el hombre que era Jueves
Madmaxista
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En un momento en el que el desprestigio de la política es lugar común quiero centrar esta conferencia en la relación inseparable entre política y democracia. No lo hago únicamente porque sería lo lógico en el discurso de un político en activo, sino porque estoy convencida de que sólo si nos enfrentamos a los problemas e imperfecciones del sistema democrático –o sea, si nos enfrentamos a la crisis política–será posible afrontar con éxito la crisis económica y social que sufre España.
Antes de abordar propuestas concretas quiero reflexionar con ustedes sobre la falta de liderazgo de los políticos y sobre la desafección de la ciudadanía hacia el sistema de partidos políticos y hacia sus miembros. Mi espíritu positivo me ha llevado a no dar nunca una batalla por perdida, a pesar de haber hecho política durante la mayor parte de mi vida en una parte de España en la que muchos ciudadanos aún no han tenido la oportunidad de disfrutar de los derechos fundamentales que nos reconoce la Constitución. Quizá precisamente por ello sigo haciendo y reivindicando la política, porque la vida me ha demostrado que sólo desde la política se pueden cambiar aquellas cosas del mundo que se manifiestan radicalmente dañinas para el desarrollo y la dignidad de los seres humanos.
Hablé por primera vez en este Foro hace ya más de cuatro años, cuando un grupo de ciudadanos fundamos UPyD para responder con la acción política al creciente cabreo y/o resignación que se extendía en la sociedad española. Les expliqué que habíamos decidido trabajar desde las instituciones para provocar los cambios necesarios para que los destinatarios de nuestro trabajo, los ciudadanos, perciban nuestras decisiones como positivas en vez de sentir la necesidad de esquivarlas o padecerlas. O sea, que queríamos demostrar que se puede hacer otra política y que se puede hacer política de otra manera.
Algunas de las cosas que planteé en aquella conferencia sonaban entonces a ingenuas o revolucionarias: que era preciso que revisar el modelo territorial del Estado para que éste vuelva a ser viable y sostenible; que el Gobierno central debía recuperar competencias imprescindibles para garantizar la igualdad y la cohesión, tales como la Educación y la Sanidad; que era urgente despolitizar la Justicia para garantizar la separación de poderes; que es imprescindible reformar la ley electoral si queremos regenerar la democracia y que los ciudadanos recuperen el poder sobre los políticos y las instituciones democráticas…
Percibí miradas de simpatía; tanta como conmiseración. Casi podía oírles los pensamientos: “Pobres…, está bien eso que dicen…pero es imposible”. Hoy, cosas de la vida, todas esas propuestas –junto a otras que hemos venido haciendo desde la tribuna del Congreso de los Diputados a los largo de estos cuatro años— se han incorporado al debate público y forman parte del repertorio de promesas de los dos partidos viejos que optan a la alternancia en el Gobierno de España.
Cierto es que hay aún mucha gente que piensa que nuestras propuestas son imposibles de llevar a cabo, aunque las considere oportunas y necesarias. Tal resignación a aceptar el presente sin hacer nada por cambiarlo sólo se explica por la inmadurez democrática de nuestra sociedad. Sabido es que los seres humanos no podemos cambiar las leyes de la naturaleza, pero si las normas legales con las que organizamos nuestras instituciones y regulamos nuestro sistema de convivencia. Viene a cuento la sentencia el escritor polaco de ascendencia judía Stanislaw J. Lec: “De qué estamos hechos depende de la genética; en que nos convertiremos, de la política”.
Pues eso, hagamos política para hacer posible lo que consideremos necesario. Acomodarse o actuar son opciones políticas. La primera sería una opción conservadora, sin darle al término ninguna acepción ideológica. Elegir la segunda opción significa, -sin exagerar nuestra capacidad para tras*formar radicalmente lo ya establecido- que no aceptamos como inevitables las desigualdades e injusticias sociales de nuestro mundo como si de un fenómeno de la naturaleza se tratara. Significa que confiamos en que hacer política puede contribuir a disminuir la importancia que tiene en nuestras vidas y en nuestro desarrollo personal aquello que viene predeterminado por la genética, la tradición, la raza, el sesso o el entorno social.
A medida que el mundo se ha hecho más complejo, resulta más evidente la necesidad de la política; a mayor globalización, a mayor mundialización de las decisiones, más necesario resulta fortalecer los instrumentos democráticos que nos permitan defender los derechos individuales y los intereses colectivos. ¿No es de eso de lo que hablamos cuando reclamamos una Europa más fuerte, con instituciones económicas comunes, con fiscalidad común, con Tesoro común, como elemento imprescindible para actuar frente a eso que se ha dado en llamar “los mercados”?
