Chimpu
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Si nos ceñimos exclusivamente a los cargos electos, el número es ya de por sí muy significativo. Entre el Congreso y el Senado, los parlamentos autonómicos, los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, los consejos insulares y el Consejo del Valle de Arán, un total de 77.007 políticos son elegidos para representarnos dentro de nuestras fronteras. A ellos habría que sumar los 54 eurodiputados que nos corresponden en las elecciones que se celebran cada cinco años.
Un número que se asemeja al caso alemán, italiano o francés. Con la salvedad de que estos países tienen una población muy superior a la española. El dato nos sitúa como el país de Europa con más políticos electos por habitantes. Pero el drama de España es mucho mayor, si tenemos en cuenta que la cifra crece eSponencialmente al añadir el aparato de libre designación de personas que eleva el número hasta los 445.568 cargos políticos en España.
Vamos por partes. A los más de 77 mil anteriormente mencionados debemos sumar los políticos contratados como cargos de confianza en las diferentes administraciones públicas, que actualmente ascienden a 40.970. Este dato, más que llamativo, se ve superado por el número de cargos de designación política que se encuentran en cargos de responsabilidad de empresas públicas con participación estatal: 131,250.
Las mancomunidades de municipios, esas administraciones a caballo entre las diputaciones provinciales y los ayuntamientos, también sirven para colocar a políticos. En ellas se emplean 2.812 políticos que, previamente, pasaron casi siempre por la gestión municipal. Además, España envía en labores auxiliares a 1.100 políticos a la Unión Europea. Trabajan para los miembros electos, pero nadie les votó para ello.
El desarrollo de las representaciones diplomáticas autonómicas en otros países también es una salida laboral para los políticos que no son elegidos en las listas de sus partidos, son 941 los agraciados con estos puestos. Además, hay 60 políticos en el Consejo de Estado, casi 1.600 en el Tribunal de Cuentas y casi 5.000 repartidos entre los diferentes consejos económicos asesores.
Las diferentes oficinas de “defensores” -Defensor del Pueblo, del Menor, de la Mujer, del Estudiantes,…– coloca a otros 900 políticos; y cerca de 2.600 son empleados en los diversos Observatorios creados en España (violencia de género, LGTB,…).
Las fundaciones públicas colocan a 1.600 políticos, las cámaras de comercio a 6.000, el Instituto Cervantes a 80 y las embajadas de España a otros 240. Mientras tanto, en la Tesorería General de la Seguridad Social hay 800 políticos designados y en el INEM, otros 2.400. En las entidades educativas nacionales y autonómicas se ocupan en labores de decisión casi 2.000 cargos de designación política.
La cooperación internacional al desarrollo emplea a 230 y los medios de comunicación públicos a 630. Y como si ésto fuera poco, se han multiplicado organismos que no parecen tener otra función que la de colocar a cargos designados politicamente: las entidades de gestión de fondos de formacion, 140; las de desarrollo rural, 900; los consejos reguladores, 500; los diferentes consorcios, 870; y las comisiones nacionales (Valores, Telecomunicaciones,…) emplean a 500 políticos más.
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También encontramos a 987 políticos trabajando en gestoras de fondos públicos y 132 en la Casa Real. Las entidades financieras de capital público dan empleo a 466 cargos designados y existen puestos de designación política en la gestión de clases pasivas, gestores de vivienda pública, entidades de publicaciones públicas y difusión cultural al exterior. Entre todas ellas suman algo más de 2.500 puestos de designación política.
Las agencias públicas de regulación reciben 910 designados políticos y otros 630 son enviados a los organismos de mediación. Casi 900 están en los organismos encargados de la conservación del patrimonio y unos 200 en centros de investigación. Los organismos estatales relacionados con el tabaco y los juegos de azar reciben 400 cargos designados.
Para gestionar el patrimonio del Estado y de las comunidades autónomas se designan a 1.200 responsables políticos. Otros 1.360 pasan por las entidades de mutualidades públicas.
El sistema sanitario y el educativo son otros lugares en los que los cargos de designación política tienen una amplia presencia: 9.000 en cada uno de ellos. En los organismos de control interno de las administraciones se sitúan 4.270 cargos designados, en la gestión catastral otros 2.500 y en las direcciones generales de Policía Nacional y Guardia Civil, 130. A ellos hay que sumar los 61 de instituciones penitenciarias y los 700 que colocan en los diferentes cuerpos de Protección Civil.
Pero también se colocan cargos de designación política para realizar seguimiento de medios de comunicación, 7.200; otros 750 en los padrones municipales de las principales ciudades. En las entidades de tras*porte público estatales, autonómicos y municipales hay casi 8.000 puestos destinados a cargos de designación política.
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En conservación de infraestructuras hay 1.360 puestos designados por políticos y otros 900 en correos y telégrafos. En entidades deportivas y culturales, 4.000 más.
La lista, ya de por sí amplia, se completa con entidades de reindustrialización, de gestión de la energía, de desarrollo de medios rurales, en cuencas hidrográficas, en medioambiente y agencias meteorológicas, en la Agencia de Cambio Climático y en centros de estudios históricos y sociológicos. Todos ellos tienen una amplia presencia de personal de designación política. Entre todos estos destinos suman más de 10.000 puestos.
Los organismos públicos de igualdad y prevención de violencia doméstica no podrían funcionar sin los 2.330 cargos designados por la clase política. En los encargados de trasplantes y donaciones trabajan, a día de hoy, 86 cargos políticos, otros 36 en el Plan Nacional sobre drojas y 34 más en entidades astrofísicas y de astronomía.
Completamos el repaso con los 2.450 designados por políticos para las entidades de promoción del comercio exterior, los 280 de las entidades de investigación pesquera y oceanográfica y los 370 largos de los parques tecnológicos y empresariales.
Si a estos cargos enumerados sumamos los 1.600 políticos retirados que cobran pensiones derivadas de su actividad política, los 65.130 liberados sindicales de las administraciones públicas y los 31.210 representantes de las patronales en los organismos públicos, nos hacemos una idea del coste de nuestra mastodóntica administración. Pero aquí no termina la cosa, España designa a 160 representantes políticos ante organismos internacionales como la ONU o la OCDE.
Y, a la vista de esta enumeración, ¿quién paga el coste de esta administración paralela a la de los más de tres millones de funcionarios que hay en España?
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