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Bolsonaro conoce que si se hacen las elecciones presidenciales del próximo año tienen todas las cartas para perderles ... ya veremos hasta donde es capaz de llegar;
Bolsonaro alienta un ambiente de golpe en Brasil
El 7 de septiembre, día de la Independencia, se preparan manifestaciones desestabilizadoras, que pretenden cerrar el Congreso y el Supremo Tribunal Federal.
Treinta y seis años después del fin de la última dictadura militar en Brasil (1964-1985), preocupa como nunca la estabilidad de la democracia en el país más grande de América Latina. El próximo 7 de septiembre Brasil celebrará el aniversario de su Independencia. Los militares decidieron que, este año, no habrá desfiles, pero desde el bolsonarismo se están convocando manifestaciones de apoyo al presidente, a favor del cierre del Supremo Tribunal Federal -con énfasis en los ataques a algunos de sus integrantes- y contra el Congreso, que hace unos días desestimó volver al voto impreso, como pretendía Jair Bolsonaro. Y, lo más preocupante, es que desde ciertos sectores de las Policías Militares -fuerzas auxiliares que actúan en coordinación con el Ejército en los diversos estados del país-, se alienta a sus miembros a que vayan armados a estas manifestaciones.
El principal editorial del diario O Estado de S.Pãulo señalaba este martes (24) que los propios organizadores reconocen que el objetivo de las manifestaciones no es mostrar su apoyo al presidente Bolsonaro: “La convocatoria no es para expresar determinada posición política -defender, por ejemplo, la aprobación de la reforma administrativa o el nuevo impuesto de renta-, y sí para invadir el Supremo Tribunal Federal (STF) y el Congreso”.
Un vídeo que circula en las redes sociales muestra a uno de los organizadores, que se presenta como el coronel Azim, afirmando: “Vamos a entregarlos (al STF y al Congreso) a las Fuerzas Armadas, para que adopten las medidas oportunas”. Añade que todo está siendo coordinado por algunos militares retirados, con experiencia en formar grupos de personas, y que entrarán al Congreso y al alto tribunal, advirtiendo que si no pueden hacerlo en paz, lo harán por la fuerza.
Otros sectores intentan que los camioneros bloqueen Brasilia ese día, como forma de presión. Uno de los grandes productores de soja del país anunció que la entidad que representa financiaría la movilización. Y dirigentes evangélicos, que forman parte fundamental de la base política del bolsonarismo, también se movilizan para conseguir que el 7 de septiembre haya manifestaciones significativas. “Los actos serán monstruosos, por primera vez en la historia política (de Brasil) los evangélicos se están movilizando”, dijo el pastor Silas Malafaia, uno de los principales consejeros de Bolsonaro.
El presidente, que hasta ahora no desautorizó las convocatorias golpistas, anunció que participará en los actos en São Paulo y Brasilia e insistió en plantar sospechas sobre la limpieza del sistema electoral brasileño, contra todas las evidencias. Fue rechazado en el Congreso su propuesta de enmienda constitucional para volver al voto impreso, aunque nunca hubo sospechas ni indicios de fraude.
Un comandante de la PM del estado de São Paulo, Aleksander Lacerda, al mando de unos cinco mil hombres en el interior del estado, fue apartado momentáneamente del cargo por hacer llamamientos de tipo golpista a través de sus redes sociales. No solo publicó mensajes de apoyo al presidente Bolsonaro, alentando la participación en las manifestaciones del 7 de septiembre: “Precisamos de un tanque, no de un carrito de helados”, dijo en su cuenta de Facebook. También publicó ataques al Supremo Tribunal Federal, al presidente del Senado (Rodrigo Pacheco), al gobernador del estado (João Doria) y a otros políticos.
En una reunión con la mayoría de los gobernadores del país, Doria aseguró que tiene informes que indican claramente del crecimiento de un movimiento autoritario, destinado a crear limitaciones y restricciones a gobernadores y alcaldes que defienden la democracia. Indicó que se está alentando, a través de las redes sociales, a que militantes del movimiento bolsonarista “utilicen armas y salgan a las calles armados”.
El gobernador paulista también señaló que el episodio ocurre en un momento gravísimo de la vida nacional y acusó al presidente de flirtear permanentemente con el autoritarismo. Y añadió: “nosotros, que hemos sido elegidos, tenemos la obligación de manifestarnos en favor de la libertad, del Supremo (Tribunal Federal)”.
Una reciente investigación publicada en la revista Época, indicaba que el 71% de los Policías Militares declararon haber votado a Bolsonaro en 2018 y de ellos el 81% dijeron seguir satisfechos con dicha opción.
