ElBillet
Madmaxista
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País Vasco, los seres luz. Las AAPP vascas trabajando para el PNV y sus funcionarios perritos falderos.
El diputado de Podemos Roberto Uriarte ha reclamado a la ministra de Hacienda María Jesús Montero que aclare el criterio que utilizará la Junta Consultiva de Contratación Pública con las 22 consultoras sancionadas por amañar adjudicaciones públicas, la mayoría con instituciones del País Vasco. Uriarte, muy crítico con el "volumen brutal" de contratos a consultoras por las administraciones vascas, reclama que el ministerio de Montero "debe decidir a la mayor brevedad sobre el alcance y duración de la prohibición de contratar" con la que fueron sancionadas consultoras como Deloitte, PWC, KPGM o las vascas Idom, 97 S&F o BMASI, entre otras.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) resolvió el 11 de mayo que 22 consultoras habían conformado dos cárteles con los que se habían repartido informes para organismos públicos desde 2008 a 2018. Las consultoras de la denominada 'Red Norte' se concentraban en el País Vasco y, más concretamente, en Bizkaia y utilizaban información privilegiada obtenida por empresarios cercanos al PNV como Leandro Ardanza (97 S&F) y Sabin Azua ( BMASI) que junto a Ana Andueza (Deloitte) acordaban presentar 'propuestas de cobertura' en procesos de contratación pública restringidos y sin publicidad. El órgano de control de la Competencia también actuó contra 7 consultoras de la "Red Nacional", entre las que se incluía a la vizcaína 97 S&F.
La trama con Ardanza, Azua y Andueza también benefició, según la resolución de la CNMC, a otras consultoras radicadas en Euskadi como Idom, KPMG y Prices Waterhouse Coopers (PWC), la consultora que en 2018 fichó a Asier Atutxa y en 2019 le nombró su máximo responsable en Euskadi. PWC, como subraya Roberto Uriarte en sus iniciativas parlamentarias, fue la empresa a la que el Gobierno de Urkullu encargó en agosto de 2019 el primer informe sobre los proyectos estratégicos vascos que aspiran a las ayudas a la reactivación de la Unión Europea y que posteriormente se englobaron en el denominado Next Euskadi.
La CNMC sancionó a 12 de las consultoras vascas y a sus máximos directivos en una resolución plagada de jugosos correos electrónicos en los que se constata que Ardanza y Azua contaban con un información confidencial de las administraciones contratantes, especialmente de la Diputación de Bizkaia y empresas públicas dependientes y del Gobierno vasco. El órgano de control de la Competencia cerró una investigación iniciada por la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) aunque la actual presidenta Alba Urrusola -nombrada por el consejero nacionalista Pedro Azpiazu- descartó en una comparecencia parlamentaria realizar investigaciones similares aduciendo que carece del personal necesario para llevarlas a cabo.
Además de una sanción global de 6,3 millones de euros, la CNMC incluyó la "prohibición de contratar" al aplicar el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público. "Se ha constatado en esta resolución que la duración de la conducta ilícita se ha extendido más allá del 22 de octubre de 2015, por lo que corresponde la aplicación de la misma sin perjuicio de la diferente participación de cada una de las empresas en dicha infracción", incluye la resolución de la CNMC que no fija "ni el alcance ni la duración" de esta parte de la sanción sino que remitió la resolución a la Junta de Contratación Pública del Estado, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda.
Cuatro meses más tarde, las consultoras sancionadas siguen contratando con las administraciones vascas sin que ni el Ministerio de Hacienda ni la Junta de Contratación aclaren el "alcance y la duración" de la sanción impuesta. Uriarte requirió a la ministra Montero a través de una batería de preguntas el pasado 8 de junio que aclarara qué estaba pasando y la ministra de Hacienda argumentó que la Junta no había determinado la sanción ya que las consultoras tenían la posibilidad de impugnar la resolución de la CNMC ante la Audiencia Nacional. Según este criterio, el recurso de las consultoras en lo contencioso-administrativo les garantizará seguir contratando con las administraciones cuando más demanda existe de sus servicios para la tramitación de los informes que requieren las ayudas europeas.
Además, las administraciones vascas encargan todo tipo de informes estratégicos y técnicos a las consultoras afines. "Las instituciones debieran tener la capacidad de tomar decisiones propias, con los funcionarios y asesores, sin recurrir sistemáticamente a consultoras", denuncia Uriarte que, frente al argumento inicial de la ministra Montero, ha aportado en sus iniciativas documentación elaborada por la Abogacía del Estado en casos precedentes. Según la Abogacía del Estado, la Junta de Contratación debe determinar la prohibición de contratar aplicada a cada infractor sin esperar a la resolución de los recursos que se interpongan en la vía judicial. "Creemos que es más razonable el criterio de la Abogacía del Estado porque incluso para actuar contra una prohibición de contratar es necesario saber el alcance de la sanción", sostiene Uriarte.
