M. Priede
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Pues porque no hay mejor defensa que un buen ataque, y desde el gobierno de Cataluña saben que desde las instituciones españolas no van a decir que los separatistas también espían a todo el mundo, dado que tienen su centro de espionaje propio y apoyo externo. Sin embargo, desde el CNI sí que hablan del espionaje de jovenlandia, lo cual es más que posible. Es decir: el CNI no hablará nunca del desastre interno, español, donde los separatistas tienen instituciones dedicadas al espionaje, pero sí de lo que es más aceptable: que jovenlandia nos espíe
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Lo mismo en el País Vasco -o el PNV, que tanto da-, que tiene servicios de inteligencia desde antes de la Guerra Civil. Tanto en Cataluña como en el País Vasco disponen de policía autónoma que sirve a los intereses separatistas, algo inconcebible en cualquier otro país, salvo en España: (8) *Tema mítico* : - "La CIA y la Guerra Fría Cultural en España", de I. Vélez. Imposición de las autonomías, entrada en la OTAN. Antifranquismo, europeísmo y federalismo | Burbuja.info
Vivimos en la mentira continua desde hace más de cuarenta años. Que ya no se elogie el papel de un consejero de Interior como se hizo en los 90 con Atucha (incluso de un energúmeno peor que cualquier etarra, como era Arzallus, cuando los Ansón y Cebrián nos decían que luchaba contra ETA -jamás detuvo a nadie relacionado con la banda terrorista), no quiere decir que ahora las policías autónomas colaboren con las fuerzas policiales dirigidas desde Madrid, todo lo contrario. Como el español medio acepta cualquier cosa, incluso que el actual gobierno se mantenga en el poder gracias a los votos de los separatistas, pues tampoco en el CNI quieren enfrentarse directamente con el Gobierno de Sánchez.
El País:
Completo:
Sánchez y Robles fueron atacados con Pegasus en los meses de la crisis con jovenlandia y los indultos a los presos del ‘procés’
Las supuestas infecciones de los teléfonos del presidente y de la ministra de Defensa se produjeron en mayo y junio de 2021
Óscar López-Fonseca
Óscar López-Fonseca
Madrid - 02 may 2022-13:20 UTC
Pedro Sánchez y la ministra Margarita Robles, en una imagen de mayo de 2018 en el Congreso de los Diputados.Pedro Sánchez y la ministra Margarita Robles, en una imagen de mayo de 2018 en el Congreso de los Diputados.JUAN CARLOS HIDALGO (AFP)
El escándalo del supuesto espionaje a políticos y dirigentes en España con el bichito Pegasus ha dado este lunes una vuelta de tuerca inesperada al anunciar el Gobierno que los teléfonos institucionales y encriptados de Pedro Sánchez y Margarita Robles también habían sido infectados por el programa de origen israelí con el que supuestamente se atacó los dispositivos de más de 60 independentistas catalanes. En su comparecencia ante los medios, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha detallado que el móvil del presidente del Gobierno registró dos “intrusiones”, en mayo y junio de 2021, mientras que el terminal de la ministra de Defensa sufrió “una intervención” en junio de ese mismo año. En esos meses el Gobierno se enfrentaba a dos momentos críticos de la legislatura: la crisis con jovenlandia por la inmi gración irregular y la concesión del indulto a presos del procés.
El 17 mayo de 2021, el primer mes en el que se tiene constancia de un supuesto ataque con Pegasus al teléfono de Sánchez, cerca de 8.000 pagapensiones ―muchos de ellos menores de edad― entraron de manera irregular en Ceuta ante la pasividad de la Gendarmería jovenlandés y desencadenaron una crisis migratoria y política inéditas con el país africano. Sánchez se vio entonces obligado a suspender su agenda internacional y desplazarse a la ciudad autónoma, donde se desplegaron varias unidades del Ejército de Tierra para ayudar en las labores de control a una Guardia Civil y una Policía Nacional desbordadas.
