Ernesto o lo otro
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A juicio la exalcaldesa de los 470 'enchufes' de los que Garzón 'se enteró' por la tele
Arranca en Málaga el proceso de una de las tres piezas del caso Manilva, que sienta en el banquillo a cuatro alcaldes de este municipio y que salpicó a Izquierda Unida durante años
Arranca en Málaga el proceso de una de las tres piezas del caso Manilva, que sienta en el banquillo a cuatro alcaldes de este municipio y que salpicó a Izquierda Unida durante años
Contrataciones ilegales
Era el 3 de mayo de 2013. Han pasado ocho años desde que esta regidora confesara abiertamente que contrataba a familiares y personas sin seguir los cauces legales. Este viernes, se sentará en el banquillo de los acusados junto a otros tres exalcaldes que la sucedieron en el cargo y que también fueron salpicados por lo que se denominó caso Manilva. Una investigación del Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Guardia Civil de Málaga, cuyos agentes documentaron 470 presuntos 'enchufes', supuestas adjudicaciones irregulares de contratos públicos a personas del entorno de Muñoz y cuestionables tras*ferencias a una entidad urbanística. Un caso que dejó en evidencia el discurso contra la corrupción de la coalición de izquierdas, que hasta esa noche había mirado para otro lado a pesar de la instrucción judicial y únicamente reaccionó cuando la opinión pública se echó encima de sus líderes.
Alberto Garzón fue uno de los rostros del partido al que pusieron la cara colorada en las redes sociales cuando intentó zafarse de los reproches de los ciudadanos. El ahora ministro de Consumo, entonces un político que a golpe de tuit se asomaba a la escena nacional, y al que en Málaga habían promocionado con la coletilla de "el diputado más joven de España", se escandalizaba durante la emisión del programa de lo que estaba viendo. Reacción que escondía cierta impostura, ya que el caso Manilva llevaba en aquel tiempo cuatro años en el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona y las revelaciones periodísticas sobre las supuestas tropelías de Muñoz —que hasta fue capaz de comprarse un helado y pagarlo con la tarjeta del ayuntamiento— dejaban pocas dudas de que algo podrido supuestamente se había tejido en el único municipio de la Costa del Sol donde gobernaba IU.
Informaciones que ocupaban espacio en las páginas de medios nacionales y locales y a las que respondieron con pasividad el que fuera coordinador federal de la formación, Cayo Lara, y el máximo responsable del partido en Andalucía, Diego Valderas, que tiraban de retórica, o directamente no contestaban, cuando eran interpelados en alguna de sus visitas a Málaga.
"Con la corrupción, el 'enchufismo' y otras formas de convertir la política en escenario mafioso, no se puede tener ni un ápice de piedad", publicaba Garzón tres días después de la emisión del programa. Un ejercicio de argumentario asimétrico al que el periodista de 'El País' Fernando J. Pérez respondía: "Totalmente de acuerdo. En Manilva, podéis empezar a aplicar esta doctrina. Ganaríais mucha credibilidad".
El chaparrón en las redes no escampaba y el diputado decidió aparcar este escándalo durante un par de meses. Lo retomó en una comparecencia en Marbella en la que reconoció que "hemos tardado mucho en reaccionar" y que se produjo dos semanas después de que Muñoz y sus seis ediles abandonasen el partido en junio de 2013. Porque la regidora no fue expulsada, ni consta que se le abriese expediente alguno. Se marchó ella, según dijo, para que "dejen de utilizarnos para desprestigiar a la única fuerza política garante de la lucha contra la corrupción y las desigualdades". Fue el paso previo a que presentase su dimisión el siguiente año.
Contratos al marido
Tras la suspensión de un juicio anterior relacionado con supuestas tras*ferencias irregulares de dinero a una entidad urbanística, y si no ocurre nada, el Juzgado de lo Penal número 6 acogerá la primera vista oral del caso Manilva. En ella, se va a abordar la presunta adjudicación de contratos municipales, entre otros, a las empresas del marido de la exalcaldesa y al negocio de otro familiar. Será el desenlace inmediato de la denuncia que en 1999 interpusieron un grupo de trabajadores del ayuntamiento que se mantuvieron firmes frente a las presiones y gestos de hostigamiento, porque era raro que no les rayasen el coche o los increpasen por la calle.
Las pesquisas de la Guardia Civil sobre esta parte de la investigación concluyeron que Carpintería Valentín SL y Muebles y Decoración Valentín, del esposo de Antonia Muñoz, que además era administradora de una de las sociedades, supuestamente recibieron adjudicaciones por más de 200.000 euros.
