inadaptat susial
Madmaxista
El mito del derecho a decidir
Anna Estall
El mite del dret a decidir | Política & Prosa
El mito del proceso es denominado como el «derecho a decidir», una expresión que sólo tendría significado si se le añadiera el sujeto, en el sentido de «quien tiene el derecho" y el complemento sobre «a que se tiene derecho» . Si completamos la expresión y precisamos el contenido, entonces resulta «el derecho a la autodeterminación» que, además de tener un significado concreto, está contemplado por las más altas instancias internacionales. Pero este derecho tiene sus condiciones, pues está diseñado para las colonias o para las situaciones de guerra. En esta situación, el mito se convierte en una realidad; pero es un derecho al que Cataluña no tiene acceso porque, afortunadamente, no es una colonia ni hay situación de guerra. Que Cataluña no es una colonia lo acreditan todos los indicadores económicos que, al menos hasta el momento, es uno de los territorios con un nivel de vida más alto, no sólo comparado con otros territorios de España sino también de Europa. Andreu Missé señala a Alternativas Económicas (Mayo, 2014) que «la riqueza media de Cataluña se sitúa en el 113% de la media de la UE, igual a la de Berlín».
Como consecuencia de este mito ficticio, se repite hasta la saciedad que el 80% de la población de Cataluña está de acuerdo con el derecho a decidir. No hay duda de que los secesionistas han utilizado este eufemismo para no mencionar el derecho a la autodeterminación, lo que implicaría asumir que Cataluña es una colonia de España; algo difícil si no imposible de digerir para la mayoría de los habitantes de Cataluña y también por las leyes, empezando por la Constitución.
Al respecto, es relevante la figura de Stéphane Dion, ex ministro canadiense de Asuntos Intergubernamentales, que en el año 2000 lideró la Ley de Claridad, con la que se establecieron las condiciones para poder realizar un referéndum soberanista en una de las provincias, así como los procedimientos de negociación posterior. En una conferencia organizada en la Universidad de Barcelona en marzo de 2014 por Federalistas de Izquierda titulada «La respuesta federal a la tensión secesionista», Dion defendió que el federalismo es el modelo político ideal, asegurando que todo referendo secesionista es un «traumatismo social »porque« unos quieren sacar a los demás su sueño, mientras que los otros su derecho de conciudadana », esto es, elegir qué« ciudadanos legítimos de Cataluña quieres conservar y cuáles quieres convertir en extranjeros ». Un referéndum no es como unas elecciones ordinarias -advirtió- porque en unas elecciones, si te equivocas, puedes volver a votar en cuatro años, mientras que en un referéndum las consecuencias son irreversibles. Por tanto, a partir de estas consideraciones la reivindicación del derecho a la autodeterminación por parte del nacionalismo secesionista es una pésima y equivocada opción para la convivencia y para la legalidad, tanto en Cataluña como en el conjunto de España.
Dejando de lado el derecho a la autodeterminación, a veces se reivindica un referéndum para dilucidar la proporción de habitantes de Cataluña que quieren o no separarse de España, presentándolo como un instrumento político que podría resolver el conflicto en Cataluña de una vez por todas. Sin embargo, en los casos más recientes en que se ha intentado dirimir problemas con referéndums, vemos que el resultado no acaba con la discusión, sino que, gane quien gane, el grupo que pierde pide un nuevo referéndum. Los casos de Escocia y Quebec son buenos ejemplos ya que, perdiendo los secesionistas, pidieron otro referéndum. En el caso de ganarlo, como es el caso del Brexit, los que no estaban de acuerdo ya están pidiendo uno nuevo. Por tanto, está claro que los referendos no son gratuitos, y no sólo por la cuestión económica, sino por la desarticulación de un país. Como se ha dicho tantas veces, los referéndums los carga el diablo.
Hay otra cuestión de mucho más calado y es que el referéndum como instrumento para dirimir diferencias territoriales no tiene límite. Aceptado un referéndum en Cataluña para ver la proporción de secesionistas y no secesionistas, inmediatamente surgirían reivindicaciones de otros territorios. De hecho en el Valle de Aran ya ha pasado, de tal manera que, si se hace un referéndum en Cataluña, también se declarará otro en el Valle de Arán, donde se preguntará a sus habitantes si querrían quedarse en Cataluña , en España, en Francia o constituirse como una Andorra 2. La idea de Tabarnia puede parecer una broma o un invento de Albert Boadella pero, aunque pueda parecer ficción, si el referéndum se llegara a celebrar, no hay duda que Barcelona reivindicaría su.