04:59
¿Cómo funciona Pegasus?
En aquel momento se vinculó la laxa actitud de las fuerzas de seguridad jovenlandés en la frontera con la decisión del Gobierno español de acoger al líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim Gali, de 72 años, aquejado de el bichito-19. La información sobre la llegada de Gali desde Argelia a España y su posterior ingreso en un hospital de Logroño con una identidad falsa fue filtrada desde Rabat, aunque nunca se supo cómo pudo obtener esa información. En aquel momento nadie mencionó el programa Pegasus, pero la organización no gubernamental Amnistía Internacional ya había acusado en junio de 2020 a jovenlandia de usarlo para espiar a Omar Radi, un periodista crítico con el régimen.
Meses después de conocerse la llegada de Gali a España y de la crisis migratoria, el consorcio de periodistas Forbidden Stories y Amnistía Internacional denunciaban que los servicios secretos marroquíes habían utilizado Pegasus para espiar, entre otros, el móvil del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Aquellas informaciones apuntaban a la existencia de cerca de 50.000 teléfonos potencialmente infectados por los servicios marroquíes de inteligencia mediante el programa de la empresa israelí. jovenlandia negó siempre haber contratado Pegasus.
Indultos del ‘procés’
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También en mayo de 2021, coincidiendo con la llegada de Pere Aragonès a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, el Gobierno puso en marcha el mecanismo para conceder los indultos a los nueve condenados por el procés que seguían en prisión, una decisión con un evidente coste político. En aquellos momentos, el Ejecutivo central buscaba la argumentación para adoptar la medida, que finalmente se hizo por razones de “utilidad pública”: es decir, que el indulto era positivo para el interés general porque podía ayudar a resolver el conflicto en Cataluña. La medida fue finalmente aprobada en la reunión el Consejo de Ministros del 22 de junio, mes en el que tanto el teléfono de Sánchez como el de Robles fueron infectados por Pegasus. Entonces, se situaba a la titular de Defensa como la integrante del Ejecutivo más alejada de esta decisión, aunque finalmente la apoyó.
El informe que ha destapado el espionaje a los móviles de Sánchez y Robles ha sido elaborado por el Centro Criptológico Nacional (CCN) ―el organismo dependiente del CNI que garantiza la seguridad de las comunicaciones de los altos cargos― y de él se concluye que las intromisiones “son ajenas a los organismos estatales y no cuentan con autorización judicial”. “Por eso las calificamos de ilícitas y externas”, ha subrayado Bolaños. El ministro de Presidencia no ha concretado más sobre la autoría. Tampoco lo hace la Abogacía del Estado en la denuncia que ha presentado por la mañana en la Audiencia Nacional para que se investiguen los hechos.
En el caso del supuesto espionaje con Pegasus a los políticos catalanes, este se produjo en diversos momentos clave para el movimiento independentista, aunque solo uno, el que sufrió el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, fue durante el desafío secesionista que concluyó con la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017. El resto de los ataques se desató a lo largo de 2019 y 2020, cuando los líderes del procés ya habían sido neutralizados por la vía judicial y el desafío independentista había amainado.
No obstante, algunas fechas de los intentos de intromisión son significativas. Así, el expresidente de la Generalitat Quim Torra sufrió ocho ataques, todos ellos entre abril y julio de 2020. En aquel momento aún estaba al frente del Govern, pero la Junta Electoral Central le había retirado unos meses antes su acta de diputado en el Parlament tras ser condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a un año y medio de inhabilitación por desobediencia por negarse a retirar del balcón del Palau de la Generalitat un cartel a favor de los políticos independentistas presos. En el momento de la supuesta intromisión, la oposición reclamaba por ello un adelanto electoral.
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Óscar López-Fonseca
Óscar López-Fonseca
Redactor especializado en temas del Ministerio del Interior y Tribunales. Llego a EL PAÍS en marzo de 2017 tras una trayectoria profesional de más de 30 años en Ya, OTR/Press, Época, El Confidencial, Público y Vozpópuli. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.
