Ludlow
Purasangre
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Ya en 2006, hizo fijos a más de 300 sin prueba alguna marginando a internos y externos.
En Canal Sur se conoce como "los otros" a PP y Ciudadanos, los partidos que han logrado formar un gobierno de coalición tras el desastre electoral sufrido por el PSOE y Susana Díaz el pasado día 2 de diciembre de 2018. Para impedir que entre nadie de "los otros" y cualquier atisbo de reforma, el PSOE, la dirección de la RTVA y los sindicatos mayoritarios (y también algunos minoritarios), han comenzado a hablar de la "estabilidad" del personal indefinido no fijo, interino y de obra o servicio, que suman unos 240 puestos y que podrían sufrir las consecuencias del "redimensionamiento" del Ente, prometido por el nuevo gobierno.
Se trata de la suma de casi 130 indefinidos no fijos, unos 60 temporales en interinidad y otros 50 que tienen contratos de obra y servicio que, en algunos casos, han ido encadenándolos durante años.
No es una operación desconocida por los directivos, sindicatos y socialistas, ya que se ha realizado en otras ocasiones, y con éxito, a pesar de los dolores de cabeza producidos por la anulación de las oposiciones interinas planteadas para el año 2000.
Como ya hemos contado en anteriores entregas, las contrataciones irregulares en Canal Sur comenzaron con su fundación y siguen hasta hoy. El proceso suele ser contratar como temporales a los "elegidos" por su vinculación a empleados de la RTVA (familiares), al PSOE o a los directivos y luego preparar una "estabilización" que los haga fijos ya sea por acuerdo o pruebas restringidas.
De hecho, el PSOE andaluz ya ha dejado claro su apoyo a toda operación de "estabilización" de este personal contratado bajo su mandato al frente de la Junta de Andalucía.
Ejemplos anteriores a la "estabilización" de "los 300"
Por poner algunos ejemplos, digamos que, a pesar del escándalo y las irregularidades en contrataciones de personal y de productoras denunciadas en Diario 16 poco después de la inauguración oficial de Canal Sur TV, la práctica oscurantista e irregular en la contratación y en la información realizada por la RTVA fue seguida por el sucesor de Salvador Domínguez, Manuel Melero.
Nada más llegar y tras prometer que informaría mensualmente de las nuevas contrataciones que se produjeran, fue denunciado a los pocos meses por no informar de nada. Es más, aplazó las oposiciones previstas para cubrir las plazas de redactores de radio y televisión según el presupuesto de 1989 y los puestos necesarios se fueron cubriendo al modo habitual con personal interino contratado por la dirección de la RTVA. IU denunció el hecho por considerar que el PSOE trataba de afrontar las elecciones andaluzas de 1990 con personal "fiable". Las oposiciones libres finalmente se convocaron y realizaron en 1991.
Manuel Ponce, destacado miembro del Consejo por el PP, dijo en 1993, tres años después, que se seguía incumpliendo el acuerdo de informar aludiendo a que "se está contratando fuera del organigrama operativo que Canal Sur tiene vigente y el consejo no se entera, porque Melero no nos remite ni un solo contrato".
CCOO denunció en 1997 que el equipo directivo de Canal Sur había contratado con sueldos millonarios a varias personas sin experiencia televisiva, mientras que a un "importante grupo de contratados se les niega el complemento de disponibilidad que les corresponde por convenio colectivo". Entre los "afortunados" denunciados, se hallaba Carlos Santos Gurriarán, sobrino del jefe de los Servicios Informativos, José Antonio Gurriarán, cuyo sueldo era de 10,5 millones de pesetas anuales, unos 63.000 euros.
Igualmente afirmó que Francisco Luis Córdoba, proveniente de la Oficina del Portavoz de la Junta, ligada al presidente Chaves, cobraba 8,6 millones de pesetas anuales (49.000 euros) como "coordinador" de nadie sabía qué. Además, pocos sabían que Rafael González Zubieta, el Zubi, anterior jefe de los Servicios Informativos de Canal Sur TV, recibía 8,5 millones de pesetas anuales como "coordinador del teletexto".
También denunció que se contrató a Javier García Vázquez, como asesor de márketing a pesar de "que siendo jefe del Departamento Comercial de RTVA no llegó a superar las pruebas convocadas para su plaza". En este caso, el sueldo era de casi 7,5 millones de pesetas anuales (47.000 euros), "muy por encima de lo que cobra la jefa de su departamento".
