M. Priede
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(I)
LA POLÍTICA DE LA MEMORIA
por Stanley G. Payne
Mayo de 2021
www.firstthings.com
Traducción en Deepl.com
En enero de 2020, el gobierno socialista de España, encabezado por Pedro Sánchez, propuso un proyecto de ley de profundo significado cultural y político: una "Ley de Memoria Histórica y Democrática". Si se aprueba, esta ley pondrá fin a un esfuerzo de veinte años por parte de la izquierda española para limitar la libertad de expresión y remodelar la vida cívica. Establecería un "Consejo de la Memoria" nacional, un órgano del Estado compuesto por funcionarios públicos, así como por "expertos" profesionales y representantes de organizaciones no gubernamentales pero políticamente fiables. Elaboraría una política estatal integral para promover una visión de izquierdas de la España de principios y mediados del siglo XX. El proyecto de ley ordena la búsqueda de los restos de algunos de los "desaparecidos" del bando republicano en la Guerra Civil española de 1936-39 y la creación de un "Banco Nacional de ADN" para ayudar a identificarlos. Prescribe la colocación de "placas de la memoria" en todo el país para identificar los lugares y las personalidades asociadas a la "memoria democrática", es decir, la memoria de los opositores radicales al régimen de Franco, de los que relativamente pocos estaban a favor de la democracia. La "Ley de Memoria Histórica y Democrática" pide al gobierno español que identifique y honre a las supuestas "víctimas", sin tener en cuenta que muchas de ellas estuvieron probablemente implicadas en asesinatos masivos y ejecuciones extrajudiciales.
La propuesta de ley es muy punitiva. Los símbolos, reuniones o declaraciones que se consideren de aprobación del régimen de Franco y de los vencedores de la guerra civil se consideran infracciones contra la "memoria histórica y democrática". Las sanciones propuestas incluyen un elaborado programa de multas que van de doscientos a cien mil euros, el cierre por un periodo de seis meses a dos años de cualquier entidad que se encuentre en infracción, y la confiscación de los medios o bienes implicados en cualquiera de estas actividades. El hecho de que esta ley restrinja drásticamente la libertad de expresión y, por lo tanto, vulnere la Constitución española es aparentemente irrelevante para el Gobierno de Sánchez.
La Ley de Memoria Histórica y Democrática es la propuesta más dramática, arbitraria y punitiva en materia de debates sobre la historia en todo el mundo occidental. Sin embargo, la actitud que refleja es bastante común en la izquierda, que utiliza cada vez más los medios gubernamentales o no gubernamentales para restringir y castigar el discurso que defiende las opiniones, los movimientos y las figuras del pasado o del presente de la derecha. Las interpretaciones politizadas de la historia no son, por supuesto, nuevas. Pero la ley propuesta en España es un claro signo de la forma en que la izquierda contemporánea trata de convertir la historia en un arma para lograr sus objetivos y silenciar toda disidencia.
El mayor trauma del pasado reciente de España es la Guerra Civil de 1936-39: la única gran guerra civil revolucionaria moderna que se ha librado en un país occidental, y la lucha europea más importante de los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Su violencia más escabrosa no tuvo lugar en el campo de batalla, sino en la salvaje represión que ambos bandos ejercieron sobre sus oponentes. Los escuadrones de la fin republicanos ejecutaron a unos cincuenta y cinco mil adversarios, y los nacionalistas opositores al menos a otros tantos, si no más, seguidos de otros quince mil que fueron condenados por tribunales militares una vez finalizada la contienda. Estas sombrías estadísticas incluyen la matanza de casi siete mil miembros del clero, en el más sangriento estallido anticlerical en cualquier lugar fuera del mundo comunista. El número de muertos es comparable con lo ocurrido en Rusia y Finlandia en 1918-20, y supera los casos de Letonia y Hungría. Además, a diferencia de las sangrientas secuelas de la Primera Guerra Mundial en Europa del Este, todo esto tuvo lugar en un país de Europa Occidental ampliamente cubierto (aunque no siempre con precisión) por la prensa internacional. A la guerra civil le siguió la dictadura de derechas más larga que jamás haya gobernado un gran país de Europa Occidental.
