Oltra también quiere que su imputación por encubrir a su exmarido sea considerada 'lawfare'
Su caso no tiene nada que ver con el golpe independentista, pero la que fuera vicepresidenta de la Comunidad Valenciana ya entra en las quinielas.
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Su caso no tiene nada que ver con el golpe independentista, pero la que fuera vicepresidenta de la Comunidad Valenciana ya entra en las quinielas.
A pesar de que la recién registrada ley de amnistía no alude explícitamente al polémico concepto de ‘lawfare’, lo cierto es que el acuerdo con Junts sí recoge que determinadas comisiones de investigación creadas exprofeso en el Congreso de los Diputados podrán señalar esos supuestos casos de abuso judicial y proponer reformas para incluirlos a posteriori en la amnistía.
De esta forma, los beneficiados ya no solo serían los golpistas del 1-0, aquellos que perpetraron la consulta ilegal de 2014 o los máximos responsables de los CDR o Tsunami Democratic, sino que el perdón también podría extenderse a otras personas cuyas condenas nada tienen que ver con el proceso independentista: de Laura Borrás a Gonzalo Boye, pasando incluso por Mónica Oltra, cuyo nombre ya empieza a sonar, a pesar de que su imputación responde a un posible delito de encubrimiento de los abusos sensuales de su exmarido a una menor tutelada cuando ella era vicepresidenta de la Comunidad Valenciana.
No en vano, este fin de semana, la propia Oltra retuiteaba un mensaje del periodista Ernesto Ekaizer, en el que éste se hacía eco de una noticia de Diario Red que aseguraba que la que expolítica –que terminó dimitiendo de su cargo al verse acorralada por la Justicia- también había sido víctima de ‘lawfare’. Lo mismo hacía con el tuit de su primer marido y exjefe de Gabinete, Miquel Real, apuntando en la misma dirección.
La primera lista de color
El periódico de Pablo Iglesias, sin embargo, no es el único que extiende esta supuesta guerra judicial a la exdirigente de Compromís. Este domingo, Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y letrado del TC entre 2004 y 2010, se atrevía a poner sobre la mesa una primera lista con el nombre de numerosos jueces que, a su juicio, podrían haber encausado a determinados dirigentes políticos por meras cuestiones ideológicas.
Urías, que ya acompañó a Yolanda Díaz cuando presentó su propuesta de amnistía en Barcelona, no solo señala a Manuel Marchena, Pablo Llarena, Manuel García-Castellón o Carmen Lamela, sino que también pone en la picota a Vicente Ríos, el instructor de la causa contra Mónica Oltra. De hecho, el magistrado que recabó los indicios contra la expolítica y que logró que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia terminara imputándola es el primero de su lista.
La imputación de Oltra
Tras estudiar la extensa documentación aportada a la causa, en junio de 2022, el TSJV constató la existencia de "una serie de indicios plurales que, en su conjunto, hacen sospechar la posible existencia de un concierto entre la Sra. Oltra y diversos funcionarios a su cargo, con la finalidad, o bien de proteger a su entonces pareja, el Sr. Ramírez Icardi, o bien proteger la carrera política de la aforada".
De esta forma, Oltra podría enfrentarse a cuatro delitos que están penados con prisión e inhabilitación para cargo público: prevaricación, desobediencia, ocultación de pruebas y malversación. Precisamente por la gravedad de las acusaciones, la exdirigente de Compromís no tuvo más remedio que presentar su dimisión.
"Puede que los diferentes trámites y expedientes llevados a cabo en el seno de la Conselleria, considerados en abstracto y de una forma aislada no puedan entenderse ilegales e incluso irregulares -explicaban los magistrados en su auto de 12 páginas-, pero si los valoramos en su conjunto poniéndolos en relación con su contenido y su oportunidad, ya nos hace pensar que han sido elaborados con un propósito muy concreto, completamente alejados de la finalidad para los que fueron concebidos, al estar, según nos relata el instructor, todos ellos vinculados de una manera directa a un propósito muy preciso, ya de una muy dudosa legalidad, cual es beneficiar la situación procesal del marido de la Sra. Oltra, o bien sencillamente tratar de proteger la carrera política de ésta, aun cuando ello se hiciera en perjuicio de una menor tutelada por la Conselleria de Igualdad".
A la espera de que la Justicia emita su veredicto, la semana pasada la propia Oltra acompañó a declarar al que fuera su primer marido y jefe de Gabinete cuando se habría producido el supuesto encubrimiento. Miquel Real negó ante el juez cualquier complot para ocultar los abusos sensuales, pero el proceso sigue su curso y la propia víctima tendrá que comparecer en calidad de testigo el próximo 13 de diciembre.
Los abusos sensuales a la menor
Según consta en la sentencia que condena a Luis R. Icardi, los abusos sensuales a la menor se produjeron a finales de 2016, cuando éste todavía estaba casado con Oltra, que por aquel entonces ya era vicepresidenta de la Comunidad Valenciana. La sentencia que le condenó a cinco años de prisión fue confirmada por el TSJV en septiembre de 2021, aunque todavía se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo.
"En fechas que no se han concretado, pero entre dos y diez ocasiones, el reo, que desempeñaba el turno de noche en aquella época, acudía a la habitación de la menor, que le llamaba porque tenía dificultades para conciliar el sueño por sus miedos y le pedía que le hiciera una masaje, pues confiaba en el mismo", añaden los hechos probados. El condenado masajeaba a la chica "en la zona del cuello y la espalda y, una vez creía que se hallaba dormida, cogía la mano de la niña y se masturbaba con ella, fingiendo la menor dormir ante la vergüenza que le producía dicha situación".
En este proceso, la Fiscalía reprochó a la Consejería de Igualdad dirigida por la propia Oltra que silenciara durante cuatro meses la denuncia que la menor hizo en 2017 contra el educador. Una vez concluido el juicio contra su exmarido, se iniciaba así un proceso judicial contra la Consejería por la supuesta omisión del deber de custodia y protección, y para determinar si se produjo un delito en la elaboración de un informe interno que desacreditaba su versión sobre lo sucedido.
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