El Pionero
Alcalde y presidente de Fútbol Paco premium
Las autonomías, en vísperas del año electoral que acaba de iniciarse, se han convertido en el motor del empleo en España, como sucede sin justificación alguna cada vez que la economía entra en crisis o en regresión. Es cierto que la esa época en el 2020 de la que yo le hablo ha forzado la contratación de más personal sanitario. Sin embargo, también han aumentado las nóminas de los servicios generales ante la ausencia de reajustes, ordenación y adecuación de las plantillas a las necesidades del momento y de la ciudadanía.
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Aunque en menor medida, también ha aumentado el número de asalariados en las Administraciones Central y Local, a pesar del aumento de la inversión pública en tecnología y de la participación ciudadana en los procesos administrativos. Lo que evidencia una sobrepoblación de efectivos públicos en muchos departamentos y entes. Todo ello lleva a que una de cada cinco nóminas en España sea ya pública, mientras que en Extremadura (teniendo en cuenta todos los efectivos públicos en esta región de las distintas administraciones) se acerca a casi un tercio del conjunto de asalariados. Es decir, uno de cada tres extremeños cobra de una Administración.
En Castilla La Mancha llega al 26% de la población laboral; al 25% en Asturias; supera el 24% en Castilla La Mancha y alcanza el 23% en Cantabria y en Andalucía. Desde la gran depresión de 2007, la Comunidad Valenciana ha aumentado en casi seis puntos el número de nóminas públicas en su Administración, regional, mientras que en Navarra, Cantabria y Murcia el aumento es de cinco puntos. Madrid (18% de asalariados públicos respecto al total nacional) y La Rioja (17%) son las dos únicas comunidades en que ha descendido levemente (en cuatro décimas) el número de asalariados públicos desde 2007 y también desde 2019.
En todo caso, las plantillas de las comunidades autónomas se han duplicado desde que, comenzó hace 20 años, el trasvase de competencias del Estado, con un coste que parece desmesurado. La liquidación 2022 se acercará a la barrera psicológica de los 100.000 millones de euros (en 2021 se situó en casi 92.000 millones), una vez superados los dos millones de empleados. Estas cifras aumentarán con creces en 2023 porque, cada vez que hay convocatorias electorales, los gobiernos autonómicos tienen más manga ancha; y los partidos aprovechan para contratar a afines, por si el resultado no les es propicio y asegurarles un empleo estable, y también si se mantienen o alcanzan el poder.
Por su parte, Madrid, con un coste en nóminas hasta este mes de 8.500 millones (en todo 2021 empleó 10.500 millones) dedica casi el 3,5% de su PIB mientras que el País Vasco se acerca al 7% y, por ejemplo, Castilla La Mancha, Castilla León, Canarias o Asturias se aproximan al 8%. Es Extremadura quien lidera este ranking, ya que utiliza más de un 10% de su PIB para abonar remuneraciones públicas.
Las autonomías emplean de media más de un 40% de su gasto presupuestario a este capítulo de personal, dejando poco espacio para otras actuaciones que pudieran generar más actividad y empleo en el sector privado. Curiosamente, es el País Vasco el que más porcentaje de su gasto público destina a personal. Hasta octubre empleó casi la mitad de su presupuesto total en operaciones no financieras en pagar nóminas (49%). Le sigue Aragón (48%), Castilla La Mancha (46,8%), Andalucía (46,4%), Murcia (45,6%), Asturias (45,5%) y Extremadura (44,7%). Madrid (32%9, Baleares (34%) y Cataluña (36%) son las regiones que menos porcentaje de su gasto total utilizan para pagar los salarios de sus empleados autonómicos.
