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Heminensia Foril
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Tie guasa que la fiscalía corra tanto pa´unas cozas y tan poquito pa´otras.
El Gobierno se sacude la responsabilidad en el escándalo de Mercasevilla | Andalucía-Sevilla | elmundo.es
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, ha asegurado que la actitud del PP al plantear en el debate político nacional el caso de Mercasevilla y preguntar sobre la actuación del Gobierno central en él, responde a un "interés partidista" que pretendería contrarrestar los resultados que los 'populares' obtienen en Andalucía.
Durante la sesión de control al Gobierno, Salgado -que fue finalmente la encargada de contestar sobre el caso de supuesto cobro de comisiones ilegales en lugar de, como estaba previsto, Manuel Chaves- ha acusado a los 'populares' de usar "permanentemente" el Congreso de los Diputados para plantear cuestiones que atañen a la Junta de Andalucía y no al Gobierno central.
"Intentan trasladar a la cámara el debate de asuntos que no sólo no son competencia de ésta sino que, además, son temas que sólo les interesan a ustedes", mantuvo la vicepresidenta económica para quien el PP estaría "intentando conseguir aquí lo que no consiguen en Andalucía ni en el Parlamento Andaluz y, por supuesto, en las urnas".
Salgado ha mantenido que el Gobierno central no tiene competencias en la gestión interna de Mercasevilla al tener Mercasa -empresa nacional dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino- únicamente el 48 por ciento de las acciones y al ser el Ayuntamiento de la capital hispalense el accionista mayoritario de la empresa de abastos.
No obstante, la responsable de Economía mantuvo que Mercasa coopera "de forma activa y tras*parente" con la administración de justicia para esclarecer los hechos sobre el presunto cobro de comisiones ilegales destapados en el caso.
Al respecto, ha reiterado que fue la Junta de Andalucía la que puso en conocimiento de la Fiscalía los mismos, tras tener conocimiento de las grabaciones que recogen cómo dos directivos de Mercasevilla pidieron a los empresarios del grupo hostelero La Raza una comisión a cambio de obtener una subvención para la creación de una escuela de hostelería.
Fue la Junta la que, "una vez conocidas determinadas circunstancias puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía", ha aseverado Salgado, que ha incidido en que las actuaciones judiciales derivan de las investigaciones de la Fiscalía y de la Policía judicial.
El PP y la 'doble vara'
Por su parte, el diputado del PP Ricardo Tarno, ha lamentado que la Junta únicamente hubiera comunicado a la Fiscalía los hechos que conocía y que ni esta Administración, ni el Ayuntamiento de Sevilla ni el Gobierno central hubieran acudido a los juzgados a presentar una denuncia. Asimismo, se preguntó por qué la Abogacía del Estado no se personó en el caso como acusación particular.
En este sentido, el diputado ha mantenido que los ciudadanos tienen "la sensación" de que el Gobierno y el PSOE "usan las instituciones y la Abogacía del Estado dependiendo del tonalidad del carné del imputado". "Si el carné es del PSOE no hacen nada", les reprochó.
Después de escuchar la intervención de la vicepresidenta tercera, Tarno aseguró que "es evidente que no han hecho nada a pesar de que están muy acostumbrados a intervenir en procedimientos judiciales".
"Desde Costa Rica, hace un mes, bien que intervino en un proceso judicial la vicepresidenta", añadió en alusión al anuncio que María Teresa Fernández de la Vega hizo el mes pasado, durante un viaje oficial a ese país, de que la Fiscalía General del Estado recurriría la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de sobreseer la causa contra el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y el resto de aforados valencianos implicados en el caso Gürtel.
El 'caso Mercasevilla' también ha salidio a relucir durante otro momento de la sesión de control al Gobierno, cuando la portavoz del PP en la Cámara baja, Soraya Sáenz de Santamaría, acusó al Gobierno de no creer en la separación de poderes y de emplear las instituciones con intereses partidistas.
En este sentido, Sáenz de Santamaría ha culpado al Ejecutivo de "poner todas las instituciones del Estado al servicio del PSOE, ya sea para atacar al PP o para tapar sus vergüenzas, como Mercasevilla o Estepona".