Claro que no es posible reivindicar la POLITICA con mayúsculas sin actuar sobre las causas que han provocado el desapego y la lejanía de los ciudadanos. Por eso- y para eso- proponemos la reforma urgente de la Ley Electoral, introduciendo mecanismos que refuercen el papel de los ciudadanos, tales como las listas desbloqueadas, un sistema proporcional más justo, la elección directa de los cargos unipersonales, -comenzando por los alcaldes- o la limitación de mandatos. Porque eso es lo que significa regenerar la democracia: devolver a los ciudadanos instrumentos de control sobre ella.
Los representantes de los ciudadanos, organizados en las Cámaras Legislativas, son quienes hacen las leyes que regulan y hacen efectivos los derechos que la Constitución proclama. Todos los españoles tenemos derecho a acceder en condiciones de igualdad a una educación y a unos servicios sanitarios de calidad. Pero diecisiete sistemas educativos y otros tantos sistemas sanitarios han hecho inviable el cumplimiento de esos principios. Por eso proponemos que la Educación y la Sanidad sean competencia del Estado, para que quien proclame el derecho tiene que tener los instrumentos para que este sea efectivo.
Cuando se elaboró la Constitución Española lo importante para el legislador de entonces fue definir y consensuar un modelo de descentralización política en el que se sintieran cómodas las diferentes opciones ideológicas y que diera satisfacción a las pulsiones nacionalistas democráticas. Yo creo que se hizo lo que entonces se podía hacer; pero qué duda cabe que dejar abierto e indefinido el modelo territorial y los techos competenciales de las distintas instituciones ha provocado unas tensiones y unas disfuncionalidades que han concluido en un modelo de país inviable en los político e insostenible en lo económico.
Cierto es que mientras funcionó el pacto de Estado entre PP y PSOE los daños colaterales (derivados de un bipartidismo imperfecto en el que lo partidos nacionalistas eran la pieza clave para conformar mayorías) fueron más soportables. Pero el camino hacia la deconstrucción del estado estaba latente en cada una de las decisiones que se tomaban para dar satisfacción primero a los partidos nacionalistas y después a las baronías territoriales de ambas formaciones políticas. Se impuso en España la idea de que cuanto más autonomía política para las regiones mejor para los ciudadanos; y así, repitiendo el mantra, fuimos derivando hacia la situación actual en la que las duplicidades y despilfarros del conjunto de las instituciones resulta a todas luces insostenible. Sólo cuando la crisis económica nos ha golpeado con dureza hemos aceptado la necesidad de revisar el modelo territorial de España a la luz de las consecuencias que ha tenido una descentralización desordenada y alocada que ha provocado la ruptura de la cohesión y que trae como consecuencia una creciente desigualdad entre españoles.
Hoy sabemos que si las diecisiete CCAA gestionaran sus competencias con los criterios de las tres más eficaces y más eficientes nos ahorraríamos veintiséis mil millones de euros al año; que si fusionáramos ayuntamientos y suprimiéramos las Diputaciones nos ahorraríamos otros catorce mil millones anuales. Conseguiríamos muchos miles de millones más suprimiendo sociedades públicas y fundaciones innecesarios que consumen recursos públicos sin producir servicios. Facilitaríamos el trabajo de los emprendedores derogando miles de normas locales y autonómicas que obstaculizan la iniciativa económica, segmentan el mercado e impiden la libertad de circulación de empresas y profesionales. Si hiciéramos todas esas cosas – que no requieren modificación de la Constitución, sino valentía política y sentido común– sería posible mantener servicios básicos sin recortes a la calidad y a la universalización y podríamos dedicar el ahorro público a invertir en la economía productiva.
Pero desde UPyD pensamos que una vez abordado lo inmediato, lo que les acabo de describir, hay que pasar a lo urgente: revisar la distribución competencial. Nuestra propuesta es un modelo de descentralización política que podríamos llamar de federalismo cooperativo, en el que el Estado recupere competencias básicas como la Educación, la Sanidad, el Medio Ambiente, los recursos naturales y las infraestructuras. No podemos permitirnos trocear los parques nacionales y áreas protegidas en minifundios autonómicos, ni permitir la apropiación local de ríos o costas para dedicarlos a usos no sostenibles o forrarlas de hormigón. El egoísmo localista, y la falta de una estrategia sostenible, han llenado el país de aeropuertos sin aviones y otros derroches similares.