El régimen de Franco fue implacable y tuvo mucho que responder, pero entre 1950 y 1975 presidió la modernización y tras*formación de España, un logro que había faltado a los dirigentes del país durante tres siglos. Este proceso podría compararse con el más reciente "modelo chino" de dictadura modernizadora, aunque en el caso de España fue seguido por una rápida tras*ición a la democracia bajo el sucesor de Franco, el rey Juan Carlos.
Durante la convulsa historia moderna de España, la tendencia en la mayoría de los regímenes de tras*ición ha sido que los ganadores promulguen la venganza contra los perdedores. En España, se refieren al final del régimen de Franco y a la fundación de la actual democracia como la "tras*ición Democrática". En esta tras*ición, los nuevos dirigentes estaban decididos a no repetir el pasado y a no reavivar viejos conflictos. Pretendían hacer borrón y cuenta nueva, abriendo la tras*ición a la plena participación de todos. El resultado fue la primera constitución democráticamente consensuada de España, ratificada por el electorado en 1978. Durante más de un cuarto de siglo, el sistema constitucional de monarquía parlamentaria pareció funcionar bien, atrayendo elogios internacionales a pesar de la corrupción cada vez más extendida.
A la vista de los antecedentes negativos de anteriores regímenes de tras*ición, todas las fuerzas políticas, desde los conservadores hasta los comunistas, estaban de acuerdo en que los argumentos de la historia no debían utilizarse como armas políticas. En 1977, los partidos de izquierda insistieron unánimemente en un voto de amnistía universal para todos los crímenes del pasado, motivados políticamente o imputados, sin excepción. La historia, esperaban, dejaría de ser un tema invocado regularmente en la política. Los moderados y los derechistas no debían ser llamados "franquistas" o "fascistas", y los izquierdistas no debían ser llamados "revolucionarios" o "gente de izquierdas".
Este consenso se mantuvo en general durante casi dos décadas. En 1993, sin embargo, el partido socialista de Felipe González, que había gobernado ininterrumpidamente durante once años, corría el riesgo de perder las elecciones. La campaña de González comenzó a insistir en que un voto al moderado Partido Popular sería un voto por el retorno al franquismo. Esta retórica puede haber alentado otra victoria socialista en 1993, pero no sirvió de nada tres años después, cuando los socialistas perdieron, ni tampoco en 2000, cuando el Partido Popular obtuvo la mayoría absoluta en el parlamento. El presidente del partido vencedor, José María Aznar, declaró en 2002 que en España se había enterrado por fin la instrumentalización del pasado reciente con fines partidistas. Se equivocó.
Los viejos hábitos de denuncia volvieron, y la politización de la historia se convirtió en una táctica cada vez más común de la izquierda, así como de los separatistas regionales, que la habían adoptado incluso antes. Los separatistas se apoyan a menudo en tropos ultranacionalistas que mitifican el pasado de forma a veces fantástica o fabrican un pasado a partir de la nada. En esto sólo se ven alentados por las tendencias del progresismo occidental, que durante mucho tiempo ha abusado de la historia para servir a sus fines. En esto, como en muchas otras cosas, España no es "diferente", como dice el viejo tropo del turismo. Es igual que en todas partes, sólo que más.
Cuando la política de la memoria se calentó en los primeros años del siglo XXI, los historiadores se unieron invocando el estudio del siglo XX de la "memoria histórica" o "memoria colectiva", de estudiosos franceses como Maurice Halbwachs y Pierre Nora. A menudo no reconocieron que estos estudiosos habían subrayado que la "memoria colectiva" refleja o expresa actitudes actuales y no puede revelar la verdad de la historia de manera fiable. Como observa Wulf Kansteiner, la llamada "memoria colectiva no es historia"; es "tanto el resultado de una manipulación consciente" como de un recuerdo preciso. Enrique Gavilán subraya que "el trabajo de los historiadores no presupone la exactitud de la memoria. Por el contrario, es plenamente consciente de las inevitables deficiencias de la memoria. Los historiadores saben que la memoria no sólo deforma la comprensión de lo ocurrido, sino que lo hace inevitablemente".
