Bruselas defenderá a los trabajadores que denuncien delitos de sus empresas

Las empresas estarán obligadas a organizar cauces internos de denuncia de irregularidades. DREAMSTIMEEXPANSION

Ofensiva de las autoridades comunitarias para luchar dentro de las empresas y de las administraciones contra la corrupción y el quebrantamiento de las reglas de la competencia y del mercado único.
El Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea aprobará, previsiblemente hoy, una propuesta de directiva que puede tener una repercusión enorme en las empresas y las administraciones. La Unión Europea quiere garantizar la protección de los empleados que denuncien las actividades ilícitas "o abusos de Derecho" que pueden ver que se cometen en sus organizaciones. En principio, los Estados de la Unión tendrán hasta el 15 de mayo de 2021 para trasladar la norma a sus respectivas legislaciones. La directiva, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, es conocida en inglés como Whistleblowing. Confidente.


La protección se extenderá también a los trabajadores autónomos que tengan relación con la empresa o con la administración investigada; los accionistas y miembros de los Consejos de Administración. También "a los voluntarios y los trabajadores en prácticas no remunerados". Incluso, a las personas que, sin trabajar todavía en la empresa, "puedan tener conocimiento de una infracción en el proceso de selección o negociación precontractual". "Cualquier persona que trabaje bajo la supervisión y la dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores".

La norma comunitaria establece que los trabajadores podrán denunciar los hechos delictivos o contrarios al derecho comunitario en aspectos como los siguientes: la contratación pública; "las infracciones que afecten a los intereses financieros de la Unión [Europea]; la prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo; y "los actos que pretenden conseguir una ventaja fiscal que desvirtúe la legislación del Impuesto de Sociedades". Y, por lo tanto, que afectan a la competencia.

Además, otros ámbitos de aplicación de la directiva comunitaria son los siguientes: la seguridad nuclear, la protección de los consumidores y de los datos personales y de la intimidad. En relación con estos aspectos, la normativa comunitaria afecta también a la seguridad de las redes y los sistemas de información.En cambio, los Estados son los competentes para la regulación laboral en este terreno.

Uno de los aspectos de la propuesta de directiva que pueden resultar más polémicos es "la obligación" que tendrán las empresas y las administraciones de organizar de forma interna la recepción y tramitación de denuncias.
Estarán obligadas a organizar estos cauces internos de denuncia todas las empresas de más de 50 trabajadores, y las que tengan un volumen de negocios igual o superior a los 10 millones de euros. Es decir, todas las medianas y grandes empresas. Incluso la directiva abre esta obligación a las pequeñas empresas si en algunos casos el Gobierno nacional advierte que hay riesgo de la comisión de delitos correspondiente.

Blanqueo de capitales
También tendrán que tener en cuenta esta obligación todas las entidades financieras "o que sean vulnerables al blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo".
En el sector público, estarán obligadas a organizar los procesos internos de denuncia el Gobierno central, las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales y todos los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes. En todo caso, los gobiernos serán los responsables ante Bruselas del cumplimiento de la directiva para la recepción de denuncias. En primer lugar, que todas las entidades y empresas han organizado la recepción y tramitación interna de las denuncias de los trabajadores. En su caso, "si procede, tras consultar con los agentes sociales".

Es decir, las organizaciones de empresarios y los sindicatos. Y en segundo lugar, que todas las administraciones tienen un departamento en el que reciban todas las denuncias de delitos que se producen en los sectores privados y públicos.
Además, las administraciones y las empresas estarán obligadas a garantizar "la confidencialidad del informante [del delito] y a impedir el acceso a la misma del personal no autorizado". También deberán nombrar una persona o un servicio competente para tramitar las denuncias. Ambos estarán obligados a comunicar al informante el curso dado a su aviso, en un plazo máximo de tres meses.

Por lo tanto, el núcleo de la directiva emplaza a los gobiernos a que "prohiban todas las formas de represalias, ya sean directas o indirectas, contra los informantes" de los hechos delictivos en sus empresas o administraciones. Sobre todo, las autoridades deben evitar el despido, la suspensión de empleo, la destitución o medidas equivalentes. Por ejemplo, la reducción salarial, el cambio de horario de trabajo, la degradación o la denegación de ascensos.