Debemos abordar la reforma de la Constitución desde nuestra autonomía política, sin esperar a que nos den instrucciones que obedezcan a las pulsiones interiores de nuestros socios europeos. Tras más de treinta años de democracia ha llegado la hora de fijar los techos competenciales de cada institución y cerrar el mapa político, que sólo se podría volver a abrir con una nueva reforma constitucional. Hemos de revisar algunos de los artículos que tuvieron sentido para constitucionalizar al nacionalismo, pero que han producido ruptura en la cohesión y son incompatibles con una economía globalizada. Me refiero al Concierto Vasco y a la Concertación Navarra. No cabe seguir manteniendo la ficción de que hay Territorios con derechos históricos que merecen mayor reconocimiento que los derechos de los ciudadanos. El modelo vasco y navarro no es extendible al conjunto de España; pues digamos de una vez que lo que no pueden disfrutar todos no es un derecho sino un privilegio y pongámosle fin. Además de que produce un efecto contagio –vean las reivindicaciones del nacionalismo catalán y los cantos de sirena que le están brindando no sólo el PSOE sino también el PP—, es una irresponsabilidad y una contradicción parcelar la fiscalidad en España mientras se apela a una fiscalidad común en Europa. Dotemos de estabilidad al sistema alejándolo de la tentación del pacto/pago permanente a cambio de unos pocos votos. Reformemos la Carta Magna con el máximo consenso, con luz y taquígrafos, y no por la puerta de atrás como se ha venido haciendo en los últimos años.
Otra asignatura pendiente de nuestra democracia es la reforma de la Justicia. Son los jueces y no los partidos políticos los que deben elegir libre y democráticamente a sus representantes en sus órganos de gobierno. Por eso proponemos la reforma de la Ley que regula la composición y procedimiento de elección del Consejo General del Poder Judicial; la reforma de la Constitución para que el sistema de elección del Fiscal General del Estado garantice su independencia del poder ejecutivo y la reforma del sistema de elección del Tribunal Constitucional para evitar que los magistrados que lo componen sean designados por los partidos políticos.
Si no hay justicia independiente, no hay democracia. No es posible combatir la corrupción política mientras sean los políticos quienes controlen el poder de los tribunales que les tienen que juzgar. Precisamente en relación con la prevención y la persecución de la corrupción política planteamos la necesidad de reformar algunos aspectos del Código Penal y de la Ley Electoral para evitar que los partidos políticos puedan llevar imputados en las listas electorales, para que los jueces de instrucción puedan inhabilitar cautelarmente a autoridades y cargos públicos presuntos autores de graves delitos de corrupción cuando se decrete prisión provisional y para que a los directivos de empresas públicas les sea aplicable el nuevo delito de corrupción privada, ya que al no ser funcionarios no les es de aplicación el de cohecho y resultan impunes.
Venimos diciendo desde siempre que no es posible enfrentarse a la crisis económica y social, de empleo, sin afrontar la crisis política; pero lo es mucho menos si las medidas de política económica o laboral son tan erróneas como las que se han venido tomando. Frente a cada una de ellas –desde la reforma del sistema financiero hasta la reforma laboral—hemos venido planteando propuestas alternativas. Dijimos hace más de tres años que había que despolitizar los Consejos de Administración de las Cajas de Ahorro como paso previo a otorgarles un solo euro del erario público; cuando en diciembre de 2009 lo sometimos a votación en el Congreso de los Diputados cosechamos un sonoro éxito: un voto. Hoy que todo el mundo (hasta Durao Barroso) se escandaliza por el agujero de nuestras Cajas de Ahorro –tratando de que nos olvidemos que a esos gestores los nombraron los partidos políticos que siguen manejando el cotarro—cabe recordar que si nos hubieran hecho caso entonces no hubiéramos llegado a esta situación; ya nos han costado más de 30.000 millones de euros y aún no sabemos del todo la cuantía del agujero. ¿Cuantos aeropuertos sin aviones, cuantos trenes sin viajeros, cuantas “inversiones” urbanísticas de los amigos de los dos partidos viejos tendremos que seguir pagando sin que estos asuman su responsabilidad?
Cuando se aprobó la reforma laboral advertimos que era un modelo fracasado y, por tanto, condenado al fracaso. Varias contrarreformas después –la última de ellas el decreto de cierre del Parlamento en el que se encadenaban por tiempo indefinido los contratos temporales, en una apuesta por la precarización del empleo digna del neoconservadurismo más atroz y más absurdo e impulsada por el gobierno “mas justo” de la historia de España a decir de sus dirigentes—propusimos nuestro modelo alternativo que hemos incorporado al Programa Electoral: contrato indefinido único con indemnización creciente en función de la antigüedad y mantenimiento de los contratos temporales para tareas temporales y contratos de formación que tengan una duración determinada. La mayor vinculación entre empresario y trabajador, una mayor inversión en formación de los propios trabajadores –lo que redundaría en la incorporación de valor añadido a las empresas– y la reducción de la siniestrabilidad son algunas de las consecuencias automáticas en los países o sectores productivos en los que funciona este modelo.
