MonteKarmelo
Madmaxista
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VICTORIA PREGO
El trabajo está ya hecho. Las posiciones están fijadas. Ya no queda casi nada sobre lo que seguir discutiendo en Derecho. Ahora, a lo que están los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) es simplemente a negociar. ¿Y qué negocian sus señorías, una vez que tienen ya claro qué preceptos del Estatuto de Cataluña son abiertamente constitucionales y cuáles no? Negocian cómo decir lo que quieren decir sin que se note mucho lo que van a decir y se levanten ampollas. Negocian que la defensa del Estado y de la Constitución a la que están obligados -porque es el Constitucional el que, sentencia a sentencia, va haciendo la Constitución-, no acabe convirtiéndose en una bofetada múltiple con malas consecuencias políticas para casi todos y con claros beneficios, también políticos, para unos pocos que ni siquiera están ahora en el poder. Más claro: no se está deliberando sobre el contenido, sino sobre la forma que se le va a dar a ese contenido.
Tres años después, ¡santo cielo!, de que el PP presentara un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña, refrendado por los catalanes con una participación tan débil que dejó el proyecto tambaleándose y hubo que recurrir al inmediato apuntalamiento de los entusiastas, resulta que ahora hay prisa por sacar la sentencia. Después de haber estado alargando el asunto hasta lo impresentable porque el «sector gubernamental» se consideraba entonces en minoría, ya está claro para todos, presidenta incluida, que mientras esta sentencia no se haga pública, el Constitucional no se va a renovar. Al Gobierno le interesa ya despejar este balón cuanto antes. Y a algunos magistrados del TC también, porque tienen otros planes para su futuro. De modo que en un mes o dos veremos bajar a Moisés del Sinaí llevando en la mano las tablas de la ley.
Lo que pasa es que este Moisés constitucional ya tiene por lo menos la mitad de los mandamientos escritos. Los tiene desde hace dos años, cuando en marzo de 2007 hizo público el fallo sobre la deuda histórica de Andalucía. Aquélla no fue una sentencia inocente. Al contrario. Se hizo con la clara intención de sentar las bases que permitieran abordar en el futuro el Estatuto de Cataluña, que ya estaba recurrido. Y allí fue donde el TC dejó claro que, en materia de financiación, que es la apuesta más importante del Estatut, el Estado es quien «tiene la competencia exclusiva para configurar el sistema de financiación de las comunidades que considere idóneo». Y que «dotar de carácter vinculante una voluntad autonómica» no sólo anularía esa potestad, sino que le privaría de ejercer otras, también exclusivas, «como la de coordinación y la de solidaridad» entre los distintos territorios de España.
Es inimaginable que los mismos magistrados que votaron esto se atrevan a cambiar su propia doctrina en el plazo de dos años.Y no lo van a hacer. Van a hacer otra cosa. Van a evitar publicar un fallo que esté lleno de preceptos declarados inconstitucionales y, en lugar de eso, van a intentar vaciar de fuerza jurídica esos mismos preceptos porque -dirá la sentencia- «no vinculan al Estado».
Un ejemplo: si el Estatut dice que corresponde al Parlament acordar cuánto va aporta Cataluña al Fondo de Solidaridad interterritorial, la sentencia del TC podría asegurar -no en el fallo, ojo, que esto es muy importante, sino en los fundamentos jurídicos- que, bien mirado, lo que el precepto quiere decir no es acordará, sino propondrá. Incluso podría afirmar que el tal precepto será constitucional siempre y cuando Cataluña proponga al Estado lo que el Parlament acuerde. Y, en lo tocante a la bilateralidad, lugar de decir que es inconstitucional la competencia de la Comisión Mixta para decidir cuánto aporta Cataluña, el TC va a decir que el precepto no es inconstitucional, pero que esa competencia corresponde al Estado. Y que mientras la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) no se modifique en el mismo sentido que el Estatuto, el artículo en cuestión carecerá de eficacia. Lo mismo, pero mucho más claro, va a suceder con el título relativo al Poder Judicial, donde va a quedar sentado, pero bien envuelto, que la Justicia es una, y única, para toda España.
