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Xan Pereira Castro Internacional septiembre 30, 2019 2 minutos
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El Tribunal Popular Supremo de China y la Fiscalía del Estado, máximas instancias judiciales del país, han establecido que la pena de fin será aplicable en China a aquellos líderes corruptos que malversen o reciban sobornos superiores a los tres millones de yuanes (410.000 euros o 463.000 dólares).
En caso de que el acusado coopere en la investigación -en alusión a que confiese el delito o devuelva el dinero malversado- la pena capital podría suspenderse durante dos años, lo que a efectos prácticos significa su conmutación por cadena perpetua, la sentencia más habitual en casos de corrupción en China.
La norma emitida este lunes también advierte que los altos cargos pueden ser juzgados por complicidad si no denuncian la corrupción de colegas cercanos, incluso si forman parte de su familia.Al mismo tiempo, subraya que la donación de dinero a la beneficencia u otras causas públicas no será considerada como un eximente en hipotéticos juicios por corrupción.
China es, según Amnistía Internacional, el país que más ejecuciones lleva a cabo, con más de un millar anuales, aunque no hay cifras oficiales exactas ya que el régimen comunista las considera secreto de Estado.
El total de ejecuciones, en todo caso, ha bajado con respecto a la pasada década (cuando se hablaba de entre 3.000 y 10.000 anuales) a raíz de que el Tribunal Supremo redujera de 68 a 55 el número de delitos punibles con la pena de fin y recuperara el poder para ratificar esas sentencias, del que no dispuso durante 20 años.
Un presidente contra la corrupción
El presidente chino, Xi Jinping, lanzó a su llegada al poder en 2013 una campaña contra la corrupción y la malversación en instituciones oficiales que se ha saldado con decenas de destituciones, expulsiones del Partido Comunista, investigaciones, juicios y condenas a líderes o exlíderes nacionales a todos niveles, incluido el Ejército.
Entre estas investigaciones, uno de los casos más sonados fue la investigación y proceso Zhou Yongkang, de 72 años, ministro de Seguridad Pública entre 2002 y 2007 y miembro, entre 2007 y 2012, del Comité Permanente del PCCh, el reducido grupo que toma las decisiones más importantes en China.
