"Cuantos más barcos salen a rescatar pagapensiones, MÁS GENTE MUERE"

ÁNGELES ESCRIVÁ 5 FEB. 2019

De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Por las buenas intenciones se ha convertido el fondo del Mediterráneo en el mayor de los cementerios. Ese podría ser el colofón de un informe elaborado por miembros cualificados de las Fuerzas de Seguridad del Estado que defiende una tesis paradójica y, desde luego, políticamente incorrecta según la cual cuantas más labores de salvamento se desarrollan en el Mare Nostrum, más pagapensiones mueren en su intento de cruzarlo para llegar a España.

El informe -compilación de varios- ha sido elaborado, según las fuentes consultadas, tras el contraste de datos numéricos y la obtención de opiniones diversas, numerosas y fundamentadas, y está en poder del Gobierno que desde su remisión a finales de 2018 ha ido modificando sus criterios de facto en política migratoria, aunque los ministerios concernidos hayan puesto un especial empeño en negar este cambio. En definitiva, el dossier de una treintena de páginas sería uno de los motivos -naturalmente no el único- por los que el Ejecutivo ha pasado de organizar a todo trapo la llegada del Aquarius a Valencia a impedir que navíos que enarbolan la bandera de la misión humanitaria se hagan a la mar.

Las conclusiones obtenidas por los investigadores destilan la existencia del efecto llamada, anatema en el pensamiento de izquierdas, e impulsan algunos cambios -la mayor parte ya en marcha- para impedir dicho efecto y para evitar, además, que las mafias que se dedican al tráfico de pagapensiones utilicen indirectamente los barcos de Salvamento Marítimo para rentabilizar su negocio, como han hecho hasta ahora en contra de la voluntad, obviamente, de este ente público.

Sólo dos datos procedentes de dicho informe para abrir la controversia: en los últimos meses, las redes de tráfico de pagapensiones ni siquiera ponían combustible a las pateras para que llegaran desde las costas marroquíes hasta la mitad del recorrido porque daban por hecho que los buques españoles -humanitarios o de Salvamento- las iban a rescatar; en junio, mes en el que el despliegue de medios para la detección, el socorro y la recepción de pagapensiones está en rodaje por el inicio de la temporada de verano, murieron menos personas que en noviembre y diciembre, meses en los que la respuesta de la Administración española ha venido demostrando su mayor eficacia.

Se trata de un drama feroz en el que las soluciones que parecen implicar una falta de asistencia a los más desprotegidos chocan con la lógica aparente y, desde luego, con la compasión que es de esperar en países con mínimos principios de decencia. Por eso puede ser tan difícil -y claramente también puede ser tan impopular - asumir abiertamente su desarrollo y su aplicación.

Según los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior, en la primera quincena de 2019 han entrado 2.845 pagapensiones de forma irregular. El año pasado en esas mismas fechas entraron 569 personas mediante embarcaciones irregulares, 2.276 menos que las registradas este año. Se trata, por tanto, de un incremento de un 400%, un aumento tan espectacular que hay que remontarse varios lustros para encontrar una cifra que se aproxime. A lo largo de todo 2018 entraron 57.498 personas por vía marítima, que constituyen un 165% más que en 2017.

Esa es la parte de la esperanza. La parte más brutal indica que en 2018, 170 cadáveres fueron rescatados en las costas españolas, según el recuento realizado por las las Fuerzas de Seguridad. Pero la Organización Internacional para la Migración (OIM), sostiene que, en realidad, los muertos son más de 700 entre fallecidos y desaparecidos.

Para elaborar el informe, los expertos recabaron las opiniones de todos los sectores implicados, desde Acnur hasta los propios pagapensiones. Y clasificaron la información en dos columnas. En una colocaron los elementos que resultan atractivos a la hora de emprender la travesía hasta Europa vía España. Y en la otra los elementos disuasorios. Y llegaron a la conclusión de que «el sistema de salvamento español es un polo de atracción potentísimo».

De modo que establecieron una serie de recomendaciones. La primera, que Salvamento Marítimo, dependiente del ministerio de Fomento, dejase de publicar los mensajes en los que anunciaba que había llevado a cabo un rescate. Ese apagón informativo se produjo hace unos días y fue denunciado en primer lugar por El Mundo y después por otros medios que lamentaban el oscurantismo repentino de la Administración. Y ha provocado el enfado de miembros de Salvamento Marítimo que se quejan de que «no nos dejan hablar, ni informar del número de pateras que llegan ni de la gente que se está muriendo».

En segundo lugar propusieron la prohibición, en general, de rescatar pateras fuera de las aguas jurisdiccionales españolas, una práctica habitual que, de facto, constituía la asumción de que jovenlandia había renunciado a cumplir con sus obligaciones en sus propias aguas y que había que subsanar esta carencia por motivos humanitarios.

