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Asociaciones feministas vinculadas al PSOE controlan 24.000 millones de violencia de género
Asociaciones feministas vinculadas al PSOE controlan 24.000 millones de violencia de género - Actuall
Cuatro federaciones feministas fuertemente vinculadas al PSOE acaparan a través de miles de asociaciones todas las líneas de trabajo del Plan estratégico contra la violencia contra la mujer y, manejan los 24.000 millones euros de los fondos europeos para violencia de género.
Cuatro federaciones feministas fuertemente vinculadas al PSOE acaparan a través de miles de asociaciones todas las líneas de trabajo del Plan estratégico contra la violencia contra la mujer y, en consecuencia, los fondos europeos destinados a erradicar esta lacra.
Se trata de la Fundacion Mujeres, la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas; la Federación de Mujeres Progresistas y la Asociación de Juristas Themis.
Así lo considera la asociación Erich Fromm en un informe al que ha tenido acceso Actuall, en el que se denuncia la creación de una “estructura espejo” para acaparar el flujo y destino de las subvenciones europeas.
24.000 millones hasta 2012
Según los datos del portal estadístico del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el número de perceptoras de ayuda económica por maltrato (de la Renta Activa de Inserción) ha crecido en una proporción mayor que el número de condenados por este motivo.
Así, mientras que el número de perceptoras de la Renta Activa de Inserción pasaba de 10.924 en 2006 a las 34.550 en 2014, el de hombres condenados en los mismos años se ha mantenido estable en una media de unos 15.500.
Según denuncia un informe de la asociación Erich Fromm, tanto la Renta Activa de Inserción como el resto de ayudas económicas “se conceden a las mujeres sin base legal constitutiva de la existencia de maltrato”, esto es, por la mera denuncia, sin condena mediante, de tal forma que “todo el edificio económico y de subvenciones pivota en un hecho no jurídico”.
Un estudio sobre la estimación de costes de la violencia de género en la Unión Europea referido a 2012 señala que en España, hasta ese año, se habría destinado una cantidad superior a 24.000 millones de euros, según una extrapolación de los datos del Reino Unido.
Esta estimación supone que a España le corresponde el 9,27% del total de los costes en los países de la Unión Europea asociados a violencia basada en la diferencia sensual entre denunciante y denunciado.
Por otro lado, queda pendiente conocer a qué se aplican más de 10.000 millones euros correspondientes a la lucha contra la violencia doméstica, según el mismo estudio. En esta partida se incluiría el gasto para la lucha contra la violencia contra menores y hombres, partida también asignada por la Unión Europea a España.
¿Quién gestiona los fondos?
Cabe preguntarse, dadas las importantes cifras que se manejan, quién está encargado en España de repartir estos fondos y bajo qué criterios.
Tras la aprobación en 2004 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, el Gobierno elaboró un Plan estratégico contra la violencia sobre la mujer que se aprobó al año siguiente.
En dicha ley, también se establece la creación del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, “como un órgano colegiado en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y que tendrá como principales funciones servir como centro de análisis de la situación y evolución de la violencia sobre la mujer, así como asesorar y colaborar con el Delegado en la elaboración de propuestas y medidas para erradicar este tipo de violencia”.
Este Observatorio, en la práctica, es el organismo encargado de marcar las líneas de actuación y de designar a las entidades que colaboran en la aplicación de dicho Plan, que establece siete ejes temáticos de actuación (Justicia, Salud, Seguridad, Servicios Sociales, Información, Educación y Comunicación) y cinco ejes tras*versales (Investigación y Estudio, Formación y Especialización de Profesionales, Movilización de Actores, Coordinación y Seguimiento y Evaluación).
“Estructura espejo”
Para todos ellos, según denuncia la Asociación Erich Fromm, el PSOE impulsó desde entonces una “estructura espejo” a través de distintas federaciones y asociaciones que “se ha constituido en el principal perceptor de fondos europeos con estructura orgánica vinculada al propio PSOE”.
Esta actividad se realizaría a través de organizaciones ya existentes, como la Federación de Mujeres Progresistas y mediante la creación de miles de asociaciones (unas 4.500, según la Asociación Erich Fromm), que serían las destinatarias finales de los fondos europeos.
Esto se realizaría, con una estructura especializada que abarca todos los ejes de actuación a través de casas de acogida, puntos de encuentro familiar, gabinetes psicológicos, despachos de abogados y trabajadores sociales.
