Coches de medio millón de euros y 130.000 euros por dos días en el paro: no es norma

Mi opinión de lo que en su día Gaetano Mosca llamó “clase política” y, hoy y aquí, ha desembocado en “casta política” empeora según pasan los días. Mosca, además de diferenciar entre los que mandan y los que obedecen, integraba los dos grupos en una “unidad social”. Creo que esto es lo que hoy está roto. Nuestros gobernantes no tienen nada que ver con los gobernados, más allá de vivir a su costa. No son gente normal, por más que lo proclamen. No viven como la gente normal. No hablan como la gente normal. Sí, acepto que hay excepciones. Pero son excepciones mudas, silentes, contemplativas. Es decir, cómplices. Es decir, como si no existieran.
El reciente culebrón sobre las actividades remuneradas que nuestros diputados en el Congreso desarrollan al margen de sus escaños es puro esperpento. Una comisión discute en secreto las peticiones de “sus señorías”. Y deciden. Sin público, sin cámaras, sin periodistas. Resulta increíble. Todavía más: después nadie confirma que las actividades que se desempeñan son exclusivamente las solicitadas.
En secreto deciden que, por ejemplo, el diputado del PP, Fernando López-Amor puede ser consejero de una empresa dedicada a gestionar los derechos televisivos del fútbol; como si no hubiera llegado a donde está gracias a su paso por la dirección general de RTVE, o como si su empresa no negociara con entidades públicas como la propia RTVE o las televisiones autonómicas, algunas gobernadas por su propio partido. También dan luz verde para que Ángel Acebes, el ex ministro de Aznar, pueda ser consejero de Cibeles, la sociedad creada por Caja Madrid para integrar sus empresas de finanzas, pese a que la ley especifica que no se puede ejercer en entidades de crédito o con un objetivo fundamentalmente financiero ligado al crédito y al ahorro. Suena todo a broma.
Argumentan nuestros políticos que limitarse a sus escaños sería alejarse de la sociedad a la que representan. No lo creo. Al contrario, me parece un exceso tanto “acercamiento” como el que demuestra el socialista Juli Fernández que, además de diputado, es concejal en Palafrugell, consejero de la Caixa de Girona, director y administrador de una consultora de empresas que se llama Seconfís Asesoría y socio administrador de Audir, una empresa de prevención de riesgos laborales. O Manuel Pizarro, del PP, con casi 20 presencias en distintos consejos de empresas, fundaciones y academias varias; o José María Michavilla, también del Partido Popular, miembro del despacho Eius Abogados dedicado, entre otras cosas, a asesora a ayuntamientos implicados en casos de corrupción.
No tengo tampoco por normal que haya diputados en ejercicio cobrando por invalidez permanente y absoluta o que, entre otros, el portavoz del Grupo Socialista, Juan Antonio Alonso, perciba la pensión como antiguo miembro del Gobierno.
El ex ministro Jordi Sevilla defiende estos días en su blog que hay un exceso de crítica a los políticos, que contra ellos todo vale, como si sólo ellos fueran el problema y lamenta que el ciudadano no se fije en el sector privado a la hora de quejarse. Estoy de acuerdo en alguna de las cosas que dice pero, como les acostumbra a suceder los políticos, intenta justificarse contestando a aquello que no se le pregunta y desviando las responsabilidades propias hacia las maldades ajenas. El artículo de Sevilla es interesante, recomiendo leerlo.
Hay también una corriente de opinión que mantiene que si los políticos no cobran lo suficiente sólo se dedicaran a la política los peores. De acuerdo, pero no se si todos entendemos lo mismo por “cobrar lo suficiente”. Yo creo que los políticos deben cobrar un sueldo que se sitúe claramente en la franja alta de la media de los ciudadanos a los que representan. En este sentido, pienso que los políticos españoles están bien pagados. Y eso sin entrar en sus incontables privilegios, aforamiento judicial incluido. Y eso sin tener en cuenta como disponen de tarjetas de crédito con dinero público sobre las que nadie les pide cuentas. De todas formas me parecería razonable que quien pensara lo contrario lo planteara abiertamente: “se debe aumentar el sueldo de los políticos españoles”. Que se discuta, pero que no se añada dinero por la puerta de atrás. La oscuridad y el dinero, juntos, no llevan a nada bueno. Además, a día de hoy, no es mi mayor preocupación que las bajas retribuciones empeoren el nivel de nuestros políticos. El funcionamiento de los aparatos partidistas se basta y se sobra para llenar de ineptos, incompetentes y zotes nuestras instituciones.