En 1999, la CGT denunció irregularidades de contratación. "¿Cómo se permite que se contrate a la ex secretaria de una productora sin formación ni experiencia para un puesto de delegada de Producción, inexistente en el organigrama de la RTVA y SSPF, por el mero hecho de tener buenas relaciones con determinado directivo de nuestra empresa?", dijo en su informe. Se amenazaba a los díscolos y se les castigaba.
"Es un coladero que no podemos admitir como empresa pública, ya que existe una bolsa de trabajo con cerca de mil personas que no se publica" añadieron entonces y citaron 110 ejemplos de personal colocado a dedo al margen incluso de las bolsas de trabajo.
En 2003, con el exportavoz del gobierno de Manuel Chaves, Rafael Camacho, en la dirección general –muestra inequívoca del nulo espíritu de neutralidad que se deseaba imprimir a la RTV pública andaluza–, nuevamente los sindicatos denunciaron contrataciones irregulares. En este caso, otras 40 personas fueron contratadas en los centros territoriales de la RTVA sin tener en cuenta ni bolsas de trabajo ni mesas de contratación. Incluso se superaba el porcentaje de libre designación reservada a la Dirección.
El presidente del Comité Intercentros llegó a decir que muchas de estas contrataciones lo fueron a dedo y que había casos en el que se contrataba a trabajadores con una posición bajísima en la bolsa de trabajo e incluso que habían llegado a "inventarse puestos de trabajo para adjudicarlos".
La colocación de "los 300"
En 2006, El Mundo publicaba: "La dirección de Canal Sur apela a la Constitución para justificar la viabilidad jurídica de su propuesta de convertir en fijos a unos 300 trabajadores temporales sin someterlos previamente a ninguna prueba, lo que contravendría la propia Ley de Creación de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y el convenio colectivo. La modificación contractual sería efectiva el próximo 1 de enero".
Eso sucedía sólo unos años después de haberse convocado oposiciones para 232 puestos, que fueron denunciadas en el año 2000 por ser una prueba restringida para esos trabajadores que implicaba que personas colocadas "a dedo" luego eran asimiladas a la plantilla por este procedimiento. De hecho, las oposiciones no tuvieron fuerza legal.
Con estos 232 trabajadores y sus pruebas "restringidas" comenzó un purgatorio judicial merecido para una RTVA cada vez más desprestigiada. Ocho años nada menos tardó la Justicia española en sentenciar sobre el caso, pero finalmente lo hizo y lo hizo en contra de las prácticas abusivas de contratación de la RTVA.
El Tribunal Supremo dijo en su sentencia que la RTVA y sus sociedades filiales (Canal Sur Televisión y Canal Sur Radio) "violaron los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso a la función pública según los artículos 14, 23.2 y 103.3 de la Constitución, e infringieron asimismo los artículos 53.2 y 55.2.b de la Ley 6/1997 de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, que obliga a las entidades públicas empresariales a seleccionar el personal laboral a su servicio, mediante convocatoria pública basada en los principios antes citados", según nos informó en su día la Asociación de Licenciados de Imagen y Sonido de Andalucía, ALISA, impulsora de su recurso a través del abogado Antonio Sánchez Rodríguez.
Esto es, que la RTVA, amparándose en un pacto con los sindicatos, "con el pretexto de la promoción interna buscaba eludir la aplicación de los principios constitucionales ya citados de igualdad, mérito y capacidad, y que discriminó sin justa causa a los eventuales aspirantes a los que impidió participar en las pruebas". La RTVA no quiso responder a ALISA ni a la sentencia del Supremo y no precisó si recurriría al Constitucional.
El Tribunal Supremo, pues, anuló las oposiciones casi "clandestinas" celebradas en la Radio Televisión Andaluza en el año 2000 y que daban plaza fija a más de 200 trabajadores temporales de la propia RTVA, naturalmente en su mayoría, colocados por decisión de los directivos. La convocatoria sólo se difundió en los tablones de anuncios de la RTVA. No se permitió concurrir a trabajadores temporales con antigüedad inferior a los seis meses ni a personas que, estando cualificadas, no hubiesen trabajado antes en la RTVA.
Es decir, que estaba predeterminado que aprobarían los que la Dirección había decidido que aprobaran sin tener en cuenta la igualdad de oportunidades ni los principios de mérito, capacidad e igualdad ni convocar públicamente las pruebas de selección como manda expresamente la ley.
