Condenan a prisión por revelación de secretos al trabajador de UGT que destapó el escándalo de las facturas falsas

El extrabajador de UGT Andalucía Roberto Macías ha pagado un precio muy alto por destapar la supuesta trama de facturas falsas que va a sentar en el banquillo a la antigua cúpula regional del sindicato. El coste, personal y económico, se ha traducido en una condena a un año de prisión por un delito de descubrimiento y revelación de secretos del sindicato. Una sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla dictada el 24 de noviembre pasado, a la que ha accedido ABC, estima en parte el recurso presentado por Roberto Macías y rebaja a la mitad la pena de dos años que le impuso el Juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla, al aplicar como atenuante las «dilaciones indebidas» que ha acumulado este procedimiento.

Macías, que estuvo trabajando como administrativo en el departamento de compras de UGT Andalucía desde 2008 hasta noviembre de 2012, fue juzgado y condenado en primera instancia por «filtrar» a diversos medios de comunicación «información reservada y sensible» sobre la supuesta trama de las «facturas simuladas» ideada por la antigua cúpula del sindicato. Dicha mecánica le habría permitido financiarse irregularmente con subvenciones de la Junta de Andalucía destinadas a dar cursos de formación a parados y trabajadores. Cinco exdirigentes de la organización han sido procesados por el desvío de 40,7 millones de euros de fondos públicos, pero todavía no han sido juzgados.

Entre tanto, ya ha sido condenada la persona que lo destapó. La sentencia, a la que ha accedido ABC, rechaza el recurso de apelación presentado por el sindicato que reclamaba 60.000 euros al acusado en concepto de daños y perjuicios. UGT-A no ha aportado «elementos de juicio relevantes para estimar ocasionado un perjuicio que deba ser civilmente resarcido», argumenta.

La sentencia censura que «el recurrente optó por divulgar directamente en los medios de comunicación la información reservada» del sindicato, en lugar de utilizar «los canales internos y externos de denuncia», como son la propia UGT-A y la Policía, juzgados o la fiscalía. No obstante, señala que «hay algunos datos revelados que no tienen la condición de reservados». Es el caso de «las facturas del sindicato respecto de determinadas empresas, la copia de la cuenta del Libro Mayor del sindicato, los acuerdos adoptados por la Comisión Ejecutiva, la información sobre los fondos que el sindicato tenía en determinadas entidades bancarias o talones al portador abonados al portador desde una cuenta del sindicato».

Sin embargo, la Sección Séptima sí considera que tanto los correos electrónicos como los extractos de la tarjeta de crédito difundidos «tenían tal consideración, generando en los afectados una legítima expectativa de privacidad que fue defraudada». Para los jueces, «es intrascendente, a tal efecto, la invocación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de tras*parencia, acceso a la información pública y buen gobierno, pues tales obligaciones de tras*parencia no obstan a la prohibición de utilizar los datos de carácter reservado sin la debida autorización».

Las informaciones publicadas sobre las facturas falsas desataron un auténtico terremoto en el seno de la central ugetista que obligó a dimitir a su anterior secretario regional, Francisco Fernández Sevilla, el 29 de noviembre de 2013. Previamente, otro juzgado de Sevilla había abierto una investigación judicial por la supuesta trama de facturas falsas que se ha dilatado durante más de seis años hasta que se ha dictado el auto de apertura de juicio oral.

Fernández Sevilla, junto a otros cuatro ex responsables del sindicato y diez proveedores, se van a sentar en el banquillo en un juicio que no se celebrará hasta el año 2024 -al filo de la prescripción- por «defraudar» 40,7 millones de euros en ayudas concedidas por la Junta de Andalucía en la etapa de gobierno del PSOE. Están acusados de un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con otro de falsedad en documento mercantil.

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