Anticorrupción investiga al rey Juan Carlos, a la reina Sofía y a varios de sus familiares por el uso de tarjetas de crédito opacas

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Anticorrupción investiga al rey Juan Carlos, a la reina Sofía y a varios de sus familiares por el uso de tarjetas de crédito opacas
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  • Los movimientos de estas tarjetas, cuyos fondos proceden del extranjero, son posteriores a la abdicación del rey emérito, por lo que no están amparados por la inviolabilidad constitucional que le protege de ser juzgado en otros casos
La Fiscalía Anticorrupción está investigando los gastos de varias tarjetas de crédito que usaban el rey Juan Carlos de Borbón, la reina Sofía de Grecia y también varios de sus familiares más directos: entre otros, algunos de sus nietos. Son tarjetas que se abonaban desde una cuenta en la que ni el rey emérito ni su familia aparecen como titulares, según confirman a elDiario.es varias fuentes cercanas a la investigación.


Entre las personas que se beneficiaban de estas tarjetas opacas no se encuentran los actuales reyes de España: Felipe de Borbón y Letizia Ortiz, según explican esas mismas fuentes. Tampoco la princesa de Asturias, Leonor de Borbón (que hoy tiene 15 años) ni su hermana, Sofía (13). Pero sí otros familiares directos del rey emérito, que Anticorrupción está rastreando.


Los movimientos financieros de esa cuenta y los gastos de esas tarjetas corresponden a los años 2016, 2017 y 2018. Es decir, son posteriores a la abdicación del rey Juan Carlos y a que perdiera su protección constitucional, que le hace inimputable por cualquier delito cometido hasta el año 2014.

En Anticorrupción no solo están analizando todos los gastos de estas tarjetas, sino también el origen de los fondos con los que se cubrían: un dinero procedente del extranjero. Son importantes movimientos de capital posteriores a 2014, por lo que los posibles delitos en ese flujo irregular de dinero pueden ser imputables a Juan Carlos I y la antigua reina consorte. La justicia española ha remitido comisiones rogatorias a diferentes países para rastrear la procedencia de esos fondos.


Por el momento, a la espera del resultado de las comisiones rogatorias y de los documentos que pueden llegar de esos países, la Fiscalía Anticorrupción ya ha encontrado indicios de un presunto delito fiscal, al tratarse de incrementos de renta no declarados superiores a 120.000 euros en un solo ejercicio. Tanto el rey emérito como la reina Sofía son aforados, por lo que esta investigación, de prosperar, será instruida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Según las fuentes consultadas por elDiario.es, la investigación también ha permitido identificar ya a dos individuos presuntamente vinculados a esta trama de fondos opacos para abonar gastos de la familia real: un ciudadano mexicano y un mando de la Guardia Civil.

Entre los gastos cargados a la tarjeta de la reina Sofía aparecen varios viajes a Londres, donde la esposa del rey mantiene desde hace años su residencia habitual, añaden las citadas fuentes.


La reina Sofía cuenta con una asignación anual de dinero público. En 2020 recibirá un total de 111.854 euros del presupuesto asignado a la Casa Real. El rey emérito, por su parte, cobró 161.034 euros de esa partida en 2019. Este año solo ha recibido una cuarta parte de esa cantidad; Felipe VI retiró la asignación a su padre en marzo, al trascender el escándalo de su fortuna oculta en paraísos fiscales.

Los 65 millones saudíes no serán juzgados
Los indicios delictivos sobre estas tarjetas son posteriores y no están relacionados con la investigación judicial que salió de Anticorrupción el pasado junio en dirección a la Fiscalía del Tribunal Supremo: esos 65 millones de euros que recibió Juan Carlos de Borbón de Arabia Saudí en 2008 y que, en 2012, tras*firió a su entonces amante, Corinna Larsen.

El rey Juan Carlos abdicó en 2014 y hasta ese año estuvo protegido judicialmente por la Constitución, que establece una suerte de impunidad legal para el jefe del Estado, al considerarlo inviolable.