El Gobierno se sacude la responsabilidad en el escándalo de Mercasevilla | Andalucía-Sevilla | elmundo.es
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, ha asegurado que la actitud del PP al plantear en el debate político nacional el caso de Mercasevilla y preguntar sobre la actuación del Gobierno central en él, responde a un "interés partidista" que pretendería contrarrestar los resultados que los 'populares' obtienen en Andalucía.
Durante la sesión de control al Gobierno, Salgado -que fue finalmente la encargada de contestar sobre el caso de supuesto cobro de comisiones ilegales en lugar de, como estaba previsto, Manuel Chaves- ha acusado a los 'populares' de usar "permanentemente" el Congreso de los Diputados para plantear cuestiones que atañen a la Junta de Andalucía y no al Gobierno central.
"Intentan trasladar a la cámara el debate de asuntos que no sólo no son competencia de ésta sino que, además, son temas que sólo les interesan a ustedes", mantuvo la vicepresidenta económica para quien el PP estaría "intentando conseguir aquí lo que no consiguen en Andalucía ni en el Parlamento Andaluz y, por supuesto, en las urnas".
Salgado ha mantenido que el Gobierno central no tiene competencias en la gestión interna de Mercasevilla al tener Mercasa -empresa nacional dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino- únicamente el 48 por ciento de las acciones y al ser el Ayuntamiento de la capital hispalense el accionista mayoritario de la empresa de abastos.
No obstante, la responsable de Economía mantuvo que Mercasa coopera "de forma activa y tras*parente" con la administración de justicia para esclarecer los hechos sobre el presunto cobro de comisiones ilegales destapados en el caso.
Al respecto, ha reiterado que fue la Junta de Andalucía la que puso en conocimiento de la Fiscalía los mismos, tras tener conocimiento de las grabaciones que recogen cómo dos directivos de Mercasevilla pidieron a los empresarios del grupo hostelero La Raza una comisión a cambio de obtener una subvención para la creación de una escuela de hostelería.
Fue la Junta la que, "una vez conocidas determinadas circunstancias puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía", ha aseverado Salgado, que ha incidido en que las actuaciones judiciales derivan de las investigaciones de la Fiscalía y de la Policía judicial.
El PP y la 'doble vara'
Por su parte, el diputado del PP Ricardo Tarno, ha lamentado que la Junta únicamente hubiera comunicado a la Fiscalía los hechos que conocía y que ni esta Administración, ni el Ayuntamiento de Sevilla ni el Gobierno central hubieran acudido a los juzgados a presentar una denuncia. Asimismo, se preguntó por qué la Abogacía del Estado no se personó en el caso como acusación particular.
En este sentido, el diputado ha mantenido que los ciudadanos tienen "la sensación" de que el Gobierno y el PSOE "usan las instituciones y la Abogacía del Estado dependiendo del tonalidad del carné del imputado". "Si el carné es del PSOE no hacen nada", les reprochó.
Después de escuchar la intervención de la vicepresidenta tercera, Tarno aseguró que "es evidente que no han hecho nada a pesar de que están muy acostumbrados a intervenir en procedimientos judiciales".
"Desde Costa Rica, hace un mes, bien que intervino en un proceso judicial la vicepresidenta", añadió en alusión al anuncio que María Teresa Fernández de la Vega hizo el mes pasado, durante un viaje oficial a ese país, de que la Fiscalía General del Estado recurriría la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de sobreseer la causa contra el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y el resto de aforados valencianos implicados en el caso Gürtel.
El 'caso Mercasevilla' también ha salidio a relucir durante otro momento de la sesión de control al Gobierno, cuando la portavoz del PP en la Cámara baja, Soraya Sáenz de Santamaría, acusó al Gobierno de no creer en la separación de poderes y de emplear las instituciones con intereses partidistas.
En este sentido, Sáenz de Santamaría ha culpado al Ejecutivo de "poner todas las instituciones del Estado al servicio del PSOE, ya sea para atacar al PP o para tapar sus vergüenzas, como Mercasevilla o Estepona".