Una investigación del Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de junio del año pasado, mostró que cerca del 25% de los soldados y 17% de los oficiales de la PM interactúan en ambientes bolsonaristas en las redes sociales. El presidente de dicho organismo, Renato Sérgio, dijo que el proceso de contaminación político-partidaria de las distintas Policías Militares comenzó hace tiempo, que hay un proceso de cooptación y movilización de las tropas en nombre de un proyecto político e ideológico y que ahora se está en una fase de radicalización de ese proceso. En este sentido, señaló que las instituciones no estaban preparadas para responder a la gravedad de estos actos, recordando el episodio del general Eduardo Pazuello, ex ministro de Salud, que siendo militar en activo participó en un acto político con el presidente Bolsonaro y no fue sancionado por ello, como establecen las normas.
“La politización de las policías y de sus cuadros, especialmente en posición de comando, fragiliza la corporación y comprometen el ejercicio de sus misiones constitucionales”, dijo el Instituto Sou da Paz.
Recientemente se han registrado varios casos de insubordinación. De ellos, destaca el del estado de Ceará, a principios del 2020. El gobernador del Estado, de oposición, pidió el envío de fuerzas federales, pero Bolsonaro se negó. El otro hecho grave sucedió en Recife, en mayo de este año, cuando policías militares reprimieron una manifestación contra el presidente.
Bolsonaro liberó el porte de armas, lo que provocó que el año pasado se registrasen 180.000 nuevas armas, un 90% más que el año anterior. Y su familia está relacionada con las milicias que ya controlan buena parte de los barrios de Río de Janeiro y otras grandes ciudades del país, compuestas mayoritariamente por Policías Militares en actividad o retirados.
No deben sorprender los arrobos golpistas del presidente brasileño. Ya en 1999, siendo diputado, sugirió el cierre del Congreso. En las mismas declaraciones dijo que la dictadura “tendría que haber fusilado a 30.000 corruptos”, comenzando con el entonces presidente, Fernando Henrique Cardoso. Veintidós años después, cuando ocupa inesperadamente la Presidencia, encabeza un gobierno lleno de militares y en abierto conflicto con el resto de las instituciones de la República.
No solo él hace declaraciones golpistas. El general Walter pantaleta Netto, ministro de Defensa, negó hace unos días en el Parlamento la existencia de la última dictadura militar: “Si hubiese una dictadura, tal vez muchas personas no estarían aquí”. El general Luiz Eduardo Ramos, titular de la Secretaría General de la Presidencia, dijo que hubo un “régimen militar de excepción, muy fuerte”, señalando que todo era una cuestión semántica. Ambos ignoraron que dicho régimen mató, torturó, prohibió y censuró.
www.nuevatribuna.es
Bolsonaro alienta un ambiente de golpe en Brasil
El 7 de septiembre, día de la Independencia, se preparan manifestaciones desestabilizadoras, que pretenden cerrar el Congreso y el Supremo Tribunal Federal.
Treinta y seis años después del fin de la última dictadura militar en Brasil (1964-1985), preocupa como nunca la estabilidad de la democracia en el país más grande de América Latina. El próximo 7 de septiembre Brasil celebrará el aniversario de su Independencia. Los militares decidieron que, este año, no habrá desfiles, pero desde el bolsonarismo se están convocando manifestaciones de apoyo al presidente, a favor del cierre del Supremo Tribunal Federal -con énfasis en los ataques a algunos de sus integrantes- y contra el Congreso, que hace unos días desestimó volver al voto impreso, como pretendía Jair Bolsonaro. Y, lo más preocupante, es que desde ciertos sectores de las Policías Militares -fuerzas auxiliares que actúan en coordinación con el Ejército en los diversos estados del país-, se alienta a sus miembros a que vayan armados a estas manifestaciones.
El principal editorial del diario O Estado de S.Pãulo señalaba este martes (24) que los propios organizadores reconocen que el objetivo de las manifestaciones no es mostrar su apoyo al presidente Bolsonaro: “La convocatoria no es para expresar determinada posición política -defender, por ejemplo, la aprobación de la reforma administrativa o el nuevo impuesto de renta-, y sí para invadir el Supremo Tribunal Federal (STF) y el Congreso”.
Un vídeo que circula en las redes sociales muestra a uno de los organizadores, que se presenta como el coronel Azim, afirmando: “Vamos a entregarlos (al STF y al Congreso) a las Fuerzas Armadas, para que adopten las medidas oportunas”. Añade que todo está siendo coordinado por algunos militares retirados, con experiencia en formar grupos de personas, y que entrarán al Congreso y al alto tribunal, advirtiendo que si no pueden hacerlo en paz, lo harán por la fuerza.
Otros sectores intentan que los camioneros bloqueen Brasilia ese día, como forma de presión. Uno de los grandes productores de soja del país anunció que la entidad que representa financiaría la movilización. Y dirigentes evangélicos, que forman parte fundamental de la base política del bolsonarismo, también se movilizan para conseguir que el 7 de septiembre haya manifestaciones significativas. “Los actos serán monstruosos, por primera vez en la historia política (de Brasil) los evangélicos se están movilizando”, dijo el pastor Silas Malafaia, uno de los principales consejeros de Bolsonaro.