El fiscal del Tribunal Supremo que lleva el caso de los 65 millones saudíes, Juan Ignacio Campo, planea solicitar el archivo de esta causa, al tratarse de unos presuntos delitos que son previos a la abdicación del rey emérito. Sin embargo, esa petición de archivo incluirá una detallada exposición de lo ocurrido que dejará claro que, de no ser por la inviolabilidad constitucional, la Fiscalía habría propuesto formalmente la imputación de Juan Carlos de Borbón ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

La nueva investigación de Anticorrupción que hoy desvela elDiario.es, estas tarjetas opacas, tiene por tanto una especial trascendencia. Se trata de un presunto delito cometido después de la abdicación. Por lo que, a diferencia de los millones saudíes, esta suerte de tarjetas 'black' sí podrían suponer la imputación del rey emérito.
Anticorrupción investiga al rey Juan Carlos, a la reina Sofía y a varios de sus familiares por el uso de tarjetas de crédito opacas

edito ....

El millonario mexicano Sanginés-Krause pagó decenas de gastos de Juan Carlos I
El rey emérito y otros miembros de Casa Real utilizaron presuntamente durante años dinero del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause para costear decenas de gastos ordinarios

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03/11/2020 20:53 - Actualizado: 03/11/2020 21:24
El empresario mexicano Allen Sanginés-Krause abonó presuntamente durante años decenas de gastos del rey Juan Carlos y otros miembros de la Casa Real. Ni los pagos ni el disfrute de estos fondos fueron declarados a la Agencia Tributaria por el monarca ni el resto de los supuestos beneficiarios del dinero, según ha podido confirmar El Confidencial. Los movimientos permanecieron ocultos hasta 2019, cuando llegó una pista a la Fiscalía Anticorrupción y esta decidió abrir diligencias secretas al apreciar indicios de delito.

Sanginés-Krause está considerado uno de los hombres más ricos de México y ha realizado importantes inversiones inmobiliarias en España en los últimos años, aunque sigue siendo un gran desconocido a este lado del Atlántico. En 2017 apareció en la investigación de los llamados Papeles del Paraíso por una sociedad opaca en Malta, como reveló este diario. Su amistad con Juan Carlos I se remonta décadas atrás y era pública, pero nunca había trascendido la vinculación financiera descubierta ahora por el Ministerio Público.

Las pesquisas apuntan a que Sanginés-Krause habría puesto grandes sumas de dinero a disposición del Palacio de la Zarzuela para sufragar gastos de carácter ordinario. Según las fuentes consultadas, los fondos fueron presuntamente disfrutados por Juan Carlos I y su círculo más próximo de manera continuada y durante un largo periodo de tiempo. Entre las facturas de la Casa Real que fueron financiadas por el industrial mexicano hay tratamientos médicos, estancias en hoteles, restaurantes, clases y viajes.

De las diligencias también se desprende que Juan Carlos I habría disfrutado de estos fondos más allá de junio de 2014, cuando renunció al trono y, por tanto, perdió su condición de inviolable. Además, se trataría de un periodo no prescrito para la Agencia Tributaria. En varios de los ejercicios bajo investigación, la cuota supuestamente defraudada por el monarca rebasaría los 120.000 euros que convierten el fraude a Hacienda en un delito castigado con hasta cinco años de guandoca.

La Fiscalía Anticorrupción ha investigado en secreto el origen de este dinero durante el último año. La existencia del caso fue desvelada este martes por eldiario.es. Tras la noticia, la Fiscalía General del Estado anunció que ha decidido entregar el caso a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que ya se hizo cargo el pasado julio de las diligencias que instruía Anticorrupción sobre la supuesta fortuna oculta del rey emérito en Suiza y su posible implicación en el amaño del contrato del AVE a La Meca a cambio de una comisión millonaria.

Sanginés-Krause, nacido en 1959, cuenta tanto con nacionalidad mexicana como británica. Se graduó 'summa cum laude' con licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y obtuvo un doctorado en economía de la Universidad de Harvard, donde fue becario 'fulbright'. Con ese currículum bajo el brazo, hizo carrera en Goldman Sachs durante más de 20 años, convirtiéndose en primer espada de la entidad en México, Rusia y España y asumiendo los cargos de jefe de Mercados Emergentes de Banca de Inversión y jefe del Grupo Industrial Europeo.

