Chapapote1
Madmaxista
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Begoña Gómez volvió a entrar este miércoles al juzgado por el garaje, subió a la sala escoltada por cuatro personas y se enfrentó a una nueva declaración como imputada. La mujer de Pedro Sánchez rompió por primera vez su silencio ante el juez Juan Carlos Peinado, pero solo para responder a las preguntas de su abogado, Antonio Camacho, y negar cualquier irregularidad con el software que se desarrolló para su máster en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). En su declaración, de apenas 35 minutos, descargó la responsabilidad en la universidad y dijo que siguió indicaciones de sus responsables, según fuentes presentes en el interrogatorio.
Este software buscaba que las pequeñas y medianas empresas pudieran averiguar su grado de aplicación en objetivos de desarrollo sostenible y recibir consejos para mejorar su impacto social y medioambiental. El Confidencial desveló en mayo que Gómez le pidió a Indra, Telefónica y Google que crearan la plataforma a coste cero para el Máster de tras*formación Social Competitiva de la Complutense que codirigía desde 2020.
Las compañías accedieron al entender que se trataba de una colaboración "sin ánimo de lucro" con una institución educativa, pero la situación cambió en septiembre de 2023. Las tres multinacionales dieron por concluida su participación tras gastarse al menos 150.000 euros y asumir que podían estar incurriendo en un conflicto de interés por trabajar con la mujer del presidente del Gobierno. Gómez registró en la Oficina de Patentes el software y también administra en solitario una mercantil que ofrece la herramienta informática en una web, pero este miércoles defendió que nunca hubo afán de lucro.
Según aseguró ante el juez, el máster de la Complutense le fue concedido por su trayectoria profesional y la inscripción de las "marcas" solo pretendía darles "una imagen y una identidad", así como protegerlas "mientras se desarrollaba el proyecto tecnológico gratuito". También afirmó que el logo de "tras*formación Social Competitiva" lo había registrado con anterioridad a la aprobación del máster y que lo puso "al servicio" de la universidad.
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La mujer de Sánchez sostuvo que estos movimientos eran conocidos por todos y que nunca pretendió apropiarse del software. "Apropiarse, además, quiere decir que pertenecían a otro…", declaró, según apuntan las mismas fuentes. Gómez señaló para ello que inscribió el dominio de internet, tras*forma.org., con el conocimiento de los responsables de la UCM y apela a un correo que está aportado a las actuaciones en el que informaron sobre cómo podía hacerlo.
Siguiendo las preguntas de su abogado, abundó en que tuvieron alguna reunión previa, pero no les dieron una solución y posteriormente respondieron por correo electrónico. El primer año, la coordinadora de la cátedra dio de alta el dominio y el segundo año lo hizo ella, ya que se pagaba con recursos personales, siempre según su versión. El tercer año ya no se renovó por parte de la UCM. Para reforzar su tesis, añadió que se optó por la extensión ".org" porque es la que se usa habitualmente para páginas web "sin fines de lucro".
En septiembre de 2024, finalizaba la inscripción del dominio. Según explicó, su abogado lo puso en conocimiento de la UCM a fin de que ellos renovaran la inscripción si lo consideraban conveniente, pero no lo hicieron. "El proyecto de la plataforma tecnológica gratuita siempre tuvo como fin que fuese 100% propiedad de la UCM", reiteró.
El desarrollo del software constó de dos fases. Una vez que Telefónica, Google e Indra cesaron su colaboración, la universidad sacó a concurso un contrato para financiar con fondos públicos la segunda fase de su proyecto. Deloitte Consulting SLU se adjudicó el encargo por 60.500 euros. La esposa de Sánchez abundó en varias fases de su declaración en la idea de que en la UCM todos los procesos de contratación son guiados, es decir, los órganos gestores de la Escuela de Gobierno y el propio vicerrector asesoran, orientan y proporcionan instrucciones.
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En relación con dicha licitación, que recayó en Deloitte, Gómez declaró que recibió un correo en el que los responsables de la UCM le indicaron que debía firmar el Pliego de Prescripciones Técnicas, lo que efectivamente hizo. En la UCM, la firma de dichos pliegos suele ser realizada por el jefe de la Unidad Administrativa que propone el proyecto. En su caso, esa responsabilidad, según sostuvo, recaía en ella por ser la directora de la cátedra extraordinaria, pero el juez la ha imputado por intrusismo profesional al considerar que no cumplía los requisitos para ello.
La mujer de Sánchez también remarcó que los vicerrectores recibían información continua sobre las actividades de la cátedra y que existía relación fluida por correos electrónicos y llamadas. "La plataforma no llegó a estar operativa. Estaba en un entorno de pruebas", reivindicó en el juzgado Gómez, asegurando a su vez que desconoce el estado actual de esta herramienta. "La plataforma siempre se diseñó e ideó para ser gratuita".
Su comparecencia del pasado 19 de julio se centró en los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, pero este miércoles se sumaron los de apropiación indebida e intrusismo profesional. Gómez ya presentó en noviembre una serie de correos electrónicos para intentar demostrar que solo siguió indicaciones de la Complutense, y este miércoles volvió a incidir en ello durante su breve comparecencia.