El presidente, que hasta ahora no desautorizó las convocatorias golpistas, anunció que participará en los actos en São Paulo y Brasilia e insistió en plantar sospechas sobre la limpieza del sistema electoral brasileño, contra todas las evidencias. Fue rechazado en el Congreso su propuesta de enmienda constitucional para volver al voto impreso, aunque nunca hubo sospechas ni indicios de fraude.
Un comandante de la PM del estado de São Paulo, Aleksander Lacerda, al mando de unos cinco mil hombres en el interior del estado, fue apartado momentáneamente del cargo por hacer llamamientos de tipo golpista a través de sus redes sociales. No solo publicó mensajes de apoyo al presidente Bolsonaro, alentando la participación en las manifestaciones del 7 de septiembre: “Precisamos de un tanque, no de un carrito de helados”, dijo en su cuenta de Facebook. También publicó ataques al Supremo Tribunal Federal, al presidente del Senado (Rodrigo Pacheco), al gobernador del estado (João Doria) y a otros políticos.
En una reunión con la mayoría de los gobernadores del país, Doria aseguró que tiene informes que indican claramente del crecimiento de un movimiento autoritario, destinado a crear limitaciones y restricciones a gobernadores y alcaldes que defienden la democracia. Indicó que se está alentando, a través de las redes sociales, a que militantes del movimiento bolsonarista “utilicen armas y salgan a las calles armados”.
El gobernador paulista también señaló que el episodio ocurre en un momento gravísimo de la vida nacional y acusó al presidente de flirtear permanentemente con el autoritarismo. Y añadió: “nosotros, que hemos sido elegidos, tenemos la obligación de manifestarnos en favor de la libertad, del Supremo (Tribunal Federal)”.
Una reciente investigación publicada en la revista Época, indicaba que el 71% de los Policías Militares declararon haber votado a Bolsonaro en 2018 y de ellos el 81% dijeron seguir satisfechos con dicha opción.
Una investigación del Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de junio del año pasado, mostró que cerca del 25% de los soldados y 17% de los oficiales de la PM interactúan en ambientes bolsonaristas en las redes sociales. El presidente de dicho organismo, Renato Sérgio, dijo que el proceso de contaminación político-partidaria de las distintas Policías Militares comenzó hace tiempo, que hay un proceso de cooptación y movilización de las tropas en nombre de un proyecto político e ideológico y que ahora se está en una fase de radicalización de ese proceso. En este sentido, señaló que las instituciones no estaban preparadas para responder a la gravedad de estos actos, recordando el episodio del general Eduardo Pazuello, ex ministro de Salud, que siendo militar en activo participó en un acto político con el presidente Bolsonaro y no fue sancionado por ello, como establecen las normas.
“La politización de las policías y de sus cuadros, especialmente en posición de comando, fragiliza la corporación y comprometen el ejercicio de sus misiones constitucionales”, dijo el Instituto Sou da Paz.
Recientemente se han registrado varios casos de insubordinación. De ellos, destaca el del estado de Ceará, a principios del 2020. El gobernador del Estado, de oposición, pidió el envío de fuerzas federales, pero Bolsonaro se negó. El otro hecho grave sucedió en Recife, en mayo de este año, cuando policías militares reprimieron una manifestación contra el presidente.
Bolsonaro liberó el porte de armas, lo que provocó que el año pasado se registrasen 180.000 nuevas armas, un 90% más que el año anterior. Y su familia está relacionada con las milicias que ya controlan buena parte de los barrios de Río de Janeiro y otras grandes ciudades del país, compuestas mayoritariamente por Policías Militares en actividad o retirados.
No deben sorprender los arrobos golpistas del presidente brasileño. Ya en 1999, siendo diputado, sugirió el cierre del Congreso. En las mismas declaraciones dijo que la dictadura “tendría que haber fusilado a 30.000 corruptos”, comenzando con el entonces presidente, Fernando Henrique Cardoso. Veintidós años después, cuando ocupa inesperadamente la Presidencia, encabeza un gobierno lleno de militares y en abierto conflicto con el resto de las instituciones de la República.
No solo él hace declaraciones golpistas. El general Walter pantaleta Netto, ministro de Defensa, negó hace unos días en el Parlamento la existencia de la última dictadura militar: “Si hubiese una dictadura, tal vez muchas personas no estarían aquí”. El general Luiz Eduardo Ramos, titular de la Secretaría General de la Presidencia, dijo que hubo un “régimen militar de excepción, muy fuerte”, señalando que todo era una cuestión semántica. Ambos ignoraron que dicho régimen mató, torturó, prohibió y censuró.
Bolsonaro alienta un ambiente de golpe en Brasil
El 7 de septiembre, día de la Independencia, se preparan manifestaciones desestabilizadoras, que pretenden cerrar el Congreso y el Supremo Tribunal Federal.
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