La historia detrás del cártel del fuego: dos décadas de sobornos a costa de los incendios en España
- Dominó las contrataciones publicas de aviones destinados a la extinción
- Anticorrupción calcula que los acuerdos ascienden a 151 millones en total
21/08/2022 - 16:57
Los incendios forestales queman cada año miles de hectáreas en toda España y producen, en los casos más extremos, daños medioambientales y humanos irreparables. Sin embargo, un grupo concreto de empresas supieron ver en estas catástrofes una oportunidad de negocio. Se trata del autodenominado Grupo 6, una organización delictiva que durante dos décadas dominó las contrataciones públicas de aeronaves destinadas a la extinción de fuegos en España. La Fiscalía Anticorrupción calcula que el total de los acuerdos habría superado los 151 millones de euros.
Fundado en 2001 por un grupo de empresas del sector de la aviación -entre las que figuran
Avialsa, Grupo FAASA, Trabajos Aéreos Extremeños, Grupo Martínez Ridao, Espejo y Cegisa-, el Grupo 6 acordó compartir la flota de aviones de extinción de incendios y
repartirse España geográficamente, mientras que con los concursos los distribuyeron de manera rotatoria. Según publica este domingo el diario El Español, la organización contó durante todo el tiempo que estuvo en activo con el apoyo de funcionarios y políticos del PP, PSOE y CIU de Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, Castilla-La Mancha o Cataluña.
Para adjudicarse los contratos, los miembros del grupo llegaban a acuerdos clandestinos mediante los que conseguían que las administraciones aceptarán sus precios -muy superiores a los de otras entidades- a cambio de
entregas de dinero en metálico y el pago de regalos de toda índole, desde cacerías a viajes.
Entre los contratos que ha investigado la Fiscalía se encuentra el del PSOE de Andalucía en 2010
para el traslado en avioneta de José Antonio Griñán, presidente en ese momento de la Junta, a un acto del partido en Roquetas de Mar. También ha seguido el rastro de los regalos que recibieron algunos cargos públicos, como el exconseller valenciano de Gobernación, Serafín Castellano (PP), quien recibió
"no menos de 167.177,02 euros" en forma de sesiones de spa y entregas puntuales de dinero en metálico, entre otras.
Años después de que comenzará a investigar los contratos fraudulentos del cártel de fuego, el juicio todavía no ha comenzado y, dado que no hay ninguna sentencia en firme, las empresas que lo conforman han seguido
presentándose y ganando la mayoría de los concursos públicos en España.
La Fiscalía Anticorrupción pide
penas de prisión para los empresarios, la inhabilitación para obtener subvenciones y el pago de indemnizaciones millonarias. Asimismo, ha solicitado que se prohíba a los miembros del Grupo 6 contratar con el sector público por un plazo de 15 años.