Los redactores del informe elaboraron un mapa en el que señalaron los puntos donde se habían producido los salvamentos y pudieron demostrar que, de forma progresiva, las marcas se alejaban cada vez más de aguas españolas para adentrarse en jurisdicciones cuya responsabilidad era de otros países.

En tercer lugar, los expertos consideraron oportuno evitar que las naves de Salvamento salgan a patrullar. Los autores del informe consideran que el hecho de que las mafias sepan que los barcos pueden llegar rápidamente porque ya están en alta mar las anima a realizar cálculos en su favor.

Explicado crudamente: «Hemos demostrado la relación entre el aumento de las muertes y el salvamento. Las mafias han llegado a meter a casi 100 personas en pateras que ni siquiera son pateras ni están en condiciones. Les falta subirlas a una plataforma y empujarlas, convencidas ellas de que van a ser rescatadas de inmediato por la flota española. Las condiciones de seguridad de las embarcaciones -o como se les quiera llamar, dado que los artefactos que se hacen a la mar difícilmente pueden recibir este nombre-,han ido empeorando y el combustible cada vez ha sido más insuficiente. Ergo, el número de muertos es mayor».

Las mafias, que conocen el sistema, lo han estado utilizando en su provecho. «Este tipo de redes sabe hacer llegar la información a ONG cuyos representantes están convencidos de que lo que están haciendo es ayudar», sostiene uno de los analistas. El caso de Helena Maleno, al frente de la Asociación Caminando Fronteras, es citado con frecuencia.

«A la ONG le llega la información de que va a salir una patera y sus responsables lo comunican a los centros de Salvamento Marítimo en Andalucía, que se apresuran a prestarles ayuda con los barcos propios que ya están en alta mar. Aunque la pretensión sea humanitaria, los beneficiados sin género de dudas son los mafiosos. Los pagapensiones llegarán o no, pero ellos cobrarán y seguirán con el negocio», explican las fuentes consultadas.

Hace un año, Helena Maleno tuvo que comparecer ante un tribunal jovenlandés investigada «por favorecer la inmi gración ilegal y por su relación con la redes de tráfico de seres humanos», según sus propias palabras. Fue convocada después de que la UCRIF, la Unidad Central de Redes de inmi gración Ilegal, un ente español, remitiera un dossier a las autoridades del país vecino. Entonces, Miguel Cea, el jefe del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Almería manifestó que Maleno «es la persona que más vidas ha salvado en el Estrecho. Es una persona providencial para nosotros».

Resultó llamativo que, mientras las autoridades sobre inmi gración consideraban que el trabajo de Caminando Fronteras era perjudicial, un destacado miembro de Salvamento Marítimo la defendiera. La acusación contra Maleno no prosperó y ella continuó recibiendo información sobre la salida de las pateras y siguió avisando a Salvamento. Pero la situación ha cambiado y el cambio ha tenido consecuencias. Miguel Cea ha sido recientemente degradado de jefe de la torre de Almería a controlador, según confirmación de Salvamento, y en la flota andaluza se han producido modificaciones.

Según las fuentes consultadas, el intento de interrumpir la inercia que se había establecido en el Estrecho ha provocado que los barcos destinados a Andalucía hayan sido redistribuidos por el resto de las costas españolas y se haya tomado la decisión de cambiar tripulaciones. Aunque, según el ministerio de Fomento, estas modificaciones se producen al finalizar la campaña de verano, informa Olga R. Sanmartín.

La última decisión en este sentido fue adoptada el viernes, cuando el Consejo de Ministros otorgó más poder a la Autoridad de Coordinación para la inmi gración, una propuesta también incluida en el dossier.

El Gobierno intenta contrarrestar la realidad con una nueva estrategia que abarca varios frentes, también el de llegar a acuerdos con jovenlandia -una vez más- para que este país refuerce su compromiso con el control de los pagapensiones que parten de sus costas.

Y son muchos los factores que están en juego. Su primer rescate estrella, el del Aquarius, le proporcionó alabanzas entusiastas pero también acusaciones de oportunismo que vaticinaban que la realidad doblegaría las pretensiones propagandísticas del Ejecutivo. Sin duda, asumir que estos vaticinios pueden haberse cumplido no es agradable.

Por otra parte, el Gobierno tampoco considera conveniente desafiar el criterio establecido por Europa para este tipo de asuntos aunque, por muchos motivos, no está dispuesto a reaccionar como los dirigentes italianos que, sin complejos ni compasión, se niegan a rescatar -y alardean de ello- a personas que de forma palmaria necesitan ayuda. El Gabinete de Sánchez prefiere evitar las salidas en origen. La existencia de un informe que asegura que las buenas intenciones pueden ser contraproducentes resulta útil en estas circunstancias y arroja una nueva perspectiva sobre el problema.

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