Pero esta idea de los referendos como instrumento político para dirimir diferencias territoriales podría extenderse a toda España, incluso en sus entidades territoriales más pequeñas. Y esto ya no es ficción, sino realidad. Hay dos casos que son especialmente relevantes: uno es el del barrio de La jovenlandesaleja (Alcobendas) y otro es el de Bellaterra (lechonanyola del Vallès). En ambos casos, tanto la jovenlandesaleja como Bellaterra son barrios con rentas muy altas, cercanos a universidades, (Universidad Autónoma Madrid y Universidad Autónoma Barcelona, respectivamente), en ciudades en las que hay zonas con índices de pobreza, desempleo y problemas de vivienda que no se dan en La jovenlandesaleja o Bellaterra. En ambos casos se han dado movimientos para promover un referéndum para separarse de sus respectivas ciudades. A este paso no sería extraño que un día el barrio de Pedralbes pidiera un referéndum para separarse de Barcelona.
Ambos casos se han reflejado en noticias y artículos en la prensa. Ya en febrero de 1989, José Frutos daba a El País la noticia sobre un movimiento independentista en la urbanización de La jovenlandesaleja, la más lujosa de la región. Se informaba que la comisión pro independencia había iniciado la confección del expediente que presentaría a las autoridades para solicitar la segregación de la zona en cuanto a Alcobendas y Madrid. Los secesionistas entendían que las más de 3.500 firmas de adhesión de cabezas de familia recibidas indicaban que el apoyo real ascendía a unas 7.500 personas.
En el caso de Bellaterra, El Periódico (septiembre de 2015) informaba que el 54% de los vecinos han participado en una consulta donde el "sí" ha ganado con el 94% de los votos. Según El Confidencial Autonómico (noviembre de 2015), los constitucionalistas Ciudadanos, PSC, junto con los nacionalistas Convergencia, Izquierda, Compromiso e Iniciativa Verds, votaron en contra de la segregación de esta localidad. En cambio, curiosamente, la única formación que votó a favor de esta separación fue el Partido Popular, que defendió el derecho de estos vecinos y se comprometió a llevar su reivindicación en el Parlamento catalán.
La conclusión es que el referéndum como instrumento político para dirimir diferencias territoriales es una pésima gestión de las diferencias y de las desigualdades. La única finalidad de las plataformas que promueven este tipo de consultas y referéndums es beneficiar a los colectivos con más poder económico que no quieren contribuir a paliar la situación de los más desfavorecidos. Por lo tanto, cuando se concreta en realidades específicas, el derecho a decidir se convierte en un mito que está muy lejos de los objetivos de la izquierda y de cualquier postura progresista que esté frente a los problemas sociales de una población. Estos tipos de referendos sólo pueden defender desde posiciones neoliberales.
-----------------------------------------------
(Original en català)
El mite del dret a decidir
El mite del procés és denominat com el «dret a decidir», una expressió que només tindria significat si se l’hi afegís el subjecte, en el sentit de «qui té el dret» i el complement sobre «a què es té dret». Si completem l’expressió i precisem el contingut, aleshores esdevé «el dret a l’autodeterminació» que, a més de tenir un significat concret, està contemplat per les més altes instàncies internacionals. Però aquest dret té les seves condicions, car està dissenyat per a les colònies o per a les situacions de guerra. En aquesta situació, el mite esdevé una realitat; però és un dret al qual Catalunya no té accés perquè, afortunadament, no és una colònia ni hi ha situació de guerra. Que Catalunya no és una colònia ho acrediten tots els indicadors econòmics que, almenys fins al moment, és un dels territoris amb un nivell de vida més alt, no només comparat amb altres territoris d’Espanya sinó també d’Europa. Andreu Missé assenyala a Alternativas Económicas (Maig, 2014) que «la riquesa mitjana de Catalunya se situa en el 113% de la mitjana de la UE, igual a la de Berlín».