LA POLÍTICA DE LA MEMORIA
por Stanley G. Payne
Mayo de 2021
The Politics of Memory | Stanley G. Payne
In January 2020, the Socialist government of Spain, led by Pedro Sánchez, proposed a bill of . . . .
www.firstthings.com
Traducción en Deepl.com
En enero de 2020, el gobierno socialista de España, encabezado por Pedro Sánchez, propuso un proyecto de ley de profundo significado cultural y político: una "Ley de Memoria Histórica y Democrática". Si se aprueba, esta ley pondrá fin a un esfuerzo de veinte años por parte de la izquierda española para limitar la libertad de expresión y remodelar la vida cívica. Establecería un "Consejo de la Memoria" nacional, un órgano del Estado compuesto por funcionarios públicos, así como por "expertos" profesionales y representantes de organizaciones no gubernamentales pero políticamente fiables. Elaboraría una política estatal integral para promover una visión de izquierdas de la España de principios y mediados del siglo XX. El proyecto de ley ordena la búsqueda de los restos de algunos de los "desaparecidos" del bando republicano en la Guerra Civil española de 1936-39 y la creación de un "Banco Nacional de ADN" para ayudar a identificarlos. Prescribe la colocación de "placas de la memoria" en todo el país para identificar los lugares y las personalidades asociadas a la "memoria democrática", es decir, la memoria de los opositores radicales al régimen de Franco, de los que relativamente pocos estaban a favor de la democracia. La "Ley de Memoria Histórica y Democrática" pide al gobierno español que identifique y honre a las supuestas "víctimas", sin tener en cuenta que muchas de ellas estuvieron probablemente implicadas en asesinatos masivos y ejecuciones extrajudiciales.
La propuesta de ley es muy punitiva. Los símbolos, reuniones o declaraciones que se consideren de aprobación del régimen de Franco y de los vencedores de la guerra civil se consideran infracciones contra la "memoria histórica y democrática". Las sanciones propuestas incluyen un elaborado programa de multas que van de doscientos a cien mil euros, el cierre por un periodo de seis meses a dos años de cualquier entidad que se encuentre en infracción, y la confiscación de los medios o bienes implicados en cualquiera de estas actividades. El hecho de que esta ley restrinja drásticamente la libertad de expresión y, por lo tanto, vulnere la Constitución española es aparentemente irrelevante para el Gobierno de Sánchez.
La Ley de Memoria Histórica y Democrática es la propuesta más dramática, arbitraria y punitiva en materia de debates sobre la historia en todo el mundo occidental. Sin embargo, la actitud que refleja es bastante común en la izquierda, que utiliza cada vez más los medios gubernamentales o no gubernamentales para restringir y castigar el discurso que defiende las opiniones, los movimientos y las figuras del pasado o del presente de la derecha. Las interpretaciones politizadas de la historia no son, por supuesto, nuevas. Pero la ley propuesta en España es un claro signo de la forma en que la izquierda contemporánea trata de convertir la historia en un arma para lograr sus objetivos y silenciar toda disidencia.
El mayor trauma del pasado reciente de España es la Guerra Civil de 1936-39: la única gran guerra civil revolucionaria moderna que se ha librado en un país occidental, y la lucha europea más importante de los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Su violencia más escabrosa no tuvo lugar en el campo de batalla, sino en la salvaje represión que ambos bandos ejercieron sobre sus oponentes. Los escuadrones de la fin republicanos ejecutaron a unos cincuenta y cinco mil adversarios, y los nacionalistas opositores al menos a otros tantos, si no más, seguidos de otros quince mil que fueron condenados por tribunales militares una vez finalizada la contienda. Estas sombrías estadísticas incluyen la matanza de casi siete mil miembros del clero, en el más sangriento estallido anticlerical en cualquier lugar fuera del mundo comunista. El número de muertos es comparable con lo ocurrido en Rusia y Finlandia en 1918-20, y supera los casos de Letonia y Hungría. Además, a diferencia de las sangrientas secuelas de la Primera Guerra Mundial en Europa del Este, todo esto tuvo lugar en un país de Europa Occidental ampliamente cubierto (aunque no siempre con precisión) por la prensa internacional. A la guerra civil le siguió la dictadura de derechas más larga que jamás haya gobernado un gran país de Europa Occidental.
