Barra libre en el Campus de la Justicia de Madrid: 3.500 € al mes a un fotógrafo sin contrato, enchufes, despilfarro...
La Cámara de Cuentas detecta graves irregularidades en la empresa pública creada por Aguirre. No han aparecido contratos ni había sistema de selección en función de mérito y capacidad.
"Para el análisis de estos gastos no se ha podido disponer de una documentación suficiente, ni completa. No ha aparecido, durante la fiscalización, ningún tipo de contrato de personal, por lo que no se han podido determinar las funciones de cada uno de los empleados ni el tipo de relación contractual con la sociedad, ni el periodo por el que se pactaban los servicios, las condiciones económicas ni de ningún tipo que se pudieron establecer. No hay constancia, tampoco, de que existiera ningún procedimiento para la elección de las personas y que se aplicaran para este fin los principios de igualdad, mérito y capacidad". Este párrafo explica perfectamente la barra libre que se vivió durante años en Campus de la Justicia, la empresa pública que el Gobierno regional de Esperanza Aguirre creó en enero de 2005 para intentar unificar en un único complejo todas las sedes judiciales de la región.
Un proyecto fallido que acaba de ser fiscalizado por la Cámara de Cuentas, que en un demoledor informe de 240 páginas analiza todas las irregularidades detectadas en los años en los que estuvo operativa esta sociedad, entre enero de 2005 y diciembre de 2014. Una barra libre que se convirtió en descontrol en el capítulo de personal, donde "no se contó prácticamente con ningún contrato de trabajo, ni siquiera con una relación fiable de trabajadores. Las nóminas y los documentos de cotización a la Seguridad Social aparecieron desperdigados y por periodos incompletos. Pese a haber indicios de numerosos despidos que, probablemente, llegaron a la vía judicial, no se dispuso de ningún expediente completo".
El ejemplo más sangrante es el del fotógrafo que trabajó para la empresa pública. "En el ejercicio 2008, con prórroga al ejercicio siguiente, un determinado fotógrafo empieza a percibir un sueldo de 3.500 euros mensuales sin que exista ningún tipo de justificación sobre la efectividad de los servicios prestados. No se ha localizado ningún contrato en los archivos de Campus que diera cobertura legal al citado pago". Es decir, sin contrato y sin relación de los trabajos prestados. El Confidencial ha hablado con este fotógrafo, que actualmente es personal eventual en la Comunidad de Madrid.
"Yo era un autónomo, un fotógrafo 'freelance' que facturaba por los trabajos que hacía. Todo legal y pagando mis impuestos". El fotógrafo no recuerda qué cargo de Campus le contrató. "Yo pasaba mis facturas por los trabajos que realizaba, que fueron muchos, como por ejemplo actos de primera piedra, presentación de arquitectos, cosas así. Conservo todos los trabajos", asegura. Según el informe de la Cámara, este fotógrafo empezó a recibir en el año 2008 "pagos mensuales sin justificación de los servicios prestados. No se ha localizado contrato en los archivos de Campus y hay indicios de que, al menos en 2009, sus servicios no se prestaban a Campus". A pesar de ello, recibió 3.500 euros mensuales.
La Cámara de Cuentas ha analizado tres de las facturas emitidas por el fotógrafo en el año 2008, cada una de 3.500 euros. "En la primera se detallan 10 servicios concretos, en la segunda no se detalla qué servicios se facturan y en la tercera se cita un presupuesto, que no se adjunta, por lo que tampoco hay constancia de a qué servicios se refiere". En cuanto al ejercicio 2009, tampoco aparece el contrato, pero la Cámara sí ha analizado "copias de 'mails' de los que se han deducido serias dudas sobre la prestación real" de estos servicios fotográficos.