Algunas de estas asociaciones forman parte del núcleo de la estructura del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer. En concreto, de las 13 vocalías reservadas a la “representación de las organizaciones de mujeres de ámbito estatal” el Real Decreto que regula su actividad especifica que cuatro corresponden a la Fundacion Mujeres, la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas; la Federación de Mujeres Progresistas y la Asociación de Juristas Themis, vinculadas al Partido Socialista Obrero Español.
Fundacion Mujeres: Su presidenta de honor es la histórica socialista Carlota Bustelo García del Real (primera presidenta del Instituto de la Mujer) y su presidenta, María Florentina Alarcón, que fue en 2015 en la lista del PSOE en Boadilla del Monte en las municipales de 2015; entre las vocales también se encuentran la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié; la diputada Ángeles Álvarez; y la secretaria general de la Juventudes Socialistas de Extremadura, Soraya Vega Prieto. La vicesecretaria general del PSOE con Alfredo Pérez Rubalcaba, Elena Valenciano, también fue presidenta de esta Fundacion.
Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas: En su directiva se encuentran personas como María Ángeles Ruiz-Tagle, que fue diputada socialista en el Parlamento de Cantabria.
Federación de Mujeres Progresistas: Su presidenta, Yolanda Besteiro, es concejal del PSOE en Alcalá de Henares;
Asociación de Mujeres Juristas Themis: Su presidenta, Amalia Fernández, formó parte de los grupos de trabajo previos a la probación de la Ley Contra la Violencia de Género aprobada por el PSOE en 2004. Entre sus vocales, se encuentra también María José Fernández Martínez, número cinco de la candidatura del PSOE en El Ballestero (Albacete).
El Real Decreto también contempla una vocalía para la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, cuya presidenta es Carmen Fúnez, actual senadora y ex presidenta de Nuevas Generaciones, la organización juvenil del Partido Popular.
Además de las ya citadas, también tienen reservado su asiento en el Observatorio la patronal, los sindicatos mayoritarios, la Federación UNAE en representación de las organizaciones de los consumidores y usuarios, Cruz Roja Española, Comité Español de Representantes de Personas Con Discapacidad (CERMI) y la asociación hispano-ecuatoriana Ruminhaui, en representación del ámbito de la inmi gración.
Asociaciones feministas vinculadas al PSOE controlan 24.000 millones de violencia de género - Actuall
Cuatro federaciones feministas fuertemente vinculadas al PSOE acaparan a través de miles de asociaciones todas las líneas de trabajo del Plan estratégico contra la violencia contra la mujer y, manejan los 24.000 millones euros de los fondos europeos para violencia de género.
Cuatro federaciones feministas fuertemente vinculadas al PSOE acaparan a través de miles de asociaciones todas las líneas de trabajo del Plan estratégico contra la violencia contra la mujer y, en consecuencia, los fondos europeos destinados a erradicar esta lacra.
Se trata de la Fundacion Mujeres, la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas; la Federación de Mujeres Progresistas y la Asociación de Juristas Themis.
Así lo considera la asociación Erich Fromm en un informe al que ha tenido acceso Actuall, en el que se denuncia la creación de una “estructura espejo” para acaparar el flujo y destino de las subvenciones europeas.
24.000 millones hasta 2012
Según los datos del portal estadístico del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el número de perceptoras de ayuda económica por maltrato (de la Renta Activa de Inserción) ha crecido en una proporción mayor que el número de condenados por este motivo.
Así, mientras que el número de perceptoras de la Renta Activa de Inserción pasaba de 10.924 en 2006 a las 34.550 en 2014, el de hombres condenados en los mismos años se ha mantenido estable en una media de unos 15.500.
Según denuncia un informe de la asociación Erich Fromm, tanto la Renta Activa de Inserción como el resto de ayudas económicas “se conceden a las mujeres sin base legal constitutiva de la existencia de maltrato”, esto es, por la mera denuncia, sin condena mediante, de tal forma que “todo el edificio económico y de subvenciones pivota en un hecho no jurídico”.
Un estudio sobre la estimación de costes de la violencia de género en la Unión Europea referido a 2012 señala que en España, hasta ese año, se habría destinado una cantidad superior a 24.000 millones de euros, según una extrapolación de los datos del Reino Unido.
Esta estimación supone que a España le corresponde el 9,27% del total de los costes en los países de la Unión Europea asociados a violencia basada en la diferencia sensual entre denunciante y denunciado.