El régimen de Franco fue implacable y tuvo mucho que responder, pero entre 1950 y 1975 presidió la modernización y tras*formación de España, un logro que había faltado a los dirigentes del país durante tres siglos. Este proceso podría compararse con el más reciente "modelo chino" de dictadura modernizadora, aunque en el caso de España fue seguido por una rápida tras*ición a la democracia bajo el sucesor de Franco, el rey Juan Carlos.
Durante la convulsa historia moderna de España, la tendencia en la mayoría de los regímenes de tras*ición ha sido que los ganadores promulguen la venganza contra los perdedores. En España, se refieren al final del régimen de Franco y a la fundación de la actual democracia como la "tras*ición Democrática". En esta tras*ición, los nuevos dirigentes estaban decididos a no repetir el pasado y a no reavivar viejos conflictos. Pretendían hacer borrón y cuenta nueva, abriendo la tras*ición a la plena participación de todos. El resultado fue la primera constitución democráticamente consensuada de España, ratificada por el electorado en 1978. Durante más de un cuarto de siglo, el sistema constitucional de monarquía parlamentaria pareció funcionar bien, atrayendo elogios internacionales a pesar de la corrupción cada vez más extendida.
A la vista de los antecedentes negativos de anteriores regímenes de tras*ición, todas las fuerzas políticas, desde los conservadores hasta los comunistas, estaban de acuerdo en que los argumentos de la historia no debían utilizarse como armas políticas. En 1977, los partidos de izquierda insistieron unánimemente en un voto de amnistía universal para todos los crímenes del pasado, motivados políticamente o imputados, sin excepción. La historia, esperaban, dejaría de ser un tema invocado regularmente en la política. Los moderados y los derechistas no debían ser llamados "franquistas" o "fascistas", y los izquierdistas no debían ser llamados "revolucionarios" o "gente de izquierdas".
Este consenso se mantuvo en general durante casi dos décadas. En 1993, sin embargo, el partido socialista de Felipe González, que había gobernado ininterrumpidamente durante once años, corría el riesgo de perder las elecciones. La campaña de González comenzó a insistir en que un voto al moderado Partido Popular sería un voto por el retorno al franquismo. Esta retórica puede haber alentado otra victoria socialista en 1993, pero no sirvió de nada tres años después, cuando los socialistas perdieron, ni tampoco en 2000, cuando el Partido Popular obtuvo la mayoría absoluta en el parlamento. El presidente del partido vencedor, José María Aznar, declaró en 2002 que en España se había enterrado por fin la instrumentalización del pasado reciente con fines partidistas. Se equivocó.
Los viejos hábitos de denuncia volvieron, y la politización de la historia se convirtió en una táctica cada vez más común de la izquierda, así como de los separatistas regionales, que la habían adoptado incluso antes. Los separatistas se apoyan a menudo en tropos ultranacionalistas que mitifican el pasado de forma a veces fantástica o fabrican un pasado a partir de la nada. En esto sólo se ven alentados por las tendencias del progresismo occidental, que durante mucho tiempo ha abusado de la historia para servir a sus fines. En esto, como en muchas otras cosas, España no es "diferente", como dice el viejo tropo del turismo. Es igual que en todas partes, sólo que más.
Cuando la política de la memoria se calentó en los primeros años del siglo XXI, los historiadores se unieron invocando el estudio del siglo XX de la "memoria histórica" o "memoria colectiva", de estudiosos franceses como Maurice Halbwachs y Pierre Nora. A menudo no reconocieron que estos estudiosos habían subrayado que la "memoria colectiva" refleja o expresa actitudes actuales y no puede revelar la verdad de la historia de manera fiable. Como observa Wulf Kansteiner, la llamada "memoria colectiva no es historia"; es "tanto el resultado de una manipulación consciente" como de un recuerdo preciso. Enrique Gavilán subraya que "el trabajo de los historiadores no presupone la exactitud de la memoria. Por el contrario, es plenamente consciente de las inevitables deficiencias de la memoria. Los historiadores saben que la memoria no sólo deforma la comprensión de lo ocurrido, sino que lo hace inevitablemente".