La Fiscalía remarca que las adjudicaciones se llevaban a cabo "sin la existencia de expedientes administrativos de contratación"
Muchas de las facturas presentadas contaban con reparos de la interventora municipal, ya que al superar los 3.000 euros requerían la presentación de tres presupuestos, cosa que el consistorio presuntamente no realizó. "No está acreditada la realización de publicidad, ni de libre concurrencia, ni la existencia de criterios de selección, por no contar con expediente ni procedimiento administrativo anterior a la presentación final de la factura", afeaba la jueza en uno de sus autos después de que los agentes escudriñasen las actas de las comisiones y las juntas del Gobierno local, tras lo que determinaron que los miembros del entonces equipo municipal y los ediles de la oposición no se opusieron al pago de estos trabajos. Esta decisión la mantuvieron en el tiempo a pesar de que era pública y notoria la relación familiar de la entonces alcaldesa con algunos de los agraciados.
El escrito de la Fiscalía remarca que las adjudicaciones se llevaban a cabo "sin la existencia de expedientes administrativos de contratación, sin una propuesta y sin aprobación del gasto", además de hacer hincapié en que existían reparos de la Intervención por falta de dotación presupuestaria.
La instructora y la Fiscalía destacan que se hacían adjudicaciones sin control
Junto a Muñoz y su marido, Valentín Carayol Sánchez, están citados como acusados el actual alcalde de Manilva, Mario Jiménez, y su edil de Limpieza y Tratamiento de Residuos Sólidos y Asuntos Sociales e Igualdad, Francisca López. También los ex regidores Diego Urieta y Emilio López Berenguer; así como los exconcejales de Limpieza, Pesca y Parque Móvil y de Recursos Humanos, Agricultura, Comercio, Consumo y Desarrollo Antonio de Haro y Diego Díaz, respectivamente.
Todos están procesados por prevaricación continuada en concurso con gestión interesada, por lo que el Ministerio Público reclama para cada uno de ellos dos años de guandoca, cuatro de inhabilitación especial para empleo o cargo público y multa de 24 meses a razón de 15 euros diarios.
'Enchufes' y blanqueo
Pero, sin duda alguna, el pilar principal sobre el que se apoyó este caso orbita alrededor de una cifra. Un número que acabaría superando las estimaciones iniciales de los responsables del caso. Es 470. Ni más ni menos, serían los supuestos casos de ‘enchufismo’ que se produjeron en el Ayuntamiento de Manilva durante ese periodo de gestión de IU y de los que presuntamente se beneficiaron —en su práctica totalidad— personas próximas a los dirigentes del partido, así como afiliados y simpatizantes.
Las pesquisas constataron hasta 15 contrataciones presuntamente irregulares de familiares de la entonces regidora, aunque esta cifra se elevaba aproximadamente a 80 si se analizaba a todos los miembros del equipo de gobierno municipal.
Hermanos, primos, sobrinas, cuñados o suegra fueron algunos de los vínculos destapados por la investigación, que señaló que en algunos de los casos se utilizaba la fórmula del 'cargo de confianza' para llevar a cabo la contratación. Una de las más sonadas fue la de una nuera de la regidora, que llegó a justificar manifestando que tenía que regularizar su situación en el país.
La Guardia Civil confeccionó un listado de 88 páginas, con nombres y apellidos, en el que incluyó los al menos 394 trabajadores elegidos a dedo para trabajar en el consistorio.
La regidora justificó la contratación de una nuera porque tenía que regularizarla
La lista creció conforme las pesquisas continuaban. Porque, como plasmó la interventora en un informe remitido al juzgado, desde 2007 —y hasta que estalló el caso—, únicamente se habían celebrado ocho procesos de selección ajustados a la ley. "Salvo cuatro administrativos, un ingeniero técnico, los policías locales, el secretario y la interventora", el resto de personal había sido contratado "sin convocatoria pública y sin respetar los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad", destacaron los investigadores.
El juicio que investiga la pieza por supuestas tras*ferencias de dinero a una entidad urbanística del municipio se retrasó recientemente por la indisposición de uno de los letrados defensores. Los acusados en esta línea de investigación, en la que, cómo no, repiten Muñoz y otros ediles, se enfrentan a una suma total de 35 años de guandoca por malversación de caudales públicos y prevaricación continuada.
Blanqueo de capitales
Y como los sobresaltos son algo habitual en la actividad política de este municipio de la Costa del Sol de más de 16.000 habitantes, en febrero del año pasado trascendía la detención de Antonia Muñoz en una operación de la Policía Nacional contra el blanqueo de capitales a través de activos inmobiliarios.
Las pesquisas por cohecho y tráfico de influencias que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional apuntaban a que Muñoz habría desarrollado un papel secundario —"pero necesario"— en un entramado de lavado de dinero que supuestamente lideraba un ciudadano italiano.
