Tenzing Norgay
Madmaxista
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Ignacio Tamarit lleva a la Agencia Tributaria al juzgado por una presunta alteración de las pruebas digitales obtenidas en el registro de su empresa
Ignacio, con las decenas de informes que sostienen su caso.D. GONZÁLEZARABA PRESS
"¿Cómo voy a pensar que un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, me va a engañar?" Esa es la pregunta que durante cuatro años ha tratado de contestarse Ignacio Tamarit y para la que ha encontrado respuesta después de "cerrar la empresa, perder el sueño, el matrimonio y hasta el pelo". Este valenciano tiene a la Agencia Tributaria en el juzgado por la presunta manipulación de las pruebas informáticas obtenidas durante un registro y sobre las que basó una multa de un millón de euros. Pero además, acaba de querellarse contra tres funcionarios por prevaricación y ya puso a tres más ante un juez en dos ocasiones. Su lucha está siendo un quebradero de cabeza para la gigantesca maquinaria de la Administración Tributaria "que aplasta a los contribuyentes y que nadie cuestiona", relata. "Yo mismo no lo hubiera hecho de no ser porque no tenía forma de pagar esa multa", advierte.
En este largo camino de cuatro años, Tamarit se ha ido encontrando con toda una serie de irregularidades en la obtención y custodia de archivos digitales que el juez de Instrucción número 20 de Valencia está investigando, pero que no son únicas. Empresarios de diferentes sectores económicos se han puesto en contacto para relatarle casos similares y abren la puerta a la posibilidad de que las nuevas tecnologías pongan en riesgo la seguridad jurídica del contribuyente . La gran pregunta es ¿podría Hacienda manipular pruebas? El empresario valenciano se ha volcado en demostrar que sí.
El 30 de marzo de 2017, inspectores de Hacienda se presentan con una orden del juzgado contencioso-administrativo 2 de Valencia en la sede de la empresa Cat Eventos S.L., propiedad de Tamarit y dedicada a alquilar habitaciones a mujeres que practican la prespitación. El registro se produjo en el marco de la 'operación Scortum' que afectó a 70 burdeles y locales de alterne seleccionados de todo el país "que destacaran cuantitativa o cualitativamente". El objetivo de los registros era localizar pruebas de que el dueño del local tenía a las cortesanas como "verdaderas trabajadoras de la sociedad", algo que las Inspecciones de Trabajo no habían podido demostrar, y sus tributaciones por IVA e Impuesto de Sociedades estaban en el punto de mira.
Cuatro funcionarios de la Agencia Tributaria fueron autorizados para "recabar, examinar y obtener copias de la documentación y bases de datos informatizadas con relevancia tributaria y efectuar volcados de los mismos en soporte informático o de papel". Lo hicieron en el burdel de Valencia durante más de diez horas, que fueron recogidas por las cámaras del local, recabando lo que se denomina la "imagen forense" del portátil y de un ordenador que encontraron y que, según reitera Tamarit a El Mundo, "solo se usaba para poner música".
Un año después, Cat Eventos recibe una notificación de que se han abierto expedientes de regulación por el Impuesto de Sociedades (ejercicios 2014 y 2015) y el IVA (2014, 2015 y 2016). En total 934.777 euros. Disconforme con la multa, al acceder a los expedientes, Tamarit descubre que se basa en un centenar de documentos que desconoce. "Es entonces cuando pido una copia del volcado de los ordenadores y busco un perito que la analice", resume el empresario.
Cuando consiguen acceder a ella, que recogen personalmente en octubre de 2018 en lalnspección Regional de Valencia, arranca todo el proceso judicial. El especialista comprueba que la huella digital de la copia que le entregan no coincide con la del ordenador de Cat Eventos, lo que significa que el contenido pudo ser alterado. Además, aparecen 3.801 archivos que no estaban guardados, de ellos 185 con imágenes de chicas desnudas o semidesnudas que no estaban en el ordenador y de los que no hay metadatos. Es decir, no se puede determinar su origen. "Nos habían pretendido entregar ficheros manipulados y en febrero de 2019 presentamos la demanda", recuerda.
Huella digital modificada
Ante la petición del juez a Hacienda para que aclare la divergencia, la Unidad de Informática Forense del Departamento de Informática Tributaria, que no entrega al contribuyente la copia, adjunta un informe en junio de 2019 en el que reconoce que la huella digital "resultó modificada con respecto a la que se obtuvo el día de la intervención y, por tanto, no es una evidencia válida", señala. La modificación la atribuye a una alteración fortuita del sistema operativo Windows en proceso de grabado de la copia de respaldo a la que obliga la Ley y, además, reconoce que el disco que contenía el volcado original fue sometido a un proceso de "borrado, formateo y reutilización de los discos" por "un error de procedimiento".