Com a conseqüència d’aquest mite fictici, es repeteix fins a la sacietat que el 80% de la població de Catalunya està d’acord amb el dret a decidir. No hi ha dubte que els secessionistes han utilitzat aquest eufemisme per no esmentar el dret a l’autodeterminació, el que implicaria assumir que Catalunya és una colònia d’Espanya; una cosa difícil si no impossible de digerir per la majoria dels habitants de Catalunya i també per les lleis, començant per la Constitució.
Sobre aquesta qüestió, és rellevant la figura de Stéphane Dion, exministre canadenc d’Afers Intergovernamentals, que a l’any 2000 va liderar la Llei de Claredat, amb la qual es van establir les condicions per a poder realitzar un referèndum sobiranista en una de les províncies, així com els procediments de negociació posterior. En una conferència organitzada a la Universitat de Barcelona el març del 2014 per Federalistes d’Esquerra titulada «La resposta federal a la tensió secessionista», Dion va defensar que el federalisme és el model polític ideal, assegurant que tot referèndum secessionista és un «traumatisme social» perquè «uns volen treure als altres el seu somni, mentre que els altres el seu dret de conciutadana», això és, triar quins «ciutadans legítims de Catalunya vols conservar i quins vols convertir en estrangers». Un referèndum no és com unes eleccions ordinàries -va advertir- perquè en unes eleccions, si t’equivoques, pots tornar a votar en quatre anys, mentre que en un referèndum les conseqüències són irreversibles. Per tant, a partir d’aquestes consideracions la reivindicació del dret a l’autodeterminació per part del nacionalisme secessionista és una pèssima i equivocada opció per la convivència i per la legalitat, tant a Catalunya com al conjunt d’Espanya.
Deixant de banda el dret a l’autodeterminació, de vegades es reivindica un referèndum per dilucidar la proporció d’habitants de Catalunya que volen o no separar-se d’Espanya, presentant-lo com un instrument polític que podria resoldre el conflicte a Catalunya d’una vegada per totes. No obstant això, en els casos més recents en què s’ha intentat dirimir problemes amb referèndums, veiem que el resultat no acaba amb la discussió, sinó que, guanyi qui guanyi, el grup que perd demana un nou referèndum. Els casos d’Escòcia i el Quebec són bons exemples ja que, perdent els secessionistes, han demanat un altre referèndum. En el cas de guanyar-lo, com és el cas del Brexit, els que no estaven d’acord ja estan demanant un de nou. Per tant, està clar que els referèndums no són gratuïts, i no només per la qüestió econòmica, sinó per la desarticulació d’un país. Com s’ha dit tantes vegades, els referèndums els carrega el diable.
Hi ha una altra qüestió de molt més calat i és que el referèndum com a instrument per dirimir diferències territorials no té límit. Acceptat un referèndum a Catalunya per veure la proporció de secessionistes i no secessionistes, immediatament sorgirien reivindicacions d’altres territoris. De fet a la Vall d’Aran ja ha passat, de tal manera que, si es fa un referèndum a Catalunya, també es declararà un altre a la Vall d’Aran, on es preguntarà als seus habitants si voldrien quedar-se a Catalunya, a Espanya, a França o constituir-se com una Andorra 2. La idea de Tabarnia pot semblar una broma o un invent d’Albert Boadella però, encara que pugui semblar ficció, si el referèndum s’arribés a celebrar, no hi ha dubte que Barcelona reivindicaria el seu.
Però aquesta idea dels referèndums com a instrument polític per dirimir diferències territorials podria estendre’s a tot Espanya, fins i tot en les seves entitats territorials més petites. I això ja no és ficció, sinó realitat. Hi han dos casos que són especialment rellevants: un és el del barri de La jovenlandesaleja (Alcobendas) i un altre és el de Bellaterra (lechonanyola del Vallès). En ambdós casos, tant La jovenlandesaleja com Bellaterra són barris amb rendes molt altes, propers a universitats, (Universitat Autònoma Madrid i Universitat Autònoma Barcelona, respectivament), en ciutats en les que hi han zones amb índexs de pobresa, atur i problemes d’habitatge que no es donen a La jovenlandesaleja o a Bellaterra. En tots dos casos s’han donat moviments per promoure un referèndum per separar-se de les seves respectives ciutats. A aquest pas no seria estrany que un dia el barri de Pedralbes demanés un referèndum per separar-se de Barcelona.
