El Conde del Alfoz
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ECONOMÍA
Las ayudas sociales de Sánchez no llegan: los bonos de luz y alquiler apenas se ejecutan
La mayoría de las subvenciones impulsadas por el Gobierno reflejan un nivel muy bajo de ejecución, tanto a nivel estatal, como autonómico y municipal
Una empleada municipal atiende a una solicitante de ayudas sociales en Valencia. EP
Publicado: 11/09/2023 04:45
Actualizado: 11/09/2023 09:00
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Muchos de los bonos y ayudas sociales que el Gobierno ha configurado para defender a los más necesitados de la crisis energética y de la inflación apenas se han ejecutado; y eso que cuentan con una dotación en los Presupuestos Generales del Estado, o sufren un sospechoso retraso, quizá para seguir encajando otras partidas de aumento de gasto que pudieran afectar a la evolución del déficit. Lo que evidencia la existencia de un interés más propagandístico que real de algunas de estas subvenciones.
Según los últimos datos disponibles de la liquidación de gasto que se han hecho públicos tras las elecciones generales del 23-J, a finales de junio no se había iniciado aún la tras*ferencia a las comunidades autónomas de los 255 millones de euros presupuestados inicialmente del denominado Bono Social Térmico, creado para prevenir el riesgo de pobreza energética y cubrir las necesidades básicas de calefacción, agua caliente y cocina. Los acogidos a estas subvenciones, iniciadas a partir de 2020, deberían haber recibido ya en el primer trimestre un pago único de hasta 372 euros. Por su parte, de los 200 millones de la dotación del Bono de Alquiler Joven (la subvención puede alcanzar individualmente hasta los 600 euros mensuales) sólo se ha ejecutado unos 70 millones (un tercio del gasto).
Además, el Bono Cultural Joven, que supone un pago de 400 euros para los jóvenes que llegan este año a la edad electoral y que pueden emplear para adquirir videojuegos, actuaciones musicales o entradas de cine (en muchos casos se revenden en Wallapop), cuenta con un crédito inicial de 206 millones, pero sólo se han liquidado 2,9 millones, es decir, algo más del 1%.
Lo que es evidente es que hay un notable retraso en las tras*ferencias corrientes y de capital previstas del Estado para realizar las ayudas sociales y económicas, sobre todo a las CCAA, así como a los ayuntamientos, empresas privadas y a familias e instituciones sin ánimo de lucro. Muchos créditos están sin activar y algunos en fase muy inicial a pesar de la experiencia en la gestión de años anteriores de las Administraciones que en algunos casos han tenido que externalizar los servicios.
Por ejemplo, sólo se ha liquidado un tercio de los 2.004 millones presupuestados para subvencionar y apoyar al tras*porte terrestre; la compensación a Adif para reducir las tarifas (95 millones) sólo llega al 40% de ejecución; las ayudas (100 millones) a empresas ferroviarias para bajar el precio de los abonos y títulos multiviajes no se han iniciado; y sólo se han gastado 150 millones de los 604 millones previstos (25%) para estas ayudas por parte de Renfe. Además, la partida destinada a los Bonos de Conectividad para Pymes y Colectivos Vulnerables sólo se ha gastado un 5,3% de los 61 millones con que cuenta.
Retraso autonómico
En las autonomías destaca que no se haya iniciado el gasto del Programa de Prestaciones Básicas a los Servicios Sociales de Apoyo a las Familias e Infancia, dotado con 205 millones. Lo mismo sucede con la inejecución de los 130 millones del Programa de Desarrollo del Pacto de Estado para la Violencia de Género; de los 8,5 millones del Programa de Asistencia Social para Mujeres Víctimas de la Violencia de Género; de los 9,5 millones del Programa de Apoyo a las Víctimas de Agresión y Abusos sensuales; de los 975 millones del Programa de Gestión del Sistema de Formación Profesional para el Empleo; de los 59 millones del Programa de Cobertura de Libros de Texto; o de los 36 millones del Programa de Inclusión Educativa.
Además, de los 611 millones destinados a subvenciones al tras*porte terrestre en las autonomías, sólo se han ejecutado 209 millones (un 34%) y no hay noticia alguna de los 301 millones previsto de gasto del Plan Integral de Empleo (Escuelas 4.0) ni de los 16 millones para los gastos de la erupción en la Palma (Canarias).