Hemos de actuar sobre el origen de la crisis de la deuda y la pérdida de confianza en nuestro país. El gasto desbocado de las Comunidades Autónomas (55% del gasto público) es el talón de Aquiles de las finanzas públicas. Urge limitar por ley el techo de endeudamiento de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, del mismo modo en que la Unión Europea limita el de todos sus Estados miembros. La credibilidad y solvencia de España en los mercados internacionales exige cuentas públicas tras*parentes y rigor en la política fiscal, acabando con años de despilfarro, ingeniería contable e inversiones insostenibles. Y que nadie se equivoque: no es eso lo que hemos hecho con la reciente reforma del artículo 135 de la Constitución. Ahí nos hemos limitado a decir que ya haremos una Ley Orgánica que entrará en vigor de aquí al 2020; lo que hay que hacer es utilizar los instrumentos constitucionales que ya tenemos (150.3 y 155.1, sin ánimo de ser exhaustiva) tal y como determinó una última sentencia del TC en julio de este mismo año.
Hay otras muchas propuestas en nuestro Programa Electoral, más de ciento cuarenta, que inciden sobre los objetivos expuestos. Desde la necesidad de regular la tras*parencia en las administraciones públicas para que el acceso a la información pública sea un derecho efectivo; revisar el modelo de financiación de partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales o establecer la incompatibilidad de remuneraciones de los cargos públicos y la supresión de cualquier tipo de privilegio. Tampoco olvidamos que el desarrollo de la España del Siglo XXI, la garantía de un modelo social más justo, sólo tiene cabida en el seno de una Europa con mayor capacidad política y más unida. Esta última crisis ha demostrado que los Estados nacionales son demasiados pequeños e ineficaces para defenderse de una crisis global; y que el euro no basta porque las instituciones europeas son demasiado lentas, rígidas y dependientes de los gobiernos y de sus egoísmos nacionalistas. Necesitamos instituciones verdaderamente europeas, como un verdadero gobierno económico con un Tesoro y una fiscalidad europea común. Y que ese gobierno sea supervisado por un Parlamento con poder legislativo y de control, elegido por la ciudadanía europea, rotos los corsés de los estados y de los partidos nacionales. Seguramente esta apelación suena hoy a utópica; pero o lo hacemos superando el nacionalismo de los estados o nos hundimos.
Comencé esta conferencia hablando de la necesidad de la política y de su vínculo inseparable con la democracia. Y he terminado planteándoles algunas de las reformas que consideramos imprescindibles y urgentes para regenerar la democracia y enfrentarnos a la suma de crisis que sufre nuestro país: crisis política, crisis económica, crisis social, crisis de valores. “Es la política, estúpidos”, sería el grito que hoy habríamos de lanzar quienes no nos resignamos a que las cosas ocurran sin intervenir sobre ellas y procurar cambiarlas. ¡Haz política!, me gustaría decirles a aquellos que renuncian a utilizar su libre albedrío para elegir que triunfen las ideas en las que creen. ¡Haz política!, quiero decirles a quienes creen que la democracia es sólo votar, a quienes renuncian a ser ciudadanos y se conforman con ser votantes, a quienes se sienten “condenados” a votar a quien ya les ha defraudado. ¡Haz política!, quiero decirles a aquellos que creen que todo cambio es imposible. ¡Haz política!, porque si los ciudadanos se desentienden de la política llegan a las instituciones políticos que se desentienden de los ciudadanos; y eso es muy malo para la democracia.
Acabo; pero no sin decirles que estoy optimista. Creo que está llegando un cambio de ciclo, un cambio de sistema, que es imparable; y que debemos estar preparados para ello. Creo que hay tanta gente harta de estar harta que, a pesar de la Ley electoral y del férreo control de los representantes del stablishment, se va a producir una reacción estimulante y sorprendente. El testimonialismo, la indignación, el cabreo… están bien, pero no es suficiente. Me suele gustar recordar unas palabras de Ramón Rubial:“La única revolución que es útil en democracia es aquella que se puede escribir en el Boletín Oficial del Estado.” Claro que, para escribir en el BOE, hay que tener la fuerza suficiente en el Congreso de los Diputados. Y para ello necesitamos la complicidad y el voto de los ciudadanos.
Finalizo con una cita de Fernando Savater del libro El valor de elegir. “Si hoy debiéramos condensar en una sola palabra el proyecto político más digno de ser atendido, yo elegiría ésta: ciudadanía. O sea, la forma de integración social participativa basada en compartir los mismos derechos y no en pertenecer a determinados grupos vinculados por lazos de sangre, de tradición cultural, de estatus económico o de jerarquía hereditaria. Si algo debe ser globalizado, es precisamente el reconocimiento efectivo de lo humano por lo humano. Elegir la política es el paso personal que cada cual puede dar, desde su aparente pequeñez que no renuncia a buscar compañeros y cómplices, para obtener lo mejor de lo posible frente a las fatalidades supuestamente irremediables”.