En total, entre 2005 y 2014 la empresa pública se gastó 2.765.716,95 euros en sueldos. La Cámara de Cuentas lo ha tenido difícil a la hora de auditar este capítulo, ya que "no hay constancia de que existiera ningún organigrama en donde se establecieran las funciones y competencias a desarrollar por la plantilla". El Campus comenzó su actividad en 2005 con tres trabajadores: un director técnico, el responsable financiero y una secretaria. A finales de ese año se contrató a un "responsable de relaciones internacionales". En 2006 se ficha a un subdirector técnico y a un administrativo. En 2007 se contrata a otras cuatro personas: un director adjunto, otra secretaria, un responsable de publicidad y un director de seguridad.
Para la Cámara es "significativa la desproporción existente entre el personal directivo y el resto de personal", y pone como ejemplo 2007, cuando una plantilla de 10 personas estaba compuesta por siete directivos y tres administrativos. En 2008 se producen seis nuevas altas, todos directivos: director general, directora adjunta, director adjunto de seguridad, director de expansión, director de asesoría jurídica y responsable de publicidad. En 2009 empezó a reducirse la plantilla, hasta quedarse a cero en julio de 2012 (por esas fechas, la Comunidad de Madrid ya había decidido abandonar el proyecto ante su inviabilidad económica).
En cuanto al apartado de sueldos, "no hay ninguna tabla salarial ni ningún documento análogo que fije los emolumentos de los empleados. Se desconoce, también, si se aplicaba o no algún convenio colectivo". En 2005, el importe medio bruto mensual de los trabajadores era de 2.478 euros, cifra que aumentó a 5.089 euros en 2009. "Se desconocen los criterios para la asignación de las retribuciones, y quién era el responsable de decidir los incrementos anualmente. Sin embargo, se observa que las cantidades aumentan año a año, en algunos casos con importes y porcentajes muy significativos". Campus incumplió el Real Decreto-ley 8/2010, que debido a la crisis reguló una bajada de los salarios en un 5% para el personal laboral del sector público.
Un caso destacable de "las disfuncionalidades" en materia de contratación se dio en el departamento de seguridad. En 2008 la empresa pública contaba con tres personas dedicadas a esta materia (un director y dos directores adjuntos), en una plantilla que no sobrepasaba la docena de personas. Para más inri, Campus "mantenía un contrato con una empresa externa para tal menester", que se llevó 876.658,01 euros. "Todo esto no fue obstáculo para que en varias ocasiones se dieran casos de robos de ordenadores y teléfonos móviles que fueron denunciados por la compañía". Los tres directores tenían una retribución mensual conjunta de más de 14.000 euros.
Hubo más gastos en materia de personal, además de los sueldos. Campus abonó en materia de indemnizaciones un total de 236.646,42 euros. "En cuanto a los despidos generados durante el periodo de fiscalización, hay que señalar que no se ha podido localizar la pertinente documentación sobre las causas o motivos". Hay más irregularidades. En las indemnizaciones se abonaron cantidades superiores a las establecidas en la normativa laboral (hasta 60 y 80 días por año trabajado). También hay trabajadores que recibieron cantidades superiores a las pactadas. "Otra de las irregularidades confirmadas es que a un trabajador, varios meses después de su despido, se le abona un máster realizado un año antes por un importe de 37.000 euros".
95,3 millones invertidos, solo un edificio y 63 millones de pérdidas
El informe de la Cámara de Cuentas puede acabar en el Tribunal de Cuentas para que determine si hubo responsabilidad contable en la gestión de esta empresa pública. Por otro lado, PSOE, Podemos y Ciudadanos han presentado ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia con todas las irregularidades detectadas después de que la oposición analizara las cuentas de Campus en una comisión parlamentaria. Sin contar los gastos de personal, Campus de la Justicia invirtió 95,3 millones de euros en un proyecto que resultó ser un fiasco. Esta cifra incluye 61,6 millones de las obras del proyecto que se dan como pérdidas tras la paralización del mismo.
De los 12 edificios previstos solo se construyó uno, el Instituto de Medicina Legal. Los costes de urbanización y de trabajos realizados suman 78,7 millones de euros (22 se los llevó el instituto y 34,8, la urbanización). Campus pagó 11,6 millones de euros en honorarios a profesionales de direcciones técnicas de edificios que nunca se levantaron. En los 10 ejercicios tras*curridos de su constitución a su disolución, la empresa acumuló pérdidas de algo más de 63 millones.