Tots dos casos s’han reflectit en notícies i articles a la premsa. Ja al febrer de 1989, José Frutos donava a El País la notícia sobre un moviment independentista a la urbanització de La jovenlandesaleja, la més luxosa de la regió. S’informava que la comissió pro independència havia iniciat la confecció de l’expedient que presentaria a les autoritats per sol·licitar la segregació de la zona pel que fa a Alcobendas i Madrid. Els secessionistes entenien que les més de 3.500 signatures d’adhesió de caps de família rebudes indicaven que el suport real pujava a unes 7.500 persones.
En el cas de Bellaterra, El Periódico (setembre del 2015) informava que el 54% dels veïns han participat en una consulta on el «sí» ha guanyat amb el 94% dels vots. Segons El Confidencial Autonòmic (novembre de 2015), els constitucionalistes Ciutadans, PSC, juntament amb els nacionalistes Convergència, Esquerra, Compromís i Iniciativa Verds, van votar en contra de la segregació d’aquesta localitat. En canvi, curiosament, l’única formació que va votar a favor d’aquesta separació va ser el Partit Popular, que va defensar el dret d’aquests veïns i es va comprometre a portar la seva reivindicació al Parlament català.
La conclusió és que el referèndum com a instrument polític per dirimir diferències territorials és una pèssima gestió de les diferències i de les desigualtats. L’única finalitat de les plataformes que promouen aquest tipus de consultes i referèndums és beneficiar els col·lectius amb més poder econòmic que no volen contribuir a pal·liar la situació dels més desfavorits. Per tant, quan es concreta en realitats específiques, el dret a decidir esdevé un mite que està molt lluny dels objectius de l’esquerra i de qualsevulla postura progressista que estigui enfront dels problemes socials d’una població. Aquests tipus de referèndums només es poden defensar des de posicions neoliberals.
Anna Estall
El mite del dret a decidir | Política & Prosa
El mito del proceso es denominado como el «derecho a decidir», una expresión que sólo tendría significado si se le añadiera el sujeto, en el sentido de «quien tiene el derecho" y el complemento sobre «a que se tiene derecho» . Si completamos la expresión y precisamos el contenido, entonces resulta «el derecho a la autodeterminación» que, además de tener un significado concreto, está contemplado por las más altas instancias internacionales. Pero este derecho tiene sus condiciones, pues está diseñado para las colonias o para las situaciones de guerra. En esta situación, el mito se convierte en una realidad; pero es un derecho al que Cataluña no tiene acceso porque, afortunadamente, no es una colonia ni hay situación de guerra. Que Cataluña no es una colonia lo acreditan todos los indicadores económicos que, al menos hasta el momento, es uno de los territorios con un nivel de vida más alto, no sólo comparado con otros territorios de España sino también de Europa. Andreu Missé señala a Alternativas Económicas (Mayo, 2014) que «la riqueza media de Cataluña se sitúa en el 113% de la media de la UE, igual a la de Berlín».
Como consecuencia de este mito ficticio, se repite hasta la saciedad que el 80% de la población de Cataluña está de acuerdo con el derecho a decidir. No hay duda de que los secesionistas han utilizado este eufemismo para no mencionar el derecho a la autodeterminación, lo que implicaría asumir que Cataluña es una colonia de España; algo difícil si no imposible de digerir para la mayoría de los habitantes de Cataluña y también por las leyes, empezando por la Constitución.