Muchas gracias por su amable atención.
Madrid, 25 de octubre de 2011.
Conferencia Nueva Economía Fórum: Política y Democracia | Rosa Díez
Antes de abordar propuestas concretas quiero reflexionar con ustedes sobre la falta de liderazgo de los políticos y sobre la desafección de la ciudadanía hacia el sistema de partidos políticos y hacia sus miembros. Mi espíritu positivo me ha llevado a no dar nunca una batalla por perdida, a pesar de haber hecho política durante la mayor parte de mi vida en una parte de España en la que muchos ciudadanos aún no han tenido la oportunidad de disfrutar de los derechos fundamentales que nos reconoce la Constitución. Quizá precisamente por ello sigo haciendo y reivindicando la política, porque la vida me ha demostrado que sólo desde la política se pueden cambiar aquellas cosas del mundo que se manifiestan radicalmente dañinas para el desarrollo y la dignidad de los seres humanos.
Hablé por primera vez en este Foro hace ya más de cuatro años, cuando un grupo de ciudadanos fundamos UPyD para responder con la acción política al creciente cabreo y/o resignación que se extendía en la sociedad española. Les expliqué que habíamos decidido trabajar desde las instituciones para provocar los cambios necesarios para que los destinatarios de nuestro trabajo, los ciudadanos, perciban nuestras decisiones como positivas en vez de sentir la necesidad de esquivarlas o padecerlas. O sea, que queríamos demostrar que se puede hacer otra política y que se puede hacer política de otra manera.
Algunas de las cosas que planteé en aquella conferencia sonaban entonces a ingenuas o revolucionarias: que era preciso que revisar el modelo territorial del Estado para que éste vuelva a ser viable y sostenible; que el Gobierno central debía recuperar competencias imprescindibles para garantizar la igualdad y la cohesión, tales como la Educación y la Sanidad; que era urgente despolitizar la Justicia para garantizar la separación de poderes; que es imprescindible reformar la ley electoral si queremos regenerar la democracia y que los ciudadanos recuperen el poder sobre los políticos y las instituciones democráticas…
Percibí miradas de simpatía; tanta como conmiseración. Casi podía oírles los pensamientos: “Pobres…, está bien eso que dicen…pero es imposible”. Hoy, cosas de la vida, todas esas propuestas –junto a otras que hemos venido haciendo desde la tribuna del Congreso de los Diputados a los largo de estos cuatro años— se han incorporado al debate público y forman parte del repertorio de promesas de los dos partidos viejos que optan a la alternancia en el Gobierno de España.
Cierto es que hay aún mucha gente que piensa que nuestras propuestas son imposibles de llevar a cabo, aunque las considere oportunas y necesarias. Tal resignación a aceptar el presente sin hacer nada por cambiarlo sólo se explica por la inmadurez democrática de nuestra sociedad. Sabido es que los seres humanos no podemos cambiar las leyes de la naturaleza, pero si las normas legales con las que organizamos nuestras instituciones y regulamos nuestro sistema de convivencia. Viene a cuento la sentencia el escritor polaco de ascendencia judía Stanislaw J. Lec: “De qué estamos hechos depende de la genética; en que nos convertiremos, de la política”.
Pues eso, hagamos política para hacer posible lo que consideremos necesario. Acomodarse o actuar son opciones políticas. La primera sería una opción conservadora, sin darle al término ninguna acepción ideológica. Elegir la segunda opción significa, -sin exagerar nuestra capacidad para tras*formar radicalmente lo ya establecido- que no aceptamos como inevitables las desigualdades e injusticias sociales de nuestro mundo como si de un fenómeno de la naturaleza se tratara. Significa que confiamos en que hacer política puede contribuir a disminuir la importancia que tiene en nuestras vidas y en nuestro desarrollo personal aquello que viene predeterminado por la genética, la tradición, la raza, el sesso o el entorno social.
A medida que el mundo se ha hecho más complejo, resulta más evidente la necesidad de la política; a mayor globalización, a mayor mundialización de las decisiones, más necesario resulta fortalecer los instrumentos democráticos que nos permitan defender los derechos individuales y los intereses colectivos. ¿No es de eso de lo que hablamos cuando reclamamos una Europa más fuerte, con instituciones económicas comunes, con fiscalidad común, con Tesoro común, como elemento imprescindible para actuar frente a eso que se ha dado en llamar “los mercados”?
Claro que no es posible reivindicar la POLITICA con mayúsculas sin actuar sobre las causas que han provocado el desapego y la lejanía de los ciudadanos. Por eso- y para eso- proponemos la reforma urgente de la Ley Electoral, introduciendo mecanismos que refuercen el papel de los ciudadanos, tales como las listas desbloqueadas, un sistema proporcional más justo, la elección directa de los cargos unipersonales, -comenzando por los alcaldes- o la limitación de mandatos. Porque eso es lo que significa regenerar la democracia: devolver a los ciudadanos instrumentos de control sobre ella.