Subvenciones municipales
Algo similar ha ocurrido con el dinero para ayudas en los ayuntamientos. Las subvenciones al tras*porte terrestre (332 millones) se han quedado en el 33% en lo que va de año, mientras que no se ha iniciado la ejecución de los créditos previstos para la atención de siniestros y catástrofes (223 millones entre tras*ferencias corrientes y de capital) o para el Programa de Desarrollo del Pacto de Estado para Violencia de Género (40 millones).
En cuanto a las subvenciones a las empresas privadas y familias, no se ha comenzado aún la ejecución de los programas del Sector de tras*portes (49 millones), ni el de Apoyo a Empresas Intensivas en Consumo de Gas (37 millones) o de Combustible (600 millones) o al sector de Autobuses (170 millones). Además, del Programa de Compensación y Reducción de Peajes de las Autopistas sólo se ha gastado el 35%; no se han puesto aún en marcha los programas de Formación Profesional para el Empleo (160 millones) ni los relativos a la Atención de Mujeres Víctimas de Explotación sensual o de Prevención de la Violencia contra las Mujeres (14 millones).
Lo mismo ha sucedido con la inaplicación de los 450 millones de la compensación de costes adicionales del aumento de precios del gas natural o los 244 millones del Programa de Compensación de Costes de Emisión de Gases de Efecto Invernadero ni el de Consumidores de Electrónica (88 millones), o los 61 millones de apoyo a la financiación de los daños por sequía. Y, por si fuera poco, las subvenciones para la adquisición de la vivienda se han quedado en el 32% presupuestado mientras que de los 110 millones previstos de gasto para becas de formación de los profesores sólo se ha empleado el 30%.
Sin embargo, quizá ante la escenografía electoral de este año en los primeros meses, el Gobierno ha puesto más interés en asegurar la evolución de las partidas más llamativas y de mayor trascendencia política. Así, las aportaciones del Estado a la Seguridad Social para financiar el Ingreso Mínimo Vital han alcanzado el 50% (1.600 millones de los 3.200 previstos) a finales de junio y las obligaciones reconocidas netas de gasto de las becas han alcanzado los 1.275 millones de los 2.521 de los créditos iniciales (50%).
Las ayudas sociales de Sánchez no llegan: los bonos de luz y alquiler apenas se ejecutan
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Publicado: 11/09/2023 04:45
Actualizado: 11/09/2023 09:00
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Muchos de los bonos y ayudas sociales que el Gobierno ha configurado para defender a los más necesitados de la crisis energética y de la inflación apenas se han ejecutado; y eso que cuentan con una dotación en los Presupuestos Generales del Estado, o sufren un sospechoso retraso, quizá para seguir encajando otras partidas de aumento de gasto que pudieran afectar a la evolución del déficit. Lo que evidencia la existencia de un interés más propagandístico que real de algunas de estas subvenciones.
Según los últimos datos disponibles de la liquidación de gasto que se han hecho públicos tras las elecciones generales del 23-J, a finales de junio no se había iniciado aún la tras*ferencia a las comunidades autónomas de los 255 millones de euros presupuestados inicialmente del denominado Bono Social Térmico, creado para prevenir el riesgo de pobreza energética y cubrir las necesidades básicas de calefacción, agua caliente y cocina. Los acogidos a estas subvenciones, iniciadas a partir de 2020, deberían haber recibido ya en el primer trimestre un pago único de hasta 372 euros. Por su parte, de los 200 millones de la dotación del Bono de Alquiler Joven (la subvención puede alcanzar individualmente hasta los 600 euros mensuales) sólo se ha ejecutado unos 70 millones (un tercio del gasto).
Además, el Bono Cultural Joven, que supone un pago de 400 euros para los jóvenes que llegan este año a la edad electoral y que pueden emplear para adquirir videojuegos, actuaciones musicales o entradas de cine (en muchos casos se revenden en Wallapop), cuenta con un crédito inicial de 206 millones, pero sólo se han liquidado 2,9 millones, es decir, algo más del 1%.