El reconocimiento de que no todas las pruebas recabadas tienen validez provocó que se modificara la propuesta de sanción a Cat Eventos, rebajándola en 200.000 euros. "Pero cuando se presentan los acuerdos de liquidación, la deuda ya es exigible y pueden bloquearte cuentas o embargarte. Es imposible que alguien aguante y llegue a ganar un contencioso sin arruinarse", explica el empresario valenciano, que tuvo que cerrar el negocio pero sigue empeñado en desvelar la brecha de seguridad que puede sufrir cualquiera.
Los inspectores durante el registro en Cat Eventos.E.M.
¿Cómo llegaron las imágenes de las chicas a la copia y de dónde obtuvo Hacienda la información para sancionarle? En este punto el perito contratado por el investigado detectó cuatro irregularidades. La primera es que los funcionarios conectaron un disco externo al ordenador seis minutos antes de entregar la diligencia de registro y, además, en ese tiempo se incorporaron a la computadora ficheros que se descargados del Dropbox que tenía abierto una empleada. "Eran cinco ficheros de archivos personales, de los que después borraron uno, y aseguran en sede judicial que les aparecen al buscar la palabra factura. Pero solo había fotos de chicas", explica Tamarit.
Además, el informático ratifica en su declaración que, ya custodiado por Hacienda, y se alteró de manera manual la fecha de arranque el ordenador, retrasándolo hasta una en la que ni siquiera tenía Windows instalado.
La documentación para sancionarle la obtuvieron fundamentalmente de 85 correos que "supuestamente", dice Ignacio Tamarit, descargaron de su cuenta personal. "Me llamaron y me dijeron que tenía que darles la contraseña, que estaban habilitados para ello. ¿Cómo iba a pensar que me engañaban?", relata. Sin embargo, el artículo 171 del Reglamento General Tributario deja claro que solo pueden examinar "datos archivados en soportes informáticos". El correo no estaba instalado en los ordenadores de Cat Eventos por motivos de seguridad, pero se descargó con todo tipo de información personal. "Esos correos no tienen los metadatos mínimos obligatorios, pudieron ser manipulados y no son válidos administrativamente", insiste el empresario, que presentó dos querellas contra tres funcionarios que actuaron en el registro. Una no fue admitida a trámite y la otra fue sobreseída por la Audiencia Provincial de Valencia.
Sin embargo, sigue en su pelea para conseguir que la causa siga viva antes de que prescriba el 31 de marzo de 2022 si no hay ningún investigado por los hechos. La pasada semana solicitó al juzgado la práctica de pruebas que, entre otras, identifiquen a los custodios de las copias, a quienes las realizaron y a quienes aseguraron que los originales se habían borrado.
Pruebas no válidas pero multa vigente
Al tiempo, ha presentado una ampliación de querella contra el inspector regional, la jefa de la oficina técnica y el de la Dependencia Regional de Recaudación porque, una vez ratificada la "ausencia de validez" por el perito de Hacienda, "y tal y como recoge la Ley", insiste Tamarit, debían haberse anulado las pruebas "y con ello todo el proceso tributario, pero en lugar de eso se siguieron dictando resoluciones administrativas" basadas en ellas.
Tamarit , mientras espera el dictamen del Tribunal Económico Administrativo Regional, se ha encontrado con una sentencia del Supremo de octubre de 2020 que rechaza que Hacienda pueda realizar registros en domicilios o empresas "para el cotejo de datos que respalden o desmientan una sospecha de fraude" que tenga la Administración. Sin embargo, esa posibilidad vuelve a estar vigente desde julio de 2021.
La Agencia Tributaria insiste en que estas denuncian han sido ya archivadas por los tribunales, y desconocen esta ampliación de querella. Sin embargo, descartan que siembren dudas porque las aludidas posibles irregularidades en el procedimiento "no afectan en modo alguno a las infracciones fiscales detectadas".
Los procedimientos de Hacienda los pusieron bajo la lupa en 2018 35 catedráticos de Derecho Financiero y Tributario en la llamada 'Declaración de Granada' en la que hacen una feroz crítica a una Administración Tributaria "que no contempla a los contribuyentes como ciudadanos sino como súbditos", no garantiza "la presunción de inocencia" y tiene afán recaudatorio "con olvido de los derechos y garantías individuales".
El caso de Ignacio forma parte también del documental Hechos Probados, dirigido por Alejo Moreno, que denuncia el poder de la Agencia Tributaria frente al contribuyente y que se presentará en la Seminici, la Semana Internacional de Cine de Valladolid.