Los representantes de los ciudadanos, organizados en las Cámaras Legislativas, son quienes hacen las leyes que regulan y hacen efectivos los derechos que la Constitución proclama. Todos los españoles tenemos derecho a acceder en condiciones de igualdad a una educación y a unos servicios sanitarios de calidad. Pero diecisiete sistemas educativos y otros tantos sistemas sanitarios han hecho inviable el cumplimiento de esos principios. Por eso proponemos que la Educación y la Sanidad sean competencia del Estado, para que quien proclame el derecho tiene que tener los instrumentos para que este sea efectivo.
Cuando se elaboró la Constitución Española lo importante para el legislador de entonces fue definir y consensuar un modelo de descentralización política en el que se sintieran cómodas las diferentes opciones ideológicas y que diera satisfacción a las pulsiones nacionalistas democráticas. Yo creo que se hizo lo que entonces se podía hacer; pero qué duda cabe que dejar abierto e indefinido el modelo territorial y los techos competenciales de las distintas instituciones ha provocado unas tensiones y unas disfuncionalidades que han concluido en un modelo de país inviable en los político e insostenible en lo económico.
Cierto es que mientras funcionó el pacto de Estado entre PP y PSOE los daños colaterales (derivados de un bipartidismo imperfecto en el que lo partidos nacionalistas eran la pieza clave para conformar mayorías) fueron más soportables. Pero el camino hacia la deconstrucción del estado estaba latente en cada una de las decisiones que se tomaban para dar satisfacción primero a los partidos nacionalistas y después a las baronías territoriales de ambas formaciones políticas. Se impuso en España la idea de que cuanto más autonomía política para las regiones mejor para los ciudadanos; y así, repitiendo el mantra, fuimos derivando hacia la situación actual en la que las duplicidades y despilfarros del conjunto de las instituciones resulta a todas luces insostenible. Sólo cuando la crisis económica nos ha golpeado con dureza hemos aceptado la necesidad de revisar el modelo territorial de España a la luz de las consecuencias que ha tenido una descentralización desordenada y alocada que ha provocado la ruptura de la cohesión y que trae como consecuencia una creciente desigualdad entre españoles.
Hoy sabemos que si las diecisiete CCAA gestionaran sus competencias con los criterios de las tres más eficaces y más eficientes nos ahorraríamos veintiséis mil millones de euros al año; que si fusionáramos ayuntamientos y suprimiéramos las Diputaciones nos ahorraríamos otros catorce mil millones anuales. Conseguiríamos muchos miles de millones más suprimiendo sociedades públicas y fundaciones innecesarios que consumen recursos públicos sin producir servicios. Facilitaríamos el trabajo de los emprendedores derogando miles de normas locales y autonómicas que obstaculizan la iniciativa económica, segmentan el mercado e impiden la libertad de circulación de empresas y profesionales. Si hiciéramos todas esas cosas – que no requieren modificación de la Constitución, sino valentía política y sentido común– sería posible mantener servicios básicos sin recortes a la calidad y a la universalización y podríamos dedicar el ahorro público a invertir en la economía productiva.
Pero desde UPyD pensamos que una vez abordado lo inmediato, lo que les acabo de describir, hay que pasar a lo urgente: revisar la distribución competencial. Nuestra propuesta es un modelo de descentralización política que podríamos llamar de federalismo cooperativo, en el que el Estado recupere competencias básicas como la Educación, la Sanidad, el Medio Ambiente, los recursos naturales y las infraestructuras. No podemos permitirnos trocear los parques nacionales y áreas protegidas en minifundios autonómicos, ni permitir la apropiación local de ríos o costas para dedicarlos a usos no sostenibles o forrarlas de hormigón. El egoísmo localista, y la falta de una estrategia sostenible, han llenado el país de aeropuertos sin aviones y otros derroches similares.