Al respecto, es relevante la figura de Stéphane Dion, ex ministro canadiense de Asuntos Intergubernamentales, que en el año 2000 lideró la Ley de Claridad, con la que se establecieron las condiciones para poder realizar un referéndum soberanista en una de las provincias, así como los procedimientos de negociación posterior. En una conferencia organizada en la Universidad de Barcelona en marzo de 2014 por Federalistas de Izquierda titulada «La respuesta federal a la tensión secesionista», Dion defendió que el federalismo es el modelo político ideal, asegurando que todo referendo secesionista es un «traumatismo social »porque« unos quieren sacar a los demás su sueño, mientras que los otros su derecho de conciudadana », esto es, elegir qué« ciudadanos legítimos de Cataluña quieres conservar y cuáles quieres convertir en extranjeros ». Un referéndum no es como unas elecciones ordinarias -advirtió- porque en unas elecciones, si te equivocas, puedes volver a votar en cuatro años, mientras que en un referéndum las consecuencias son irreversibles. Por tanto, a partir de estas consideraciones la reivindicación del derecho a la autodeterminación por parte del nacionalismo secesionista es una pésima y equivocada opción para la convivencia y para la legalidad, tanto en Cataluña como en el conjunto de España.
Dejando de lado el derecho a la autodeterminación, a veces se reivindica un referéndum para dilucidar la proporción de habitantes de Cataluña que quieren o no separarse de España, presentándolo como un instrumento político que podría resolver el conflicto en Cataluña de una vez por todas. Sin embargo, en los casos más recientes en que se ha intentado dirimir problemas con referéndums, vemos que el resultado no acaba con la discusión, sino que, gane quien gane, el grupo que pierde pide un nuevo referéndum. Los casos de Escocia y Quebec son buenos ejemplos ya que, perdiendo los secesionistas, pidieron otro referéndum. En el caso de ganarlo, como es el caso del Brexit, los que no estaban de acuerdo ya están pidiendo uno nuevo. Por tanto, está claro que los referendos no son gratuitos, y no sólo por la cuestión económica, sino por la desarticulación de un país. Como se ha dicho tantas veces, los referéndums los carga el diablo.
Hay otra cuestión de mucho más calado y es que el referéndum como instrumento para dirimir diferencias territoriales no tiene límite. Aceptado un referéndum en Cataluña para ver la proporción de secesionistas y no secesionistas, inmediatamente surgirían reivindicaciones de otros territorios. De hecho en el Valle de Aran ya ha pasado, de tal manera que, si se hace un referéndum en Cataluña, también se declarará otro en el Valle de Arán, donde se preguntará a sus habitantes si querrían quedarse en Cataluña , en España, en Francia o constituirse como una Andorra 2. La idea de Tabarnia puede parecer una broma o un invento de Albert Boadella pero, aunque pueda parecer ficción, si el referéndum se llegara a celebrar, no hay duda que Barcelona reivindicaría su.
Pero esta idea de los referendos como instrumento político para dirimir diferencias territoriales podría extenderse a toda España, incluso en sus entidades territoriales más pequeñas. Y esto ya no es ficción, sino realidad. Hay dos casos que son especialmente relevantes: uno es el del barrio de La jovenlandesaleja (Alcobendas) y otro es el de Bellaterra (lechonanyola del Vallès). En ambos casos, tanto la jovenlandesaleja como Bellaterra son barrios con rentas muy altas, cercanos a universidades, (Universidad Autónoma Madrid y Universidad Autónoma Barcelona, respectivamente), en ciudades en las que hay zonas con índices de pobreza, desempleo y problemas de vivienda que no se dan en La jovenlandesaleja o Bellaterra. En ambos casos se han dado movimientos para promover un referéndum para separarse de sus respectivas ciudades. A este paso no sería extraño que un día el barrio de Pedralbes pidiera un referéndum para separarse de Barcelona.
Ambos casos se han reflejado en noticias y artículos en la prensa. Ya en febrero de 1989, José Frutos daba a El País la noticia sobre un movimiento independentista en la urbanización de La jovenlandesaleja, la más lujosa de la región. Se informaba que la comisión pro independencia había iniciado la confección del expediente que presentaría a las autoridades para solicitar la segregación de la zona en cuanto a Alcobendas y Madrid. Los secesionistas entendían que las más de 3.500 firmas de adhesión de cabezas de familia recibidas indicaban que el apoyo real ascendía a unas 7.500 personas.
