Eric Finch
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Caso Ayuso: ¿otra acusación fiscal 'fake'?, por Ignacio Ruiz-Jarabo
¡Que casualidad! Ha sucedido en pleno auge del gravísimo escándalo del latrocinio de las mascaras que salpica hasta los tuétanos al Gobierno y al
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Caso Ayuso: ¿otra acusación fiscal 'fake'?
«Todo apunta a la utilización fraudulenta por el Gobierno de una información tributaria de un contribuyente, el novio de Díaz Ayuso, con un fin partidista»
Opinión
13 de marzo de 202403:30
Ilustración de Alejandra Svriz.
Ignacio Ruiz-Jarabo
¡Que casualidad! Ha sucedido en pleno auge del gravísimo escándalo del latrocinio de las mascaras que salpica hasta los tuétanos al Gobierno y al partido de Pedro Sánchez y en plena efervescencia de la corrupción política que supone la inmediata aprobación de la futura Ley de Amnistía. Y ha sucedido que desde ámbitos socialistas como son el Ministerio de Hacienda —uno de los departamentos ministeriales salpicados— y una Fiscalía Provincial dirigida por una ex alto cargo socialista se ha filtrado un asunto que se pretende resulte negativo para el principal partido de la oposición, el PP. Y ¡qué casualidad también!, el centro de la diana ha vuelto a ser Isabel Díaz Ayuso, la obsesión compulsiva que martiriza a Sánchez. Más allá de las casualidades expuestas y sin más conocimiento del caso que la información publicada en las últimas horas, son varias las reflexiones que me sugiere el caso.
En primer término, todos aquellos medios y correas mediáticas que están enfatizando como relevante que la fiscal actuante se haya sumado o haya hecho suya la denuncia que parece haber realizado la Agencia Tributaria, deberían saber que es praxis consuetudinaria de la Fiscalía hacer un seguidismo acrítico de lo que denuncia la AEAT. No recuerdo un solo caso, ni en mi etapa en la institución ni en la que ejercí como profesional del asesoramiento fiscal, en el que la Fiscalía se haya opuesto a la opinión de la Inspección de Hacienda. Y mira que en muchas ocasiones debió hacerlo dado que siendo su función vigilar el cumplimiento de la Ley, multitud de las denuncias que formuló a propuesta de la AEAT resultaron ser contrarias a la legalidad según las posteriores sentencias anulatorias emitidas por los Tribunales. En este caso y por lo que hace a la Fiscalía, la gravedad estriba en la filtración de la noticia, y ahí hay que estar a las casualidades enunciadas anteriormente.
En segundo lugar, según lo publicado, el origen del pretendido fraude estaría en la utilización por parte de una sociedad, propiedad y/o administrada por la pareja de Isabel Díaz Ayuso, de unas facturas falsas para reducir su tributación, facturas falsas que habrían sido emitidas por un conjunto de varias sociedades, al menos siete. Vuelvo a recurrir a mi doble experiencia profesional, dentro y fuera de la AEAT, para manifestar lo absolutamente anómalo del caso. Cada vez que la AEAT cree o considera haber descubierto el uso de facturas falsas por un «obligado» —lamentablemente, así se nos llama ahora a los contribuyentes—, pone en marcha una investigación en profundidad no tan solo para confirmar la falsedad que cree haber averiguado, sino también y especialmente para detectar la posible existencia de cualquier grupo organizado destinado a la emisión y uso de facturas falsas.
Nunca se cierra una investigación de este tipo sin comprobar a fondo la existencia o no del reseñado grupo y, en su caso, el conocimiento hasta la última ramificación de todos los componentes del supuesto grupo defraudador así como la identificación de todos los posibles compradores de las facturas supuestamente ficticias que habrían emitido las reseñadas siete sociedades… Basta recordar la multitud de noticias publicadas del tipo: «Hacienda descubre una trama de empresas que falsificaban facturas para…». Como ejemplo, las conocidas tramas del llamado fraude carrusel en IVA.