Debemos abordar la reforma de la Constitución desde nuestra autonomía política, sin esperar a que nos den instrucciones que obedezcan a las pulsiones interiores de nuestros socios europeos. Tras más de treinta años de democracia ha llegado la hora de fijar los techos competenciales de cada institución y cerrar el mapa político, que sólo se podría volver a abrir con una nueva reforma constitucional. Hemos de revisar algunos de los artículos que tuvieron sentido para constitucionalizar al nacionalismo, pero que han producido ruptura en la cohesión y son incompatibles con una economía globalizada. Me refiero al Concierto Vasco y a la Concertación Navarra. No cabe seguir manteniendo la ficción de que hay Territorios con derechos históricos que merecen mayor reconocimiento que los derechos de los ciudadanos. El modelo vasco y navarro no es extendible al conjunto de España; pues digamos de una vez que lo que no pueden disfrutar todos no es un derecho sino un privilegio y pongámosle fin. Además de que produce un efecto contagio –vean las reivindicaciones del nacionalismo catalán y los cantos de sirena que le están brindando no sólo el PSOE sino también el PP—, es una irresponsabilidad y una contradicción parcelar la fiscalidad en España mientras se apela a una fiscalidad común en Europa. Dotemos de estabilidad al sistema alejándolo de la tentación del pacto/pago permanente a cambio de unos pocos votos. Reformemos la Carta Magna con el máximo consenso, con luz y taquígrafos, y no por la puerta de atrás como se ha venido haciendo en los últimos años.
Otra asignatura pendiente de nuestra democracia es la reforma de la Justicia. Son los jueces y no los partidos políticos los que deben elegir libre y democráticamente a sus representantes en sus órganos de gobierno. Por eso proponemos la reforma de la Ley que regula la composición y procedimiento de elección del Consejo General del Poder Judicial; la reforma de la Constitución para que el sistema de elección del Fiscal General del Estado garantice su independencia del poder ejecutivo y la reforma del sistema de elección del Tribunal Constitucional para evitar que los magistrados que lo componen sean designados por los partidos políticos.
Si no hay justicia independiente, no hay democracia. No es posible combatir la corrupción política mientras sean los políticos quienes controlen el poder de los tribunales que les tienen que juzgar. Precisamente en relación con la prevención y la persecución de la corrupción política planteamos la necesidad de reformar algunos aspectos del Código Penal y de la Ley Electoral para evitar que los partidos políticos puedan llevar imputados en las listas electorales, para que los jueces de instrucción puedan inhabilitar cautelarmente a autoridades y cargos públicos presuntos autores de graves delitos de corrupción cuando se decrete prisión provisional y para que a los directivos de empresas públicas les sea aplicable el nuevo delito de corrupción privada, ya que al no ser funcionarios no les es de aplicación el de cohecho y resultan impunes.
Venimos diciendo desde siempre que no es posible enfrentarse a la crisis económica y social, de empleo, sin afrontar la crisis política; pero lo es mucho menos si las medidas de política económica o laboral son tan erróneas como las que se han venido tomando. Frente a cada una de ellas –desde la reforma del sistema financiero hasta la reforma laboral—hemos venido planteando propuestas alternativas. Dijimos hace más de tres años que había que despolitizar los Consejos de Administración de las Cajas de Ahorro como paso previo a otorgarles un solo euro del erario público; cuando en diciembre de 2009 lo sometimos a votación en el Congreso de los Diputados cosechamos un sonoro éxito: un voto. Hoy que todo el mundo (hasta Durao Barroso) se escandaliza por el agujero de nuestras Cajas de Ahorro –tratando de que nos olvidemos que a esos gestores los nombraron los partidos políticos que siguen manejando el cotarro—cabe recordar que si nos hubieran hecho caso entonces no hubiéramos llegado a esta situación; ya nos han costado más de 30.000 millones de euros y aún no sabemos del todo la cuantía del agujero. ¿Cuantos aeropuertos sin aviones, cuantos trenes sin viajeros, cuantas “inversiones” urbanísticas de los amigos de los dos partidos viejos tendremos que seguir pagando sin que estos asuman su responsabilidad?
Cuando se aprobó la reforma laboral advertimos que era un modelo fracasado y, por tanto, condenado al fracaso. Varias contrarreformas después –la última de ellas el decreto de cierre del Parlamento en el que se encadenaban por tiempo indefinido los contratos temporales, en una apuesta por la precarización del empleo digna del neoconservadurismo más atroz y más absurdo e impulsada por el gobierno “mas justo” de la historia de España a decir de sus dirigentes—propusimos nuestro modelo alternativo que hemos incorporado al Programa Electoral: contrato indefinido único con indemnización creciente en función de la antigüedad y mantenimiento de los contratos temporales para tareas temporales y contratos de formación que tengan una duración determinada. La mayor vinculación entre empresario y trabajador, una mayor inversión en formación de los propios trabajadores –lo que redundaría en la incorporación de valor añadido a las empresas– y la reducción de la siniestrabilidad son algunas de las consecuencias automáticas en los países o sectores productivos en los que funciona este modelo.
