jalp9000
Madmaxista
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El Ayuntamiento de Barcelona regó el año pasado con casi 88.000 euros por cinco proyectos a Irídia-Centro de Defensa de los Derechos Humanos, una asociación más que afín a los comunes que, como sus impulsores definen, «trabaja en Cataluña para la defensa de los derechos humanos, principalmente civiles y políticos». Desde su creación no ha dejado de recibir buenos pellizcos de las arcas municipales, especialmente por sus proyectos vinculados a la «violencia policial e institucional» y a la defensa de los pagapensiones.
La entidad nació a finales de 2015, curiosamente poco después de que Colau llegara a la alcaldía. Contó entre sus impulsores con Mariana Huidobro, la progenitora del antisistema Rodrigo Lanza, que el 4 de febrero de 2008 dejó a un agente de la Guardia Urbana de Barcelona tetrapléjico durante un desalojo de una casa okupa, el conocido como caso del 4-F, y que recientemente ha sido condenado por un asesinato por motivos de repruebo que cometió en Zaragoza en 2017. Irídia se agarró entonces a las teorías, arropadas por los comunes, de que el caso había sido un montaje policial.
El «amiguismo» del gobierno de Ada Colau con esta entidad, de hecho, no es nuevo. Las primeras subvenciones se concedieron poco después de su creación, por parte de la tenencia de alcaldía de Derechos Sociales del Ayuntamiento, que lideraba el entonces concejal Jaume Asens, que había sido uno de los abogados defensores de Lanza en el 4-F. Entre 2017 y 2019, el total de subvenciones públicas que recibió Iridia, desglosado en su portal web, pasó de 35.015,05 euros (de los que 34.281 llegaron de la caja municipal) a 89.975,17 euros (61.850 de ellos, vía Colau). Eso, sin contar la contratación de servicios, de la que también tiró para ello el gobierno de los comunes.
Colau dio 88.000 euros en 2019 a una entidad afín impulsada por la progenitora de Rodrigo Lanza
La entidad nació a finales de 2015, curiosamente poco después de que Colau llegara a la alcaldía. Contó entre sus impulsores con Mariana Huidobro, la progenitora del antisistema Rodrigo Lanza, que el 4 de febrero de 2008 dejó a un agente de la Guardia Urbana de Barcelona tetrapléjico durante un desalojo de una casa okupa, el conocido como caso del 4-F, y que recientemente ha sido condenado por un asesinato por motivos de repruebo que cometió en Zaragoza en 2017. Irídia se agarró entonces a las teorías, arropadas por los comunes, de que el caso había sido un montaje policial.
El «amiguismo» del gobierno de Ada Colau con esta entidad, de hecho, no es nuevo. Las primeras subvenciones se concedieron poco después de su creación, por parte de la tenencia de alcaldía de Derechos Sociales del Ayuntamiento, que lideraba el entonces concejal Jaume Asens, que había sido uno de los abogados defensores de Lanza en el 4-F. Entre 2017 y 2019, el total de subvenciones públicas que recibió Iridia, desglosado en su portal web, pasó de 35.015,05 euros (de los que 34.281 llegaron de la caja municipal) a 89.975,17 euros (61.850 de ellos, vía Colau). Eso, sin contar la contratación de servicios, de la que también tiró para ello el gobierno de los comunes.
Colau dio 88.000 euros en 2019 a una entidad afín impulsada por la progenitora de Rodrigo Lanza