La Cámara de Cuentas detecta graves irregularidades en la empresa pública creada por Aguirre. No han aparecido contratos ni había sistema de selección en función de mérito y capacidad.
"Para el análisis de estos gastos no se ha podido disponer de una documentación suficiente, ni completa. No ha aparecido, durante la fiscalización, ningún tipo de contrato de personal, por lo que no se han podido determinar las funciones de cada uno de los empleados ni el tipo de relación contractual con la sociedad, ni el periodo por el que se pactaban los servicios, las condiciones económicas ni de ningún tipo que se pudieron establecer. No hay constancia, tampoco, de que existiera ningún procedimiento para la elección de las personas y que se aplicaran para este fin los principios de igualdad, mérito y capacidad". Este párrafo explica perfectamente la barra libre que se vivió durante años en Campus de la Justicia, la empresa pública que el Gobierno regional de Esperanza Aguirre creó en enero de 2005 para intentar unificar en un único complejo todas las sedes judiciales de la región.
Un proyecto fallido que acaba de ser fiscalizado por la Cámara de Cuentas, que en un demoledor informe de 240 páginas analiza todas las irregularidades detectadas en los años en los que estuvo operativa esta sociedad, entre enero de 2005 y diciembre de 2014. Una barra libre que se convirtió en descontrol en el capítulo de personal, donde "no se contó prácticamente con ningún contrato de trabajo, ni siquiera con una relación fiable de trabajadores. Las nóminas y los documentos de cotización a la Seguridad Social aparecieron desperdigados y por periodos incompletos. Pese a haber indicios de numerosos despidos que, probablemente, llegaron a la vía judicial, no se dispuso de ningún expediente completo".
El ejemplo más sangrante es el del fotógrafo que trabajó para la empresa pública. "En el ejercicio 2008, con prórroga al ejercicio siguiente, un determinado fotógrafo empieza a percibir un sueldo de 3.500 euros mensuales sin que exista ningún tipo de justificación sobre la efectividad de los servicios prestados. No se ha localizado ningún contrato en los archivos de Campus que diera cobertura legal al citado pago". Es decir, sin contrato y sin relación de los trabajos prestados. El Confidencial ha hablado con este fotógrafo, que actualmente es personal eventual en la Comunidad de Madrid.
"Yo era un autónomo, un fotógrafo 'freelance' que facturaba por los trabajos que hacía. Todo legal y pagando mis impuestos". El fotógrafo no recuerda qué cargo de Campus le contrató. "Yo pasaba mis facturas por los trabajos que realizaba, que fueron muchos, como por ejemplo actos de primera piedra, presentación de arquitectos, cosas así. Conservo todos los trabajos", asegura. Según el informe de la Cámara, este fotógrafo empezó a recibir en el año 2008 "pagos mensuales sin justificación de los servicios prestados. No se ha localizado contrato en los archivos de Campus y hay indicios de que, al menos en 2009, sus servicios no se prestaban a Campus". A pesar de ello, recibió 3.500 euros mensuales.
La Cámara de Cuentas ha analizado tres de las facturas emitidas por el fotógrafo en el año 2008, cada una de 3.500 euros. "En la primera se detallan 10 servicios concretos, en la segunda no se detalla qué servicios se facturan y en la tercera se cita un presupuesto, que no se adjunta, por lo que tampoco hay constancia de a qué servicios se refiere". En cuanto al ejercicio 2009, tampoco aparece el contrato, pero la Cámara sí ha analizado "copias de 'mails' de los que se han deducido serias dudas sobre la prestación real" de estos servicios fotográficos.
En total, entre 2005 y 2014 la empresa pública se gastó 2.765.716,95 euros en sueldos. La Cámara de Cuentas lo ha tenido difícil a la hora de auditar este capítulo, ya que "no hay constancia de que existiera ningún organigrama en donde se establecieran las funciones y competencias a desarrollar por la plantilla". El Campus comenzó su actividad en 2005 con tres trabajadores: un director técnico, el responsable financiero y una secretaria. A finales de ese año se contrató a un "responsable de relaciones internacionales". En 2006 se ficha a un subdirector técnico y a un administrativo. En 2007 se contrata a otras cuatro personas: un director adjunto, otra secretaria, un responsable de publicidad y un director de seguridad.