Listas negras
El trabajador informante de un hecho delictivo en su empresa tampoco podrá ser incluido en listas negras o "ser objeto de una rescisión anticipada de un contrato de trabajo temporal". Incluso, la directiva entra en el detalle de que la empresa no puede tomar como represalia contra el empleado "frenar la conversión de un contrato temporal en permanente". Tampoco "se podrán causar daños, incluidos a su reputación, o pérdidas económicas, incluidas la caída del negocio y de los ingresos".
En todo caso, en un proceso judicial, la persona que haya tomado la represalia "deberá probar que el perjuicio" para el informador "no fue consecuencia de la denuncia, sino que se basó exclusivamente en motivos debidamente justificados".

Bruselas deja en manos de los gobiernos el establecimiento de "sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias" para las personas y las empresas que cometan los siguientes hechos, entre otros, que impidan o intenten impedir la presentación de denuncias; adopten represalias contra los informantes; promuevan procedimientos "temerarios" contra los informantes e "incumplan el deber de mantener la confidencialidad de la identidad de los informantes".
De la misma manera, la norma comunitaria ordena a los gobiernos establecer el mismo tipo de sanciones para las personas que presenten denuncias falsas y "revelaciones maliciosas o abusivas" sobre otros sujetos. Precisamente, en este sentido, Bruselas deja en manos de los gobiernos si las administraciones deben aceptar y tramitar, o no, las denuncias anónimas de infracciones.

Por todas estas razones, en la exposición de motivos de la directiva los órganos comunitarios dan importantes justificaciones para la norma. Entre ellas, "garantizar la necesaria igualdad de condiciones para que el mercado único funcione correctamente y las empresas operen en un entorno de competencia leal".
Además, la norma "ayudará a prevenir y detectar la corrupción, que supone una rémora para el crecimiento económico, pues crea inseguridad en las empresas, ralentiza los procesos e impone costes adicionales".

Con todos estos objetivos, los organismos directivos de la Unión Europea destacan también la importancia de proteger a los denunciantes de los hechos delictivos "para aumentar el nivel general de protección de los trabajadores". Esta reflexión es fundamental, porque explica la directiva que "proteger a las personas que comunican la información obtenida a través de sus actividades laborales (independientemente de su naturaleza) y que corren el riesgo de sufrir represalias, salvaguardará los derechos de los trabajadores en el sentido amplio del término". La protección "será de especial relevancia para los trabajadores que se encuentren en una situación laboral precaria o cuyo trabajo sea de naturaleza tras*fronteriza".

Más de 250.000 millones por corrupción
Bruselas sostiene que la directiva comunitaria "ayudará a las autoridades nacionales en sus esfuerzos por detectar y erradicar el fraude y la corrupción en el Presupuesto de la Unión Europea". Es decir, en las tras*ferencias y subvenciones que reciben los países en todos los capítulos. "El actual riesgo de pérdida de ingresos para los Estados se estima entre 179.000 y 256.000 millones de euros al año".
Además, las autoridades comunitarias subrayan que la norma "apoyará eficazmente la lucha contra la evasión fiscal, que provoca la pérdida de ingresos para los Estados miembros y la Unión Europea debido al traslado de beneficios" desde la UE a los paraísos. La memoria económica estima que el perjuicio causado está entre 50.000 y 70.000 millones de euros.

La directiva asegura que "la introducción de una sólida protección de los denunciantes mejorará las condiciones laborales del 40% de los trabajadores de la Unión Europea, que actualmente están desprotegidas al carecer de medidas contra las represalias". También "reforzará la integridad y la tras*parencia del sector público y del sector privado, contribuyendo a una competencias leal y equitativa en el mercado único".
La directiva calcula que los costes operativos anuales para el sector público y el sector privado de la aplicación de la directiva pueden ascender a 1.336,6 millones de euros. De esta cifra, 1.016,6 millones de euros corresponderían al sector privado -a las medianas y grandes empresas- y 319,9 millones, al sector público.
Además, la Comisión Europea afirma que la propuesta comunitaria "tendrá un impacto positivo sobre el derecho a unas condiciones de trabajo justas y equitativas". Sobre todo, porque "garantizará un nivel más elevado de protección de los denunciantes mediante el establecimiento de cauces de denuncia y la mejora de la protección contra las represalias en el contexto laboral".