Seguramente por no haber podido perpetrar aquellos objetivos y para resolver el problema interno generado, la dirección de la RTVA del citado Director General Rafael Camacho Ordónez, ideó un pacto con los sindicatos: dar estabilidad a "los 300", para ser más exactos 316, entre los que se encontraban personas muy destacadas que tienen hoy cargos de alta responsabilidad y mandan en la actual radiotelevisión pública andaluza, y que no tuvieron que presentarse al concurso-oposición libre de 2008 porque ya le habían "regalado" su plaza fija.
Los 300 "estabilizados"
Libertad Digital tiene en su poder la relación completa de los 300 y pico "estabilizados" y convertidos en fijos sin prueba alguna. En ella aparecen, como beneficiarios de la más que discutible operación, algunas directivas, editoras o editores de informativos y numerosos redactores y redactoras, entre otras categorías.
Algunos de sus nombres son:
Esta relación no acaba aquí. Todos ellos y 286 más, fueron convertidos en personal fijo en Canal Sur sin otra prueba que la de llevar siete años y algo, como mínimo, trabajando allí tras haber sido colocados, sin más.
Contra esta entrada masiva de personal colocado sin requisitos y sin pruebas conocidas, se manifestó el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA), vinculado de alguna forma a la Asociación de la Prensa de Sevilla, la cual está muy bien relacionada con Canal Sur, como ya veremos en otra entrega futura.
El SPA consideró que la fórmula empleada para estabilizar vía antigüedad a más de 300 trabajadores, no solucionaba todos los casos existentes en la empresa, no se ceñía a lo estipulado por la Ley de Creación de la RTVA respecto a cómo se consigue la fijeza en la empresa pública y resultaba discriminatoria respecto a otros trabajadores, tanto fijos como contratados de la RTVA, así como a los posibles aspirantes a serlo.
Sin embargo, el blindaje masivo de personal temporal haciéndolo fijo con plaza de forma nada regular se produjo. Tal y como hemos mostrado, ahí siguen trabajando o con jubilación parcial anticipada (otros ya se han jubilado o fallecido). Ahora, según fuentes de toda solvencia consultadas por Libertad Digital, hay sobre la mesa una operación de "estabilidad" parecida, con el fin de no dar oportunidad a nadie de "los otros" y blindar a los 240 contratados al margen de pruebas.
De este modo, ni los trabajadores que tienen plaza obtenida legal y regularmente en la RTVA, los menos, podrán optar a la mejora de su situación profesional, y nadie de fuera de la "casa" podrá optar a conseguir un puesto de trabajo dentro de Canal Sur en oposiciones libres y públicas.
Canal Sur prepara otra operación "estabilidad" para blindar a unos 240 empleados antes de que lleguen "los otros"
En Canal Sur se conoce como "los otros" a PP y Ciudadanos, los partidos que han logrado formar un gobierno de coalición tras el desastre electoral sufrido por el PSOE y Susana Díaz el pasado día 2 de diciembre de 2018. Para impedir que entre nadie de "los otros" y cualquier atisbo de reforma, el PSOE, la dirección de la RTVA y los sindicatos mayoritarios (y también algunos minoritarios), han comenzado a hablar de la "estabilidad" del personal indefinido no fijo, interino y de obra o servicio, que suman unos 240 puestos y que podrían sufrir las consecuencias del "redimensionamiento" del Ente, prometido por el nuevo gobierno.
Se trata de la suma de casi 130 indefinidos no fijos, unos 60 temporales en interinidad y otros 50 que tienen contratos de obra y servicio que, en algunos casos, han ido encadenándolos durante años.
No es una operación desconocida por los directivos, sindicatos y socialistas, ya que se ha realizado en otras ocasiones, y con éxito, a pesar de los dolores de cabeza producidos por la anulación de las oposiciones interinas planteadas para el año 2000.
Como ya hemos contado en anteriores entregas, las contrataciones irregulares en Canal Sur comenzaron con su fundación y siguen hasta hoy. El proceso suele ser contratar como temporales a los "elegidos" por su vinculación a empleados de la RTVA (familiares), al PSOE o a los directivos y luego preparar una "estabilización" que los haga fijos ya sea por acuerdo o pruebas restringidas.
De hecho, el PSOE andaluz ya ha dejado claro su apoyo a toda operación de "estabilización" de este personal contratado bajo su mandato al frente de la Junta de Andalucía.