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Vivimos en la mentira continua desde hace más de cuarenta años. Que ya no se elogie el papel de un consejero de Interior como se hizo en los 90 con Atucha (incluso de un energúmeno peor que cualquier etarra, como era Arzallus, cuando los Ansón y Cebrián nos decían que luchaba contra ETA -jamás detuvo a nadie relacionado con la banda terrorista), no quiere decir que ahora las policías autónomas colaboren con las fuerzas policiales dirigidas desde Madrid, todo lo contrario. Como el español medio acepta cualquier cosa, incluso que el actual gobierno se mantenga en el poder gracias a los votos de los separatistas, pues tampoco en el CNI quieren enfrentarse directamente con el Gobierno de Sánchez.
El País:
El informe que ha destapado el espionaje a los móviles de Sánchez y Robles ha sido elaborado por el Centro Criptológico Nacional (CCN) ―el organismo dependiente del CNI que garantiza la seguridad de las comunicaciones de los altos cargos― y de él se concluye que las intromisiones “son ajenas a los organismos estatales y no cuentan con autorización judicial”. “Por eso las calificamos de ilícitas y externas”, ha subrayado Bolaños. El ministro de Presidencia no ha concretado más sobre la autoría. Tampoco lo hace la Abogacía del Estado en la denuncia que ha presentado por la mañana en la Audiencia Nacional para que se investiguen los hechos.
En el caso del supuesto espionaje con Pegasus a los políticos catalanes, este se produjo en diversos momentos clave para el movimiento independentista, aunque solo uno, el que sufrió el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, fue durante el desafío secesionista que concluyó con la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017. El resto de los ataques se desató a lo largo de 2019 y 2020, cuando los líderes del procés ya habían sido neutralizados por la vía judicial y el desafío independentista había amainado.
Completo:
Sánchez y Robles fueron atacados con Pegasus en los meses de la crisis con jovenlandia y los indultos a los presos del ‘procés’
Las supuestas infecciones de los teléfonos del presidente y de la ministra de Defensa se produjeron en mayo y junio de 2021
Óscar López-Fonseca
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Madrid - 02 may 2022-13:20 UTC
Pedro Sánchez y la ministra Margarita Robles, en una imagen de mayo de 2018 en el Congreso de los Diputados.Pedro Sánchez y la ministra Margarita Robles, en una imagen de mayo de 2018 en el Congreso de los Diputados.JUAN CARLOS HIDALGO (AFP)
El escándalo del supuesto espionaje a políticos y dirigentes en España con el bichito Pegasus ha dado este lunes una vuelta de tuerca inesperada al anunciar el Gobierno que los teléfonos institucionales y encriptados de Pedro Sánchez y Margarita Robles también habían sido infectados por el programa de origen israelí con el que supuestamente se atacó los dispositivos de más de 60 independentistas catalanes. En su comparecencia ante los medios, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha detallado que el móvil del presidente del Gobierno registró dos “intrusiones”, en mayo y junio de 2021, mientras que el terminal de la ministra de Defensa sufrió “una intervención” en junio de ese mismo año. En esos meses el Gobierno se enfrentaba a dos momentos críticos de la legislatura: la crisis con jovenlandia por la inmi gración irregular y la concesión del indulto a presos del procés.
El 17 mayo de 2021, el primer mes en el que se tiene constancia de un supuesto ataque con Pegasus al teléfono de Sánchez, cerca de 8.000 pagapensiones ―muchos de ellos menores de edad― entraron de manera irregular en Ceuta ante la pasividad de la Gendarmería jovenlandés y desencadenaron una crisis migratoria y política inéditas con el país africano. Sánchez se vio entonces obligado a suspender su agenda internacional y desplazarse a la ciudad autónoma, donde se desplegaron varias unidades del Ejército de Tierra para ayudar en las labores de control a una Guardia Civil y una Policía Nacional desbordadas.
04:59
¿Cómo funciona Pegasus?
