Antifraude investiga la sospechosa compra de locales de Ada Colau en Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona puso en marcha un plan para adquirir inmuebles vacíos, pero ha cerrado una operación con un cargo de su propio partido y otra con una inmobiliaria que ahora trata de echar a sus inquilinos porque estaban ocupados

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. (EFE/Zipi)
Por
Antonio Fernández. Barcelona
25/04/2022 - 05:00 Actualizado: 25/04/2022 - 08:48
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La gestión de Ada Colau al frente del Ayuntamiento de Barcelona está cada día más en entredicho. La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) investiga la compra de varios locales en el marco del programa municipal 'Arriba persianas', un proyecto consistente en la adquisición de varios inmuebles vacíos para cederlos a iniciativas privadas para fomentar el comercio local en la ciudad. El problema es que, más allá de sus intenciones, solo ha conseguido crear polémica por haber cerrado una operación con un cargo de su propio partido y otros 16 establecimientos con una inmobiliaria que ahora trata de expulsar a los inquilinos porque estaban ocupados. La líder de Junts per Catalunya (JxCAT) en el consistorio, Elsa Artadi, presentó este viernes una denuncia en la oficina señalando presuntas irregularidades.

A través de redes sociales e incluso colgando carteles en las paredes, el consistorio hizo una intensa campaña para que los ciudadanos pusiesen sus locales a disposición de la Administración local. "¡Si tienes un local, te lo compramos!", era el título explicativo. El concejal Jordi Rabassa también publicitó el tema a través de Twitter. "¿Tienes un local vacío en Ciutat Vella y tiene entre 60 y 1.000 metros cuadrados? ¡El ayuntamiento te lo compra!". Colau destinó a este programa 16 millones de euros.

Colau solo ha conseguido un inmueble de un cargo de su partido y 16 locales a una inmobiliaria que ha presionado a sus inquilinos para echarlos

De la bolsa de inversión, seis millones de euros se invertirán en Ciutat Vella, uno de los barrios más degradados de la ciudad, y el resto en los demás distritos. Para acometer el plan, se realizaron dos tipos de licitaciones: uno para inmuebles de entre 60 y 1.000 metros cuadrados, y otro para locales con superficies superiores. Al llamamiento del consistorio se presentaron un total de 80 ofertas, de las que 20 fueron rechazadas por diferentes motivos. Posteriormente, se asignó un baremo a cada una de ellas y se desecharon otras 10 superficies, por lo que el número total de inmuebles a adquirir quedó establecido en 50.

Los buenos propósitos del consistorio, no obstante, se toparon con la cruda realidad y han comenzado a aflorar los escándalos. En vez de garantizar la pluralidad económica, de momento, la alcaldesa solo ha conseguido un inmueble de un cargo de su partido y la compra de 16 locales a una inmobiliaria que ha presionado a sus inquilinos para dejar los locales y que pueda ultimarse la compra, ya que en las cláusulas de la licitación era imprescindible que los locales comprados estuviesen vacíos.
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En la remesa de locales adquiridos en los distritos del Eixample y Les Corts, uno de los inmuebles comprados pertenece a Max Cahner Picallo, hijo de Max Cahner, que había sido consejero de Cultura en los gobiernos de Jordi Pujol. Max hijo, sin embargo, se ha apuntado a las filas de los comunes y fue nombrado, el pasado 21 de diciembre, consejero de distrito en Les Corts en representación de Barcelona en Comú (BeC), con un salario de 47.000 euros anuales.
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Cinco días antes, el consistorio se quedó un local que compartía con su hermana en la céntrica calle Bruc. Fue una despedida de año afortunada, con local vendido y trabajo encontrado. El local adquirido por el ayuntamiento costó al erario público 244.863,45 euros. Según el catastro, se trata de un semisótano de uso comercial de 199 metros cuadrados, de los que 35 corresponden a tienda y 156 a almacén. El edificio, ubicado entre las calles Mallorca y Provenza, data del año 1910. En su denuncia, la líder de JxCAT en la ciudad de Barcelona solicita que se investigue esta operación, ya que existen deficiencias en el expediente.

Entre otras cosas, resalta la denuncia, no hay por parte de los dos hermanos la aceptación de herencia preceptiva para proceder a la compraventa del inmueble. La compra de este local será llevada también al comité de ética del ayuntamiento. "Ya es casualidad que de los 5.300 locales vacíos de la ciudad, en un proceso de concurso, justo toque comprar el local de una persona que es del mismo partido del Gobierno y que mantiene un cargo activo en el ayuntamiento", ironizó Artadi.