Lo que es evidente es que hay un notable retraso en las tras*ferencias corrientes y de capital previstas del Estado para realizar las ayudas sociales y económicas, sobre todo a las CCAA, así como a los ayuntamientos, empresas privadas y a familias e instituciones sin ánimo de lucro. Muchos créditos están sin activar y algunos en fase muy inicial a pesar de la experiencia en la gestión de años anteriores de las Administraciones que en algunos casos han tenido que externalizar los servicios.
Por ejemplo, sólo se ha liquidado un tercio de los 2.004 millones presupuestados para subvencionar y apoyar al tras*porte terrestre; la compensación a Adif para reducir las tarifas (95 millones) sólo llega al 40% de ejecución; las ayudas (100 millones) a empresas ferroviarias para bajar el precio de los abonos y títulos multiviajes no se han iniciado; y sólo se han gastado 150 millones de los 604 millones previstos (25%) para estas ayudas por parte de Renfe. Además, la partida destinada a los Bonos de Conectividad para Pymes y Colectivos Vulnerables sólo se ha gastado un 5,3% de los 61 millones con que cuenta.
Retraso autonómico
En las autonomías destaca que no se haya iniciado el gasto del Programa de Prestaciones Básicas a los Servicios Sociales de Apoyo a las Familias e Infancia, dotado con 205 millones. Lo mismo sucede con la inejecución de los 130 millones del Programa de Desarrollo del Pacto de Estado para la Violencia de Género; de los 8,5 millones del Programa de Asistencia Social para Mujeres Víctimas de la Violencia de Género; de los 9,5 millones del Programa de Apoyo a las Víctimas de Agresión y Abusos sensuales; de los 975 millones del Programa de Gestión del Sistema de Formación Profesional para el Empleo; de los 59 millones del Programa de Cobertura de Libros de Texto; o de los 36 millones del Programa de Inclusión Educativa.
Además, de los 611 millones destinados a subvenciones al tras*porte terrestre en las autonomías, sólo se han ejecutado 209 millones (un 34%) y no hay noticia alguna de los 301 millones previsto de gasto del Plan Integral de Empleo (Escuelas 4.0) ni de los 16 millones para los gastos de la erupción en la Palma (Canarias).
Subvenciones municipales
Algo similar ha ocurrido con el dinero para ayudas en los ayuntamientos. Las subvenciones al tras*porte terrestre (332 millones) se han quedado en el 33% en lo que va de año, mientras que no se ha iniciado la ejecución de los créditos previstos para la atención de siniestros y catástrofes (223 millones entre tras*ferencias corrientes y de capital) o para el Programa de Desarrollo del Pacto de Estado para Violencia de Género (40 millones).
En cuanto a las subvenciones a las empresas privadas y familias, no se ha comenzado aún la ejecución de los programas del Sector de tras*portes (49 millones), ni el de Apoyo a Empresas Intensivas en Consumo de Gas (37 millones) o de Combustible (600 millones) o al sector de Autobuses (170 millones). Además, del Programa de Compensación y Reducción de Peajes de las Autopistas sólo se ha gastado el 35%; no se han puesto aún en marcha los programas de Formación Profesional para el Empleo (160 millones) ni los relativos a la Atención de Mujeres Víctimas de Explotación sensual o de Prevención de la Violencia contra las Mujeres (14 millones).
Lo mismo ha sucedido con la inaplicación de los 450 millones de la compensación de costes adicionales del aumento de precios del gas natural o los 244 millones del Programa de Compensación de Costes de Emisión de Gases de Efecto Invernadero ni el de Consumidores de Electrónica (88 millones), o los 61 millones de apoyo a la financiación de los daños por sequía. Y, por si fuera poco, las subvenciones para la adquisición de la vivienda se han quedado en el 32% presupuestado mientras que de los 110 millones previstos de gasto para becas de formación de los profesores sólo se ha empleado el 30%.
Sin embargo, quizá ante la escenografía electoral de este año en los primeros meses, el Gobierno ha puesto más interés en asegurar la evolución de las partidas más llamativas y de mayor trascendencia política. Así, las aportaciones del Estado a la Seguridad Social para financiar el Ingreso Mínimo Vital han alcanzado el 50% (1.600 millones de los 3.200 previstos) a finales de junio y las obligaciones reconocidas netas de gasto de las becas han alcanzado los 1.275 millones de los 2.521 de los créditos iniciales (50%).