De esa manera, tan invisible pero tan efectiva como una castración química, podrán los magistrados ir sacando del fallo una larga retahíla de inconstitucionalidades flagrantes, de modo que se eviten unos cuantos efectos no deseados. El primero, que el Gobierno y el PSOE queden en gravísima evidencia por haber apoyado la aprobación en el Congreso de un Estatuto que, de la otra manera, aparecería abiertamente como inconstitucional. Eso sería una auténtica bofetada política y no es eso lo que se busca. El segundo, que una sentencia clara y cruda levante de indignación a los dirigentes nacionalistas catalanes, que ahora mismo son todos con la excepción de los del PP y de Ciutadans, lo cual desataría a su vez graves conflictos políticos en el seno del tripartito presidido por Montilla y complicaría definitivamente la supervivencia del Gobierno en el Congreso, demasiado ahogado ya en su soledad parlamentaria. Y el tercero, que el Partido Popular se declare plenamente victorioso y pasee el texto del TC por todo el Hemiciclo como quien pasea la Eurocopa mientras reprocha al PSOE su irresponsabilidad.Y tampoco eso conviene porque el tema es lo bastante trascendental como para que lo prudente sea dejar pocos heridos, y recuperables.
Pero que nadie piense tampoco que el Gobierno está soñando con una sentencia manifiestamente favorable, sobre todo en financiación, porque eso toca la médula de la Constitución y, por tanto, la del Estado. En realidad, no le convendría nada que se diera el placet a un Estatuto que consintió en aprobar en el Congreso con la secreta esperanza de que luego viniera el Constitucional a sacarle las castañas del fuego con la impagable ayuda del recurso planteado por el Partido Popular. Lo que en realidad querría, y es muy probable que obtenga, es un fallo que deje entero el envoltorio pero lo vacíe de sustancias nocivas. Una cosa así como lo que habría provocado este Estatut en la Constitución si el proyecto catalán se hubiera aprobado sin modificaciones y se aplicara en vivo. Es decir: lo mismo, pero al revés.
Que una sentencia del tipo de la que se apunta va a ser un foco permanente de conflictos no tiene duda. Asistiremos, si la previsión se cumple, a la enésima patada a ese balón autonómico que cada vez recorre menos trecho y que cada vez se enreda más en los zarzales. Pero, de momento, y para saber de verdad qué dice el Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, acepten un consejo: léanse primero los fundamentos jurídicos, porque ahí va a estar lo mollar de esta sentencia, pusilánime y política, sí, pero esperemos que no devastadora para los intereses de España. Y luego ya, léanse si quieren lo que dice el fallo.
El Mundo, vía
e-pesimo Auxiliar 1: Castración química para el 'Estatut'
El trabajo está ya hecho. Las posiciones están fijadas. Ya no queda casi nada sobre lo que seguir discutiendo en Derecho. Ahora, a lo que están los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) es simplemente a negociar. ¿Y qué negocian sus señorías, una vez que tienen ya claro qué preceptos del Estatuto de Cataluña son abiertamente constitucionales y cuáles no? Negocian cómo decir lo que quieren decir sin que se note mucho lo que van a decir y se levanten ampollas. Negocian que la defensa del Estado y de la Constitución a la que están obligados -porque es el Constitucional el que, sentencia a sentencia, va haciendo la Constitución-, no acabe convirtiéndose en una bofetada múltiple con malas consecuencias políticas para casi todos y con claros beneficios, también políticos, para unos pocos que ni siquiera están ahora en el poder. Más claro: no se está deliberando sobre el contenido, sino sobre la forma que se le va a dar a ese contenido.
Tres años después, ¡santo cielo!, de que el PP presentara un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña, refrendado por los catalanes con una participación tan débil que dejó el proyecto tambaleándose y hubo que recurrir al inmediato apuntalamiento de los entusiastas, resulta que ahora hay prisa por sacar la sentencia. Después de haber estado alargando el asunto hasta lo impresentable porque el «sector gubernamental» se consideraba entonces en minoría, ya está claro para todos, presidenta incluida, que mientras esta sentencia no se haga pública, el Constitucional no se va a renovar. Al Gobierno le interesa ya despejar este balón cuanto antes. Y a algunos magistrados del TC también, porque tienen otros planes para su futuro. De modo que en un mes o dos veremos bajar a Moisés del Sinaí llevando en la mano las tablas de la ley.
Lo que pasa es que este Moisés constitucional ya tiene por lo menos la mitad de los mandamientos escritos. Los tiene desde hace dos años, cuando en marzo de 2007 hizo público el fallo sobre la deuda histórica de Andalucía. Aquélla no fue una sentencia inocente. Al contrario. Se hizo con la clara intención de sentar las bases que permitieran abordar en el futuro el Estatuto de Cataluña, que ya estaba recurrido. Y allí fue donde el TC dejó claro que, en materia de financiación, que es la apuesta más importante del Estatut, el Estado es quien «tiene la competencia exclusiva para configurar el sistema de financiación de las comunidades que considere idóneo». Y que «dotar de carácter vinculante una voluntad autonómica» no sólo anularía esa potestad, sino que le privaría de ejercer otras, también exclusivas, «como la de coordinación y la de solidaridad» entre los distintos territorios de España.