En la actualidad es socio principal del grupo de inversión BK Partners, cuyas ramas se extienden a fondos de pensiones mexicanos, inversiones institucionales a nivel internacional y familias del país latinoamericano. Hasta el pasado julio era también presidente de RLH Properties, una socimi mexicana que en 2018 compró el hotel de lujo Villa Magna de Madrid por 210 millones de euros. Sanginés-Krause es además presidente de Global Endor —fundada en 2015 y dedicada a la compraventa de inmuebles—, compañía propietaria de un edificio rehabilitado para albergar viviendas de lujo en el barrio de Salamanca que recibió la licencia de primera ocupación este mismo verano.

Como adelantó El Confidencial en 2017, el empresario se vio salpicado por los llamados Papeles del Paraíso al aparecer su nombre en el Registro Mercantil de Malta en relación a un fondo llamado Rasa Land Investors, mercantil que tenía por objeto pegar un pelotazo urbanístico en la costa mexicana a través de una supuesta estructura 'offshore'. La sociedad estaba valorada en 267 millones y era copropietaria de más de 1.500 hectáreas y 13 kilómetro de costa virgen en Jalisco, encontrándose detrás de la misma importantes familias mexicanas, el fondo Texas Pacific Group-Axon, fondos de Goldman Sachs y 25 inversores españoles.

Los impulsores de Rasa Land eran la familia Bremer y el propio Sanginés-Krause, que al frente de BK Partners supuestamente orquestó la operación desde el principio. Para ello crearon una estructura de filiales en Luxemburgo, Holanda y México con base en Malta para construir un nuevo Cancún en esta zona virgen de México, proyecto que en 2017 estaba paralizado. La operación terminó por salir ese mismo año en los llamados Papeles del Paraíso, investigación en la que participó El Confidencial y se centró en analizar 13,4 millones de documentos de dos proveedores de servicios ‘offshore’ de Bermuda y Singapur.

El millonario mexicano Sanginés-Krause pagó decenas de gastos de Juan Carlos I

edito 2

Un coronel testaferro del Rey emérito enviaba sus facturas a Zarzuela
El servicio de Antiblanqueo dio la alerta ante los "gastos variopintos" del mando militar cercano a Juan Carlos I
Un coronel testaferro del Rey emérito enviaba sus facturas a Zarzuela

¿De esto tampoco conocía nada Felipe? que pasa no pude contraolar a la familia ni conocía nada de lo que pasaba ya en zarzuela en 2018?

Juan Carlos I utilizó a un teniente coronel como presunto testaferro del dinero regalado por un millonario mexicano
  • Nicolás Murga Mendoza, ayudante de campo del rey emérito hasta pasar a la reserva, es el testaferro del dinero que el millonario mexicano Sanginés-Krause presuntamente puso a disposición de la familia real para gastos personales
Un amigo millonario y un colaborador leal. Estas dos figuras han emergido en la investigación de la Fiscalía Anticorrupciónsobre los gastos de Juan Carlos I y otros miembros de la familia con fondos no declarados a Hacienda y que gastaron con tarjetas opacas al fisco. El millonario es el mexicano Allen de Jesús Sanginés-Krause, origen de una parte del dinero con el que el rey emérito sufragó su alto tren de vida al menos en los ejercicios fiscales correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018, según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción.


Sanginés-Krause tiene también la nacionalidad británica y nació en 1959. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Goldman Sachs, donde fue el máximo responsable de este banco de inversión tanto en México como en Rusia. Fue presidente de la compañía de telecomunicaciones Millicom. Es el principal accionista de varios fondos inmobiliarios y, en 2018, uno de ellos compró por 210 millones de euros el hotel Villa Magna, uno de los más lujosos de Madrid. Es dueño del castillo de Killua, en Irlanda, donde el rey Juan Carlos se ha refugiado en algunas ocasiones.


Mucho más cerca, casi como su sombra durante al menos una década, se encuentra el teniente coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza. Fue ayudante de campo de Juan Carlos I hasta que este militar pasó a la reserva, hace algo más de un año. Murga Mendoza es, según la investigación, el testaferro del dinero que Sanginés-Krause presuntamente puso a disposición de la familia real para cubrir una parte de sus gastos personales. A nombre de Murga Mendoza, en el registro mercantil, no aparece ninguna empresa. Ha sido durante años una de las personas más próximas al rey, dentro del equipo a su servicio. Su asistente personal, tanto en actos públicos como privados.