Curiosamente, en el caso analizado parece que no existe ninguna comprobación ni investigación al respecto. De hecho, la relativa prontitud de la denuncia en relación con el fin del último ejercicio comprobado hace materialmente imposible que se hubiera investigado a la supuesta trama de compraventa de facturas irreales. Y no, la filtración, surgida de la Fiscalía según los medios, nada dice sobre los pretendidos emisores de las supuestas facturas falsas.
Todo apunta a que, en este caso, a la AEAT, a la Fiscalía o a ambas solo les ha interesado manifestar que un «obligado» ha utilizado facturas de las que ellos afirman su falsedad. Investigar todo lo referente a quien en su caso las hubiera emitido, a quienes más las hubieran adquirido, la dimensión económica del negocio global, la situación tributaria de los primeros y de los segundos… parece que todo carece de relevancia en la investigación y en la filtración. A lo que se ve, solo importa lo que pudiera afectar, si es que así resulta al final, a un «obligado» en concreto. Vuelve a resultar patente lo de las casualidades ya aludidas.
Además de lo ya expuesto hasta ahora, creo conveniente realizar dos últimas puntualizaciones que considero relevantes. Cualquier acusación realizada por la AEAT debe ponerse en cuarentena dada la elevada frecuencia con la que aquellas que resultan más graves acaban siendo absolutamente fakes. Por centrarme en casos especialmente mediáticos citaré el de Xabi Alonso y otros, también de deportistas, como los Piqué, Helguera, Puyol, Sito Pons, Jorge Lorenzo o Sete Gibernau. En todos estos casos, los jueces les dieron la razón a los acusados y se la quitaron a la AEAT y a la Fiscalía que, como siempre, practicó ese acrítico e irresponsable seguidismo de los criterios del Fisco.
También es importante subrayar que, según lo publicado, en el caso que nos ocupa, los años en los que se acusa al «obligado» de haber incumplido sus deberes tributarios son los ejercicios 2020 y 2021, parece ser que anteriores a que se iniciara su relación con la presidenta de Madrid. Este dato debe chocar frontalmente con la orquestada salida en tromba del Gobierno, del PSOE y de sus habituales legionarios acusando a Ayuso y/o exigiéndole explicaciones. Solo el tiempo y los tribunales dirán si estamos o no ante una acusación fake de la AEAT, pero la ofensiva coordinada del conglomerado socialista apunta a que podemos estar ante un caso prefabricado.
Y de no ser así, estaríamos como poco ante una utilización fraudulenta por el Gobierno de una información tributaria de un contribuyente —no quiero utilizar más el lamentable término de «obligado» con el que despectivamente se nos llama a todos en la AEAT— para un fin estrictamente partidista que no es otro que desviar la atención sobre dos asuntos de enorme gravedad como son la corrupción económica del caso de las mascaras y la corrupción política que supone la amnistía.
Es innegable que, en uno u otro caso, el Gobierno está utilizando un instrumento estatal como es la Agencia Tributaria en beneficio propio, cuestión que por mucho que venga siendo su costumbre con otras instituciones personalmente me duele en el alma por razones fáciles de entender. Y en dirección análoga, también me resulta doloroso que la ministra de Hacienda haya cesado el pasado 5 de febrero a dos directivos de la Agencia Tributaria por haber cometido el pecado de colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de la praxis corrupta anidada en varios Ministerios y Comunidades Autónomas regentados/as por el PSOE.
Así es, el día 1 de febrero desde la Delegación de Aragón de la AEAT se emitió un informe sobre el caso Koldo que destripa las múltiples irregularidades habidas en las administraciones socialistas compradoras de mascaras. Al día siguiente, el informe fue enviado por el director de Inspección de la Agencia Tributaria al Juzgado de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional. Tan solo tres días después, el reseñado 5 de febrero, la ministra de Hacienda, sin duda disgustada por el envío del informe dado su contenido, destituyó de sus puestos a la delegada de Aragón de la AEAT y al director de Inspección de la entidad. Buen ejemplo del espíritu de colaboración con la Justicia que anida en Montero y por ende en su jefe.
