Existe un precedente exactamente igual y bajo las mismas condiciones. Año 2019. El luxemburgués Jean-Claude Juncker se encontraba a la cabeza de la Comisión cuando llamó la atención de manera severa a Rumanía por el intento de aprobar una amnistía para determinados corruptos: «de otorgarse la amnistía, como prevén algunos en este país, sería un paso atrás en el Estado de Derecho», declaró. «Lo que es esencial se vería afectado negativamente si hubiera una amnistía», añadió.
Incluso el excomisario y vicepresidente de la Comisión Frans Timmermans no titubeó a la hora de frenarlo en seco: «Si la Comisión debe ser brutal en su evaluación, lo será. Y si debemos utilizar otros instrumentos a nuestra disposición, lo haremos». No había lugar a la duda, no así ahora.
En ese momento, Rumanía también ocupaba la presidencia rotatoria de la Unión Europea. El gobierno cedió a las presiones de Bruselas. Si no hubiera intervenido, numerosos políticos se hubieran visto beneficiados por la reforma que se estaba tramitando y, en particular, Liviu Dragnea, el líder del Partido Social Demócrata (PSD). Aunque su partido estaba en el Gobierno en ese momento, Dragnea no podía ocupar el cargo de jefe del Ejecutivo debido a una condena previa que le impedía hacerlo.
En mayo de 2019, coincidiendo con las elecciones al Parlamento Europeo, se llevó a cabo un referéndum cuyo resultado mostró que el 80 % de los votantes estaba en contra de esas reformas. Al día siguiente de la votación, el Tribunal Supremo rechazó un recurso presentado por Dragnea y confirmó su condena de tres años y medio de prisión por corrupción.
