Casals y Marhuenda trataron de chantajear a Cifuentes

Las conversaciones intervenidas en el marco del caso Lezo, entre el presidente de La Razón y consejero de Atresmedia Mauricio Casals, el comisario honorifico y director del citado periódico, Francisco Marhuenda, y Edmundo Rodríguez Sobrino, accionista de Atresmedia, presidente de INASSA (una de las empresas del Canal de Isabel II en Latinoamérica) y presunto testaferro del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, dejan al descubierto el funcionamiento de la cloaca mediática y sus alianzas con el Partido Popular.
Por Román Cuesta - 6 de agosto, 2022

El 13 de abril del 2016 un artículo de El Confidencial relacionaba a Edmundo Rodríguez Sobrino, accionista de Atresmedia, presidente de INASSA (una de las empresas del Canal de Isabel II en Latinoamérica) y presunto testaferro del ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, con varias empresas panameñas que figuraban en “Los papeles de Panamá”. Dos días después de la noticia era destituido de su puesto en INASSA por el gobierno de Cristina Cifuentes.

Sobrino, hombre de confianza de Ignacio González, había pilotado los negocios del Canal de Isabel II en Latinoamérica y canalizado las mordidas que dichos negocios habían dejado a González y otros directivos del Canal, según el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Era, por tanto, un hombre clave en la estructura criminal creada para saquear las arcas de la empresa pública.

El capote de Cifuentes a Casals
En la decisión de Cifuentes influyo más la presión de la oposición en la asamblea, que la aparición de las empresas panameñas de Edmundo Rodríguez. Por aquellas fechas, las irregularidades en la operación de compra de INASSA empezaban a conocerse y todas las evidencias presagiaban un nuevo escándalo de corrupción en el PP madrileño. El caso Lezo estallaría en 2017, un año más tarde, con la detención de Ignacio González y del propio Edmundo Rodríguez.

Edmundo Rodríguez, alarmado por el cariz que van tomando los acontecimientos, comienza a maniobrar para condicionar la actuación de la presidenta madrileña, recurriendo a su socio en Atresmedia Mauricio Casals, el cual pone a sus órdenes a Francisco Marhuenda y a La Razón para lo que haga falta.

Ignorando que sus teléfonos están intervenidos por orden judicial, estos individuos dejan grabadas conversaciones que hacen concluir a la fiscalía:

“Se aprecia la capacidad de los investigados para protegerse frente a la instrucción con el uso de medios totalmente ajenos a la legalidad. Entre estos instrumentos destaca el uso de los medios de comunicación, en especial de los periodistas Mauricio Casal y Francisco Marhuenda, como instrumentos adecuados para ejercer presiones en los actuales mandatarios públicos en la Comunidad de Madrid. De las conversaciones intervenidas, se desprende el alto grado de complicidad que existe entre los periodistas y los investigados, que en gran medida proyectan una unidad de acción para proteger a quienes consideran “uno de los suyos” y no dudan en planificar actuaciones exclusivamente dirigidas a amedrentar o, cuando menos a condicionar, las posibles acciones judiciales de la actual Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. En esta línea, se aprecian igualmente evidencias que indican que los mencionados periodistas tienen conocimiento directo de hechos presuntamente delictivos ejecutados por responsables políticos de la Comunidad de Madrid, si bien estos hechos que resultan de la investigación se analizarán en un escrito independiente en el que se realizará una valoración de los mismos a los efectos de determinar si procede dirigir el procedimiento contra Mauricio Casal y Francisco Marhuenda, y en su caso, los delitos que se les imputen.”

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