Ignacio, con las decenas de informes que sostienen su caso.D. GONZÁLEZARABA PRESS
"¿Cómo voy a pensar que un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, me va a engañar?" Esa es la pregunta que durante cuatro años ha tratado de contestarse Ignacio Tamarit y para la que ha encontrado respuesta después de "cerrar la empresa, perder el sueño, el matrimonio y hasta el pelo". Este valenciano tiene a la Agencia Tributaria en el juzgado por la presunta manipulación de las pruebas informáticas obtenidas durante un registro y sobre las que basó una multa de un millón de euros. Pero además, acaba de querellarse contra tres funcionarios por prevaricación y ya puso a tres más ante un juez en dos ocasiones. Su lucha está siendo un quebradero de cabeza para la gigantesca maquinaria de la Administración Tributaria "que aplasta a los contribuyentes y que nadie cuestiona", relata. "Yo mismo no lo hubiera hecho de no ser porque no tenía forma de pagar esa multa", advierte.
En este largo camino de cuatro años, Tamarit se ha ido encontrando con toda una serie de irregularidades en la obtención y custodia de archivos digitales que el juez de Instrucción número 20 de Valencia está investigando, pero que no son únicas. Empresarios de diferentes sectores económicos se han puesto en contacto para relatarle casos similares y abren la puerta a la posibilidad de que las nuevas tecnologías pongan en riesgo la seguridad jurídica del contribuyente . La gran pregunta es ¿podría Hacienda manipular pruebas? El empresario valenciano se ha volcado en demostrar que sí.
El 30 de marzo de 2017, inspectores de Hacienda se presentan con una orden del juzgado contencioso-administrativo 2 de Valencia en la sede de la empresa Cat Eventos S.L., propiedad de Tamarit y dedicada a alquilar habitaciones a mujeres que practican la prespitación. El registro se produjo en el marco de la 'operación Scortum' que afectó a 70 burdeles y locales de alterne seleccionados de todo el país "que destacaran cuantitativa o cualitativamente". El objetivo de los registros era localizar pruebas de que el dueño del local tenía a las cortesanas como "verdaderas trabajadoras de la sociedad", algo que las Inspecciones de Trabajo no habían podido demostrar, y sus tributaciones por IVA e Impuesto de Sociedades estaban en el punto de mira.
Cuatro funcionarios de la Agencia Tributaria fueron autorizados para "recabar, examinar y obtener copias de la documentación y bases de datos informatizadas con relevancia tributaria y efectuar volcados de los mismos en soporte informático o de papel". Lo hicieron en el burdel de Valencia durante más de diez horas, que fueron recogidas por las cámaras del local, recabando lo que se denomina la "imagen forense" del portátil y de un ordenador que encontraron y que, según reitera Tamarit a El Mundo, "solo se usaba para poner música".
Un año después, Cat Eventos recibe una notificación de que se han abierto expedientes de regulación por el Impuesto de Sociedades (ejercicios 2014 y 2015) y el IVA (2014, 2015 y 2016). En total 934.777 euros. Disconforme con la multa, al acceder a los expedientes, Tamarit descubre que se basa en un centenar de documentos que desconoce. "Es entonces cuando pido una copia del volcado de los ordenadores y busco un perito que la analice", resume el empresario.
Cuando consiguen acceder a ella, que recogen personalmente en octubre de 2018 en lalnspección Regional de Valencia, arranca todo el proceso judicial. El especialista comprueba que la huella digital de la copia que le entregan no coincide con la del ordenador de Cat Eventos, lo que significa que el contenido pudo ser alterado. Además, aparecen 3.801 archivos que no estaban guardados, de ellos 185 con imágenes de chicas desnudas o semidesnudas que no estaban en el ordenador y de los que no hay metadatos. Es decir, no se puede determinar su origen. "Nos habían pretendido entregar ficheros manipulados y en febrero de 2019 presentamos la demanda", recuerda.
Huella digital modificada
Ante la petición del juez a Hacienda para que aclare la divergencia, la Unidad de Informática Forense del Departamento de Informática Tributaria, que no entrega al contribuyente la copia, adjunta un informe en junio de 2019 en el que reconoce que la huella digital "resultó modificada con respecto a la que se obtuvo el día de la intervención y, por tanto, no es una evidencia válida", señala. La modificación la atribuye a una alteración fortuita del sistema operativo Windows en proceso de grabado de la copia de respaldo a la que obliga la Ley y, además, reconoce que el disco que contenía el volcado original fue sometido a un proceso de "borrado, formateo y reutilización de los discos" por "un error de procedimiento".