Los datos obtenidos por Anticorrupción en 2019 motivaron la apertura de unas diligencias de investigación que serán remitidas de inmediato a la Fiscalía del Supremo al encontrarse indicios de delito fiscal en el aforado Juan Carlos I y después de queelDiario.es desvelara su existencia este martes. Durante más de un año, el fiscal Luis Pastor había puesto en marcha una investigación que ha incluido varios interrogatorios y el envío de comisiones rogatorias al extranjero para determinar el origen y la posible ilicitud de los fondos disfrutados por varios de los familiares del rey emérito.


Según ha podido saber elDiario.es, esas comisiones rogatorias han sido enviadas a terceros países distintos a México por donde se sigue el rastro del dinero de Sanginés-Krause y el origen de los fondos de los que presuntamente disfrutó el rey emérito y sus familiares. Esas comisiones rogatorias aún no han sido respondidas, confirman esas mismas fuentes.

La investigación de Pastor, que el fiscal llevaba en exclusiva con el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, incluyó el rastreo de numerosos gastos de la familia real, incluida la reina Sofía. El pago de varios viajes a Londres, donde la esposa de Juan Carlos I mantiene su residencia habitual, está también bajo el foco de las pesquisas del Ministerio Público. Nietos de Sofía de Grecia y Juan Carlos de Borbón también se habrían beneficiado de este “regalo” hurtado al fisco, añaden las mismas fuentes.

El descubrimiento de este sistema de ingresos no declarados a través de tarjetas de crédito opacas supone extender por primera vez las sospechas sobre el rey emérito a otros miembros de la familia real, que presuntamente se beneficiaron de esos fondos. Fuentes próximas al caso aseguran que se investiga un posible delito fiscal, lo que requiere un fraude superior a los 120.000 euros anuales, que es el límite a partir del cual se comete este delito. Los gastos bajo investigación corresponden a los años 2016, 2017 y 2018: después de que Juan Carlos I perdiera su inviolabilidad constitucional como jefe del Estado.


La investigación pasa a la Fiscalía del Supremo
Horas después de la exclusiva de elDiario.es, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha dictado un decreto según el cual Anticorrupción deberá remitir “con efectos inmediatos” a la Fiscalía del Tribunal Supremo esas diligencias “para que continúe las actuaciones hasta su conclusión y efectos”, ha informado en un comunicado.

En la Fiscalía del Supremo será el fiscal jefe de delitos económicos, Juan Ignacio Campos, quien se haga cargo de las pesquisas. Campos también ultima el escrito sobre la donación de 65 millones de euros que recibió Juan Carlos I de Arabia Saudí en 2008 y que en 2012 tras*firió a Corinna Larsen. El veterano fiscal prevé solicitar el archivo de la causa porque los hechos se produjeron en los años en que Juan Carlos I era jefe del Estado y gozaba de inviolabilidad, pero en su escrito hará un preciso detalle de los actos del ahora rey emérito que podrían haber constituido delito de no haber estado protegido constitucionalmente.

A diferencia del caso de la donación de Arabia Saudí, Juan Carlos I se enfrenta con los gastos y las tarjetas opacas a una imputación por, al menos, delito fiscal, ya que son hechos posteriores a su abdicación, cuando ya no era inviolable. A ese delito fiscal se puede unir otro de blanqueo, si bien la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que para que uno y otro se den de forma conexa hay que acreditar con precisión de qué modo se gastó la cantidad previamente defraudada al fisco.


Por otra parte, la Fiscalía General del Estado ha informado de que el pasado 29 de octubre abrió unas diligencias de naturaleza gubernativa para investigar una posible filtración en el marco de estas pesquisas. Para ello ha pedido a la Inspección Fiscal que indague en “las condiciones de custodia y acceso de los expedientes” y ha puesto los hechos en conocimiento del Delegado de Protección de Datos por si se hubiera producido “una posible fuga de información” dentro de la Fiscalía Anticorrupción.

Juan Carlos I utilizó a un teniente coronel como presunto testaferro del dinero regalado por un millonario mexicano
 
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