Bruselas defenderá a los trabajadores que denuncien delitos de sus empresas

Los “sátrapas” de Bruselas han aprobado, para sí mismos, la jubilación a los 50. ¡Viva la Europa de los ladrones! – La jubilación a los 50 para los funcionarios de la Unión Económica Europea ha sido aprobada con pensiones mensuales de 9.000€. ¡Es normal que no quede nada para nosotros! Habréis notado que los políticos tienen un gran interés por entrar en la Administración Europea , ¿por qué? …Muy simple, este año 340 funcionarios se jubilan con 50 años y una pensión vitalicia de 9.000€ mensuales (no es una coña, son 340 jubilados x 9.000€/mes x 12 meses x 40 años = 1.468.000.000€ que tendremos que pagar nosotros y nuestros hijos). Y esto es solo una muy pequeña parte.

De este modo dejan sitio a nuevos funcionarios de los países que últimamente han entrado en UE (Polonia, Malta,… todos tienen derecho a un trozo de berza). ¿Quién paga esto? Nosotros, que hemos trabajado y contribuido para lograr una pensión vergonzosa, mientras que los que hacen las leyes se hacen regalos como este. La diferencia entre ellos –los dioses del Olimpo- y nosotros –los currantes- es ya demasiado importante, abusan de nosotros y nuestra paciencia de forma desvergonzada.

ESTOS ALTOS FUNCIONARIOS DE BRUSELAS SON UNA VERDADERA MAFIA. Los tecnócratas europeos disponen de unas pensiones que ni siquiera los parlamentarios tienen, que ya es decir.

Giovanni Buttarelli, controlador adjunto de protección de datos, tendrá derecho a una pensión de 1,515€ mensuales tras 1 año y 11 meses de servicio. Más que un ciudadano corriente tras 40 años de cotización. Su colega, Peter Hustinx, después de 10 años de servicio obtendrá una pensión de 9.000€ mensuales. Es sencillo, nadie les pasa cuentas y hacen lo que ellos quieren.

Roger Grass, procurador en el Tribunal Europeo, se marcha con 12.500€ mensuales. Pernilla Lindh, juez de tribunal de primera instancia, 12.900€ al mes. Ruiz-Jarabo Colomer, español, abogado general, 14.000€ al mes. Podéis ver una lista en francés en: http://www.sauvegarde/…/Retraite_Hauts_fonctionnaires_europ…

En esa lista aparece un tal Jacques Barrot ( 73 años) con una pensión de 4.728,60 € por 5 años como comisario europeo de tras*portes. A esa hay que añadir su pensión como antiguo diputado en Francia, la de ex ministro, la de ex presidente del Consejo General de la Haute Loire , la de alcalde de Yssingeaux y, como corona final, el 23 de febrero de 2010 lo nombraron miembro del Consejo Constitucional. Es como si, en la misma jornada, te tocara la lotería, el euromillón, el bonoloto y la quiniela.

Para ellos, solo con 15 años de servicio, 70% de su último salario como pensión, además de poder acumular pensiones. Nosotros hemos de trabajar 40 años (dentro de nada serán 42) y cobramos menos.

El sistema de pensiones además dicen que está en quiebra (meter miedo para rebajarlas), cada vez nos piden que trabajemos más años para tener derecho a una exigua pensión, pero para ellos con 15 años basta y además se ponen pensiones millonarias y varias.

Se están burlando de nosotros en la cara, nos están ordeñando. Antes eran solo los miembros de la Comisión Europea , ahora hay que sumar jueces, abogados, procuradores, mediadores, controladores,… toda una caterva de sanguijuelas. Y lo mejor: NO COTIZAN UN CÉNTIMO, PAGAMOS NOSOTROS.

Todos ellos ocupan esos puestos para asegurar que “se cumplan las leyes”, que “los costes sean lo más bajos posible”… ¡Bonito ejemplo! Y además nos dan lecciones sobre presupuestos, nos juzgan, crean directivas para ahorrar,… Yo creo que es una provocación.

Deberíamos tomar medidas o no nos quedará nada. Recuerdo a nuestros antepasados en la Edad Media , tenían un rey o un señor feudal que les agobiaba con impuestos.

Si no pagaban podían perder una mano, o un hijo, o una vaca. Creo que tenían suerte, los de ahora no necesitan usar ese tipo de violencia tan escandalosa, basta con hacer una ley que les permite entrar en tu cuenta y sacarte el dinero sin avisarte, o cargarte un recargo del 300% por algo que no has pagado a tiempo.

¡Escándalo en Bruselas! - El Portaluco