La actuación del presidente Mas en el debate de política general del Parlament ha confirmado que CiU está dando marcha atrás en la reivindicación soberanista, como se demuestra con la resolución aprobada sobre el derecho a decidir.
Mas ha pasado de asegurar que la consulta se realizaría aunque el Gobierno no la autorizara a aclarar que será legal. De hecho, el presidente decía hace ahora quince días que "la consulta se hará sí o sí" y que "no hay ni un solo milímetro de marcha atrás en nada".
Ahora, sin embargo, ha admitido que habrá más de una respuesta, en contra de los planteamientos iniciales. Incluso su invocación a unas elecciones si Rajoy sigue cerrado a la consulta supone admitir que es posible que la consulta no se realice. Esta vez, por otra parte, el presidente no ha puesto fecha a estas elecciones eventualmente plebiscitarias.
Es decir, que, según fuentes oficiosas de la propia CDC, los planteamientos actuales están muy lejos de las posiciones iniciales, que se basaban en realizar la consulta de forma legal o no, con una pregunta muy concreta y con una fecha que estaría fijada antes de que acabe este año.
Todo esto está en duda en estos momentos, cuando Mas no ha conseguido el apoyo claro de los sectores empresariales y financieros de Catalunya, y cuando la Unión Europea ha dejado muy claro que una separación del Estado español dejaría a Catalunya fuera de la Unión.
El propio documento aprobado por CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP tras el debate de política general está, según las mismas fuentes, totalmente descafeinado. Se parte del hecho de que la eventual consulta será el resultado de un diálogo con el Estado y de que se realizaría de forma legal.
Así, se afirma que "el Parlament de Catalunya (...) ha establecido el mandato del diálogo y la negociación con el Gobierno del Estado", y se hace referencia a "la concreción de la vía o vías legales" para la realización de la consulta.
Se insiste en este aspecto de la legalidad, cuando se habla de los "marcos legales existentes", y se pone como ejemplo el caso del "Reino Unido con Escocia y el Canadá con Quebec", es decir, que el conflicto se debe encauzar dentro de la negociación y la legalidad.
Por otra parte, el documento aprobado no habla en ningún momento del estado catalán, ni de independencia, sino que se limita a utilizar la expresión "derecho a decidir" o "futuro político". Tampoco se hace referencia a las advertencias lanzadas desde la Unión Europea.
