La nueva RGI será indefinida pero incorporará más controles y sanciones
El Departamento de Trabajo y Empleo ultima la reforma de la Ley de Garantía de Ingresos, que incrementará los complementos para pensionistas y menores
El Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco ultima la redacción de una nueva Ley de Garantía de Ingresos que está llamada a tras*formar la actual RGI y adaptarla a las nuevas realidades sociales de Euskadi. En ese sentido, buscará apuntalar el apoyo económico que reciben los pensionistas y las familias con menores a su cargo, y agilizar toda la burocracia interna que implica la gestión de ese servicio para liberar recursos de Lanbide que permitan mejorar el control y la vigilancia del buen funcionamiento del servicio.
La nueva ley será aprobada a finales de año en Consejo de Gobierno e iniciará entonces su tramitación parlamentaria con el objetivo de que sea aprobada (así lo garantiza la mayoría absoluta de PNV y PSE) en el otoño de 2022. La normativa podrá ser reformada durante todo ese proceso, pero a día de hoy el departamento dirigido por Idoia Mendia ya tiene confeccionados los pilares básicos de la futura RGI, que plantean un incremento de la prestación para pensionistas, familias monoparentales y con menores a su cargo.
En ese sentido, una de las principales novedades hace referencia a la duración de la percepción, que pasará a ser indefinida. En estos momentos, se limita a dos años, tras los cuales los beneficiarios deben renovar toda la documentación e iniciar de cero el proceso de solicitud. Con la nueva ley, ese procedimiento se elimina, lo que favorecerá una gestión más ágil y flexible.
Pero en paralelo, se establecerá un sistema de control y revisión de los expedientes trimestral, lo que permitirá ajustar las prestaciones y los servicios a la casuística concreta de cada usuario y evitar así casos de abusos o RGI irregulares. Además, la nueva ley prevé la creación de una unidad de inspección que verificará el cumplimiento de los requisitos
Los usuarios también tendrán que incorporar en sus solicitudes una 'declaración responsable' en la que asumirán que todos los datos facilitados a Lanbide son veraces. En caso de detectarse falsedades en esa información o que el beneficiario cometa posteriormente algún tipo de irregularidad, la nueva normativa establecerá una serie de sanciones, que podrán llegar hasta los 5 años de exclusión del sistema de la RGI.
La reforma de la ley establecerá que la cuantía base de la RGI será fijada por el Parlamento vasco cada año. Como punto de partida, se tomará la prevista por el Ingreso Mínimo Vital, de 470 euros. A ella, se sumará una partida general de 235 euros para el titular de la unidad de convivencia y otra extra del 30% de la cuantía base por cada miembro que dependa del beneficiario. Además, en función de la situación familiar o laboral de cada persona, se establecerán ayudas del 25% en caso de ser víctima de violencia de género, discapacidad o unidades monoparentales.
En el caso de los pensionistas, el complemento será de hasta el 40% de esos 470 euros de partida (además de los 235), por lo que todo jubilado vasco tendrá derecho a disponer de una renta máxima garantizada de 893 euros –en estos momentos es de 810–.
La nueva normativa también planteará la eliminación de la actual limitación de dos prestaciones por domicilios. A partir de ahora no habrá un número máximo, pero sí se establecerá una serie de índices correctores que, por ejemplo, rebajarán la segunda RGI que se registre en una casa al 85% del total.
Novedades sobre el acceso
A instancia de Emakunde y del Ararteko, se facilitará el acceso a a la prestación de familias con menores, disminuyendo el requisito de empadronamiento de 3 a 2 años. Las víctimas de violencia de género y doméstica, víctimas de trata y explotación sensual, así como del terrorismo y personas refugiadas sólo tendrán que atestiguar que están domiciliadas en Euskadi en el momento de presentar la solicitud.
Sobre las obligaciones
Como novedad, se incorporará la posibilidad de perder parte de la prestación en vez de la totalidad en caso de incumplimientos no graves. Esta modificación perseguirá evitar que los niños al cargo del infractor queden indefensos. Además, se endurecerán las consecuencias de, por ejemplo, rechazar una oferta de trabajo.
Sobre el procedimiento
La ley potenciará la tramitación electrónica de las ayudas para descargar de burocracia a Lanbide, aunque se incorporarán sistemas de identificación fiable que actualmente ya utiliza la Administración vasca.
Sobre el reconocimiento
La prestación se percibirá al mes siguiente de la solicitud, siempre que el usuario cumplimente la declaración responsable. La cuantía de entrada se establecerá según los rendimientos del mes de la solicitud, aunque se revisará cada tres meses para ajustar a la realidad vital del beneficiario.
Sobre la inspección
Se elaborará anualmente un Plan de asistencia, inspección y control que definirá un estrategia de mejora y priorizará el uso de las nuevas tecnologías, garantizando en todo caso el derecho a la no exclusión digital y la suficiencia de la asistencia e información por medios analógicos.
Procedimiento sancionador
Los beneficiarios que cooperen para que otros cometan irregularidades serán sancionados. Además, para las faltas leves se establecerán sanciones económicas de hasta el 50% la cuantía de la RGI, pero no se le retirará la ayuda. Esto sí ocurrirá en los casos graves, que la perderán durante 5 años en los casos más graves. Además, se introducirá la responsabilidad de los beneficiarios de 16 a 18 años, para quienes se prevé una prestación de interés social como sustitutoria de la sanción.
De la inclusión
La ley contemplará una Plan Integrado y Personalizado de Inclusión, al año de iniciar la prestación, como un instrumento de intervención en profundidad, con dos años de duración.