Este software buscaba que las pequeñas y medianas empresas pudieran averiguar su grado de aplicación en objetivos de desarrollo sostenible y recibir consejos para mejorar su impacto social y medioambiental. El Confidencial desveló en mayo que Gómez le pidió a Indra, Telefónica y Google que crearan la plataforma a coste cero para el Máster de tras*formación Social Competitiva de la Complutense que codirigía desde 2020.
Las compañías accedieron al entender que se trataba de una colaboración "sin ánimo de lucro" con una institución educativa, pero la situación cambió en septiembre de 2023. Las tres multinacionales dieron por concluida su participación tras gastarse al menos 150.000 euros y asumir que podían estar incurriendo en un conflicto de interés por trabajar con la mujer del presidente del Gobierno. Gómez registró en la Oficina de Patentes el software y también administra en solitario una mercantil que ofrece la herramienta informática en una web, pero este miércoles defendió que nunca hubo afán de lucro.
Según aseguró ante el juez, el máster de la Complutense le fue concedido por su trayectoria profesional y la inscripción de las "marcas" solo pretendía darles "una imagen y una identidad", así como protegerlas "mientras se desarrollaba el proyecto tecnológico gratuito". También afirmó que el logo de "tras*formación Social Competitiva" lo había registrado con anterioridad a la aprobación del máster y que lo puso "al servicio" de la universidad.
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La mujer de Sánchez sostuvo que estos movimientos eran conocidos por todos y que nunca pretendió apropiarse del software. "Apropiarse, además, quiere decir que pertenecían a otro…", declaró, según apuntan las mismas fuentes. Gómez señaló para ello que inscribió el dominio de internet, tras*forma.org., con el conocimiento de los responsables de la UCM y apela a un correo que está aportado a las actuaciones en el que informaron sobre cómo podía hacerlo.
Siguiendo las preguntas de su abogado, abundó en que tuvieron alguna reunión previa, pero no les dieron una solución y posteriormente respondieron por correo electrónico. El primer año, la coordinadora de la cátedra dio de alta el dominio y el segundo año lo hizo ella, ya que se pagaba con recursos personales, siempre según su versión. El tercer año ya no se renovó por parte de la UCM. Para reforzar su tesis, añadió que se optó por la extensión ".org" porque es la que se usa habitualmente para páginas web "sin fines de lucro".
En septiembre de 2024, finalizaba la inscripción del dominio. Según explicó, su abogado lo puso en conocimiento de la UCM a fin de que ellos renovaran la inscripción si lo consideraban conveniente, pero no lo hicieron. "El proyecto de la plataforma tecnológica gratuita siempre tuvo como fin que fuese 100% propiedad de la UCM", reiteró.
La sociedad mercantil
En cuanto a la sociedad mercantil tras*forma TSC SRLU, la mujer del presidente del Gobierno alegó ante el juez que se constituyó en noviembre de 2023 con el fin de poder realizar actividades distintas a las que se enmarcaban en la cátedra extraordinaria de la UCM. Lo justificó en que su relación profesional con la UCM no estuvo amparada en ningún momento por un contrato de trabajo o laboral que le impidiera realizar otras actividades profesionales al margen de la universidad.El desarrollo del software constó de dos fases. Una vez que Telefónica, Google e Indra cesaron su colaboración, la universidad sacó a concurso un contrato para financiar con fondos públicos la segunda fase de su proyecto. Deloitte Consulting SLU se adjudicó el encargo por 60.500 euros. La esposa de Sánchez abundó en varias fases de su declaración en la idea de que en la UCM todos los procesos de contratación son guiados, es decir, los órganos gestores de la Escuela de Gobierno y el propio vicerrector asesoran, orientan y proporcionan instrucciones.
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En relación con dicha licitación, que recayó en Deloitte, Gómez declaró que recibió un correo en el que los responsables de la UCM le indicaron que debía firmar el Pliego de Prescripciones Técnicas, lo que efectivamente hizo. En la UCM, la firma de dichos pliegos suele ser realizada por el jefe de la Unidad Administrativa que propone el proyecto. En su caso, esa responsabilidad, según sostuvo, recaía en ella por ser la directora de la cátedra extraordinaria, pero el juez la ha imputado por intrusismo profesional al considerar que no cumplía los requisitos para ello.
La mujer de Sánchez también remarcó que los vicerrectores recibían información continua sobre las actividades de la cátedra y que existía relación fluida por correos electrónicos y llamadas. "La plataforma no llegó a estar operativa. Estaba en un entorno de pruebas", reivindicó en el juzgado Gómez, asegurando a su vez que desconoce el estado actual de esta herramienta. "La plataforma siempre se diseñó e ideó para ser gratuita".
Su comparecencia del pasado 19 de julio se centró en los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, pero este miércoles se sumaron los de apropiación indebida e intrusismo profesional. Gómez ya presentó en noviembre una serie de correos electrónicos para intentar demostrar que solo siguió indicaciones de la Complutense, y este miércoles volvió a incidir en ello durante su breve comparecencia.