TYRELL
Madmaxista
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La Audiencia admite a trámite una querella contra militares israelíes por apiolar a civiles palestinos en 2002
El juez Fernando Andreu les acusa de delitos contra la humanidad
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha imputado al ex ministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer y a seis militares israelíes un delito contra la humanidad por un ataque en la franja de Gaza el 22 de julio de 2002 en el que murieron un presunto líder del brazo armado de Hamás, Shalah Shehade, y 14 civiles.
Andreu adopta esta decisión en un auto en el que admite a trámite la querella que interpuso el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR, por sus siglas en inglés) por el lanzamiento por parte de un F-16 israelí de una bomba de una tonelada contra la vivienda de Shehade. El magistrado considera que el ataque sobre uno de los lugares de mayor densidad de población del mundo, el barrio de Aldaraj de la ciudad de Gaza, fue "desproporcionado y excesivo".
El juez añade en su auto que "el ataque contra la población civil ya de inicio es ilegítimo, pues el mismo tendría como objeto la comisión de un asesinato", un hecho que España puede perseguir atendiendo "al principio de la jurisdicción universal".
Enemigo público número uno
Shehade era el hombre más buscado por el Ejército israelí en la época. Más que su asesinato, fuel modus operandi de Israel lo que traumatizó a la población palestina, que prometió venganza por la acción. Además, en esos momentos se estaba fraguando un principio de acuerdo de paz entre Hamás y Sharon que después del ataque se truncó.
El juez acuerda además cursar una comisión rogatoria al Gobierno palestino para tomar declaración a los testigos de este ataque y otra al Gobierno israelí para notificar este auto a los imputados, aunque recuerda que ya envió una comisión rogatoria a Israel para conocer si se estaban investigando estos hechos y nunca obtuvo respuesta.
El juez Fernando Andreu les acusa de delitos contra la humanidad
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha imputado al ex ministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer y a seis militares israelíes un delito contra la humanidad por un ataque en la franja de Gaza el 22 de julio de 2002 en el que murieron un presunto líder del brazo armado de Hamás, Shalah Shehade, y 14 civiles.
Andreu adopta esta decisión en un auto en el que admite a trámite la querella que interpuso el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR, por sus siglas en inglés) por el lanzamiento por parte de un F-16 israelí de una bomba de una tonelada contra la vivienda de Shehade. El magistrado considera que el ataque sobre uno de los lugares de mayor densidad de población del mundo, el barrio de Aldaraj de la ciudad de Gaza, fue "desproporcionado y excesivo".
El juez añade en su auto que "el ataque contra la población civil ya de inicio es ilegítimo, pues el mismo tendría como objeto la comisión de un asesinato", un hecho que España puede perseguir atendiendo "al principio de la jurisdicción universal".
Enemigo público número uno
Shehade era el hombre más buscado por el Ejército israelí en la época. Más que su asesinato, fuel modus operandi de Israel lo que traumatizó a la población palestina, que prometió venganza por la acción. Además, en esos momentos se estaba fraguando un principio de acuerdo de paz entre Hamás y Sharon que después del ataque se truncó.
El juez acuerda además cursar una comisión rogatoria al Gobierno palestino para tomar declaración a los testigos de este ataque y otra al Gobierno israelí para notificar este auto a los imputados, aunque recuerda que ya envió una comisión rogatoria a Israel para conocer si se estaban investigando estos hechos y nunca obtuvo respuesta.
