el impago de rentas, sino también con procesos judiciales y administrativos prolongados y costosos. La historia de Virginia es la muestra de una lucha no solo contra una persona que abusó del sistema, sino también contra un aparato burocrático muchas veces ineficiente.

El final de una larga lucha​

Finalmente, después de reunir pruebas contundentes y recibir el apoyo inesperado de su comunidad, Virginia logró desenmascarar la verdadera situación de su inquilina y convencer al juez de que la vulnerabilidad alegada era ficticia. Su arduo trabajo, junto con la presión constante sobre los servicios sociales y el sistema judicial, permitió restablecer la justicia en su caso.
Virginia no solo recuperó su vivienda, sino que también se convirtió en un símbolo de perseverancia y lucha por los derechos de los propietarios en con su perfil en X (antes Twitter). Su experiencia sirve de advertencia y lección para otros propietarios que puedan encontrarse en una situación similar, animándolos a no rendirse y a buscar apoyo tanto legal como comunitario para resolver sus problemas.
En un contexto donde la protección de los más vulnerables es esencial, también es crucial asegurar que las medidas de protección no sean mal utilizadas. La historia de Virginia destaca la importancia de un equilibrio justo y equitativo donde tanto inquilinos como propietarios tengan la seguridad de que sus derechos serán respetados y protegidos.

**El relato que se recoge en este artículo ha sido narrado por la protagonista. idealista no se hace responsable de ninguna de las opiniones o hechos relatados por Virginia**



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Yo no vuelvo a ser el Escudo Social de Ningún Inquilinor, BrVvvTaaaaL Burbus !!!