Por otro lado, queda pendiente conocer a qué se aplican más de 10.000 millones euros correspondientes a la lucha contra la violencia doméstica, según el mismo estudio. En esta partida se incluiría el gasto para la lucha contra la violencia contra menores y hombres, partida también asignada por la Unión Europea a España.
¿Quién gestiona los fondos?
Cabe preguntarse, dadas las importantes cifras que se manejan, quién está encargado en España de repartir estos fondos y bajo qué criterios.
Tras la aprobación en 2004 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, el Gobierno elaboró un Plan estratégico contra la violencia sobre la mujer que se aprobó al año siguiente.
En dicha ley, también se establece la creación del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, “como un órgano colegiado en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y que tendrá como principales funciones servir como centro de análisis de la situación y evolución de la violencia sobre la mujer, así como asesorar y colaborar con el Delegado en la elaboración de propuestas y medidas para erradicar este tipo de violencia”.
Este Observatorio, en la práctica, es el organismo encargado de marcar las líneas de actuación y de designar a las entidades que colaboran en la aplicación de dicho Plan, que establece siete ejes temáticos de actuación (Justicia, Salud, Seguridad, Servicios Sociales, Información, Educación y Comunicación) y cinco ejes tras*versales (Investigación y Estudio, Formación y Especialización de Profesionales, Movilización de Actores, Coordinación y Seguimiento y Evaluación).
“Estructura espejo”
Para todos ellos, según denuncia la Asociación Erich Fromm, el PSOE impulsó desde entonces una “estructura espejo” a través de distintas federaciones y asociaciones que “se ha constituido en el principal perceptor de fondos europeos con estructura orgánica vinculada al propio PSOE”.
Esta actividad se realizaría a través de organizaciones ya existentes, como la Federación de Mujeres Progresistas y mediante la creación de miles de asociaciones (unas 4.500, según la Asociación Erich Fromm), que serían las destinatarias finales de los fondos europeos.
Esto se realizaría, con una estructura especializada que abarca todos los ejes de actuación a través de casas de acogida, puntos de encuentro familiar, gabinetes psicológicos, despachos de abogados y trabajadores sociales.
Algunas de estas asociaciones forman parte del núcleo de la estructura del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer. En concreto, de las 13 vocalías reservadas a la “representación de las organizaciones de mujeres de ámbito estatal” el Real Decreto que regula su actividad especifica que cuatro corresponden a la Fundacion Mujeres, la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas; la Federación de Mujeres Progresistas y la Asociación de Juristas Themis, vinculadas al Partido Socialista Obrero Español.
Fundacion Mujeres: Su presidenta de honor es la histórica socialista Carlota Bustelo García del Real (primera presidenta del Instituto de la Mujer) y su presidenta, María Florentina Alarcón, que fue en 2015 en la lista del PSOE en Boadilla del Monte en las municipales de 2015; entre las vocales también se encuentran la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié; la diputada Ángeles Álvarez; y la secretaria general de la Juventudes Socialistas de Extremadura, Soraya Vega Prieto. La vicesecretaria general del PSOE con Alfredo Pérez Rubalcaba, Elena Valenciano, también fue presidenta de esta Fundacion.
Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas: En su directiva se encuentran personas como María Ángeles Ruiz-Tagle, que fue diputada socialista en el Parlamento de Cantabria.
Federación de Mujeres Progresistas: Su presidenta, Yolanda Besteiro, es concejal del PSOE en Alcalá de Henares;
Asociación de Mujeres Juristas Themis: Su presidenta, Amalia Fernández, formó parte de los grupos de trabajo previos a la probación de la Ley Contra la Violencia de Género aprobada por el PSOE en 2004. Entre sus vocales, se encuentra también María José Fernández Martínez, número cinco de la candidatura del PSOE en El Ballestero (Albacete).
El Real Decreto también contempla una vocalía para la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, cuya presidenta es Carmen Fúnez, actual senadora y ex presidenta de Nuevas Generaciones, la organización juvenil del Partido Popular.
Además de las ya citadas, también tienen reservado su asiento en el Observatorio la patronal, los sindicatos mayoritarios, la Federación UNAE en representación de las organizaciones de los consumidores y usuarios, Cruz Roja Española, Comité Español de Representantes de Personas Con Discapacidad (CERMI) y la asociación hispano-ecuatoriana Ruminhaui, en representación del ámbito de la inmi gración.
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