Ejemplos anteriores a la "estabilización" de "los 300"
Por poner algunos ejemplos, digamos que, a pesar del escándalo y las irregularidades en contrataciones de personal y de productoras denunciadas en Diario 16 poco después de la inauguración oficial de Canal Sur TV, la práctica oscurantista e irregular en la contratación y en la información realizada por la RTVA fue seguida por el sucesor de Salvador Domínguez, Manuel Melero.
Nada más llegar y tras prometer que informaría mensualmente de las nuevas contrataciones que se produjeran, fue denunciado a los pocos meses por no informar de nada. Es más, aplazó las oposiciones previstas para cubrir las plazas de redactores de radio y televisión según el presupuesto de 1989 y los puestos necesarios se fueron cubriendo al modo habitual con personal interino contratado por la dirección de la RTVA. IU denunció el hecho por considerar que el PSOE trataba de afrontar las elecciones andaluzas de 1990 con personal "fiable". Las oposiciones libres finalmente se convocaron y realizaron en 1991.
Manuel Ponce, destacado miembro del Consejo por el PP, dijo en 1993, tres años después, que se seguía incumpliendo el acuerdo de informar aludiendo a que "se está contratando fuera del organigrama operativo que Canal Sur tiene vigente y el consejo no se entera, porque Melero no nos remite ni un solo contrato".
CCOO denunció en 1997 que el equipo directivo de Canal Sur había contratado con sueldos millonarios a varias personas sin experiencia televisiva, mientras que a un "importante grupo de contratados se les niega el complemento de disponibilidad que les corresponde por convenio colectivo". Entre los "afortunados" denunciados, se hallaba Carlos Santos Gurriarán, sobrino del jefe de los Servicios Informativos, José Antonio Gurriarán, cuyo sueldo era de 10,5 millones de pesetas anuales, unos 63.000 euros.
Igualmente afirmó que Francisco Luis Córdoba, proveniente de la Oficina del Portavoz de la Junta, ligada al presidente Chaves, cobraba 8,6 millones de pesetas anuales (49.000 euros) como "coordinador" de nadie sabía qué. Además, pocos sabían que Rafael González Zubieta, el Zubi, anterior jefe de los Servicios Informativos de Canal Sur TV, recibía 8,5 millones de pesetas anuales como "coordinador del teletexto".
También denunció que se contrató a Javier García Vázquez, como asesor de márketing a pesar de "que siendo jefe del Departamento Comercial de RTVA no llegó a superar las pruebas convocadas para su plaza". En este caso, el sueldo era de casi 7,5 millones de pesetas anuales (47.000 euros), "muy por encima de lo que cobra la jefa de su departamento".
En 1999, la CGT denunció irregularidades de contratación. "¿Cómo se permite que se contrate a la ex secretaria de una productora sin formación ni experiencia para un puesto de delegada de Producción, inexistente en el organigrama de la RTVA y SSPF, por el mero hecho de tener buenas relaciones con determinado directivo de nuestra empresa?", dijo en su informe. Se amenazaba a los díscolos y se les castigaba.
"Es un coladero que no podemos admitir como empresa pública, ya que existe una bolsa de trabajo con cerca de mil personas que no se publica" añadieron entonces y citaron 110 ejemplos de personal colocado a dedo al margen incluso de las bolsas de trabajo.
En 2003, con el exportavoz del gobierno de Manuel Chaves, Rafael Camacho, en la dirección general –muestra inequívoca del nulo espíritu de neutralidad que se deseaba imprimir a la RTV pública andaluza–, nuevamente los sindicatos denunciaron contrataciones irregulares. En este caso, otras 40 personas fueron contratadas en los centros territoriales de la RTVA sin tener en cuenta ni bolsas de trabajo ni mesas de contratación. Incluso se superaba el porcentaje de libre designación reservada a la Dirección.
El presidente del Comité Intercentros llegó a decir que muchas de estas contrataciones lo fueron a dedo y que había casos en el que se contrataba a trabajadores con una posición bajísima en la bolsa de trabajo e incluso que habían llegado a "inventarse puestos de trabajo para adjudicarlos".
La colocación de "los 300"
En 2006, El Mundo publicaba: "La dirección de Canal Sur apela a la Constitución para justificar la viabilidad jurídica de su propuesta de convertir en fijos a unos 300 trabajadores temporales sin someterlos previamente a ninguna prueba, lo que contravendría la propia Ley de Creación de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y el convenio colectivo. La modificación contractual sería efectiva el próximo 1 de enero".
