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Madmaxista
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El caso de la violación a los derechos sensuales y reproductivos de Francisca, ocurrido en 2002, logra un acuerdo de reparación por parte del Estado
ANTONIA LABORDE
Santiago de Chile - 27 MAY 2022 - 05:14 CEST
El presidente Gabriel Boric en el acto de reconocimiento público de responsabilidad del Estado chileno en el caso de Francisca, en La Moneda.CENTRO DE DERECHOS REPRODUCTIVO
Al poco de quedar embarazada, Francisca, de 20 años, casada, dio positivo con VIH. La mujer de escasos recursos comenzó un tratamiento antirretroviral, aterrada de tras*mitirle el bichito al bebé en camino. Rompió fuentes el 4 de noviembre de 2002 en el hospital público de Curicó, a 200 kilómetros al sur de Santiago. Mientras esperaba que le practicaran una cesárea, el personal médico de turno la acusó de irresponsable por tener un hijo en sus condiciones. El niño nació sano, pero cuando Francisca despertó, una enfermera le informó que la habían esterilizado. Ella nunca solicitó el procedimiento quirúrgico, ni dio su consentimiento por escrito ni verbal, como obliga la ley desde el 2000. Este jueves, 22 años después de lo ocurrido, el presidente Gabriel Boric le ha pedido perdón a nombre del Estado chileno en un acto en La Moneda por la violación a los derechos sensuales y reproductivos a los que fue sometida.
Francisca no se llama así. Es el nombre que adoptó cuando comenzó la extensa batalla judicial por su caso. Durante mucho tiempo pensó que lo que le había ocurrido era normal. Criada en una zona rural, sin educación sensual, y sumergida en una cultura llena de prejuicios hacia las personas con VIH, no tomó conciencia de que era una víctima hasta que la Fundación Vive Positivo, dedicada a entregar información y acompañar a personas con VIH, se acercó a ella y la instruyó, según contó en un episodio de Radio Ambulante.
Asesorada legalmente, Francisca interpuso en 2007 una querella contra el médico que la atendió. En el juicio, el doctor dijo que la paciente sí le había otorgado el consentimiento verbal de practicarle una esterilización. La mayoría de las enfermeras apoyaron dicha versión y el juez falló en contra de Francisca. La abogada Catalina Martinez, directora regional del Centro para Derechos Reproductivos, explica por teléfono que, ya que no pudieron encontrar justicia en los tribunales chilenos, presentaron en 2009, junto a Vive Positivo, una denuncia contra el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando la vulneración de derechos de la Convención Interamericana de DDHH: integridad personal, garantías judiciales, protección de la honra y de la dignidad, entre otros. En 2014 la comisión la declaró admisible.
”Desde que el Estado chileno decidió en 2016 empezar un proceso de Acuerdo de Solución Amistosa, realizamos un arduo trabajo para garantizar la reparación de los daños contra Francisca y medidas que nos permitieran abordar la situación estructural de violencia contra las mujeres y personas con VIH”, detalla Martinez. Finalmente, llegaron a un acuerdo firmado el 3 de agosto de 2021. El texto de compromisos internacionales establece, entre otras medidas, una compensación económica para la víctima -cuyo montante no se ha hecho público-, acceso a un subsidio habitacional, beneficios estudiantiles y atención de salud integral. También obliga al Estado a comprometerse en capacitar al personal de los servicios de salud y justicia sobre esterilización femenina y masculina, así como una campaña de sensibilización para la atención y no discriminación para las personas que viven con el VIH.
El acuerdo incluía un acto de reconocimiento público de las responsabilidades del Estado chileno en el caso, celebrado este jueves. Para proteger su identidad, Francisca participó vía streaming en el evento, donde estuvieron presentes varias autoridades de Gobierno, entre ellos las ministras del Interior, Izkia Siches, y de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola. “Me encantaría haber sido yo, con mi voz, mi cara, y mi cuerpo la que, después de tantos años de lucha, estuviese presente para liderar en nombre propio este acto. Sin embargo, dar a conocer mi identidad me hubiese cerrado un sinfín de puertas. Hasta la fecha, se sigue mirando con menosprecio a las personas que portamos VIH, como si nosotros lo hubiésemos elegido. Quiero pensar que esto cambiará. Que ninguna mujer será esterilizada sin su consentimiento”, fueron las palabras de Francisca leídas por una de sus representantes legales en el acto.
El presidente Gabriel Boric comenzó su intervención pidiendo perdón a Francisca por la “grave vulneración y violación” de sus derechos y también por la “denegación de justicia y por todo el tiempo” que tuvo que esperar. “Duele pensar que el Estado, que hoy día tengo el honor de representar, es responsable de estos casos. Me comprometo ante ti [Francisca] a que, mientras nosotros gobernemos, vamos a dar lo mejor de cada uno para que nunca se vuelva a repetir algo de estas características y, por cierto, para que en los casos en los que ya se han cometido estas atrocidades sean reparados como corresponde”.
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SOBRE LA FIRMA
Antonia Laborde
Periodista en Chile desde 2022, antes estuvo en la oficina de Washington. Ha trabajado en Telemundo (España), en el periódico económico Pulso (Chile) y en el medio online El Definido (Chile). Máster de Periodismo de EL PAÍS.