En aquel momento se vinculó la laxa actitud de las fuerzas de seguridad jovenlandés en la frontera con la decisión del Gobierno español de acoger al líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim Gali, de 72 años, aquejado de el bichito-19. La información sobre la llegada de Gali desde Argelia a España y su posterior ingreso en un hospital de Logroño con una identidad falsa fue filtrada desde Rabat, aunque nunca se supo cómo pudo obtener esa información. En aquel momento nadie mencionó el programa Pegasus, pero la organización no gubernamental Amnistía Internacional ya había acusado en junio de 2020 a jovenlandia de usarlo para espiar a Omar Radi, un periodista crítico con el régimen.
Meses después de conocerse la llegada de Gali a España y de la crisis migratoria, el consorcio de periodistas Forbidden Stories y Amnistía Internacional denunciaban que los servicios secretos marroquíes habían utilizado Pegasus para espiar, entre otros, el móvil del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Aquellas informaciones apuntaban a la existencia de cerca de 50.000 teléfonos potencialmente infectados por los servicios marroquíes de inteligencia mediante el programa de la empresa israelí. jovenlandia negó siempre haber contratado Pegasus.
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También en mayo de 2021, coincidiendo con la llegada de Pere Aragonès a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, el Gobierno puso en marcha el mecanismo para conceder los indultos a los nueve condenados por el procés que seguían en prisión, una decisión con un evidente coste político. En aquellos momentos, el Ejecutivo central buscaba la argumentación para adoptar la medida, que finalmente se hizo por razones de “utilidad pública”: es decir, que el indulto era positivo para el interés general porque podía ayudar a resolver el conflicto en Cataluña. La medida fue finalmente aprobada en la reunión el Consejo de Ministros del 22 de junio, mes en el que tanto el teléfono de Sánchez como el de Robles fueron infectados por Pegasus. Entonces, se situaba a la titular de Defensa como la integrante del Ejecutivo más alejada de esta decisión, aunque finalmente la apoyó.
El informe que ha destapado el espionaje a los móviles de Sánchez y Robles ha sido elaborado por el Centro Criptológico Nacional (CCN) ―el organismo dependiente del CNI que garantiza la seguridad de las comunicaciones de los altos cargos― y de él se concluye que las intromisiones “son ajenas a los organismos estatales y no cuentan con autorización judicial”. “Por eso las calificamos de ilícitas y externas”, ha subrayado Bolaños. El ministro de Presidencia no ha concretado más sobre la autoría. Tampoco lo hace la Abogacía del Estado en la denuncia que ha presentado por la mañana en la Audiencia Nacional para que se investiguen los hechos.
En el caso del supuesto espionaje con Pegasus a los políticos catalanes, este se produjo en diversos momentos clave para el movimiento independentista, aunque solo uno, el que sufrió el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, fue durante el desafío secesionista que concluyó con la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017. El resto de los ataques se desató a lo largo de 2019 y 2020, cuando los líderes del procés ya habían sido neutralizados por la vía judicial y el desafío independentista había amainado.
No obstante, algunas fechas de los intentos de intromisión son significativas. Así, el expresidente de la Generalitat Quim Torra sufrió ocho ataques, todos ellos entre abril y julio de 2020. En aquel momento aún estaba al frente del Govern, pero la Junta Electoral Central le había retirado unos meses antes su acta de diputado en el Parlament tras ser condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a un año y medio de inhabilitación por desobediencia por negarse a retirar del balcón del Palau de la Generalitat un cartel a favor de los políticos independentistas presos. En el momento de la supuesta intromisión, la oposición reclamaba por ello un adelanto electoral.
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Óscar López-Fonseca
Óscar López-Fonseca
Redactor especializado en temas del Ministerio del Interior y Tribunales. Llego a EL PAÍS en marzo de 2017 tras una trayectoria profesional de más de 30 años en Ya, OTR/Press, Época, El Confidencial, Público y Vozpópuli. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.
