RazingerZ
Madmaxista
- Desde
- 19 Ene 2023
- Mensajes
- 10.508
- Reputación
- 26.630
El Congreso, en directo | Los diputados aprueban las ‘ley tras*’ y la reforma del aborto.
Así, entre las modificaciones introducidas figura la imposibilidad de que en los comités que deciden sobre los abortos a partir de la semana 22 participen facultativos que hayan mostrado su objeción a la realización de abortos. Otro de los cambios es que la mujeres que se encuentren en esta situación y a las que se les haya dado una resolución negativa a interrumpir su embarazo, puedan recurrir a la justicia. Hasta el momento no existía ninguna forma en que una paciente pudiera oponerse a una resolución negativa a estos comités, por lo que se veían forzadas a salir al extranjero para abortar si había algún problema en su embarazo avanzado.
Por otro lado, una enmienda de Bildu, aprobada en la ponencia de la ley incluye medidas para impedir que los médicos no objetores sufran "discriminación" en el sistema sanitario. Uno de los problemas principales en la sanidad pública a la hora de realizar abortos, es la estigmatización que sufren los profesionales de la salud que deciden realizar aborto. Tal como han afirmado diversos expertos, esta estigmatización está en la base de que muchos médicos se nieguen a realizar abortos en la sanidad pública. En la actualidad, más del 80% de los abortos se realizan en clínicas privadas concertadas. Una realidad que esta ley quiere corregir.
¿Cuáles son los principales avances de la norma?
La ley quiere garantizar que la interrupción del embarazo se realice en la sanidad pública. Tal como afirmó Irene Montero en su discurso en el Congreso este jueves, con la aprobación de esta ley "estamos garantizando que las mujeres puedan ejercer su derecho a la interrupción del embarazo en el hospital mas cercano a su domicilio y con la red pública como referencia" y añadió que "el Estado reconoce y respeta la autonomía de las mujeres para decidir. Que no dudamos de sus decisión".
La norma viene a solucionar uno de los problemas más acuciantes que presentaba la ley de 2010, debido a la desigualdad territorial que experimentaban las mujeres a la hora de acceder a un aborto. Si bien la práctica estaba garantizada, la inexistencia de hospitales públicos que la realizaran y de clínicas concertadas, obligaban a muchas mujeres a desplazarse de su provincia e incluso de su comunidad autónoma para abortar.
La ley también incluye una serie de medidas para facilitar la capacidad de las mujeres a decidir. Hasta el momento era obligatorio recibir un sobre con información antes de abortar, que en muchas Comunidades Autónomas consistía en información de ayudas a la maternidad, y guardar tres días conocidos como de "reflexión". Ahora estos dos requisitos se han eliminado de la norma.
La ley contempla la obligatoriedad de crear un registro de médicos objetores de conciencia, al estilo de la que se incluyó en la ley de eutanasia, para poder conocer la disposición de médicos dispuestos a realizar el procedimiento en centros públicos y así poder planificar que siempre haya médicos disponibles y suficientes. Esta medida ha levantado ampollas en los grupos de la derecha y la extrema derecha parlamentaria. El Partido Popular ha afirmado que el listado de objetores "tiene un tufo a lista de color" y que oculta la "voluntad de castigar a quienes se nieguen a practicar abortos".
Tanto el Grupo Popular, como Vox han vertido duras críticas hacia toda la norma y han criticado las prisas por aprobar una norma que se tramitó de urgencia. Ademas, la norma contempla otras medidas en el ámbito sanitario. Entre ellas, un permiso menstrual para reglas dolorosas o incapacitantes, otro permiso tras el aborto, tanto si se produce de forma espontánea o no, así como un permiso de preparto desde la semana 39.
Es cierto que en Rusia sigue habiendo aborto legal, pero se hace propaganda para que las rusas sean madres, no lo contrario
Así, entre las modificaciones introducidas figura la imposibilidad de que en los comités que deciden sobre los abortos a partir de la semana 22 participen facultativos que hayan mostrado su objeción a la realización de abortos. Otro de los cambios es que la mujeres que se encuentren en esta situación y a las que se les haya dado una resolución negativa a interrumpir su embarazo, puedan recurrir a la justicia. Hasta el momento no existía ninguna forma en que una paciente pudiera oponerse a una resolución negativa a estos comités, por lo que se veían forzadas a salir al extranjero para abortar si había algún problema en su embarazo avanzado.
Por otro lado, una enmienda de Bildu, aprobada en la ponencia de la ley incluye medidas para impedir que los médicos no objetores sufran "discriminación" en el sistema sanitario. Uno de los problemas principales en la sanidad pública a la hora de realizar abortos, es la estigmatización que sufren los profesionales de la salud que deciden realizar aborto. Tal como han afirmado diversos expertos, esta estigmatización está en la base de que muchos médicos se nieguen a realizar abortos en la sanidad pública. En la actualidad, más del 80% de los abortos se realizan en clínicas privadas concertadas. Una realidad que esta ley quiere corregir.
¿Cuáles son los principales avances de la norma?
La ley quiere garantizar que la interrupción del embarazo se realice en la sanidad pública. Tal como afirmó Irene Montero en su discurso en el Congreso este jueves, con la aprobación de esta ley "estamos garantizando que las mujeres puedan ejercer su derecho a la interrupción del embarazo en el hospital mas cercano a su domicilio y con la red pública como referencia" y añadió que "el Estado reconoce y respeta la autonomía de las mujeres para decidir. Que no dudamos de sus decisión".
La norma viene a solucionar uno de los problemas más acuciantes que presentaba la ley de 2010, debido a la desigualdad territorial que experimentaban las mujeres a la hora de acceder a un aborto. Si bien la práctica estaba garantizada, la inexistencia de hospitales públicos que la realizaran y de clínicas concertadas, obligaban a muchas mujeres a desplazarse de su provincia e incluso de su comunidad autónoma para abortar.
La ley también incluye una serie de medidas para facilitar la capacidad de las mujeres a decidir. Hasta el momento era obligatorio recibir un sobre con información antes de abortar, que en muchas Comunidades Autónomas consistía en información de ayudas a la maternidad, y guardar tres días conocidos como de "reflexión". Ahora estos dos requisitos se han eliminado de la norma.
La ley contempla la obligatoriedad de crear un registro de médicos objetores de conciencia, al estilo de la que se incluyó en la ley de eutanasia, para poder conocer la disposición de médicos dispuestos a realizar el procedimiento en centros públicos y así poder planificar que siempre haya médicos disponibles y suficientes. Esta medida ha levantado ampollas en los grupos de la derecha y la extrema derecha parlamentaria. El Partido Popular ha afirmado que el listado de objetores "tiene un tufo a lista de color" y que oculta la "voluntad de castigar a quienes se nieguen a practicar abortos".
Tanto el Grupo Popular, como Vox han vertido duras críticas hacia toda la norma y han criticado las prisas por aprobar una norma que se tramitó de urgencia. Ademas, la norma contempla otras medidas en el ámbito sanitario. Entre ellas, un permiso menstrual para reglas dolorosas o incapacitantes, otro permiso tras el aborto, tanto si se produce de forma espontánea o no, así como un permiso de preparto desde la semana 39.
Es cierto que en Rusia sigue habiendo aborto legal, pero se hace propaganda para que las rusas sean madres, no lo contrario
Última edición:
