Uno de los problemas de la vivienda es que es un mercado regulado y controlado por las instituciones públicas: Estado-Gobierno autonómico-diputación provincial-hay untamiento.
Estos entes han generado una legislación que permite a los hay untamientos sobre cómo, donde y cuándo construir. Esto permite realizar planes urbanísticos a los ayuntamientos con un urbanismo y tipologías de viviendas que ellos deciden.
Esto ya crea unos requerimientos y una estructura de costes a los constructores, porque están obligados a edificar unos edificios que cumpla con las leyes y regulaciones que definen estos entes. Puede que algunas tengan sentido pero no de basan en las demandas reales del mercado (= potenciales compradores de vivienda).
Si el constructor ve (poniendo un ejemplo) que puede haber demanda en la sociedad de un rascacielos, no podrá construirlo porque incumple la ley de urbanismo de impacto visual. O una tipología de bloque de vivienda de bajo coste para dedicarlos a alquileres baratos, con materiales que no vayan a la última en conseguir una alta eficiencia energética, pues no podrán porque no cumple la ley de eficiencia energética tal o pascual.
Con el suelo es lo mismo. El hay untamiento decide dónde se puede construir, amparado por la legislación desarrollada por los políticos, y nunca en la interacción de los mercados de oferta y demanda (el que es duedel suelo y el que quiere comprarlo para construir). Esta restricción de suelo disponible limita la oferta. Y a menos oferta, menos viviendas que podrían construirse y por tanto salir al mercado de alquiler.
Sumamos la poca protección legal a los caseros ante problemas que se dan con los inquilinos, para no facilitar la salida al mercado de esos pisos vacíos y tenemos ya una parte importante del problema de los precios de alquiler definidos.
El gran problema lo crean los entes públicos, aka el Estado. Nos venden la moto de que cuidan de nosotros pero Hoy en día si eres dueño de un terreno y deciden que una infraestructura debe pasar por ahí, por el “bien comun” cogen y te lo expropian unilateralmente.
Estos entes han generado una legislación que permite a los hay untamientos sobre cómo, donde y cuándo construir. Esto permite realizar planes urbanísticos a los ayuntamientos con un urbanismo y tipologías de viviendas que ellos deciden.
Esto ya crea unos requerimientos y una estructura de costes a los constructores, porque están obligados a edificar unos edificios que cumpla con las leyes y regulaciones que definen estos entes. Puede que algunas tengan sentido pero no de basan en las demandas reales del mercado (= potenciales compradores de vivienda).
Si el constructor ve (poniendo un ejemplo) que puede haber demanda en la sociedad de un rascacielos, no podrá construirlo porque incumple la ley de urbanismo de impacto visual. O una tipología de bloque de vivienda de bajo coste para dedicarlos a alquileres baratos, con materiales que no vayan a la última en conseguir una alta eficiencia energética, pues no podrán porque no cumple la ley de eficiencia energética tal o pascual.
Con el suelo es lo mismo. El hay untamiento decide dónde se puede construir, amparado por la legislación desarrollada por los políticos, y nunca en la interacción de los mercados de oferta y demanda (el que es duedel suelo y el que quiere comprarlo para construir). Esta restricción de suelo disponible limita la oferta. Y a menos oferta, menos viviendas que podrían construirse y por tanto salir al mercado de alquiler.
Sumamos la poca protección legal a los caseros ante problemas que se dan con los inquilinos, para no facilitar la salida al mercado de esos pisos vacíos y tenemos ya una parte importante del problema de los precios de alquiler definidos.
El gran problema lo crean los entes públicos, aka el Estado. Nos venden la moto de que cuidan de nosotros pero Hoy en día si eres dueño de un terreno y deciden que una infraestructura debe pasar por ahí, por el “bien comun” cogen y te lo expropian unilateralmente.