El reconocimiento de que no todas las pruebas recabadas tienen validez provocó que se modificara la propuesta de sanción a Cat Eventos, rebajándola en 200.000 euros. "Pero cuando se presentan los acuerdos de liquidación, la deuda ya es exigible y pueden bloquearte cuentas o embargarte. Es imposible que alguien aguante y llegue a ganar un contencioso sin arruinarse", explica el empresario valenciano, que tuvo que cerrar el negocio pero sigue empeñado en desvelar la brecha de seguridad que puede sufrir cualquiera.
Los inspectores durante el registro en Cat Eventos.E.M.
¿Cómo llegaron las imágenes de las chicas a la copia y de dónde obtuvo Hacienda la información para sancionarle? En este punto el perito contratado por el investigado detectó cuatro irregularidades. La primera es que los funcionarios conectaron un disco externo al ordenador seis minutos antes de entregar la diligencia de registro y, además, en ese tiempo se incorporaron a la computadora ficheros que se descargados del Dropbox que tenía abierto una empleada. "Eran cinco ficheros de archivos personales, de los que después borraron uno, y aseguran en sede judicial que les aparecen al buscar la palabra factura. Pero solo había fotos de chicas", explica Tamarit.
Además, el informático ratifica en su declaración que, ya custodiado por Hacienda, y se alteró de manera manual la fecha de arranque el ordenador, retrasándolo hasta una en la que ni siquiera tenía Windows instalado.
La documentación para sancionarle la obtuvieron fundamentalmente de 85 correos que "supuestamente", dice Ignacio Tamarit, descargaron de su cuenta personal. "Me llamaron y me dijeron que tenía que darles la contraseña, que estaban habilitados para ello. ¿Cómo iba a pensar que me engañaban?", relata. Sin embargo, el artículo 171 del Reglamento General Tributario deja claro que solo pueden examinar "datos archivados en soportes informáticos". El correo no estaba instalado en los ordenadores de Cat Eventos por motivos de seguridad, pero se descargó con todo tipo de información personal. "Esos correos no tienen los metadatos mínimos obligatorios, pudieron ser manipulados y no son válidos administrativamente", insiste el empresario, que presentó dos querellas contra tres funcionarios que actuaron en el registro. Una no fue admitida a trámite y la otra fue sobreseída por la Audiencia Provincial de Valencia.
Sin embargo, sigue en su pelea para conseguir que la causa siga viva antes de que prescriba el 31 de marzo de 2022 si no hay ningún investigado por los hechos. La pasada semana solicitó al juzgado la práctica de pruebas que, entre otras, identifiquen a los custodios de las copias, a quienes las realizaron y a quienes aseguraron que los originales se habían borrado.
Pruebas no válidas pero multa vigente
Al tiempo, ha presentado una ampliación de querella contra el inspector regional, la jefa de la oficina técnica y el de la Dependencia Regional de Recaudación porque, una vez ratificada la "ausencia de validez" por el perito de Hacienda, "y tal y como recoge la Ley", insiste Tamarit, debían haberse anulado las pruebas "y con ello todo el proceso tributario, pero en lugar de eso se siguieron dictando resoluciones administrativas" basadas en ellas.
Tamarit , mientras espera el dictamen del Tribunal Económico Administrativo Regional, se ha encontrado con una sentencia del Supremo de octubre de 2020 que rechaza que Hacienda pueda realizar registros en domicilios o empresas "para el cotejo de datos que respalden o desmientan una sospecha de fraude" que tenga la Administración. Sin embargo, esa posibilidad vuelve a estar vigente desde julio de 2021.
La Agencia Tributaria insiste en que estas denuncian han sido ya archivadas por los tribunales, y desconocen esta ampliación de querella. Sin embargo, descartan que siembren dudas porque las aludidas posibles irregularidades en el procedimiento "no afectan en modo alguno a las infracciones fiscales detectadas".
Los procedimientos de Hacienda los pusieron bajo la lupa en 2018 35 catedráticos de Derecho Financiero y Tributario en la llamada 'Declaración de Granada' en la que hacen una feroz crítica a una Administración Tributaria "que no contempla a los contribuyentes como ciudadanos sino como súbditos", no garantiza "la presunción de inocencia" y tiene afán recaudatorio "con olvido de los derechos y garantías individuales".
El caso de Ignacio forma parte también del documental Hechos Probados, dirigido por Alejo Moreno, que denuncia el poder de la Agencia Tributaria frente al contribuyente y que se presentará en la Seminici, la Semana Internacional de Cine de Valladolid.