El empleo público, en cifras
¿Cuántos empleados tienen cada comunidad autonómica? Según la información del Registro Central de Personal de las Administraciones, hay 1,7 millones de empleados autonómicos públicos totales. La cifra es inferior a la EPA (en unos 400.000), porque no aparecen por ejemplos los empleos de las empresas públicas adscritas o de los cargos políticos). Andalucía tenía a principios de 2022 casi 300.000 nóminas, mientras que Cataluña superaba las 217.000 y Madrid alcanzaba las 202.000. Por su parte, la Comunidad Valenciana alcanzaba los 162.000, mientras que Castilla y León y Galicia se aproximaban ya a los 100.000. Cantabria es la región con menos funcionarios en la Administración regional (cerca de 24.000).
Por población, salen datos interesantes. Según los cálculos realizados, hay un funcionario autonómico por cada 20 habitantes en Extremadura y en Navarra; y en Aragón hay uno por cada 23 ciudadanos. Mientras, en Asturias es de 24 y alcanza los 25 en Castilla y León, Cantabria y La Rioja. En el otro extremo se encuentran: Baleares, donde hay un empleado en la Administración de la autonomía por cada 39 ciudadanos. En Cataluña hay 35; 34 en Madrid y 31 en la Comunidad Valenciana. En Andalucía, cada 28 ciudadanos ’disponen’ de un funcionario.
Y 2023, con elecciones autonómicas en casi todas las regiones a las que hay que sumar las locales y ya se verá si hay también las generales, se presenta como el año en que la contratación pública se va a disparar de nuevo exponencialmente. El empleo público se ha convertido, con el dinero de todos y sobre todo en época de mayores dificultades, en un activo de los programas electorales.
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Aunque en menor medida, también ha aumentado el número de asalariados en las Administraciones Central y Local, a pesar del aumento de la inversión pública en tecnología y de la participación ciudadana en los procesos administrativos. Lo que evidencia una sobrepoblación de efectivos públicos en muchos departamentos y entes. Todo ello lleva a que una de cada cinco nóminas en España sea ya pública, mientras que en Extremadura (teniendo en cuenta todos los efectivos públicos en esta región de las distintas administraciones) se acerca a casi un tercio del conjunto de asalariados. Es decir, uno de cada tres extremeños cobra de una Administración.
En Castilla La Mancha llega al 26% de la población laboral; al 25% en Asturias; supera el 24% en Castilla La Mancha y alcanza el 23% en Cantabria y en Andalucía. Desde la gran depresión de 2007, la Comunidad Valenciana ha aumentado en casi seis puntos el número de nóminas públicas en su Administración, regional, mientras que en Navarra, Cantabria y Murcia el aumento es de cinco puntos. Madrid (18% de asalariados públicos respecto al total nacional) y La Rioja (17%) son las dos únicas comunidades en que ha descendido levemente (en cuatro décimas) el número de asalariados públicos desde 2007 y también desde 2019.
En todo caso, las plantillas de las comunidades autónomas se han duplicado desde que, comenzó hace 20 años, el trasvase de competencias del Estado, con un coste que parece desmesurado. La liquidación 2022 se acercará a la barrera psicológica de los 100.000 millones de euros (en 2021 se situó en casi 92.000 millones), una vez superados los dos millones de empleados. Estas cifras aumentarán con creces en 2023 porque, cada vez que hay convocatorias electorales, los gobiernos autonómicos tienen más manga ancha; y los partidos aprovechan para contratar a afines, por si el resultado no les es propicio y asegurarles un empleo estable, y también si se mantienen o alcanzan el poder.
Los datos son palmarios. Hasta octubre de 2022 (últimos datos disponibles), según la información de la Intervención General del Estado, las autonomías se habían gastado 76.000 millones en personal, que equivalen al 6% del PIB. Se trata de los gastos de ámbito presupuestario, es decir, no figuran, por ejemplo, los de las empresas públicas y otras entidades. Andalucía, la región con mayor población, es la que cuenta con un mayor gasto en este periodo, alcanza los 13.300 millones en este periodo (acabó 2021 con 16.100 millones, con un incremento salarial muy inferior al de 2022), representando casi el 8% de su PIB. Le sigue Cataluña, con 12.300 millones (finalizó 2021 con más de 15.000 millones), pero con un porcentaje de gasto sobre su PIB de poco más del 5%.