Eso sucedía sólo unos años después de haberse convocado oposiciones para 232 puestos, que fueron denunciadas en el año 2000 por ser una prueba restringida para esos trabajadores que implicaba que personas colocadas "a dedo" luego eran asimiladas a la plantilla por este procedimiento. De hecho, las oposiciones no tuvieron fuerza legal.
Con estos 232 trabajadores y sus pruebas "restringidas" comenzó un purgatorio judicial merecido para una RTVA cada vez más desprestigiada. Ocho años nada menos tardó la Justicia española en sentenciar sobre el caso, pero finalmente lo hizo y lo hizo en contra de las prácticas abusivas de contratación de la RTVA.
El Tribunal Supremo dijo en su sentencia que la RTVA y sus sociedades filiales (Canal Sur Televisión y Canal Sur Radio) "violaron los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso a la función pública según los artículos 14, 23.2 y 103.3 de la Constitución, e infringieron asimismo los artículos 53.2 y 55.2.b de la Ley 6/1997 de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, que obliga a las entidades públicas empresariales a seleccionar el personal laboral a su servicio, mediante convocatoria pública basada en los principios antes citados", según nos informó en su día la Asociación de Licenciados de Imagen y Sonido de Andalucía, ALISA, impulsora de su recurso a través del abogado Antonio Sánchez Rodríguez.
Esto es, que la RTVA, amparándose en un pacto con los sindicatos, "con el pretexto de la promoción interna buscaba eludir la aplicación de los principios constitucionales ya citados de igualdad, mérito y capacidad, y que discriminó sin justa causa a los eventuales aspirantes a los que impidió participar en las pruebas". La RTVA no quiso responder a ALISA ni a la sentencia del Supremo y no precisó si recurriría al Constitucional.
El Tribunal Supremo, pues, anuló las oposiciones casi "clandestinas" celebradas en la Radio Televisión Andaluza en el año 2000 y que daban plaza fija a más de 200 trabajadores temporales de la propia RTVA, naturalmente en su mayoría, colocados por decisión de los directivos. La convocatoria sólo se difundió en los tablones de anuncios de la RTVA. No se permitió concurrir a trabajadores temporales con antigüedad inferior a los seis meses ni a personas que, estando cualificadas, no hubiesen trabajado antes en la RTVA.
Es decir, que estaba predeterminado que aprobarían los que la Dirección había decidido que aprobaran sin tener en cuenta la igualdad de oportunidades ni los principios de mérito, capacidad e igualdad ni convocar públicamente las pruebas de selección como manda expresamente la ley.
Seguramente por no haber podido perpetrar aquellos objetivos y para resolver el problema interno generado, la dirección de la RTVA del citado Director General Rafael Camacho Ordónez, ideó un pacto con los sindicatos: dar estabilidad a "los 300", para ser más exactos 316, entre los que se encontraban personas muy destacadas que tienen hoy cargos de alta responsabilidad y mandan en la actual radiotelevisión pública andaluza, y que no tuvieron que presentarse al concurso-oposición libre de 2008 porque ya le habían "regalado" su plaza fija.
Los 300 "estabilizados"
Libertad Digital tiene en su poder la relación completa de los 300 y pico "estabilizados" y convertidos en fijos sin prueba alguna. En ella aparecen, como beneficiarios de la más que discutible operación, algunas directivas, editoras o editores de informativos y numerosos redactores y redactoras, entre otras categorías.
Algunos de sus nombres son:
- Pilar Vergara Jiménez, directora operativa CSRTV y Multimedia, mano derecha del subdirector en funciones, Joaquín Durán y poder fáctico en el control de Canal Sur y sus informativos.
- Inés Alba Cordero, exdirectora de Canal Sur Radio y actual delegada de Igualdad de Canal Sur.
- Mar Arteaga Fernández, antes presentadora, redactora y ahora directora de Canal Sur en Córdoba
- María Angustias Castellanos Megías, exeditora de informativos fin de semana y editora del Noticias 1.
- Ángela María Izquierdo Mozas, exeditora de Andalucía Directo y editora informativos del Noticias 2.
- A. Plácido Quesada Aguayo, editor de Andalucía Directo y editor-coeditor de informativos en CSTV.
- M. Paz García Santana, presentadora de Andalucía Directo (cuando sustituye a Modesto Barragán) y parte del conocido como "clan de Cádiz" de Canal Sur.
- Juan Ramón Barbero Barrios, de la sección de política en CSTV (antes en el Club de las Ideas).