Solo hay que ver los currículums de la mayor parte de nuestros representantes, de tantos y tantos militantes, sobre todo socialistas y del PP, que llenan las instituciones públicas sin otros méritos que haber llegado al partido en su más tierna infancia y, peldaño a peldaño, haber escalado a la sombra de otros dirigentes mejor colocados. Un ejemplo que estos días resulta sencillo: Juan Pedro Hernández Moltó, el hasta anteayer presidente de la Caja de Castilla-La Mancha, recién intervenida por el Banco de España. Hernández Moltó no estaba en el cargo por su capacidad sino por ser del PSOE, partido en el que ingresó en 1976, con 24 años. Un lustro después ya era consejero del gobierno pre-autonómico de Castilla-La Mancha. Lo fue de tras*portes, de Economía, de Comunicaciones, de Comercio. A continuación, durante 10 años, ocupó un escaño en el Congreso. Perdió las elecciones municipales de1999 cuando aspiraba a la alcaldía de Toledo y su premio de consolación fue la presidencia de la Caja de Castilla-La Mancha. Hasta la intervención del Banco de España. El caso Hernández Moltó no es una anécdota, es pura categoría. Miren, si no, al presidente de Bancaixa, José Luis Olivas. Un señor que a los 26 años ya era concejal en el Ayuntamiento de Valencia en las filas de la UCD. Luego, tras un breve paso por la Federación de Empresarios de Hostelería, volvió al consistorio valenciano de la mano del PP. De munícipe pasó a diputado autonómico; después, conseller de Economía de la Generalitat; a continuación, vicepresidente y, finalmente, elegido a dedo por Eduardo Zaplana, President de la Generalitat. Este es su currículum en 25 años. De los 26 a los 51. Siguiente estación, no por su valía sino por su pertenencia al PP: el desembarco en la presidencia de Bancaixa, del Banco de Valencia y en distintos consejos de administración.
Hernández Moltó y Olivas son solamente dos ejemplos de un inmenso ejército de profesionales de la política, en el peor de los sentidos. Profesionales de la política que, en el colmo de la desvergüenza, acumulan aumentos de sueldo y privilegios con la excusa de no verse obligados a ser profesionales de la política. Pura burla. Los que consiguen vivir de la política, salvo contadas excepciones que, fíjense, siempre son los mejores, no la dejan, nunca; sean cargos institucionales o de elección partidista, pero jamás abandonan. Jordi Hereu, Eduardo Zaplana, Nuñez Feijoo, Leire Pajín, Esperanza Aguirre, Luis Yáñez, Francisco Camps, Manuel Chaves, Antonio Basagoiti, Narcís Serra, Ramón Luis Valcarcel, Patxi López… Si a su currículum le restas los cargos vinculados a la política, o conseguidos gracias a ella, con una tarjeta de visita les sobra. Hay concejales a nómina desde 1977, eurodiputados, asesores, consejeros, personal de apoyo,… No serán vidas de película, pero si lo son de política.
En el parlamento autonómico valenciano los diputados no solamente pueden desempeñar trabajos más allá de su tarea parlamentaria sino que además es la propia cámara quien corre con los gastos de sus seguros como autónomos. A cambio de renunciar a su dedicación exclusiva, faltaría más, el diputado recibe la máxima contribución como autónomo, 920 euros mensuales. Lo cobran parlamentarios del PP, que fue quien lo aprobó en solitario, pero también del Grupo Socialista y de Iniciativa. Lo que me asombra es que no haya nadie en los propios partidos que diga “hasta aquí hemos llegado”.
Igual la culpa es mía por ser excesivamente escrupuloso pero tampoco me parece normal que el Govern de la Generalitat Valenciana disponga de 160 vehículos oficiales para altos cargos y que estos hagan uso de sus coches para todos tipo de actividades privadas. Tan intempestivo es el servicio que los conductores de los citados vehículos oficiales llegan a realizar hasta mil horas extras anuales cuando el límite reglamentario es de 80. Yo mismo he visto a un director general, junto a su mujer y un matrimonio amigo, salir a las 12 de la noche de un espectáculo ecuestre y no subir al coche oficial hasta que su conductor llegó hasta la mismísima puerta del recinto saltándose las diferentes zonas de aparcamiento señalizado, rodeó el vehículo y les abrió las puertas.
Claro, así se entiende que el recientemente elegido “Síndic de Greugues” de la Comunidad Valenciana (Defensor del Pueblo), José Cholbi, reclame al parlamento autonómico una indemnización de 130.000 euros por dos días en el paro. Dos días, los que pasaron entre su baja como vicepresidente de las “Corts Valencianes” y su alta como “Síndic”. 130.000 euros por dos días. Las personas normales no cobran eso. Ningún colega de Cholbi ha dicho “que barbaridad”.
No comprendo, por ejemplo, como no se le disparan a nadie las alarmas cuando un presidente autonómico como Pérez Touriño gasta 480.000 euros en su coche oficial. No importa que otros presidentes, incluso alcaldes, se gasten lo mismo, o más. En 480.000 euros caben 48 utilitarios de los que circulan por las calles. ¿Es poco digno un coche de 50, 60 o 70 mil euros? ¿Para que lo quiere blindado? ¿Piensa viajar con él a Afganistán o a Irak? ¿Están locos?
O los trajes de Camps. Más allá de que el presidente valenciano Francisco Camps se haya pagado o no los trajes (si no tiene la factura, la cosa se resuelve con una llamada a la empresa en cuestión, es lo que hacemos todos cuando tenemos que justificar un gasto), ¿quién utiliza ceñidores en la trasera de sus trajes? ¿Quién espera que le traigan trabillas de Roma para que los pantalones le ajusten convenientemente?
Sebastián Haffner se pregunta, en su “Historia de un alemán”, por qué nadie, a título individual y aunque sólo fuera en casos particulares, se sublevó ante las atrocidades nazis. Pues eso. Yo me interrogo por qué no hay políticos que alcen la voz ante tanto abuso, ante tanto delirio. ¿No lo ven? ¿Nadie? ¿Cómo es posible? ¿Callan por interés? ¿Tan perversoss son?

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