Hemos de actuar sobre el origen de la crisis de la deuda y la pérdida de confianza en nuestro país. El gasto desbocado de las Comunidades Autónomas (55% del gasto público) es el talón de Aquiles de las finanzas públicas. Urge limitar por ley el techo de endeudamiento de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, del mismo modo en que la Unión Europea limita el de todos sus Estados miembros. La credibilidad y solvencia de España en los mercados internacionales exige cuentas públicas tras*parentes y rigor en la política fiscal, acabando con años de despilfarro, ingeniería contable e inversiones insostenibles. Y que nadie se equivoque: no es eso lo que hemos hecho con la reciente reforma del artículo 135 de la Constitución. Ahí nos hemos limitado a decir que ya haremos una Ley Orgánica que entrará en vigor de aquí al 2020; lo que hay que hacer es utilizar los instrumentos constitucionales que ya tenemos (150.3 y 155.1, sin ánimo de ser exhaustiva) tal y como determinó una última sentencia del TC en julio de este mismo año.
Hay otras muchas propuestas en nuestro Programa Electoral, más de ciento cuarenta, que inciden sobre los objetivos expuestos. Desde la necesidad de regular la tras*parencia en las administraciones públicas para que el acceso a la información pública sea un derecho efectivo; revisar el modelo de financiación de partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales o establecer la incompatibilidad de remuneraciones de los cargos públicos y la supresión de cualquier tipo de privilegio. Tampoco olvidamos que el desarrollo de la España del Siglo XXI, la garantía de un modelo social más justo, sólo tiene cabida en el seno de una Europa con mayor capacidad política y más unida. Esta última crisis ha demostrado que los Estados nacionales son demasiados pequeños e ineficaces para defenderse de una crisis global; y que el euro no basta porque las instituciones europeas son demasiado lentas, rígidas y dependientes de los gobiernos y de sus egoísmos nacionalistas. Necesitamos instituciones verdaderamente europeas, como un verdadero gobierno económico con un Tesoro y una fiscalidad europea común. Y que ese gobierno sea supervisado por un Parlamento con poder legislativo y de control, elegido por la ciudadanía europea, rotos los corsés de los estados y de los partidos nacionales. Seguramente esta apelación suena hoy a utópica; pero o lo hacemos superando el nacionalismo de los estados o nos hundimos.
Comencé esta conferencia hablando de la necesidad de la política y de su vínculo inseparable con la democracia. Y he terminado planteándoles algunas de las reformas que consideramos imprescindibles y urgentes para regenerar la democracia y enfrentarnos a la suma de crisis que sufre nuestro país: crisis política, crisis económica, crisis social, crisis de valores. “Es la política, estúpidos”, sería el grito que hoy habríamos de lanzar quienes no nos resignamos a que las cosas ocurran sin intervenir sobre ellas y procurar cambiarlas. ¡Haz política!, me gustaría decirles a aquellos que renuncian a utilizar su libre albedrío para elegir que triunfen las ideas en las que creen. ¡Haz política!, quiero decirles a quienes creen que la democracia es sólo votar, a quienes renuncian a ser ciudadanos y se conforman con ser votantes, a quienes se sienten “condenados” a votar a quien ya les ha defraudado. ¡Haz política!, quiero decirles a aquellos que creen que todo cambio es imposible. ¡Haz política!, porque si los ciudadanos se desentienden de la política llegan a las instituciones políticos que se desentienden de los ciudadanos; y eso es muy malo para la democracia.
Acabo; pero no sin decirles que estoy optimista. Creo que está llegando un cambio de ciclo, un cambio de sistema, que es imparable; y que debemos estar preparados para ello. Creo que hay tanta gente harta de estar harta que, a pesar de la Ley electoral y del férreo control de los representantes del stablishment, se va a producir una reacción estimulante y sorprendente. El testimonialismo, la indignación, el cabreo… están bien, pero no es suficiente. Me suele gustar recordar unas palabras de Ramón Rubial:“La única revolución que es útil en democracia es aquella que se puede escribir en el Boletín Oficial del Estado.” Claro que, para escribir en el BOE, hay que tener la fuerza suficiente en el Congreso de los Diputados. Y para ello necesitamos la complicidad y el voto de los ciudadanos.
Finalizo con una cita de Fernando Savater del libro El valor de elegir. “Si hoy debiéramos condensar en una sola palabra el proyecto político más digno de ser atendido, yo elegiría ésta: ciudadanía. O sea, la forma de integración social participativa basada en compartir los mismos derechos y no en pertenecer a determinados grupos vinculados por lazos de sangre, de tradición cultural, de estatus económico o de jerarquía hereditaria. Si algo debe ser globalizado, es precisamente el reconocimiento efectivo de lo humano por lo humano. Elegir la política es el paso personal que cada cual puede dar, desde su aparente pequeñez que no renuncia a buscar compañeros y cómplices, para obtener lo mejor de lo posible frente a las fatalidades supuestamente irremediables”.
Muchas gracias por su amable atención.
Madrid, 25 de octubre de 2011.
Conferencia Nueva Economía Fórum: Política y Democracia | Rosa Díez
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