- Catherine Winkler Lozano, editora noticias fin de semana y, antes, en el Canal 2.
- Blanca Rodríguez Martín, ex presentadora de Andalucía Directo y actual presentadora de Buenos días.
- Ángel Acién Cara, redactor y presentador de Deportes en CSTV.
- Nuria Gaciño Díaz, hija del periodista jubilado José Antonio Gaciño y redactora de deportes en Canal Sur Radio.
- M. Angustias García García, expresentadora de Andalucía Directo, de Al Sur, actual redactora en Almería.
- Montserrat Hernández Claret, editora de fin de semana y coeditora de Informativos en CSTV.
- Juan Manzorro Burguillo, del "clan de Cádiz" y recientemente fotografiado en los Carnavales de Cádiz con Joaquín Durán y Manuel J. Casal (director comercial de la RTVA).
- Juan Manuel Pedreño Cueto, exredactor de radio (jubilado) en CSR.
- Rosa Pilar Abelló Ulloa, redactora, expresentadora de noticias en CS1, CS2 y Andalucía Televisión.
- Bárbara Ruiz Alarcón, ahora en la sección de sociedad, pero antes ejerciente del periodismo de Tribunales (la pudimos ver en el seguimiento del caso de ERE en la Audiencia de Sevilla) en CSTV.
- Isabel Pérez Piernagorda, exeditora de Al Sur y editora-coeditora de noticias en CSTV
- Miguel Montaño Montaño, redactor del programa Tierra y Mar en CSTV.
- Javier Monterrubio y Bartolomé, redactor de Deportes en CSTV y ex-presentador en CS2.
- Nelson López de la Cal, exredactor de Tierra y Mar, ahora en la sección de Economía en CSTV.
- Ana Isabel Rodríguez Iglesias, exredactora del programa Parlamento y ahora en sociedad en CSTV.
- Sergio jovenlandesante Lucas, presentador de los programas Contraportada (ya extinto) y Vaya Tela.
- Patricia Zarandieta Lopera, redactora de Canal Sur Huelva, primero en la radio y después en la tele.
- Maravillas Fuentes Reyes, redactora de la sección de Sociedad en CSTV.
- Manuel Megías Casas, presentador y editor de El Tiempo.
- Victoria Romero Lacomba, presentadora de Noticias 1, antes de Deportes.
- Mª del Mar Vallecillo Casano, redactora y delegada de UGT en Córdoba.
- Emilia Conesa Mínguez, introducida en Canal Sur por José Antonio Gurriarán; fue presentadora de Noticias durante años, y ahora está fuera de "cámaras".
Esta relación no acaba aquí. Todos ellos y 286 más, fueron convertidos en personal fijo en Canal Sur sin otra prueba que la de llevar siete años y algo, como mínimo, trabajando allí tras haber sido colocados, sin más.
Contra esta entrada masiva de personal colocado sin requisitos y sin pruebas conocidas, se manifestó el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA), vinculado de alguna forma a la Asociación de la Prensa de Sevilla, la cual está muy bien relacionada con Canal Sur, como ya veremos en otra entrega futura.
El SPA consideró que la fórmula empleada para estabilizar vía antigüedad a más de 300 trabajadores, no solucionaba todos los casos existentes en la empresa, no se ceñía a lo estipulado por la Ley de Creación de la RTVA respecto a cómo se consigue la fijeza en la empresa pública y resultaba discriminatoria respecto a otros trabajadores, tanto fijos como contratados de la RTVA, así como a los posibles aspirantes a serlo.
Sin embargo, el blindaje masivo de personal temporal haciéndolo fijo con plaza de forma nada regular se produjo. Tal y como hemos mostrado, ahí siguen trabajando o con jubilación parcial anticipada (otros ya se han jubilado o fallecido). Ahora, según fuentes de toda solvencia consultadas por Libertad Digital, hay sobre la mesa una operación de "estabilidad" parecida, con el fin de no dar oportunidad a nadie de "los otros" y blindar a los 240 contratados al margen de pruebas.
De este modo, ni los trabajadores que tienen plaza obtenida legal y regularmente en la RTVA, los menos, podrán optar a la mejora de su situación profesional, y nadie de fuera de la "casa" podrá optar a conseguir un puesto de trabajo dentro de Canal Sur en oposiciones libres y públicas.
Canal Sur prepara otra operación "estabilidad" para blindar a unos 240 empleados antes de que lleguen "los otros"