Para la Cámara es "significativa la desproporción existente entre el personal directivo y el resto de personal", y pone como ejemplo 2007, cuando una plantilla de 10 personas estaba compuesta por siete directivos y tres administrativos. En 2008 se producen seis nuevas altas, todos directivos: director general, directora adjunta, director adjunto de seguridad, director de expansión, director de asesoría jurídica y responsable de publicidad. En 2009 empezó a reducirse la plantilla, hasta quedarse a cero en julio de 2012 (por esas fechas, la Comunidad de Madrid ya había decidido abandonar el proyecto ante su inviabilidad económica).
En cuanto al apartado de sueldos, "no hay ninguna tabla salarial ni ningún documento análogo que fije los emolumentos de los empleados. Se desconoce, también, si se aplicaba o no algún convenio colectivo". En 2005, el importe medio bruto mensual de los trabajadores era de 2.478 euros, cifra que aumentó a 5.089 euros en 2009. "Se desconocen los criterios para la asignación de las retribuciones, y quién era el responsable de decidir los incrementos anualmente. Sin embargo, se observa que las cantidades aumentan año a año, en algunos casos con importes y porcentajes muy significativos". Campus incumplió el Real Decreto-ley 8/2010, que debido a la crisis reguló una bajada de los salarios en un 5% para el personal laboral del sector público.
Un caso destacable de "las disfuncionalidades" en materia de contratación se dio en el departamento de seguridad. En 2008 la empresa pública contaba con tres personas dedicadas a esta materia (un director y dos directores adjuntos), en una plantilla que no sobrepasaba la docena de personas. Para más inri, Campus "mantenía un contrato con una empresa externa para tal menester", que se llevó 876.658,01 euros. "Todo esto no fue obstáculo para que en varias ocasiones se dieran casos de robos de ordenadores y teléfonos móviles que fueron denunciados por la compañía". Los tres directores tenían una retribución mensual conjunta de más de 14.000 euros.
Hubo más gastos en materia de personal, además de los sueldos. Campus abonó en materia de indemnizaciones un total de 236.646,42 euros. "En cuanto a los despidos generados durante el periodo de fiscalización, hay que señalar que no se ha podido localizar la pertinente documentación sobre las causas o motivos". Hay más irregularidades. En las indemnizaciones se abonaron cantidades superiores a las establecidas en la normativa laboral (hasta 60 y 80 días por año trabajado). También hay trabajadores que recibieron cantidades superiores a las pactadas. "Otra de las irregularidades confirmadas es que a un trabajador, varios meses después de su despido, se le abona un máster realizado un año antes por un importe de 37.000 euros".
95,3 millones invertidos, solo un edificio y 63 millones de pérdidas
El informe de la Cámara de Cuentas puede acabar en el Tribunal de Cuentas para que determine si hubo responsabilidad contable en la gestión de esta empresa pública. Por otro lado, PSOE, Podemos y Ciudadanos han presentado ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia con todas las irregularidades detectadas después de que la oposición analizara las cuentas de Campus en una comisión parlamentaria. Sin contar los gastos de personal, Campus de la Justicia invirtió 95,3 millones de euros en un proyecto que resultó ser un fiasco. Esta cifra incluye 61,6 millones de las obras del proyecto que se dan como pérdidas tras la paralización del mismo.
De los 12 edificios previstos solo se construyó uno, el Instituto de Medicina Legal. Los costes de urbanización y de trabajos realizados suman 78,7 millones de euros (22 se los llevó el instituto y 34,8, la urbanización). Campus pagó 11,6 millones de euros en honorarios a profesionales de direcciones técnicas de edificios que nunca se levantaron. En los 10 ejercicios tras*curridos de su constitución a su disolución, la empresa acumuló pérdidas de algo más de 63 millones.