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En esa remesa, la Administración local barcelonesa se hizo con 30 locales en los dos distritos mencionados. La condición para ser adquiridos era que no habían de estar consolidados como suelo urbano ni estar ubicados en polígonos de actuación urbanística, sector o sistema por desarrollar. Tampoco susceptibles de ser considerados en estado ruinoso y tener acceso directo desde la calle, exceptuando los de interior de galerías comerciales. Debían, además, ser compatibles con su utilización como uso de oficinas, no estar ocupados ni pertenecer a otras administraciones o empresas públicas, y su precio no debía superar los 2.806,16 euros por metro cuadrado.

De los locales adquiridos, 16 de ellos pertenecían a la misma empresa, la inversora Real Estate Added Value, dedicada a gestión inmobiliaria y de patrimonios. Todas las superficies de esta compañía están ubicadas en la calle Doctor Nubiola i Espinós, alrededor del Mercat de Les Corts. El precio ascendió a 3.259.800 euros. Pero los problemas comenzaron a partir de la decisión del Ayuntamiento de adquirir los locales: la mayor parte de ellos no estaban vacíos, sino que tenían inquilinos, lo que, a primera vista, puede invalidar la operación comercial, puesto que incumple una de las cláusulas del contrato. Lo cierto es que en esos establecimientos hay una gestoría, un despacho de arquitectos, una peluquería y una oficina de organización de eventos, entre otras actividades.
'Mobbing' inmobiliario
Real Estate Added Value comenzó entonces a enviar burofaxes a sus inquilinos dándoles de plazo hasta el mes de junio para abandonar el local bajo pena de ser desalojados por las bravas. Para el partido de la oposición, esta situación es un claro ‘mobbing’ inmobiliario "que podría estar siendo favorecido por la actuación municipal". El 16 de marzo, la comisión de Economía aprobó una proposición de Junts que instaba el Gobierno municipal a presentar, en el plazo de un mes, un informe sobre las polémicas compras. El equipo de gobierno no entregó ningún informe, una vez consumido el plazo.
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El grupo municipal de JxCAT se interesó por el asunto y preguntó a los responsables por el tema, pero lo único que consiguió fue un silencio sepulcral y la remisión a los expedientes burocráticos. El pasado 21 de marzo, Artadi presentó una instancia pidiendo "parar el proceso de adquisición de los 16 locales, ya que no cumplen los requisitos del plan 'Arriba persianas". Solicitaba, al mismo tiempo, "reformular la implantación del plan y, de manera consensuada con los ejes comerciales del distrito, adquirir locales que sí cumplan con dicho plan (en zonas degradadas comercialmente, locales vacíos y en planta baja)". Para la líder local de Junts, "seguro que no es de interés público que el ayuntamiento compre locales con actividades económicas para que los acaben expulsando".

En su denuncia ante la OAC, Artadi denuncia "la total falta de tras*parencia" de las operaciones de la alcaldesa y pide cambiar los criterios inmobiliarios del ayuntamiento. La detallada denuncia explica que el consistorio se rige, a la hora de escoger los locales, por planos con "zonas prioritarias de la ciudad". Pero ahí es donde reside la trampa: "Determinar esta cuestión, los criterios para definir qué zona o qué edificio es prioritario o no, es especialmente preocupante, porque en algunos casos no identifica zonas abiertas, sino edificios concretos que tienen un determinado propietario".
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Y subraya luego que "en cierta forma, con este dibujo se le está ya haciendo una oferta indirecta de compra o, al menos, se le está premiando con una puntuación concreta en la licitación. Es el caso de los 16 locales de Les Corts, en la calle del Doctor Nubiola i Espinós". "Hemos encontrado cosas muy extrañas. Como oposición, hemos llegado a donde hemos llegado y ahora lo llevamos a Antifraude, para que sean los profesionales de esta oficina los que pidan una información a la que no tenemos acceso", añade la líder de Junts.

Detrás de la compañía inmobiliaria beneficiada se encuentra un grupo de economistas que opera principalmente a través de las firmas Wind Corporate y Windcorpo tras*link. En la entidad, que fue fundada en noviembre de 2006, figuran como apoderados mancomunados Òscar Llaudet Casellas y Carmen Miracle Vázquez. El primero es hijo de Enric Llaudet, expresidente del Barça que en 2003 perdió las elecciones frente a Joan Laporta, a pesar de que contaba en su candidatura con figuras tan potentes como Miquel Roca, Carles Tusquets, Salvador Alemany o Lluís Bassat. Llaudet estuvo en la comisión internacional de la Cámara de Comercio de Barcelona, que en la anterior junta estaba presidida por Pau Relat, actual presidente de Fira de Barcelona. Llaudet fue también uno de los que apoyaron económicamente a Catalunya Estat y a la plataforma Totsuma, comprometida "con la construcción nacional catalana".

Al menos Pujol iba de frente... disfruten lo votado.

De verdad os creéis todo.

Os merecéis el presidente que tenéis.