En el caso de Bellaterra, El Periódico (septiembre de 2015) informaba que el 54% de los vecinos han participado en una consulta donde el "sí" ha ganado con el 94% de los votos. Según El Confidencial Autonómico (noviembre de 2015), los constitucionalistas Ciudadanos, PSC, junto con los nacionalistas Convergencia, Izquierda, Compromiso e Iniciativa Verds, votaron en contra de la segregación de esta localidad. En cambio, curiosamente, la única formación que votó a favor de esta separación fue el Partido Popular, que defendió el derecho de estos vecinos y se comprometió a llevar su reivindicación en el Parlamento catalán.
La conclusión es que el referéndum como instrumento político para dirimir diferencias territoriales es una pésima gestión de las diferencias y de las desigualdades. La única finalidad de las plataformas que promueven este tipo de consultas y referéndums es beneficiar a los colectivos con más poder económico que no quieren contribuir a paliar la situación de los más desfavorecidos. Por lo tanto, cuando se concreta en realidades específicas, el derecho a decidir se convierte en un mito que está muy lejos de los objetivos de la izquierda y de cualquier postura progresista que esté frente a los problemas sociales de una población. Estos tipos de referendos sólo pueden defender desde posiciones neoliberales.
-----------------------------------------------
(Original en català)
El mite del dret a decidir
El mite del procés és denominat com el «dret a decidir», una expressió que només tindria significat si se l’hi afegís el subjecte, en el sentit de «qui té el dret» i el complement sobre «a què es té dret». Si completem l’expressió i precisem el contingut, aleshores esdevé «el dret a l’autodeterminació» que, a més de tenir un significat concret, està contemplat per les més altes instàncies internacionals. Però aquest dret té les seves condicions, car està dissenyat per a les colònies o per a les situacions de guerra. En aquesta situació, el mite esdevé una realitat; però és un dret al qual Catalunya no té accés perquè, afortunadament, no és una colònia ni hi ha situació de guerra. Que Catalunya no és una colònia ho acrediten tots els indicadors econòmics que, almenys fins al moment, és un dels territoris amb un nivell de vida més alt, no només comparat amb altres territoris d’Espanya sinó també d’Europa. Andreu Missé assenyala a Alternativas Económicas (Maig, 2014) que «la riquesa mitjana de Catalunya se situa en el 113% de la mitjana de la UE, igual a la de Berlín».
Com a conseqüència d’aquest mite fictici, es repeteix fins a la sacietat que el 80% de la població de Catalunya està d’acord amb el dret a decidir. No hi ha dubte que els secessionistes han utilitzat aquest eufemisme per no esmentar el dret a l’autodeterminació, el que implicaria assumir que Catalunya és una colònia d’Espanya; una cosa difícil si no impossible de digerir per la majoria dels habitants de Catalunya i també per les lleis, començant per la Constitució.
Sobre aquesta qüestió, és rellevant la figura de Stéphane Dion, exministre canadenc d’Afers Intergovernamentals, que a l’any 2000 va liderar la Llei de Claredat, amb la qual es van establir les condicions per a poder realitzar un referèndum sobiranista en una de les províncies, així com els procediments de negociació posterior. En una conferència organitzada a la Universitat de Barcelona el març del 2014 per Federalistes d’Esquerra titulada «La resposta federal a la tensió secessionista», Dion va defensar que el federalisme és el model polític ideal, assegurant que tot referèndum secessionista és un «traumatisme social» perquè «uns volen treure als altres el seu somni, mentre que els altres el seu dret de conciutadana», això és, triar quins «ciutadans legítims de Catalunya vols conservar i quins vols convertir en estrangers». Un referèndum no és com unes eleccions ordinàries -va advertir- perquè en unes eleccions, si t’equivoques, pots tornar a votar en quatre anys, mentre que en un referèndum les conseqüències són irreversibles. Per tant, a partir d’aquestes consideracions la reivindicació del dret a l’autodeterminació per part del nacionalisme secessionista és una pèssima i equivocada opció per la convivència i per la legalitat, tant a Catalunya com al conjunt d’Espanya.