ANTONIA LABORDE
Santiago de Chile - 27 MAY 2022 - 05:14 CEST
Al poco de quedar embarazada, Francisca, de 20 años, casada, dio positivo con VIH. La mujer de escasos recursos comenzó un tratamiento antirretroviral, aterrada de tras*mitirle el bichito al bebé en camino. Rompió fuentes el 4 de noviembre de 2002 en el hospital público de Curicó, a 200 kilómetros al sur de Santiago. Mientras esperaba que le practicaran una cesárea, el personal médico de turno la acusó de irresponsable por tener un hijo en sus condiciones. El niño nació sano, pero cuando Francisca despertó, una enfermera le informó que la habían esterilizado. Ella nunca solicitó el procedimiento quirúrgico, ni dio su consentimiento por escrito ni verbal, como obliga la ley desde el 2000. Este jueves, 22 años después de lo ocurrido, el presidente Gabriel Boric le ha pedido perdón a nombre del Estado chileno en un acto en La Moneda por la violación a los derechos sensuales y reproductivos a los que fue sometida.
Francisca no se llama así. Es el nombre que adoptó cuando comenzó la extensa batalla judicial por su caso. Durante mucho tiempo pensó que lo que le había ocurrido era normal. Criada en una zona rural, sin educación sensual, y sumergida en una cultura llena de prejuicios hacia las personas con VIH, no tomó conciencia de que era una víctima hasta que la Fundación Vive Positivo, dedicada a entregar información y acompañar a personas con VIH, se acercó a ella y la instruyó, según contó en un episodio de Radio Ambulante.
Asesorada legalmente, Francisca interpuso en 2007 una querella contra el médico que la atendió. En el juicio, el doctor dijo que la paciente sí le había otorgado el consentimiento verbal de practicarle una esterilización. La mayoría de las enfermeras apoyaron dicha versión y el juez falló en contra de Francisca. La abogada Catalina Martinez, directora regional del Centro para Derechos Reproductivos, explica por teléfono que, ya que no pudieron encontrar justicia en los tribunales chilenos, presentaron en 2009, junto a Vive Positivo, una denuncia contra el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando la vulneración de derechos de la Convención Interamericana de DDHH: integridad personal, garantías judiciales, protección de la honra y de la dignidad, entre otros. En 2014 la comisión la declaró admisible.
”Desde que el Estado chileno decidió en 2016 empezar un proceso de Acuerdo de Solución Amistosa, realizamos un arduo trabajo para garantizar la reparación de los daños contra Francisca y medidas que nos permitieran abordar la situación estructural de violencia contra las mujeres y personas con VIH”, detalla Martinez. Finalmente, llegaron a un acuerdo firmado el 3 de agosto de 2021. El texto de compromisos internacionales establece, entre otras medidas, una compensación económica para la víctima -cuyo montante no se ha hecho público-, acceso a un subsidio habitacional, beneficios estudiantiles y atención de salud integral. También obliga al Estado a comprometerse en capacitar al personal de los servicios de salud y justicia sobre esterilización femenina y masculina, así como una campaña de sensibilización para la atención y no discriminación para las personas que viven con el VIH.
El acuerdo incluía un acto de reconocimiento público de las responsabilidades del Estado chileno en el caso, celebrado este jueves. Para proteger su identidad, Francisca participó vía streaming en el evento, donde estuvieron presentes varias autoridades de Gobierno, entre ellos las ministras del Interior, Izkia Siches, y de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola. “Me encantaría haber sido yo, con mi voz, mi cara, y mi cuerpo la que, después de tantos años de lucha, estuviese presente para liderar en nombre propio este acto. Sin embargo, dar a conocer mi identidad me hubiese cerrado un sinfín de puertas. Hasta la fecha, se sigue mirando con menosprecio a las personas que portamos VIH, como si nosotros lo hubiésemos elegido. Quiero pensar que esto cambiará. Que ninguna mujer será esterilizada sin su consentimiento”, fueron las palabras de Francisca leídas por una de sus representantes legales en el acto.
El presidente Gabriel Boric comenzó su intervención pidiendo perdón a Francisca por la “grave vulneración y violación” de sus derechos y también por la “denegación de justicia y por todo el tiempo” que tuvo que esperar. “Duele pensar que el Estado, que hoy día tengo el honor de representar, es responsable de estos casos. Me comprometo ante ti [Francisca] a que, mientras nosotros gobernemos, vamos a dar lo mejor de cada uno para que nunca se vuelva a repetir algo de estas características y, por cierto, para que en los casos en los que ya se han cometido estas atrocidades sean reparados como corresponde”.
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SOBRE LA FIRMA
Antonia Laborde
Periodista en Chile desde 2022, antes estuvo en la oficina de Washington. Ha trabajado en Telemundo (España), en el periódico económico Pulso (Chile) y en el medio online El Definido (Chile). Máster de Periodismo de EL PAÍS.
Chile pide perdón a la mujer con VIH sometida a una esterilización sin su consentimiento
El caso de la violación a los derechos sensuales y reproductivos de Francisca, ocurrido en 2002, logra un acuerdo de reparación por parte del Estado
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