El diputado de Podemos Roberto Uriarte ha reclamado a la ministra de Hacienda María Jesús Montero que aclare el criterio que utilizará la Junta Consultiva de Contratación Pública con las 22 consultoras sancionadas por amañar adjudicaciones públicas, la mayoría con instituciones del País Vasco. Uriarte, muy crítico con el "volumen brutal" de contratos a consultoras por las administraciones vascas, reclama que el ministerio de Montero "debe decidir a la mayor brevedad sobre el alcance y duración de la prohibición de contratar" con la que fueron sancionadas consultoras como Deloitte, PWC, KPGM o las vascas Idom, 97 S&F o BMASI, entre otras.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) resolvió el 11 de mayo que 22 consultoras habían conformado dos cárteles con los que se habían repartido informes para organismos públicos desde 2008 a 2018. Las consultoras de la denominada 'Red Norte' se concentraban en el País Vasco y, más concretamente, en Bizkaia y utilizaban información privilegiada obtenida por empresarios cercanos al PNV como Leandro Ardanza (97 S&F) y Sabin Azua ( BMASI) que junto a Ana Andueza (Deloitte) acordaban presentar 'propuestas de cobertura' en procesos de contratación pública restringidos y sin publicidad. El órgano de control de la Competencia también actuó contra 7 consultoras de la "Red Nacional", entre las que se incluía a la vizcaína 97 S&F.
La trama con Ardanza, Azua y Andueza también benefició, según la resolución de la CNMC, a otras consultoras radicadas en Euskadi como Idom, KPMG y Prices Waterhouse Coopers (PWC), la consultora que en 2018 fichó a Asier Atutxa y en 2019 le nombró su máximo responsable en Euskadi. PWC, como subraya Roberto Uriarte en sus iniciativas parlamentarias, fue la empresa a la que el Gobierno de Urkullu encargó en agosto de 2019 el primer informe sobre los proyectos estratégicos vascos que aspiran a las ayudas a la reactivación de la Unión Europea y que posteriormente se englobaron en el denominado Next Euskadi.
La CNMC sancionó a 12 de las consultoras vascas y a sus máximos directivos en una resolución plagada de jugosos correos electrónicos en los que se constata que Ardanza y Azua contaban con un información confidencial de las administraciones contratantes, especialmente de la Diputación de Bizkaia y empresas públicas dependientes y del Gobierno vasco. El órgano de control de la Competencia cerró una investigación iniciada por la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) aunque la actual presidenta Alba Urrusola -nombrada por el consejero nacionalista Pedro Azpiazu- descartó en una comparecencia parlamentaria realizar investigaciones similares aduciendo que carece del personal necesario para llevarlas a cabo.
Además de una sanción global de 6,3 millones de euros, la CNMC incluyó la "prohibición de contratar" al aplicar el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público. "Se ha constatado en esta resolución que la duración de la conducta ilícita se ha extendido más allá del 22 de octubre de 2015, por lo que corresponde la aplicación de la misma sin perjuicio de la diferente participación de cada una de las empresas en dicha infracción", incluye la resolución de la CNMC que no fija "ni el alcance ni la duración" de esta parte de la sanción sino que remitió la resolución a la Junta de Contratación Pública del Estado, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda.
Cuatro meses más tarde, las consultoras sancionadas siguen contratando con las administraciones vascas sin que ni el Ministerio de Hacienda ni la Junta de Contratación aclaren el "alcance y la duración" de la sanción impuesta. Uriarte requirió a la ministra Montero a través de una batería de preguntas el pasado 8 de junio que aclarara qué estaba pasando y la ministra de Hacienda argumentó que la Junta no había determinado la sanción ya que las consultoras tenían la posibilidad de impugnar la resolución de la CNMC ante la Audiencia Nacional. Según este criterio, el recurso de las consultoras en lo contencioso-administrativo les garantizará seguir contratando con las administraciones cuando más demanda existe de sus servicios para la tramitación de los informes que requieren las ayudas europeas.
Además, las administraciones vascas encargan todo tipo de informes estratégicos y técnicos a las consultoras afines. "Las instituciones debieran tener la capacidad de tomar decisiones propias, con los funcionarios y asesores, sin recurrir sistemáticamente a consultoras", denuncia Uriarte que, frente al argumento inicial de la ministra Montero, ha aportado en sus iniciativas documentación elaborada por la Abogacía del Estado en casos precedentes. Según la Abogacía del Estado, la Junta de Contratación debe determinar la prohibición de contratar aplicada a cada infractor sin esperar a la resolución de los recursos que se interpongan en la vía judicial. "Creemos que es más razonable el criterio de la Abogacía del Estado porque incluso para actuar contra una prohibición de contratar es necesario saber el alcance de la sanción", sostiene Uriarte.