Por su parte, Madrid, con un coste en nóminas hasta este mes de 8.500 millones (en todo 2021 empleó 10.500 millones) dedica casi el 3,5% de su PIB mientras que el País Vasco se acerca al 7% y, por ejemplo, Castilla La Mancha, Castilla León, Canarias o Asturias se aproximan al 8%. Es Extremadura quien lidera este ranking, ya que utiliza más de un 10% de su PIB para abonar remuneraciones públicas.
Las autonomías emplean de media más de un 40% de su gasto presupuestario a este capítulo de personal, dejando poco espacio para otras actuaciones que pudieran generar más actividad y empleo en el sector privado. Curiosamente, es el País Vasco el que más porcentaje de su gasto público destina a personal. Hasta octubre empleó casi la mitad de su presupuesto total en operaciones no financieras en pagar nóminas (49%). Le sigue Aragón (48%), Castilla La Mancha (46,8%), Andalucía (46,4%), Murcia (45,6%), Asturias (45,5%) y Extremadura (44,7%). Madrid (32%9, Baleares (34%) y Cataluña (36%) son las regiones que menos porcentaje de su gasto total utilizan para pagar los salarios de sus empleados autonómicos.
El empleo público, en cifras
¿Cuántos empleados tienen cada comunidad autonómica? Según la información del Registro Central de Personal de las Administraciones, hay 1,7 millones de empleados autonómicos públicos totales. La cifra es inferior a la EPA (en unos 400.000), porque no aparecen por ejemplos los empleos de las empresas públicas adscritas o de los cargos políticos). Andalucía tenía a principios de 2022 casi 300.000 nóminas, mientras que Cataluña superaba las 217.000 y Madrid alcanzaba las 202.000. Por su parte, la Comunidad Valenciana alcanzaba los 162.000, mientras que Castilla y León y Galicia se aproximaban ya a los 100.000. Cantabria es la región con menos funcionarios en la Administración regional (cerca de 24.000).
Por población, salen datos interesantes. Según los cálculos realizados, hay un funcionario autonómico por cada 20 habitantes en Extremadura y en Navarra; y en Aragón hay uno por cada 23 ciudadanos. Mientras, en Asturias es de 24 y alcanza los 25 en Castilla y León, Cantabria y La Rioja. En el otro extremo se encuentran: Baleares, donde hay un empleado en la Administración de la autonomía por cada 39 ciudadanos. En Cataluña hay 35; 34 en Madrid y 31 en la Comunidad Valenciana. En Andalucía, cada 28 ciudadanos ’disponen’ de un funcionario.
Pero, si a los empleados autonómicos le sumamos el número de funcionarios que están contratados en cada región (también según los datos del Registro Central) por otras Administraciones Públicas (estatal o local), sale que hay un empleado público por cada 11 habitantes en Extremadura (91.000 empleados totales con algo más de un millón de habitantes). Mientras, en Aragón hay un funcionario por cada 13 ciudadanos; uno por cada 14 en Castilla y León; uno por cada 16 en Navarra y Castilla La Mancha; y un contratado público por cada 17 habitantes en Madrid, Andalucía, Cantabria, Canarias, Murcia y La Rioja.
Y 2023, con elecciones autonómicas en casi todas las regiones a las que hay que sumar las locales y ya se verá si hay también las generales, se presenta como el año en que la contratación pública se va a disparar de nuevo exponencialmente. El empleo público se ha convertido, con el dinero de todos y sobre todo en época de mayores dificultades, en un activo de los programas electorales.
'Boom' de empleo público: ya hay CCAA con un funcionario autonómico por cada 20 habitantes
Las autonomías se han convertido en el motor del empleo en España, en vísperas del año electoral. Extremadura, Navarra o Aragón baten récords de contratación
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