Deixant de banda el dret a l’autodeterminació, de vegades es reivindica un referèndum per dilucidar la proporció d’habitants de Catalunya que volen o no separar-se d’Espanya, presentant-lo com un instrument polític que podria resoldre el conflicte a Catalunya d’una vegada per totes. No obstant això, en els casos més recents en què s’ha intentat dirimir problemes amb referèndums, veiem que el resultat no acaba amb la discussió, sinó que, guanyi qui guanyi, el grup que perd demana un nou referèndum. Els casos d’Escòcia i el Quebec són bons exemples ja que, perdent els secessionistes, han demanat un altre referèndum. En el cas de guanyar-lo, com és el cas del Brexit, els que no estaven d’acord ja estan demanant un de nou. Per tant, està clar que els referèndums no són gratuïts, i no només per la qüestió econòmica, sinó per la desarticulació d’un país. Com s’ha dit tantes vegades, els referèndums els carrega el diable.
Hi ha una altra qüestió de molt més calat i és que el referèndum com a instrument per dirimir diferències territorials no té límit. Acceptat un referèndum a Catalunya per veure la proporció de secessionistes i no secessionistes, immediatament sorgirien reivindicacions d’altres territoris. De fet a la Vall d’Aran ja ha passat, de tal manera que, si es fa un referèndum a Catalunya, també es declararà un altre a la Vall d’Aran, on es preguntarà als seus habitants si voldrien quedar-se a Catalunya, a Espanya, a França o constituir-se com una Andorra 2. La idea de Tabarnia pot semblar una broma o un invent d’Albert Boadella però, encara que pugui semblar ficció, si el referèndum s’arribés a celebrar, no hi ha dubte que Barcelona reivindicaria el seu.
Però aquesta idea dels referèndums com a instrument polític per dirimir diferències territorials podria estendre’s a tot Espanya, fins i tot en les seves entitats territorials més petites. I això ja no és ficció, sinó realitat. Hi han dos casos que són especialment rellevants: un és el del barri de La jovenlandesaleja (Alcobendas) i un altre és el de Bellaterra (lechonanyola del Vallès). En ambdós casos, tant La jovenlandesaleja com Bellaterra són barris amb rendes molt altes, propers a universitats, (Universitat Autònoma Madrid i Universitat Autònoma Barcelona, respectivament), en ciutats en les que hi han zones amb índexs de pobresa, atur i problemes d’habitatge que no es donen a La jovenlandesaleja o a Bellaterra. En tots dos casos s’han donat moviments per promoure un referèndum per separar-se de les seves respectives ciutats. A aquest pas no seria estrany que un dia el barri de Pedralbes demanés un referèndum per separar-se de Barcelona.
Tots dos casos s’han reflectit en notícies i articles a la premsa. Ja al febrer de 1989, José Frutos donava a El País la notícia sobre un moviment independentista a la urbanització de La jovenlandesaleja, la més luxosa de la regió. S’informava que la comissió pro independència havia iniciat la confecció de l’expedient que presentaria a les autoritats per sol·licitar la segregació de la zona pel que fa a Alcobendas i Madrid. Els secessionistes entenien que les més de 3.500 signatures d’adhesió de caps de família rebudes indicaven que el suport real pujava a unes 7.500 persones.
En el cas de Bellaterra, El Periódico (setembre del 2015) informava que el 54% dels veïns han participat en una consulta on el «sí» ha guanyat amb el 94% dels vots. Segons El Confidencial Autonòmic (novembre de 2015), els constitucionalistes Ciutadans, PSC, juntament amb els nacionalistes Convergència, Esquerra, Compromís i Iniciativa Verds, van votar en contra de la segregació d’aquesta localitat. En canvi, curiosament, l’única formació que va votar a favor d’aquesta separació va ser el Partit Popular, que va defensar el dret d’aquests veïns i es va comprometre a portar la seva reivindicació al Parlament català.
La conclusió és que el referèndum com a instrument polític per dirimir diferències territorials és una pèssima gestió de les diferències i de les desigualtats. L’única finalitat de les plataformes que promouen aquest tipus de consultes i referèndums és beneficiar els col·lectius amb més poder econòmic que no volen contribuir a pal·liar la situació dels més desfavorits. Per tant, quan es concreta en realitats específiques, el dret a decidir esdevé un mite que està molt lluny dels objectius de l’esquerra i de qualsevulla postura progressista que estigui enfront dels problemes socials d’una població. Aquests tipus de referèndums només es poden defensar des de posicions neoliberals.