Es inimaginable que los mismos magistrados que votaron esto se atrevan a cambiar su propia doctrina en el plazo de dos años.Y no lo van a hacer. Van a hacer otra cosa. Van a evitar publicar un fallo que esté lleno de preceptos declarados inconstitucionales y, en lugar de eso, van a intentar vaciar de fuerza jurídica esos mismos preceptos porque -dirá la sentencia- «no vinculan al Estado».
Un ejemplo: si el Estatut dice que corresponde al Parlament acordar cuánto va aporta Cataluña al Fondo de Solidaridad interterritorial, la sentencia del TC podría asegurar -no en el fallo, ojo, que esto es muy importante, sino en los fundamentos jurídicos- que, bien mirado, lo que el precepto quiere decir no es acordará, sino propondrá. Incluso podría afirmar que el tal precepto será constitucional siempre y cuando Cataluña proponga al Estado lo que el Parlament acuerde. Y, en lo tocante a la bilateralidad, lugar de decir que es inconstitucional la competencia de la Comisión Mixta para decidir cuánto aporta Cataluña, el TC va a decir que el precepto no es inconstitucional, pero que esa competencia corresponde al Estado. Y que mientras la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) no se modifique en el mismo sentido que el Estatuto, el artículo en cuestión carecerá de eficacia. Lo mismo, pero mucho más claro, va a suceder con el título relativo al Poder Judicial, donde va a quedar sentado, pero bien envuelto, que la Justicia es una, y única, para toda España.
De esa manera, tan invisible pero tan efectiva como una castración química, podrán los magistrados ir sacando del fallo una larga retahíla de inconstitucionalidades flagrantes, de modo que se eviten unos cuantos efectos no deseados. El primero, que el Gobierno y el PSOE queden en gravísima evidencia por haber apoyado la aprobación en el Congreso de un Estatuto que, de la otra manera, aparecería abiertamente como inconstitucional. Eso sería una auténtica bofetada política y no es eso lo que se busca. El segundo, que una sentencia clara y cruda levante de indignación a los dirigentes nacionalistas catalanes, que ahora mismo son todos con la excepción de los del PP y de Ciutadans, lo cual desataría a su vez graves conflictos políticos en el seno del tripartito presidido por Montilla y complicaría definitivamente la supervivencia del Gobierno en el Congreso, demasiado ahogado ya en su soledad parlamentaria. Y el tercero, que el Partido Popular se declare plenamente victorioso y pasee el texto del TC por todo el Hemiciclo como quien pasea la Eurocopa mientras reprocha al PSOE su irresponsabilidad.Y tampoco eso conviene porque el tema es lo bastante trascendental como para que lo prudente sea dejar pocos heridos, y recuperables.
Pero que nadie piense tampoco que el Gobierno está soñando con una sentencia manifiestamente favorable, sobre todo en financiación, porque eso toca la médula de la Constitución y, por tanto, la del Estado. En realidad, no le convendría nada que se diera el placet a un Estatuto que consintió en aprobar en el Congreso con la secreta esperanza de que luego viniera el Constitucional a sacarle las castañas del fuego con la impagable ayuda del recurso planteado por el Partido Popular. Lo que en realidad querría, y es muy probable que obtenga, es un fallo que deje entero el envoltorio pero lo vacíe de sustancias nocivas. Una cosa así como lo que habría provocado este Estatut en la Constitución si el proyecto catalán se hubiera aprobado sin modificaciones y se aplicara en vivo. Es decir: lo mismo, pero al revés.
Que una sentencia del tipo de la que se apunta va a ser un foco permanente de conflictos no tiene duda. Asistiremos, si la previsión se cumple, a la enésima patada a ese balón autonómico que cada vez recorre menos trecho y que cada vez se enreda más en los zarzales. Pero, de momento, y para saber de verdad qué dice el Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, acepten un consejo: léanse primero los fundamentos jurídicos, porque ahí va a estar lo mollar de esta sentencia, pusilánime y política, sí, pero esperemos que no devastadora para los intereses de España. Y luego ya, léanse si quieren lo que dice el fallo.
El Mundo, vía
e-pesimo Auxiliar 1: Castración química para el 'Estatut'