En ese marco se establece la obligación de Lanbide de ofrecer a las personas titulares, al menos, una oferta de empleo o una actividad formativa.
www.elcorreo.com
El Departamento de Trabajo y Empleo ultima la reforma de la Ley de Garantía de Ingresos, que incrementará los complementos para pensionistas y menores
El Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco ultima la redacción de una nueva Ley de Garantía de Ingresos que está llamada a tras*formar la actual RGI y adaptarla a las nuevas realidades sociales de Euskadi. En ese sentido, buscará apuntalar el apoyo económico que reciben los pensionistas y las familias con menores a su cargo, y agilizar toda la burocracia interna que implica la gestión de ese servicio para liberar recursos de Lanbide que permitan mejorar el control y la vigilancia del buen funcionamiento del servicio.
La nueva ley será aprobada a finales de año en Consejo de Gobierno e iniciará entonces su tramitación parlamentaria con el objetivo de que sea aprobada (así lo garantiza la mayoría absoluta de PNV y PSE) en el otoño de 2022. La normativa podrá ser reformada durante todo ese proceso, pero a día de hoy el departamento dirigido por Idoia Mendia ya tiene confeccionados los pilares básicos de la futura RGI, que plantean un incremento de la prestación para pensionistas, familias monoparentales y con menores a su cargo.
En ese sentido, una de las principales novedades hace referencia a la duración de la percepción, que pasará a ser indefinida. En estos momentos, se limita a dos años, tras los cuales los beneficiarios deben renovar toda la documentación e iniciar de cero el proceso de solicitud. Con la nueva ley, ese procedimiento se elimina, lo que favorecerá una gestión más ágil y flexible.
Pero en paralelo, se establecerá un sistema de control y revisión de los expedientes trimestral, lo que permitirá ajustar las prestaciones y los servicios a la casuística concreta de cada usuario y evitar así casos de abusos o RGI irregulares. Además, la nueva ley prevé la creación de una unidad de inspección que verificará el cumplimiento de los requisitos
Los usuarios también tendrán que incorporar en sus solicitudes una 'declaración responsable' en la que asumirán que todos los datos facilitados a Lanbide son veraces. En caso de detectarse falsedades en esa información o que el beneficiario cometa posteriormente algún tipo de irregularidad, la nueva normativa establecerá una serie de sanciones, que podrán llegar hasta los 5 años de exclusión del sistema de la RGI.
La reforma de la ley establecerá que la cuantía base de la RGI será fijada por el Parlamento vasco cada año. Como punto de partida, se tomará la prevista por el Ingreso Mínimo Vital, de 470 euros. A ella, se sumará una partida general de 235 euros para el titular de la unidad de convivencia y otra extra del 30% de la cuantía base por cada miembro que dependa del beneficiario. Además, en función de la situación familiar o laboral de cada persona, se establecerán ayudas del 25% en caso de ser víctima de violencia de género, discapacidad o unidades monoparentales.
En el caso de los pensionistas, el complemento será de hasta el 40% de esos 470 euros de partida (además de los 235), por lo que todo jubilado vasco tendrá derecho a disponer de una renta máxima garantizada de 893 euros –en estos momentos es de 810–.
La nueva normativa también planteará la eliminación de la actual limitación de dos prestaciones por domicilios. A partir de ahora no habrá un número máximo, pero sí se establecerá una serie de índices correctores que, por ejemplo, rebajarán la segunda RGI que se registre en una casa al 85% del total.
Novedades sobre el acceso
A instancia de Emakunde y del Ararteko, se facilitará el acceso a a la prestación de familias con menores, disminuyendo el requisito de empadronamiento de 3 a 2 años. Las víctimas de violencia de género y doméstica, víctimas de trata y explotación sensual, así como del terrorismo y personas refugiadas sólo tendrán que atestiguar que están domiciliadas en Euskadi en el momento de presentar la solicitud.
Sobre las obligaciones
Como novedad, se incorporará la posibilidad de perder parte de la prestación en vez de la totalidad en caso de incumplimientos no graves. Esta modificación perseguirá evitar que los niños al cargo del infractor queden indefensos. Además, se endurecerán las consecuencias de, por ejemplo, rechazar una oferta de trabajo.
Sobre el procedimiento
La ley potenciará la tramitación electrónica de las ayudas para descargar de burocracia a Lanbide, aunque se incorporarán sistemas de identificación fiable que actualmente ya utiliza la Administración vasca.
Sobre el reconocimiento
La prestación se percibirá al mes siguiente de la solicitud, siempre que el usuario cumplimente la declaración responsable. La cuantía de entrada se establecerá según los rendimientos del mes de la solicitud, aunque se revisará cada tres meses para ajustar a la realidad vital del beneficiario.
Sobre la inspección
Se elaborará anualmente un Plan de asistencia, inspección y control que definirá un estrategia de mejora y priorizará el uso de las nuevas tecnologías, garantizando en todo caso el derecho a la no exclusión digital y la suficiencia de la asistencia e información por medios analógicos.
Procedimiento sancionador
Los beneficiarios que cooperen para que otros cometan irregularidades serán sancionados. Además, para las faltas leves se establecerán sanciones económicas de hasta el 50% la cuantía de la RGI, pero no se le retirará la ayuda. Esto sí ocurrirá en los casos graves, que la perderán durante 5 años en los casos más graves. Además, se introducirá la responsabilidad de los beneficiarios de 16 a 18 años, para quienes se prevé una prestación de interés social como sustitutoria de la sanción.
De la inclusión
La ley contemplará una Plan Integrado y Personalizado de Inclusión, al año de iniciar la prestación, como un instrumento de intervención en profundidad, con dos años de duración.
En ese marco se establece la obligación de Lanbide de ofrecer a las personas titulares, al menos, una oferta de empleo o una actividad formativa.
Lanbide RGI: Pensionistas y familias con menores, los más favorecidos por la nueva RGI vasca
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