ERC acepta que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, pueda llegar a la pensión de jubilación por su actual cargo. Si Borràs llega a los dos años como presidenta de la cámara, es decir, hasta el 12 de marzo, se asegura una pensión vitalicia de jubilación de unos 4.000 euros mensuales a partir de los 65 años.
El artículo dos de la Ley 2/1988, de 26 de febrero, de la Generalitat sobre las asignaciones temporales y pensiones a los presidentes del Parlamento establece que quienes hayan ejercido este cargo "durante dos años como mínimo, cuando lleguen al edad de 65 años tienen derecho a percibir una pensión vitalicia consistente en una asignación mensual igual al 40% de la retribución mensual que corresponde al ejercicio del cargo de presidente del Parlamento”.
Ahora, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, en rueda de prensa, se ha referido al caso Laura Borràs y, pese a las tensiones con Junts, ha asegurado que "no le pedimos la dimisión". "Lo que pedimos es que se aplique el reglamento del Parlament de Catalunya que en uno de sus puntos", ha aclarado.
Los republicanos piden a Borràs "que sea ella misma la que pueda apartarse y ser suspendida". "Una suspensión de funciones es priorizar su defensa jurídica y, por tanto, proteger a las instituciones", ha manifestado Vilalta.
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El artículo dos de la Ley 2/1988, de 26 de febrero, de la Generalitat sobre las asignaciones temporales y pensiones a los presidentes del Parlamento establece que quienes hayan ejercido este cargo "durante dos años como mínimo, cuando lleguen al edad de 65 años tienen derecho a percibir una pensión vitalicia consistente en una asignación mensual igual al 40% de la retribución mensual que corresponde al ejercicio del cargo de presidente del Parlamento”.
Ahora, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, en rueda de prensa, se ha referido al caso Laura Borràs y, pese a las tensiones con Junts, ha asegurado que "no le pedimos la dimisión". "Lo que pedimos es que se aplique el reglamento del Parlament de Catalunya que en uno de sus puntos", ha aclarado.
Los republicanos piden a Borràs "que sea ella misma la que pueda apartarse y ser suspendida". "Una suspensión de funciones es priorizar su defensa jurídica y, por tanto, proteger a las instituciones", ha manifestado Vilalta.
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